El crédito en pesos al sector privado cayó por segundo mes consecutivo, en un contexto donde la morosidad continúa subiendo y los bancos respondieron con un endurecimiento de las condiciones de acceso. La tendencia afecta especialmente a las familias, aunque las empresas también sienten el freno.

Según el análisis de la consultora Equilibra en base a datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el crédito en pesos al sector privado registró en mayo una caída de 0,1% en términos reales y desestacionalizados, luego de haber caído 1,4% en abril. Si bien la contracción de mayo fue leve comparada con la del mes anterior, el dato confirma que el proceso de freno en el financiamiento bancario en moneda local se extendió durante el segundo mes consecutivo.

Para la consultora, el estancamiento no se explica por un encarecimiento del crédito, dado que las tasas activas se mantuvieron estables durante el período. El factor determinante, según los especialistas, fue el endurecimiento de las condiciones de otorgamiento por parte de las entidades financieras, que ajustaron sus criterios ante el avance de la mora en sus carteras.

La irregularidad en los préstamos privados continúa en alza. De acuerdo con la central de deudores del BCRA, la morosidad pasó de 7% en marzo a 7,2% en abril, impulsada principalmente por el segmento de hogares, donde el indicador escaló de 11,5% a 12 por ciento. Frente a ese deterioro, los bancos optaron por endurecer los requisitos de acceso al crédito, lo que derivó en una menor colocación de préstamos en el mes.

Lo llamativo, es que aún dentro de este escenario, el mercado registra el nivel más alto de intermediación financiera en ocho años, medido como porcentaje de los depósitos totales canalizados al sector privado. La explicación es que ambos datos miden cosas distintas. El ratio de intermediación —que llegó al 60% en mayo según la consultora Libertad y Progreso— refleja la tendencia estructural de largo plazo, impulsada por la normalización macroeconómica iniciada a fines de 2023. Las variaciones mensuales, en cambio, capturan la coyuntura inmediata: en este caso, el endurecimiento de los criterios de otorgamiento ante el aumento de la mora. En otras palabras, el proceso de fondo sigue siendo de expansión; lo que se ajusta, por el momento, es el ritmo.

Al interior del crédito en pesos, el desempeño varió según el tipo de tomador. El financiamiento a las familias cayó 0,3% real desestacionalizado en mayo respecto a abril. El mayor retroceso se registró en préstamos personales, que bajaron 1,1%, mientras que el financiamiento de bienes durables logró mantenerse estable frente al mes anterior.

Las empresas mostraron un comportamiento distinto: el crédito en pesos al segmento corporativo creció 0,1% real desestacionalizado en mayo. Dentro de ese resultado, los adelantos subieron 0,7% y compensaron la caída en documentos a sola firma. La recuperación fue leve, pero marcó una diferencia con el segmento de hogares, donde el ajuste fue más pronunciado.

Mientras el financiamiento en pesos retrocedía, el crédito en dólares sostuvo su expansión. En mayo creció 3% desestacionalizado, lo que equivale a siete meses consecutivos de suba. El avance fue generalizado: los préstamos a empresas aumentaron 2,3%, y los destinados a personas físicas treparon 7,3%, con una fuerte expansión tanto en financiamiento de bienes durables —que subió 7%— como en tarjetas de crédito, que avanzó 8,2%.

En lo que va del año, los préstamos en dólares al sector privado crecieron cerca de USD 4.500 millones, mientras que los depósitos en esa moneda subieron algo más de USD 2.500 millones. Como resultado de esa dinámica, el ratio entre préstamos y depósitos en dólares alcanzó el 59% en mayo, el nivel más alto desde noviembre de 2019.

De acuerdo con los datos procesados por la consultora, el contexto general del crédito al sector privado combina dos tendencias simultáneas. Por un lado, la tendencia estructural de expansión de la intermediación financiera que llevó al ratio de crédito sobre depósitos totales al nivel más alto en ocho años. Por el otro, una dinámica de corto plazo marcada por el aumento de la mora y la respuesta de los bancos, que optaron por ser más selectivos en el otorgamiento de crédito en pesos, especialmente a los hogares.

El resultado de esa combinación es un sistema financiero que sigue expandiéndose en términos estructurales, pero que en los últimos dos meses registró contracciones mensuales en el segmento en pesos. Para los expertos, la evolución de la morosidad en los próximos meses será el factor que determine si ese ajuste de corto plazo se extiende o si el crédito vuelve a retomar el sendero de crecimiento.

Quienes formamos parte del sistema asegurador conocemos desde hace años una realidad difícil de sostener: mientras los índices de siniestralidad laboral muestran una tendencia descendente, la litigiosidad continúa creciendo en distintas provincias del país. Esa distorsión no solo afecta la sustentabilidad del sistema de riesgos del trabajo, sino también la competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.

En ese contexto, la reforma impulsada por la provincia de Santa Fe representa una señal muy positiva. La sanción de la Ley 14.437 introduce cambios relevantes al Código Procesal Laboral y a la ley provincial de adhesión al sistema de riesgos del trabajo, con un objetivo claro: reducir la litigiosidad innecesaria, fortalecer la objetividad técnica y mejorar la previsibilidad para trabajadores, empleadores y aseguradoras.

Se trata de una iniciativa importante porque aborda algunos de los principales problemas que vienen afectando al sistema. Durante años, muchos procesos judiciales avanzaron sin una fundamentación técnica suficiente respecto de lo resuelto previamente por las Comisiones Médicas. A eso se sumó un esquema pericial que, en algunos casos, generaba incentivos distorsivos y profundizaba la conflictividad.

La nueva normativa introduce criterios más claros. Por un lado, exige que quienes recurran a la Justicia expongan fundamentos concretos que justifiquen apartarse del dictamen administrativo. Por otro lado, crea un Cuerpo Especializado de Profesionales dentro del Poder Judicial, integrado por expertos seleccionados por concurso, para intervenir en las pericias vinculadas a accidentes y enfermedades laborales.

Este último punto es especialmente relevante. La calidad técnica y la objetividad de las pericias son fundamentales para recuperar confianza en el sistema. Cuando existen reglas claras, criterios homogéneos y previsibilidad, se generan mejores condiciones para todos los actores involucrados.

El impacto de estas reformas excede lo jurídico. En provincias con fuerte perfil productivo, como Santa Fe, los costos asociados a la litigiosidad laboral terminan impactando directamente sobre las empresas, el empleo y la inversión. Para muchas pymes, la incertidumbre sobre los costos futuros vinculados a reclamos judiciales representa una dificultad concreta al momento de planificar, contratar o crecer.

Por eso, avanzar hacia sistemas más eficientes y técnicamente sólidos no debería entenderse únicamente como una discusión del sector asegurador. También es una conversación sobre competitividad, desarrollo productivo y generación de empleo formal.

Desde ADIRA venimos sosteniendo la importancia de promover marcos regulatorios que aporten mayor previsibilidad y reduzcan la conflictividad innecesaria, sin afectar los derechos de los trabajadores. La experiencia de Santa Fe demuestra que es posible avanzar en ese equilibrio.

Naturalmente, el verdadero desafío comienza ahora: la implementación. Será clave que el nuevo esquema funcione con agilidad, profesionalismo y transparencia para que pueda cumplir con los objetivos planteados.

Pero más allá de su aplicación concreta, la iniciativa santafesina deja una señal importante para el resto del país. Argentina necesita discutir cómo construir sistemas laborales y aseguradores más modernos, eficientes y sostenibles. Y en esa conversación, “sería muy valioso que otras provincias también se animen a impulsar reformas que ayuden a reducir la litigiosidad, fortalecer la seguridad jurídica y generar mejores condiciones para producir y trabajar”.

El autor es CEO de Grupo San Cristóbal y Presidente de ADIRA

El Poder Ejecutivo nacional presentó el mensaje presidencial 178/2026 para crear una ley de Transparencia y Publicidad de la gestión de intereses, una iniciativa que busca fijar reglas para las peticiones ante autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo y, al mismo tiempo, reforzar la trazabilidad de los asuntos públicos en un contexto en el que la transparencia impacta sobre la reputación de los funcionarios y la credibilidad del programa económico.

El proyecto incorpora un régimen sancionatorio penal de 6 meses a 3 años para quien realice gestión de intereses sin registrarse o sin dar publicidad a la reunión. También prevé multas económicas de 5 a 2.000 salarios mínimos vitales y móviles por incumplimientos a la ley.

La propuesta se limita a los poderes de gobierno en sentido clásico o activo: el Ejecutivo y el Legislativo. El texto no plantea regulación sobre el Poder Judicial ni sobre una concepción más amplia del Estado.

Uno de los ejes centrales del mensaje es la creación de un doble registro. La obligación alcanzará tanto a quienes gestionen intereses desde el sector privado como a los funcionarios que mantengan audiencias, con un sistema cruzado que coloca en ambas partes la responsabilidad de informar públicamente cada gestión de lobby.

El mensaje incorpora además una cláusula de “puerta giratoria” con un plazo prudencial de 24 meses para áreas sobre las que una persona hubiera tenido responsabilidad. El texto la presenta como una inclusión relevante por el tipo de información calificada que puede circular en esos ámbitos.

Entre los sectores que quedarían alcanzados por la regulación aparecen de manera directa los actores y agencias de relaciones públicas. El proyecto los ubica entre quienes realizan de forma cotidiana actividades de gestión de intereses.

La iniciativa también dedica un título específico a la regulación de la gestión de intereses de extranjeros. Ese alcance se combina con las sanciones penales previstas para quienes actúen sin registro o sin publicidad suficiente, incluso cuando lo hagan en representación de personas extranjeras.

La dimensión de control aparece como uno de los rasgos más fuertes de la norma. El texto vincula esa necesidad con la revalorización de la transparencia después de escándalos públicos por reuniones con funcionarios en momentos o por hechos sometidos a reproche moral y legal.

El mensaje sostiene que esas situaciones no solo afectan la reputación de los funcionarios. También inciden sobre la dinámica económico-política y sobre la credibilidad del programa económico, que el texto asocia con una relación estrecha entre ética y perspectiva liberal.

Esa lógica se traslada al plano del funcionamiento del mercado. El proyecto parte de que, si el motor económico se apoya en el esfuerzo individual, las reglas de juego deben permitir que quienes producen, invierten o tributan conozcan de qué modo se relacionan funcionarios y otros actores para evitar que la corrupción afecte su propiedad o les impida advertir gestiones opacas.

Desde ese enfoque, los registros previstos por la ley se equiparan en su función con la lógica de la Ley de Acceso a la Información Pública. El objetivo es que operen como una huella o trazabilidad permanente en la gestión de los asuntos públicos.

El texto también propone una lectura social de la norma que excede la idea de control. Presenta la ley como una herramienta de co-gestión o gestión colaborativa, abierta a sectores interesados en un sentido inclusivo y no exclusivo ni extractivo en lo económico.

Esa concepción se apoya en una idea de democracia en la que individuos y grupos participan de manera regular en asuntos concretos vinculados con su actividad. La publicidad de la gestión de intereses, según el mensaje, debe ampliar los sistemas de información para la toma de decisiones de los actores de la economía, la política y la sociedad argentina, así como de quienes se relacionen internacionalmente con el Estado y la sociedad civil.