Yaël Eisenstat lleva más de dos décadas combatiendo el extremismo y la polarización en las redes sociales. La estadounidense ha sido diplomática, analista de la CIA y de la NSA y asesora del vicepresidente Joe Biden durante el segundo mandato de Barack Obama. También ha trabajado en el sector privado: fichó por Facebook en 2018 como directora de integridad global de elecciones, donde debía supervisar la política corporativa en torno a los anuncios políticos. Fue justo cuando estalló el escándalo de Cambridge Analytica, la consultora británica que usó datos de los perfiles de Facebook de 87 millones de estadounidenses para servirles publicidad electoral personalizada de Donald Trump en la campaña electoral de 2016. “Mark Zuckerberg [fundador y máximo responsable de Facebook] testificó por primera vez en el Senado en abril de 2018. La sesión duró cinco horas. Un minuto después de acabar, me hicieron la oferta final. Estaba muy claro por qué me querían”, recuerda.

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Una multitud acompañó este martes la cuarta marcha federal convocada por la comunidad universitaria. Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron hacia la Plaza de Mayo en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. “Milei, cumplí la ley”, decían esta vez los carteles con los que la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario habían copado la Avenida de Mayo.

La convocatoria se dio en distintos puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires, según cálculos de LA NACION, participaron unas 120.000 personas. Las columnas comenzaron a moverse al mediodía. La Universidad de Buenos Aires (UBA), como siempre, avanzó desde la Plaza Houssay. A las 17 sonó el Himno Nacional. “Patria sí; colonia no”, se alentó luego desde el escenario en la Plaza de Mayo. “Universidad y democracia” rezaban otras banderas en los laterales. Había fuegos artificiales.

“Mi hijo, el doctor”, evocaba el cartel de Susana Aguirre, de 59 años. Sobre un cartón pegó una foto de él, Facundo Larrosa, levantando su diploma en la UBA. “Orgullosa de mi hijo, de las universidades. Mi abuelo era analfabeto. Yo estudié el secundario. Él es la primera persona en el grupo familiar que se recibe profesionalmente. Vine porque quiero que eso que yo sentí por mi hijo lo sigan sintiendo más personas, que siga el ascenso social. Yo soy ama de casa y mi marido vende autos. Mi hijo no podría haber estudiado de otra manera, sin universidad pública. Da bronca que esté desfinanciándose para que no haya profesionales de todas las clases sociales”, dijo.

La ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso, busca garantizar los fondos para las instituciones nacionales y actualiza los sueldos al ritmo de la inflación. El Gobierno consideró la marcha “completamente política” y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijeron que la única ley que van a cumplir es la de presupuesto. Sin embargo, el Gobierno lleva cinco meses sin distribuir los $80.000 millones para los hospitales previstos en esa ley y la partida asignada a las universidades es la mitad de lo que pedían los rectores.

En la concentración en la Plaza de Mayo hubo personas con ambos y guardapolvos, familias y grupos de amigos. También, con pecheras sindicales: a la movilización se sumaron gremios, movimientos sociales y agrupaciones políticas opositoras (ver aparte).

Se multiplicaron los carteles con referencia al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. “Estudiá, no seas como Adorni. Más salarios, menos cascadas”, decía el que sostenía Luna Álvarez, de 18 años, que desde 2025 estudia Psicología en la UBA. “Adorni es una figura bastante polémica. Debería ser la voz del pueblo y yo no me siento muy reflejada. No tengo la cantidad de propiedades que tiene él”, opinó.

“Ley que se vota, ley que se cumple”, afirmó Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, desde el escenario. “Exactamente”, reaccionó Ana María mientras la escuchaba. “Vine en defensa de la educación pública, por la igualdad de oportunidades para todos. Me encantaría que este gobierno cumpla las leyes. Vine a reclamar derechos básicos: salud, educación. Estudié en escuelas públicas, las escuelas normales nacionales; después, en la UBA. Mi hija es socióloga y mi hijo estudia en Exactas”, continuó.

“Reivindico todas las universidades públicas del país. Que se hayan generado universidades cerca de los domicilios hace que quienes no podían costear un boleto tengan la posibilidad de estudiar”, consideró. Y cerró: “Que se despierte la Corte Suprema”, que deberá definir la demanda judicial por el cumplimiento de la ley de financiamiento.

A su lado, Gabriela, jubilada, dijo a LA NACION: “Soy médica. Estudié en la UBA, me formé en hospitales públicos de la UBA, en el Clínicas. Era ejemplar, por eso venía la gente de América Latina a estudiar. Luego fui presenciando el decaimiento de la salud y de las universidades. Hoy vengo por todos estos recuerdos y defender el derecho a la salud. Que aprendan a utilizar los recursos. Que no se los gasten en lo que ellos quieran”.

Luego de los discursos de dirigentes sindicales, estudiantiles y las autoridades del CIN, se leyó el documento que habían acordado. Insistieron en que el financiamiento del sistema universitario nacional está en estado crítico debido a que el Gobierno “incumple la regla democrática y constitucional básica”, que implica cumplir con la ley.

“Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”, señalaron.

“Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina”, detallaron.

Apuntaron contra el Gobierno por su “acto de desprecio institucional sin precedentes” al ignorar la ratificación de la ley de financiamiento universitario y los fallos de la Justicia que ordenaban su cumplimiento inmediato. “Le pedimos a la Corte Suprema que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el gobierno nacional siga incumpliendo”, pidieron.

Remarcaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los gastos de funcionamiento de las universidades, algo que fue debatido en la última semana en relación al estado financiero de los hospitales universitarios, no superó el 64% del que tenía en enero de 2023. Se perdieron, estimaron, alrededor de nueve meses de transferencias.

Participaron los frentes gremiales docentes y no docentes: la Conadu, la Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Federación de Asociaciones de Docentes de la UTN (Fagdut), la Unión de Docentes Universitarios (UDA), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun).

También las autoridades del CIN –el vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, y el presidente y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci– y dirigentes estudiantiles de la Federación Universitaria Argentina (FUA). La desconcentración ocurrió cerca de las 18.30, luego de que los oradores terminaran su discurso.

Ana Clara Gómez, graduada la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA como contadora y licenciada en Administración, dijo al ser consultada: “Estoy acá junto a otros papás de estudiantes defendiendo el cumplimiento de la ley. Mi hija estudia en Exactas. El panorama de Exactas es muy distinto al de Económicas, donde yo estudié. Exactas está cerrada. En Ciencias Químicas, que es donde estudia mi hija, se fueron muchos profesores. Vinimos para garantizarles que puedan estudiar, tener una profesión y vivir de eso en un futuro, como lo hicimos nosotros”.

En la marcha no solo se manifestaron docentes y estudiantes de las diferentes universidades públicas, sino también sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones políticas asociadas a la izquierda y al peronismo.

Además de la manifestación central en CABA, la protesta se realizó en, al menos, siete ciudades de la provincia de Buenos Aires. Los docentes y alumnos se movilizaron también en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca.

Fue la cuarta marcha federal universitaria que se convocó durante el Gobierno de Milei. El conflicto se remonta a 2024, cuando se realizó la manifestación para pedir la actualización de los gastos de funcionamientos de las casas de altos estudios, que representan cerca del 10% de las partidas que reciben las universidades cada mes. Luego, en 2025, la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario forzó al Gobierno a reforzar los fondos, pero su aplicación quedó suspendida por el Ejecutivo hasta que el Congreso determine las fuentes del financiamiento.

Testimonios de los manifestantes

Luciana, otra joven presente en la manifestación, contó a LA NACION: “Soy primera generación de estudiantes universitarios. Solo mi papá terminó el secundario. Gracias a la universidad pública estoy estudiando Administración, trabajo desde segundo año”. Para llegar, se tomó un tren y un colectivo desde Haedo.

Esteban da clases ad honorem en la Facultad de Ciencias Económicas. Sus padres también fueron a la UBA y hoy vino a Plaza de Mayo con su hermana. “Es devolverle algo a la universidad que me permitió formarme y crecer como profesional. Un país somos todos los que lo hacemos y la universidad pública también es construir un país. Sin oportunidades no hay futuro”, opinó.

Para Gabriel Santi, “Ningún país puede llamarse tal si no tiene autonomía científica. Un ejemplo: jubilan los científicos nucleares que tenemos, ¿quién los va a reemplazar? Volvemos a la época de antes de Perón. Nos quedamos sin médicos, sin maestros. Sin autonomía política tecnológica no podemos ser un país soberano”.

Y siguió: “No lo pienso como una cuestión personal, sino algo que hace a la sociedad. Está más allá del individuo. Lo plantean como que uno estudió gratis y después se va afuera a ganar plata. No es ese el sentido. Es que puede devolverle al país lo que le dio. Ahora no está pensado el sistema universitario en conjunto con una política de desarrollo, de logística, de aprovechamiento de los recursos naturales. Debería estar formado orgánicamente”.

“Hay que mejorar. Si tengo un taller, no puedo romper las herramientas. Cambiaré al que las usa, puedo renovarlas, pero no destruirlas. Sin Estado no somos nada. ¿Qué somos? ¿Inquilinos de nuestro propio país? Estábamos orgullosos. Es lo que hizo distinto a la Argentina durante décadas”, cerró Santi, quién también estudió en la UBA y tiene un hijo que ahora estudia Ingeniería.

“Milei decía que iban a venir todas estas empresas tecnológicas. Pero mi hijo estudia ciencias de la computación y no tuvieron clases. Está cerrado”, sumó otra integrante del grupo, que prefirió resguardar su nombre porque trabaja en el Estado.

La pulseada con el Gobierno

Docentes, autoridades universitarias y alumnos reclamaron por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue votada y sostenida por el Congreso, y la actualización de las partidas que establece la norma.

Sin embargo, la gestión libertaria insistió en que la ley no expresa de forma explícita el financiamiento y que podría afectar la estabilidad macroeconómica: marcaron que, según un informe del Ministerio de Economía, cumplir con la norma requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades.

En paralelo, el Gobierno había presentado un recurso federal extraordinario para no cumplir con la ley, el cual fue aceptado por la Justicia. La medida cautelar, que fue ratificada dos veces y obligaba a la actualización de salarios y becas tras un planteo de los rectores de las universidades nacionales, quedó suspendida hasta que se expida la Corte.

La ejecución real del gasto universitario cayó un 29% entre 2023 y 2025, alcanzando el nivel más bajo desde 2006. Actualmente, los fondos universitarios se mantienen casi sin modificaciones, con un aumento real aproximado de 0,8%, algo que no se cumplió.

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