La recaudación de impuestos de julio confirmó tanto el entusiasmo del gobierno como las preocupaciones de los críticos: los números siguen mostrando una recuperación, pero apoyada sobre factores pasajeros, que en pocos meses ya no estarán vigentes.

Los $11,9 billones que entraron a las cajas de la AFIP y del sistema de seguridad social implican una caída, en términos reales de 7,9% respecto del año pasado -si se considera para julio una inflación de 4%, como está estimando la mayor parte de los economistas.

En la comparación intermensual, en cambio, hay una mejora nominal de 5,4%, que corregida por el IPC quedaría en 1,3%. Desde ese punto de vista, el gobierno podría interpretarlo como otro indicador de recuperación de la actividad económica, así como otro motivo para esperar una consolidación del superávit fiscal en la segunda mitad del año.

Sin embargo, cuando se mira «entrelíneas» de la recaudación, la situación no parece tan favorable. Como ha venido ocurriendo en los últimos meses, el mayor impulso de la recaudación viene de parte de impuestos que en el mediano plazo no podrán seguir haciendo ese aporte, ya sea porque son tributos destinados a desaparecer -como el impuesto PAIS- o porque su performance obedece a una situación estacional -como las retenciones a la exportación-.

En cambio, los impuestos que están más directamente ligados con la actividad comercial, como el IVA, siguen dejando dudas. En la comparación respecto del año pasado, está un 12,5% debajo del nivel del año pasado. En julio, este tributo representó un 31% del total recaudado, lo cual sigue ubicándose por debajo de su promedio histórico, más cerca del 35%.

Y en la comparación intermensual, el IVA que recaudó la DGI en julio resultó un 2,2% menor que en junio. En principio, una noticia que parece contradecir la versión oficial sobre que lo peor ya pasó y que tanto la actividad como el consumo están en franca mejoría.

Otro rubro que suele ser indicativo de la marcha de la economía es el de los tributos vinculados a la seguridad social, porque sus variaciones van de la mano de las estadísticas del empleo y del salario. En julio hubo un salto de 47% respecto de junio, pero es una cifra que está impactada por el pago del medio aguinaldo, lo cual hace que haya que tomarla con cuidado a la hora de analizar el mercado laboral. En términos interanuales, en cambio, sigue mostrando una evolución negativa, con un 13% de caída real.

El impuesto PAIS se despide

Entre los rubros que impactaron positivamente la recaudación de julio figuran una vez más el impuesto PAIS, el gran anabólico de las cuentas fiscales de este año, y las retenciones a la exportación, en un momento de aumento de la liquidación agrícola.

El impuesto PAIS aportó un 5,9% del total de la recaudación, en línea con lo que ha sido la tónica de todo el año. Son las últimas semanas de festejo para Toto Caputo, que tuvo en este tributo su mejor aliado para conseguir el superávit fiscal.

El ministro no solamente incrementó la alícuota del 7,5% al 17,% sino que la generalizó a todas las importaciones, y luego también la aplicó a las empresas que compraron el bono Bopreal con el objetivo de girar al exterior dividendos o utilidades.

Al permitir esa remisión de fondos al exterior, que hacía más de cinco años que estaba vedada a las empresas, el gobierno se aseguró el éxito en la colocación de este bono, con un volumen equivalente a u$s1.743 millones. Ese efecto tuvo su mayor impacto en junio: los inversores entregaron $1,54 billón, y como todo está gravado por este tributo, quedaron en la caja de la AFIP $269.000 millones.

La gran pregunta ahora es cómo evolucionarán las cuentas fiscales cuando el impuesto PAIS corte su alícuota en 10 puntos. Esto ocurrirá a partir de septiembre, según prometió el propio Javier Milei.

¿Qué ocurriría si ya estuviera vigente esa reducción? En ese caso, la recaudación de julio habría perdido $399.058, lo que equivale a un 3,4% del total. Y, en consecuencia, la recaudación total ya no mostraría un sendero ascendente sino que el ingreso de julio habría resultado un 2% más bajo que el de junio.

Toda una señal de alarma para los funcionarios del equipo económico, sobre todo con vistas a 2025, cuando este impuesto ya no estará vigente.

La lupa en los silobolsas

El otro rubro que contribuyó a la caja fiscal de julio fue el de las retenciones a la exportación. En la comparación con el año pasado se registra un impactante aumento de 800%, lo cual es producto de que 2023 había sido un año muy malo para el campo por la histórica sequía, pero además la exportación estuvo concentrada en los meses en que Sergio Massa aplicó los incentivos específicos del «dólar sojero».

Pero el aumento es grande también cuando se hace la comparación intermensual: entraron 31% más recursos que en junio, algo que se explica por el incremento en el ritmo de liquidaciones de los exportadores agrícolas. Mientras en junio el complejo sojero había aportado algo menos de u$s2.000 millones, en julio el número se ubicó en u$s2.600 millones.

En términos reales, descontado el efecto inflacionario, las retenciones subieron un 26% respecto del mes pasado. Es así que, en un mes, pasó de significar un 3,7% de la recaudación total a un 4,7%.

¿Podrá seguir mejorando esa performance? Es la gran incógnita del mercado. A juzgar por la cantidad de mercadería todavía disponible, hay motivos para pensar que sí: se estima que el grano que permanece almacenado en silobolsas equivale a casi u$s14.000 millones.

Pero, por otra parte, hay factores del mercado que están llevando a los productores a una actitud cautelosa. Sobre todo el desplome del precio internacional de la soja -está en u$s372 la tonelada, cuando el nivel promedio del año pasado rondaba los u$s500- y además la nueva política cambiaria del gobierno hace que el «dólar blend» sea menos atractivo para los productores.

Todas las fichas a Ganancias

En todo caso, lo que parece claro en las cifras de recaudación es que el superávit fiscal no está asegurado, a no ser que haya un contrapeso para la merma que se espera en los próximos meses en varios rubros.

Y es ahí donde todas las fichas del gobierno están en el impuesto a la Ganancias. O, mejor dicho, en el nuevo impuesto a los ingresos, como se rebautizó a Ganancias de la cuarta categoría, y que alcanzará a unos 800.000 asalariados de la franja superior.

Ganancias tuvo en julio una performance baja respecto de junio. Pero es un efecto que ya se daba por descontado, porque en realidad el mes anterior reflejó el impacto devaluatorio en el vencimiento del primer anticipo de las sociedades con cierre diciembre, por el período fiscal 2024. En otras palabras, un efecto contable de corta duración. Eso le permitió a la recaudación de Ganancias crecer al punto de que en junio su participación fue el 22% de la recaudación total, pero en julio volvió a caer a 16%, cerca de su promedio anual.

Es por eso que ahora la apuesta es a que en la caja de la AFIP empiece a notarse el impacto de la recientemente aprobada ley fiscal.

En los papeles, el regreso de Ganancias permitirá un incremento de 0,4% del PBI, lo cual, según los cálculos de Toto Caputo, disiparía las dudas respecto de la consecución del superávit fiscal. Claro que, a diferencia de lo que ocurre con el impuesto PAIS -cuya recaudación queda íntegramente para el Tesoro-, lo que ingrese por Ganancias se debe coparticipar con las provincias, que se quedan con 58% de la caja.

Pero el gobierno apuesta a que su jugada salga bien. La historia reciente demuestra que Ganancias es uno de esos impuestos que son relativamente inmunes a los momentos recesivos como el actual. A diferencia de tributos como el IVA, cuyo nivel de recaudación está directamente vinculado a la fase -expansiva o recesiva- del ciclo económico, Ganancias suele mantenerse, porque su ingreso depende del incremento nominal de los ingresos, que en una economía inflacionaria siempre tiende a subir.

De todas formas, entre los analistas no hay consenso respecto de cuánto tiempo llevará para que la reforma legislativa sobre Ganancias deje ver plenamente su impacto en las cuentas fiscales. Y esas dudas sobre la sustentabilidad del superávit se acrecentaron por la ralentización en la eliminación de subsidios estatales a la energía, en el marco de la preocupación oficial por acentuar la desinflación.