ECONOMIA
La parte que Kicillof «olvidó» en su crítica al plan económico, su devaluación de 2014 tras acumular retraso cambiario
Las críticas de Axel Kicillof al plan económico Milei-Caputo y su advertencia sobre lo insostenible del atraso cambiario causó revuelo en el mercado. Curiosamente, Kicillof coincidió en su visión con la mayor parte de los economistas «ortodoxos» -y hasta con los del propio Fondo Monetario Internacional– con los que históricamente ha polemizado.
Ante la argumentación tecnicista de Milei, Kicillof prefirió bajar la discusión al terreno de la economía real y recordar que los cultivadores de cebolla de Villarino tienen que descartar buena parte de la cosecha porque no es rentable para la exportación.
Y, además, describió cómo, en su determinación por «planchar» el tipo de cambio, el gobierno arriesga una dependencia cada vez mayor de la bicicleta financiera y un sacrificio de las reservas del Banco Central.
El gobernador de Buenos Aires puso el dedo en la llaga de los costados más dudosos del plan económico. Sin embargo, su argumentación no pudo haber sido todo lo dura y contundente de la que Kicillof es capaz: el gobernador habría logrado un efecto mucho más potente en su crítica si no fuera porque «olvidó» la comparación con la época en que él mismo fue ministro de economía, durante la gestión de Cristina Kirchner.
Aunque parezca paradójico por tratarse de gobiernos de signo ideológico opuesto, lo cierto es que muchas de las características del plan de Caputo que Kicillof critica ahora estuvieron presentes hace una década cuando, conviene recordarlo: tras cuatro años de déficit de cuenta corriente, permanente inflación en dólares y dos años de vigencia del cepo cambiario, tuvo que convalidar una devaluación de casi 20%.
Semejanzas, una década después
No eran pocas las diferencias entre aquel momento y el actual. También en aquella época sufrían las economías regionales, al punto que se había convertido un clásico las protestas de los cultivadores de fruta de la zona patagónica, que regalaban su producto en plaza de Mayo. Antes, el país se había mostrado espantado por las imágenes de manzanas y peras pudriéndose en el suelo, porque los productores afirmaban que era mayor el costo de recogerlas y comercializarlas que lo que se obtenía por el precio de exportación.
De hecho, el kirchnerismo, que se había impuesto de manera arrasadora en 2011, sufrió una dura derrota en las legislativas de 2013, y varios analistas atribuían el resultado al sufrimiento económico en provincias tradicionalmente peronistas que habían sido particularmente afectadas por el retraso cambiario.
El cepo regía desde 2011, cuando se instauró -tras las elecciones- para frenar un insoportable ritmo de «fuga de capitales» del orden de u$s3.000 millones por mes. En aquel momento, sin acceso al mercado internacional, Cristina también apostó a los dólares de la inversión externa directa: empezaba el boom de Vaca Muerta y, además, estableció una reinversión compulsiva a las empresas multinacionales, que no podían remesar a sus casas matrices.
Cuando Kicillof asumió como ministro, a finales de 2013, el discurso oficial era que no había tal retraso cambiario, y que quienes argumentaban en ese sentido pertenecían a un «club de devaluadores» que buscaban un brusco traspaso de ingresos desde los consumidores hacia el sector exportador.
Se argumentaba desde los medios afines al kirchnerismo que una devaluación no ayudaría a exportar más sino a subir costos internos de la industria, y que además tendría un impacto sobre los precios, con lo cual impactaría sobre el salario.
A Kicillof no le cerraron las cuentas
Desde hacía años, la política del gobierno era calificada como «flotación administrada», que implicaba un deslizamiento definido por el Banco Central, y que sistemáticamente se ubicaba por debajo de la inflación.
Así, para enero de 2014, Kicillof se encontraba con una economía que había acumulado, en los dos años previos, una «inflación en dólares» de 16%.
El 2013 había sido un buen año en cuanto a precios agrícolas, con la soja rondando los u$s550 por tonelada -aunque con tendencia a la baja-, y Kicillof buscaba -como ahora Caputo y antes Sergio Massa- que los productores se comprometieran a liquidar una cantidad mínima en el verano, de manera de no agudizar la escasez de dólares.
Por aquellos días, Cristina Kirchner se enorgullecía de la cantidad de argentinos que veraneaban fuera del país, algo que asimilaba como un éxito de su modelo económico. Ese año, el déficit de la cuenta corriente había alcanzado un 2,4% del PBI. Esto ocurría a pesar de que la balanza comercial había dejado un holgado superávit de u$s12.000 millones -aunque ya era inocultable la tendencia al achicamiento-, mientras que, en el sentido inverso, la cuenta del turismo sacrificaba más de u$s5.000 millones netos, y con tendencia al alza.
Bicicleta financiera, estilo K
Como resultado de esa política, en 2013, el BCRA había perdido la friolera de u$s11.000 millones de sus reservas. Y los créditos en dólares que se vencían no se renovaban, por la incertidumbre que generaba el cepo.
Fue allí cuando Kicillof devaluó -o, mejor dicho, tuvo que resignarse a que el dólar se reacomodara, ante su impotencia por controlar la crisis-. El mercado, como siempre, había adelantado lo que iba a ocurrir, porque el dólar paralelo, que en general se ubicaba un 50% sobre el tipo de cambio oficial, llegó a una brecha del 100%.
En ese momento se produjo una discusión entre Kicillof y el entonces presidente del BCRA, Juan Carlos Fábrega, que sostenía que era imprescindible una fuerte suba de las tasas de interés, como señal al mercado de que el gobierno estaba dispuesto a contraer la base monetaria.
Lo curioso es que, durante los años previos, el gobierno kirchnerista había aplicado la misma política que hoy Kicillof le critica a Caputo: con una tasa de interés que sistemáticamente superaba a la devaluación oficial, se buscaba desalentar a la población a comprar dólares.
De hecho, una de las anécdotas inolvidables de la gestión de Cristina fue cuando, por sugerencia de Víctor Hugo Morales, todos los miembros del gabinete se comprometieron a vender los dólares de sus ahorros -al precio oficial, lo que implicaba una pérdida de 25%- y colocarlos en pesos. La idea era mostrar coherencia con el discurso de Cristina, que se quejaba de la histórica tendencia de los argentinos en ahorrar en una moneda que no era la emitida por el país. En aquel momento se rebeló Aníbal Fernández, quien fue reprendido en público por Cristina y tuvo que cumplir con la consigna.
El argumento oficial era que, como el gobierno mantenía un ritmo devaluatorio regular, había una ganancia segura para quien hiciera las inversiones en pesos, con tasas más altas. No se le llamaba «bicicleta financiera» entre los funcionarios K, pero nadie veía las diferencias con esa política clásica.
Del libreto conspirativo a la negociación de precios
Lo cierto es que llegó un momento en que las cuentas ya no cerraron, y Fábrega, desde el Central, dejó correr al dólar, que empezó a acelerar y en dos días pasó de $6,84 a $8.
En esos días ocurrió una situación curiosa: mientras dentro del BCRA se admitía que lo ocurrido había sido una medida de política económica deliberada, Kicillof se aferraba al libreto conspirativo. Se dedicó varios días a ver quiénes habían hecho compras grandes, y acusó a la petrolera Shell de haber provocado el salto, al convalidar un dólar por encima del de mercado.
Lo más extraño de todo es que el resto de los funcionarios K, tras evaluar la situación y verla como irreversible, rápidamente salieron a defender la nueva paridad. Los ministros decían que el dólar en $8 era un nivel «excelente» porque permitía recuperar la competitividad perdida.
Resignado a la nueva situación, Kicillof se dedicó al control de daños: dijo que no había ningún motivo para que la devaluación tuviera un traslado a precios, salvo en los productos importados como los de electrónica. Y negoció con las grandes cadenas, para que los aumentos no superaran un 20%.
El resultado, lejos de la expectativa de Kicillof, fue desastroso: en el mes siguiente a la devaluación de enero ya se había acumulado un «pass thorugh» del 50%. De hecho, ese año volvió a terminar con una inflación en dólares: un IPC estimado en 39% contra una devaluación nominal del 29%.
Mejor resultado tuvo Kicillof en cuanto a la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo. Del 100% previo a la devaluación de enero se pasó a un 38% en marzo, que se agrandó a un 57% en agosto y a un 67% en diciembre.
Enseñanzas de Kicillof para Milei y Caputo
En definitiva, todos los antecedentes del debut de Kicillof en la gestión muestran tanto el riesgo del atraso cambiario como los límites de la «bicicleta financiera» y las dificultades para reordenar la economía luego del salto devaluatorio.
Es, en todo caso, la enésima demostración de que el dinero no tiene ideología y, sin importar si quien se sienta en el sillón de Rivadavia se declara libertario o «nacional y popular», las reacciones suelen ser parecidas.
A Kicillof le habría bastado el relato de su experiencia para que su argumentación contra Milei y Caputo fuera todavía más potente.
Aunque, hay que decirlo, es cierto que hay una diferencia importante entre los dos momentos. Ahora hay superávit fiscal, como no se cansa de repetir el gobierno, mientras que cuando Kicillof se hizo cargo de la economía, las cuentas mostraban un rojo de 0,8% del PBI.
La pregunta del mercado es si sólo con esa diferencia alcanza para que, esta vez, el resultado del plan sea diferente.
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ECONOMIA
Trump confirmó nuevos aranceles al acero y al aluminio, y así impactará en empresas argentinas
En una movida que intensificó las tensiones comerciales a nivel mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que impuso aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, sin excepciones ni exenciones. Esta medida afectó directamente a países aliados y socios comerciales de larga data, incluyendo a Canadá, México, Brasil y Argentina.
«Hoy simplifico nuestros aranceles sobre el acero y el aluminio», dijo Trump en el Salón Oval mientras firmaba las órdenes ejecutivas. «Es un 25%, sin excepciones ni exenciones», agregó.
«Nos estaban atacando tanto amigos como enemigos. Es hora de que nuestras grandes industrias regresen a Estados Unidos», subrayó.
Trump resaltó también que pensaría imponer aranceles adicionales a automóviles, productos farmacéuticos y chips informáticos.
El asesor comercial de Trump, Peter Navarro, dijo que las medidas ayudarían a los productores de acero y aluminio de Estados Unidos y reforzarían la seguridad económica y nacional de Estados Unidos.
«Los aranceles al acero y al aluminio 2.0 pondrán fin al dumping extranjero, impulsarán la producción nacional y asegurarán nuestras industrias de acero y aluminio como columna vertebral y pilares de la seguridad económica y nacional de Estados Unidos. No se trata sólo de comercio. Se trata de garantizar que Estados Unidos nunca tenga que depender de naciones extranjeras para industrias críticas como el acero y el aluminio», señaló a los periodistas
Durante su primer mandato, en 2018, Trump ya había implementado aranceles similares, aunque posteriormente otorgó exenciones a ciertos países. Sin embargo, en esta ocasión, la administración decidió aplicar la tarifa de manera uniforme, argumentando la necesidad de proteger la industria nacional y reducir la dependencia de importaciones extranjeras.
La reacción internacional no se hizo esperar. La Unión Europea calificó la medida como «ilegal y económicamente contraproducente», señalando que perjudicaría tanto a empresas y consumidores europeos como estadounidenses.
Francia exigió represalias inmediatas por parte de la UE, mientras que China, que ya había aplicado aranceles a productos estadounidenses, criticó el proteccionismo comercial de Trump, enfatizando que no hay ganadores en las guerras comerciales.
El impacto para las empresas argentinas
Para Argentina, la imposición de estos aranceles representó un desafío considerable. Según datos del sector, el país exportaba aproximadamente u$s600 millones anuales en acero y aluminio a Estados Unidos. Empresas emblemáticas como Aluar y Tenaris se pueden ver afectadas directamente. Aluar, por ejemplo, destina alrededor del 40% de su producción al mercado estadounidense.
Según analistas, con un arancel más alto, los productos argentinos se encarecerían, lo que podría reducir la demanda por parte de Estados Unidos o disminuir los márgenes de ganancia para los exportadores locales. A largo plazo, esto podría llevar a una caída en la producción y afectar el empleo en el sector metalúrgico, que ya enfrenta desafíos estructurales.
Asimismo, la posibilidad de que Argentina logre quedar excluida de la medida dependerá de las negociaciones diplomáticas y de la relación bilateral entre ambos países. La falta de una respuesta favorable podría incentivar la búsqueda de nuevos mercados, aunque esto no resultaría inmediato ni sencillo.
En resumen, la decisión de la administración Trump de imponer aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio sin excepciones generó una ola de reacciones a nivel global. Para Argentina, esta medida implicó desafíos significativos para su industria metalúrgica y planteó interrogantes sobre el futuro de sus exportaciones hacia Estados Unidos.
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