Aunque el modelo no es tan antiguo como un Renault 4 o un Citroën 2CV, la noticia del lanzamiento en Europa del Volkswagen ID.Polo GTI volvió a mostrar que la tendencia a utilizar nombres históricos para relanzar autos eléctricos es un camino en el que coinciden varias marcas convencionales o generalistas europeas como método para competir con la avanzada china.

Pero en este caso no se trata solo del nombre sino también de la sigla, porque además de llamarse Polo, la versión deportiva utiliza la sigla GTI como segundo llamador, para captar la atención de los amantes de los vehículos de alto rendimiento, mucho más adeptos a los motores de combustión que los usuarios comunes que adoptan la electromovilidad como un simple cambio de hábito en relación con un vehículo para uso personal.

Este auto había nacido originalmente como ID.2all cuando se presentó en 2024, pero comprobado que los ID.3, ID.4 e ID.7 no consiguieron el impacto que se esperaba, incluso pese a un diseño de vanguardia y un equipamiento tecnológico de avanzada, el Volkswagen Group no dudó en dar un giro a su estrategia de productos eléctricos sumando nombres conocidos a las siglas que identifican los autos eléctricos de la marca.

“Cuando empecé mi trabajo, hace unos tres años, el objetivo siempre fue crear la mejor versión de Volkswagen. Había mucho trabajo por hacer, muchos aspectos por mejorar: diseño, usabilidad, calidad y también los nombres”, dijo Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen el año pasado cuando anunció en el Salón de Múnich 2025, que el ID.2all pasaría a llamarse ID.Polo.

Schäfer confirmó también en esa oportunidad que hasta 2027 llegarán 7 nuevos modelos eléctricos a los que definió como “auténticos Volkswagen”, en una clara alusión a la variedad de modelos que hay en el mercado producto de alianzas entre compañías automotrices. Además dijo que entre esos modelos llegará un nuevo ID.3, un ID.3 GTI (siguiendo la saga del Polo), y un nuevo ID.4, pero que ninguno conservará esos nombres. “Les informaremos de los nombres cuando llegue el momento de revelarlos. Hoy no”, explicó.

En aquella oportunidad, el auto que se mostró tenía un camuflaje que impedía conocer su silueta y detalles definitivos, cosa que sí ocurrió este viernes, en la previa de la tradicional carrera de larga duración de las 24 hs de Nürburgring.

La fecha no es casual para el estreno del primer GTI eléctrico, porque este año se cumplen 50 años del debut del primer modelo identificado con esta característica sigla que relaciona directamente un vehículo con su versión deportiva más extrema.

El nuevo Volkswagen ID.Polo GTI tiene una potencia de 226 CV (166 kW) y es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos, y como es clásico desde el primer GTI de 1976, esa potencia se transmite únicamente a través de las ruedas delanteras con un torque plano de 290 Nm.

Entre sus virtudes técnicas está el equipamiento de bloqueo electrónico del diferencial, suspensión deportiva adaptativa DCC y una dirección progresiva desarrollada específicamente para el GTI como equipo de serie. Esta versión tendrá un precio de partida de algo menos de 39.000 euros en la preventa que comienza este fin de semana en Alemania.

El sistema de propulsión se alimenta de una batería de níquel-manganeso-cobalto (NMC), las más sofisticadas del mercado, que tiene una capacidad de 52 kWh, lo que le permite alcanzar una autonomía hasta 424 kilómetros de ciclo WLTP. Además, el sistema admite cargas rápidas en corriente continua de hasta 105 kW que es capaz de pasar del 10% al 80 % en aproximadamente 24 minutos en una estación de carga rápida de Corriente Continua.

Si por fuera tiene todas las cualidades de un auténtico GTI, el interior no se queda atrás. Los característicos colores rojo y el negro predominan en el habitáculo del auto en numerosos detalles, como las costuras rojas en contraste del nuevo volante deportivo GTI o la marca roja situada a las 12 en punto del mismo, tal como se utiliza en los autos de carrera. Otra novedad del volante son las dos levas destinadas a ajustar el nivel de recuperación de energía.

Esas mismas costuras rojas también están visibles en las puertas y en los laterales exteriores de los asientos deportivos, que en las superficies interiores muestran una tapicería que reinterpreta el legendario patrón de los GTI clásicos con los apoyacabezas integrados de los asientos delanteros que también incluyen el logo GTI en rojo.

También en el interior hay un especial cuidado en el diseño del cuadro de instrumentos. Si el conductor activa el modo retro mediante el botón “View” del volante, los instrumentos adoptan el estilo de un Golf I clásico. Cuando el modo retro está activo, también aparecen elementos gráficos inspirados en el primer Golf, como la visualización de canciones en formato de cassette, tal como era el modo de escuchar música personal en los autos de la década del 80.

Como novedad final, se confirma en este vehículo la incorporación de un desarrollo tecnológico que se había anunciado en septiembre de 2025, por medio del cual el vehículo se detiene autónomamente ante un semáforo en rojo. Lo hace a través de un software de última generación que incorpora de serie numerosos asistentes avanzados a la conducción.

Este sistema se denomina “Connected Travel Assist” por utilizar datos online, y es capaz incluso de detectar semáforos en rojo y frenar automáticamente el vehículo hasta detenerlo dentro de los límites gracias a la asistencia longitudinal y lateral del sistema.

“En los últimos años, me he vuelto escéptico sobre la viabilidad del modelo de crecimiento impulsado por la industrialización. He defendido un modelo diferente de crecimiento económico, basado en el desarrollo de capacidades productivas en servicios que absorben mano de obra y que, en su mayoría, no son transables. He advertido a los responsables políticos de África y otras regiones en desarrollo que intentar emular el modelo de Asia Oriental produciría, en el mejor de los casos, enclaves manufactureros, con una pequeña fracción de empresas productivas integradas en las cadenas de valor globales, mientras que la mayor parte de la fuerza laboral permanece estancada en actividades de baja productividad”.

Tal un pasaje de la confesión (¿conversión?) de Dani Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard, durante décadas profeta de la “política industrial” y la intervención estatal para promover las manufacturas, por su capacidad de generar empleo, integrar sectores bajos y medios e impulsar el desarrollo económico. Sin embargo, en un texto publicado en el portal Project Syndicate, Rodrik se confesó ahora “escéptico de la manufactura”.

“Comencé a considerar estrategias de crecimiento alternativas no porque pensara la industrialización generalizada menos deseable, sino porque me convencí de que era menos factible”, escribió, y precisó que de los 2.000 millones de trabajadores que hay hoy en el mundo en desarrollo, unos 1.500 millones se desempeñan en ocupaciones que no requieren educación universitaria ni están expuestas a la economía internacional a través del comercio o la deslocalización.

Se trata, enumera, de agricultores de subsistencia, vendedores ambulantes, comerciantes minoristas, arregladores, trabajadores ocasionales y otras actividades “no transables” internacionalmente. Según el académico, de fuerte impronta empírica, el número de esos trabajadores no hará más que aumentar en los próximos años.

Por eso, dijo, ahora la cuestión crucial es cómo mejorar sus oportunidades. Y está “dolorosamente claro”, explicó, que “ni la industrialización ni la educación pueden ser la solución, por deseables que sean. Encontrar modos de aumentar la productividad de los trabajadores en los sectores de servicios que absorben mano de obra será fundamental; de lo contrario, las mejoras en el nivel de vida no podrán mantenerse”.

Aunque el diagnóstico luce pesimista, Rodrik destaca que en el mundo “se está produciendo una especie de revolución en productividad de los servicios, en especial en las economías avanzadas, gracias a innovaciones organizativas, el uso de plataformas digitales y otras nuevas tecnologías”. Para el mundo en desarrollo, acotó, los últimos 30 años fueron un período de rápido crecimiento y convergencia con las economías avanzadas, pero no por las manufacturas, sino gracias al sector servicios, donde siguen residiendo las mayores posibilidades de creación masiva de empleos. Ya no en la industria.

De ahí su llamado de atención a “la posibilidad de un círculo virtuoso de crecimiento económico basado en los servicios de clase media”. Sucede, explica, que la expansión de la clase media desplaza la demanda de consumo hacia servicios más productivos y de más calidad, lo que a su vez permite el aumento de los ingresos de los trabajadores que sustenta a la clase media. Pero ese proceso, alerta, “no es automático: requiere un papel fundamental del gobierno para facilitar las mejoras de productividad necesarias”.

Rodrik cita estudios y casos de éxito, como planes que incentivan a las empresas de plataformas a emplear mano de obra y recursos locales, asisten a microempresas con capacitación y certificación y brindan herramientas tecnológicas y Inteligencia Artificial (IA) “personalizadas y adaptadas a las circunstancias de los países en desarrollo”.

Que Rodrik se confiese “escéptico” sobre la manufactura fue para muchos algo impactante. “Es como que el Papa de la Iglesia Católica anuncie que se convirtió al budismo”, dijeron en uno de los debates sobre la “conversión”.

El planteo del profesor de Harvard, quien participó en un seminario anual de Techint, el grupo industrial más importante de la Argentina, ¿es válido para el país, que atraviesa un abrupto “cambio de régimen” por el que entraron en crisis numerosas empresas de manufactura, construcción y comercio, sectores proveedores del grueso del empleo formal, y en el que la mayor parte del empleo de servicios es de baja productividad e ingresos?

Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo de Fundar, un centro de estudios y propuestas, puntualizó a Infobae que la objeción de Rodrik, “un exégeta de la industrialización”, es al rol de la industria como creadora masiva de empleo, víctima de su propio éxito, porque su automatización y progreso tecnológico hicieron que cada vez emplee menos. Pero, aclara, Rodrik no dice que la industria haya dejado de importar como fuente de riqueza, progreso tecnológico, seguridad nacional. Solo que ya no crea masivamente empleo. “Hoy eso lo hacen los servicios y es necesaria una estrategia productiva que les dé la importancia que tienen”.

Schteingart puntualiza además que la descripción de Rodrik apunta más bien a países en desarrollo de Asia y África, para los cuales ya no es viable emular los caminos que siguieron Corea del Sur y China, que se industrializaron con una masiva emigración del campo a la ciudad (provisión de mano de obra barata), progresaron tecnológicamente y luego incorporaron servicios. Ese modelo, dijo, ya no sirve ni siquiera en Asia.

“Se terminó el fetichismo de industria igual a empleo”, dijo el investigador de Fundar. “Hoy en Argentina la industria, que antes explicaba el 30% del empleo, explica 12%, pero sin ella se limitaría mucho el progreso tecnológico, habría problemas de balanza comercial y de soberanía. Por eso, subrayó, “los países hacen política industrial: incluso EEUU, antes de Donald Trump, pero la industria ya no es la panacea para el problema del empleo”.

En 2011, hace apenas 15 años, cuando Rodrik publicó el paper “El imperativo manufacturero”, algunos críticos ya le habían recordado que la era en que las plantas manufactureras habían explicado el grueso de la creación del empleo, impulsado el crecimiento del PBI, integrado sociedades y contribuido a la mejora del nivel de vida de las clases bajas y medias, como sucedió en EEUU, Japón, Europa y un puñado de países ahora desarrollados en las primeras post-segunda guerra mundial, brevemente en algunos de América Latina y, a fines del siglo XX, en Corea del Sur y China, fue un particular y tal vez único momento de la historia, imposible de recrear y que obliga a buscar nuevos caminos.

Eduardo Jacobs, economista y analista político, dijo estar “totalmente de acuerdo con el nuevo Rodrik. En la Argentina, observó críticamente, “nuestros supuestos especialistas no visitan a una industria moderna hace años, sino ya hubieran registrado que no hay gente, la luz está apagada y solo hay robots trabajando las 24 horas.

“Pasamos de ‘industrias’ a ‘cadenas de valor’, Australia es un caso notable, su industria es apenas el 5% del PBI. La desindustrialización argentina no es por una apertura que no existe, porque el arancel medio bajó apenas dos puntos (por la pertenencia al Mercosur), sino porque sin comercio exterior no nos integramos al mundo en cadenas de valor. Argentina sigue con una discusión anclada en los 60s y 70s; hoy la lógica es buscar la mayor productividad y para eso hay que estar integrados al mundo. “Fíjese lo que logró la industria de servicios basados en el conocimiento (SBC): ya es el tercer exportador del país, con USD 9.000 millones, pese a que somos una economía cerrada. Con la desregulación, va a tener un impacto fenomenal”,. apuntó Jacobs.

Como ejemplo (o contraejemplo) de a lo que apunta, el economista señaló que en la Argentina hay 4.000 empresas textiles (un sector en crisis) y 23.000 apicultores, cada uno con un puñado de empleados, que registran, exportan y auditan su producción y son hipercompetitivos a nivel mundial, al punto de que Argentina es el segundo exportador mundial de miel y copó 7.500 de las primeras 8.000 toneladas de miel que la Unión Europea abrió a la importación desde el Mercosur, pasando como alambre caído a sus pares brasileños, uruguayos y paraguayos.

“Les llevó 20 años para que la UE acepte los tambores de miel argentina y no los mezclen con la miel china, de pésima calidad. Ahora se abren esas oportunidades en miel, y también en carne. Está cambiando todo, eso es lo que interesa y va a ocurrir”, dijo Jacobs.

En el caso de la industria, Jacobs señaló el interés, a partir de la importación de 50.000 vehículos eléctricos, de empresas chinas de instalar agencias de servicios aprovechando plantas existentes y mano de obra local. Posiblemente el camino sea terminar especializándose en camionetas, o en algunas autopartes, hay que buscar escala. En maquinaria agrícola, por ejemplo, somos buenos en sembradoras, e Iveco va a empezar a hacer grandes camiones para minería acá, porque vamos a tener un desarrollo minero importante», subrayó.

¿Y el empleo en servicios? Según Jacobs, en la Argentina el problema de falta de mano de obra calificada empezó hace 20 años y para mejorar en ese frente es clave “que las provincias se pongan las pilas e inviertan en capacitación de sectores que quedaron muy descalificados”. De todos modos, dice, la Argentina es un país con poca población, no tiene los problemas de asiáticos, hindúes e incluso mexicanos, pero sí en cuanto al tamaño y calidad de gasto del Estado. “Necesitamos productividad, donde se la encuentre. Durante décadas, los empresarios retiraron de sus negocios más de lo que deberían, en vez de usar recursos para ampliarse, escalar. Lo hacían por el contexto en que operaban. Hace diez años que la economía no crecía dos años seguidos, como será en 2025 y 2026. En 2027 será la primera vez en 25 años que creceremos tres años seguidos, y ahora hay posibilidades de invertir”.

El optimismo de Jacobs y el análisis de Rodrik hacen juego con el discurso del secretario de Política Económica, José Luis Daza, quien el jueves en la Bolsa de Comercio de Córdoba enfatizó la importancia de la apertura de la economía y la ligó a la creación de empleo en el sector servicios.

“Lo que pasa en los países que se abren es que los empleos que se pierden son minúsculos en relación a todos los que se crean”, dijo el funcionario y resaltó la expansión de la minería del cobre en Chile. “Por cada 1.000 empleos que se generan en la minería, hay entre 3.000 y 5.000 empleos que no se ven. Son los cocineros que tienen que alimentar a los mineros, los que transportan la comida, los que traen los neumáticos, los que traen los camiones, los que mantienen los camiones, los que hacen las carreteras, los financistas, los que manejan los programas de software y los maestros que van allí para educar a los chicos”, enumeró. En Chile, dijo, el grueso de creación del empleo formal (que en total se duplicó de 4 a 8 millones) no ocurrió en las regiones mineras, sino en el resto del país, a partir del aumento del PBI por habitante y la demanda de servicios resultante.

El ejemplo minero de Daza es válido, pero a la vez debe tomarse con pinzas. Un informe de la consultora Adecco Argentina recuerda, por caso, que el principal desafío que afronta hoy la minería en el país es “escasez de talento” específico en las áreas donde tiene sus proyectos. “El sector proyecta inversiones por más de USD 33.000 millones y la creación de miles de nuevos puestos de trabajo en los próximos años, pero el empleo formal en minería cayó un 5,3% interanual en 2025, evidenciando una brecha entre crecimiento y disponibilidad de talento”, señaló la consultora. “El crecimiento es sostenido, pero las empresas avanzan con cautela, priorizando la contratación local”, señala Erica Ibarra, Key Account Manager de Adecco Argentina.

Los perfiles más demandados incluyen ingenieros, geólogos, técnicos especializados y roles vinculados a la digitalización, que no abundan en la oferta local. En consecuencia, precisa Adecco, “la rotación alcanza el 7% promedio, lo que intensifica la competencia por perfiles escasos”, lo que a su vez plantea los desafíos de formación y localización de talento.

En referencia a la “confesión” de Rodrik y la cuestión del empleo, Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, dijo a Infobae que el tema de los enclaves exportadores que generan muy poco efecto multiplicador es visible en México desde hace mucho tiempo y que el de la potencialidad de la industria como factor de desarrollo dio un giro notable desde la irrupción de China a principios de siglo. Sin embargo, alertó, “generalizar las conclusiones del artículo puede llevar también a equívocos: seguramente hay nichos industriales suficientemente competitivos como para expandirse, siempre que no estén directamente en la línea de fuego de la competencia asiática. Argentina tiene muchas posibilidades de expansión industrial aguas arriba y aguas abajo de los clusters centrados en minería, agro, ganadería e hidrocarburos. Primero, porque recién está empezando a aprovechar su potencial en esos sectores”.

En cuanto al empleo en servicios, Vasconcelos señaló que la ley de modernización laboral “puede ayudar a avanzar en la dirección que sugiere Rodrik. Fijate que las exportaciones de servicios (básicamente, Turismo e Industria del conocimiento) en Australia equivale a 4,1% del PIB, mientras en la Argentina estamos en torno a 2,3% del PBI”.

En la nota sobre su “escepticismo manufacturero” Rodrik sugiere “promover iniciativas que incentivan a las empresas de plataformas a emplear mano de obra y recursos locales, brindan asistencia a las microempresas con capacitación y certificación, y ofrecen herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial personalizadas y adaptadas a las circunstancias de los países en desarrollo”.

¿Puede hacerlo la Argentina? ¿Tiene Estado para eso?

Schteingart dijo que en ese frente hay mucho por estudiar y trabajar. Rodrik, subrayó, sigue defendiendo que los gobiernos tengan políticas públicas para resolver fallas de mercado, que las empresas por sí solas no resuelven. “Eso no cambió: si no construís capacidades estatales, podés agravar los problemas en vez de resolverlos. Por eso es central mejorar las capacidades estatales, algo que por el contrario, consideró ajeno al interés del actual gobierno.

El investigador de Fundar señaló a Infobae una reciente nota de Martín Rossi, profesor de la Universidad de San Andrés y hasta septiembre de 2025 secretario de Desregulación en el Ministerio que encabeza Federico Sturzenegger, funcionario clave del gobierno de Milei. Rossi apunta allí al efecto deletéreo de los salarios del Estado sobre la calidad de las prestaciones estatales. “Lo viví personalmente (…) vi cómo funcionarios valiosos y honestos terminaban yéndose simplemente porque el salario no les alcanzaba. Y ese es el problema. Si quienes no tienen restricciones económicas o quienes están dispuestos a aceptar compensaciones informales son los únicos que pueden quedarse, el Estado se deteriora”, escribió el ex funcionario desregulador.

Schteingart recordó incluso que gobiernos pro-mercado como los de Carlos Menem y Mauricio Macri buscaron crear o mejorar “capacidades estatales”. En el menemismo, por caso, con la creación e informatización de la AFIP (iniciativa de Carlos Silvani) y en el macrismo a través del Ministerio de Modernización del Estado (al mando de Andrés Ibarra) que digitalizó trámites e introdujo criterios de evaluación por resultados. “Había una voluntad tecnocrática modernizadora”, muy diferente de la gestión de un presidente como Milei, que se ha definido su tarea como como la de “un topo que quiere destruir el Estado desde adentro”.

El aumento sostenido de la mora en el sistema financiero argentino motivó la presentación de casi 30 proyectos de ley en el Congreso que buscan implementar nuevas reglas para el rescate de los deudores. El fenómeno, que afecta tanto a los bancos como a los usuarios de otros productos de crédito, generó una reacción inmediata en el ámbito legislativo y encendió señales de alarma en las entidades que quieren evitar más regulaciones.

Durante los últimos meses, la situación de los deudores empeoró en todas las líneas de crédito al consumo. El incremento de los impagos, la antigüedad creciente de los saldos en mora y la dificultad para acceder a refinanciaciones convencionales llevaron a legisladores de distintos bloques a impulsar iniciativas que buscan modificar el régimen de defensa del consumidor y los procedimientos de reestructuración de pasivos.

Entre los autores de los proyectos se encuentran la diputada Gabriela Estévez (Unión por la Patria), quien impulsa el Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, y los diputados Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Mónica Macha. También presentaron iniciativas los diputados Germán Martínez, Pablo Carro y la senadora Juliana Di Tullio, entre varios otros. Todas las propuestas comparten la preocupación por el sobreendeudamiento de los hogares y el impacto social de las ejecuciones y reportes negativos en los registros crediticios.

Los proyectos incorporan mecanismos como la condonación parcial de intereses, la suspensión de embargos y ejecuciones, la creación de procedimientos administrativos gratuitos y la posibilidad de limpiar el historial crediticio una vez cancelada la deuda. Se promueve la intervención estatal como regulador, sin que el Estado asuma el financiamiento directo de las soluciones.

En las iniciativas de los legisladores, la responsabilidad principal recae sobre el sistema financiero, al que se le exige asumir parte del costo mediante quitas, límites a los intereses y provisiones contables ya constituidas.

El principio de “esfuerzo compartido” aparece en varias de las propuestas: tanto el deudor como el acreedor participan en la reestructuración, y el juez puede ordenar reducciones en el capital o los intereses si detecta otorgamiento irresponsable de crédito. Algunos procedimientos prevén instancias de conciliación obligatoria antes de llegar a la vía judicial y la protección especial de los hogares más vulnerables, en particular los encabezados por mujeres y aquellos con menores a cargo.

En paralelo, los proyectos establecen límites objetivos a la carga financiera, como la prohibición de que el pago de deudas supere el 30% de los ingresos familiares. También exigen a los bancos y emisores de tarjetas que evalúen la capacidad de pago de los solicitantes antes de conceder nuevos préstamos. La transparencia, la información clara sobre los costos y la prevención del sobreendeudamiento constituyen ejes centrales en los textos debatidos en el Parlamento.

El mecanismo de financiamiento de estos regímenes no prevé la utilización de fondos estatales. En cambio, los propios bancos y entidades financieras deben absorber el impacto de las quitas, condonaciones y reestructuraciones, en la medida en que ya cuentan con previsiones contables para cubrir créditos incobrables.

Algunos proyectos plantean la creación de fondos internos financiados por el sector, destinados a garantizar la sostenibilidad de los planes de regularización.

La reacción de las entidades bancarias no tardó en llegar. El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, expresó: “Nosotros estamos en contra de estos proyectos, porque todo lo que es regulatorio y mandatorio atenta contra el crédito”.

Cesario sostuvo que las entidades ya implementaron alternativas para los deudores: “El sistema bancario en general, se ha adelantado a lo que hoy lo quieren hacer”.

Según Cesario, la mayor parte de las deudas en mora corresponde a créditos otorgados hace más de un año, con edades promedio de 14 a 16 meses.

El presidente de la ABA afirmó: “Al 50% de la gente que opera con nuestros bancos ya se los llamó, detectamos que había un problema, y la deuda está refinanciada”. En los hechos, los bancos contactaron a sus clientes por diversas vías para ofrecerles refinanciaciones a tasas cercanas a la inflación y, en los casos donde la cobranza resultó imposible, transfirieron los créditos incobrables a terceros.

Fuentes del sector bancario explican que esperan una baja en el indicador de irregularidad para los próximos meses, como resultado de las políticas de refinanciación y la depuración de las carteras a través de la venta de deudas incobrables.

El Congreso afronta la presión de múltiples sectores sociales y políticos para avanzar con una solución integral al problema del sobreendeudamiento. Las entidades financieras mantienen su postura crítica, argumentando que la extensión de la regulación podría desalentar la oferta de nuevos créditos y afectar la estabilidad del sistema, mientras que en el Gobierno sostienen que es un problema que tiene que resolver el sector: “Para eso trabajan de bancos”, dijo el presidente Javier Milei en un programa periodístico.

Por eso, para las entidades financieras se vuelve poco menos que urgente encontrar soluciones para sus clientes en mora antes que una Ley del Congreso les imponga mecanismos que, según sus argumentos, terminarían volviendo antieconómico el crédito.