ECONOMIA
Las prepagas podrían devolver la plata cobrada de más por las cuotas de 2024: de qué manera
El 75% de las empresas de medicina prepaga deberán bajar el precio de sus cuotas ya recalcular los aumentos. Qué sucederá con lo pagado de más
17/04/2024 – 12:49hs
El Gobierno nacional ordenó que el 75% de las empresas de medicina prepaga bajen el precio de sus cuotas ya que deberán recalcular los aumentos que aplicaron desde diciembre tomando como base para el cálculo el Índice de Precios al Consumidor. Al mismo tiempo, la Superintendencia de Salud presentó una medida cautelar ante la Justicia para que devuelvan dinero a los usuarios.
«Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representan alrededor del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por IPC», anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.
El vocero explicó además que las empresas «deberán aplicar como máximo» el IPC «para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses«. La medida, explicó Adorni, se tomó a raiz de una denuncia «por presunta cartelización».
Tal como confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la Superintendencia de Servicios de Salud avanza en la justicia con una medida cautelar por abuso de precios de algunas empresas de medicina prepaga, producto de una posición dominante en el mercado.
Prepagas: cómo sería la devolución de la diferencia por las cuotas
El Gobierno nacional presentó una medida cautelar abarca que inicialmente a un universo de 18 prepagas que contemplan casi el 90% de los beneficiarios cubiertos por este régimen.
Entre otras cuestiones, solicita que las empresas retrotraigan sus valores al 01/12/2023 (la cuota para el afiliado sería la de diciembre + el IPC de los primeros cuatro meses del año).
El Gobierno nacional ordenó que el 75% de las empresas de medicina prepaga bajen el precio de sus cuotas
Además, se pide que ordene la devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación estos últimos cuatro meses. Se barajan dos alternativas: que las empresas devuelvan directamente las cuotas o que sean tomadas a cuenta de los futuros incrementos.
Esto último, claro está, no correría para los usuarios que se hayan dado de baja entre el 1 de diciembre de 2023 y abril de 2024.
El argumento es que la Superintendencia en su rol de fiscalizador para que se transparenten los indicadores y se garantice la libre competencia.
Prepagas deberán retrotraer los aumentos
En el marco de una investigación por presunta colusión, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó, de forma preliminar, que existen indicios sólidos de un acuerdo colusivo entre las empresas de medicina prepaga. Además, consideró también los efectos inmediatos de este supuesto accionar, que es el aumento cuasi uniforme en los precios de los planes.
A raíz de lo anterior, emitió un dictamen aconsejando al Secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Economía la adopción de una medida cautelar en los términos del artículo 44 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC), que faculta a la Secretaría de Industria y Comercio, en cualquier etapa de una investigación, a imponer el cumplimiento de condiciones u ordenar el cese de conductas con el objetivo de evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud, su continuación o agravamiento.
Las prepagas deberán retrotraer los aumentos que realizaron desde diciembre por el monto que haya superado la inflación
El dictamen sostiene que siete empresas de medicina prepaga, la confederación que las agrupa y la persona preside la misma, deben cumplir con los siguientes requerimientos:
- En primer lugar, por el plazo de 6 meses, los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales a ser cobradas no podrán superar al siguiente cálculo: la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023). La medida aclara que, en el caso de los clientes dados de alta luego de diciembre de 2023, el ajuste debe realizarse teniendo como base un plan similar al contratado.
- En segundo lugar, cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la Confederación Unión Argentina de Salud (UAS) o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial.
- Asimismo, la medida preventiva ordena además a las compañías de medicina prepaga a presentar información a la CNDC sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes. Las empresas deberán aportar datos desde diciembre de 2023 en adelante, e informar su actualización con una frecuencia mensual. A su vez, las compañías y la UAS tienen la obligación de publicar, en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la cautelar, el texto completo de la medida de tutela anticipada en sus respectivos sitios web.
Las personas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la mencionada medida son Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios; la confederación que las agrupa, Unión Argentina de Salud (UAS); y el Sr. Claudio Fernando Belocopitt, en su doble carácter de presidente de la firma Swiss Medical S.A. y de la UAS.
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ECONOMIA
Los cambios integrales busca realizar el titular de ANSES con una posible reforma previsional
El Gobierno busca diseñar una reforma previsional con el objetivo de modernizar el sistema y abordar desafíos clave relacionados con la sostenibilidad y la equidad. Mariano de los Heros, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ha anticipado algunos de los pilares fundamentales de esta reforma, que se espera sea debatida y eventualmente implementada antes de fin de año, cumpliendo con el punto 9 del Pacto de Mayo propuesto por el Presidente.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la creación de la «Prestación de Retiro Proporcional».
Esta nueva figura permitiría que personas que no hayan alcanzado los 30 años de aportes puedan acceder a una jubilación, aunque con un haber proporcionalmente menor. Esta propuesta busca dar respuesta a una realidad laboral argentina donde la informalidad, que afecta a un porcentaje significativo de la fuerza laboral, impide que muchos trabajadores cumplan con el requisito de aportes.
Reforma previsional: la problemática de la informalidad y las moratorias
La informalidad laboral es un factor determinante en el diseño de la reforma. Se estima que un alto porcentaje de trabajadores no alcanzan los 30 años de aportes necesarios para jubilarse debido a empleos no registrados. Ante esta situación, en el pasado se implementaron moratorias previsionales, que permitían a los trabajadores regularizar su situación mediante el pago de la deuda por los años no aportados, descontando el monto correspondiente del haber jubilatorio.
Sin embargo, las moratorias han sido objeto de debate. Algunos argumentan que estas medidas, si bien permitieron a muchas personas acceder a una jubilación, generaron una carga adicional al sistema previsional, afectando su sustentabilidad. Asimismo, se señala que no siempre benefician a quienes más lo necesitan y que podrían desincentivar la formalización laboral.
Ante el vencimiento de la moratoria previsional el 23 de marzo, la ANSES busca alternativas que sean «más justas y sostenibles». En este contexto, la Prestación de Retiro Proporcional se presenta como una opción para aquellos que no cumplen con los 30 años de aportes, ofreciendo una jubilación con un haber menor.
Aumento de la edad jubilatoria y regímenes especiales
Otro aspecto relevante de la reforma es la discusión sobre la edad jubilatoria. Actualmente, la edad mínima para jubilarse es de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. El Gobierno ha manifestado su intención de unificar la edad jubilatoria para ambos géneros y, posiblemente, elevarla algunos años, aunque sin llegar a los 70.
Además, se plantea la revisión de los regímenes jubilatorios especiales que benefician a ciertos sectores, como docentes, investigadores científicos, personal del servicio exterior, trabajadores de Luz y Fuerza y miembros del Poder Judicial. La propuesta apunta a que estos sectores se jubilen bajo las mismas condiciones que el resto de los trabajadores, lo que implicaría una reducción en los haberes jubilatorios para las nuevas jubilaciones.
Otros puntos de la reforma
La reforma previsional también contempla la revisión de las pensiones, especialmente las de discapacidad, y la modificación de las pensiones por fallecimiento del titular (viudez), excluyendo, bajo ciertas condiciones, a los cónyuges o convivientes que ya estén jubilados. En el caso de los trabajadores activos, la pensión se mantendría solo por los años de matrimonio o convivencia.
Adicionalmente, se evalúa la posibilidad de implementar una variante de jubilación privada, con aportes voluntarios que podrían ser incentivados mediante deducciones en el impuesto a las Ganancias.
El sistema previsional en números
El sistema previsional argentino cuenta con un total de 5.666.805 jubilados y 1.712.673 pensionados. De este total, 4.019.661 personas se jubilaron a través de moratorias o planes de pago de deuda previsional, mientras que 3.359.817 reciben beneficios contributivos puros. Más de la mitad de los jubilados perciben el haber mínimo, complementado con un bono adicional.
En contraste, se estima que hay más de 13 millones de aportantes al sistema, lo que sugiere que un número importante de trabajadores se encuentra en la informalidad.
El debate por delante
La reforma previsional representa un desafío complejo que requiere un amplio debate y consenso. El Gobierno ha expresado su voluntad de avanzar en este proceso, buscando garantizar la sostenibilidad del sistema y proteger los derechos de los jubilados y futuros beneficiarios.
Se espera que en los próximos meses se intensifiquen las discusiones y se definan los detalles de la reforma, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas y los desafíos que enfrenta el sistema previsional argentino.
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