La quita de restricciones que estableció el Gobierno redundó en un aumento de las operaciones en lo que va del año. Qué ocurre en las zonas de frontera

11/05/2024 – 13:45hs

La derogación de la ley 26.737 que establecía límites a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros reavivó el interés por los campos de las principales zonas productivas y, en simultáneo, acrecentó el temor a la compra de áreas clave de la Patagonia cordillerana por parte de inversores foráneos. En el ámbito de las inmobiliarias rurales predomina el entusiasmo ante la reactivación de las ventas mientras que en provincias como Río Negro emergen los pedidos de controles que permitan determinar si hay capitales trasnacionales dominando áreas de seguridad de frontera. La quita de la norma 26.737 también abrió la posibilidad de que la zona maicera y soja del centro de país puede tener predominio de actores extranjeros.

Entidades de la comercialización de campos exponen un alza en la demanda de tierras a partir de la derogación que fijó el gobierno de Javier Milei. En ese sentido, el Índice de Actividad del mercado inmobiliario rural efectuado por la Cámara Argentina de Inmobiliarios Rurales (CAIR) reconoce un incremento del 35% en las operaciones de compraventa en el lapso de enero a febrero.

Aumentó la compraventa de campos

La misma organización da cuenta de un incremento del 57% en la comparación de febrero de 2024 versus igual mes pero del año pasado. CAIR señala que marzo continuó la tendencia hacia arriba mayormente por efecto del interés foráneo.

«A medida que transcurren los meses, el gobierno va consolidando el ajuste y el rumbo económico, generando una mejor sensación de estabilidad. De a poco, van apareciendo más consultas de inversores extranjeros», señaló la organización en un informe al que accedió iProfesional. «Continúa muy alta la demanda de campos agrícolas buenos y muy buenos. Luego de años de muy poca demanda, comenzaron a aparecer consultas sobre campos en zonas más marginales», acotó.

Comercializadores de tierras reconocen que «las consultas aumentaron un 100% luego de que ocurrió la derogación» y que se disparó «el interés por adquirir campos en la zona núcleo luego de que se retiró el veto a la compra de más de 1.000 hectáreas por parte de extranjeros«.

Los campos más cotizados muestran precios de hasta u$s17.000 la hectárea. Hasta hace muy pocos años, los valores en la misma área promediaban los u$s20.000, lo cual muestra como la merma en las operaciones repercutió, quitándole valor a la zona predilecta del agronegocio exportador.

Los extranjeros mantienen su interés por las tierras patagónicas.

Respecto del origen de los capitales que comenzaron a aterrizar por efecto del cambio en la normativa, desde el entorno de CAIR se especificó que estadounidenses, españoles, italianos y australianos encabezan las estadísticas.

La presencia de capitales provenientes de Australia no es nueva: se trata de uno de los países que mayor cantidad de tierras controla en la Argentina a partir de la incursión de sus empresas mega mineras.

Preocupación por las zonas de frontera

La contracara de la avidez de las inmobiliarias rurales por acentuar la recuperación de la compraventa está en los pedidos de mayores controles al movimiento de capitales extranjeros interesados en adquirir tierras en zonas de frontera.

Respecto de esto, en Río Negro la legisladora Magdalena Odarda acaba de presentar un proyecto en el que propone la vuelta de una comisión investigadora que revise las operaciones inmobiliarias que se vienen llevando a cabo en ese distrito.

El objetivo de ese equipo será «evaluar si las operaciones inmobiliarias sobre las tierras rurales efectivizadas durante los últimos 12 años cumplen con el cupo del 15% habilitado para encontrarse bajo dominio extranjero, si son linderas a cuerpos de agua dulce, si se encuentran en áreas de seguridad de frontera, si superan el límite de 1.000 hectáreas en manos del mismo titular y toda otra prescripción ordenada por la ley nacional n° 26.737».

De aprobarse, la comisión también podrá «investigar todas las operaciones de compra y venta de tierras a extranjeros (personas humanas o jurídicas) en áreas de seguridad de frontera, para determinar si cumplen con la autorización («previa conformidad») otorgada por el Ministerio del Interior de la Nación o por el organismo nacional que en futuro lo reemplace».

La quita de restricciones promovida a partir de la derogación de la ley 26.737 activó, también, una instancia de incertidumbre que se hace cada vez más visible en los territorios con áreas limítrofes. La sanción de normas propias que establezcan nuevos criterios para el dominio de tierras por parte de extranjeros es una posibilidad que comienza a evaluarse con fuerza en distintas provincias.