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ECONOMIA

Liberación de importaciones: los principales problemas del plan oficial para que impacte en las góndolas

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En breve, cuando un consumidor argentino vaya a un supermercado, probablemente encuentre en la góndola de la yerba mate alguna marca uruguaya como Canarias o el famoso dulce de leche Conaprole o alguna gaseosa brasileña como Guaraná.

El Gobierno avanza con la idea de facilitar el ingreso de productos alimenticios desde el exterior, más precisamente, desde el Mercosur, con la intención de evitar que los productos locales suban de precio de manera descontrolada aunque los empresarios del sector advierten que no es algo sencillo y dudan de que puedan mejorar mucho a los precios locales.

La verdad es que la importación de alimentos en Argentina es casi insignificante. En enero representó apenas el 2,3% del total. Solo u$s110 millones, sumando alimentos procesados y los no elaborados. En enero de este año, el ingreso de alimentos básicos para el hogar fue por u$s34 millones, con una baja del 33% interanual y el de elaborados u$s75 millones con una retracción del 5%. La balanza comercial de alimentos en Argentina es ampliamente superavitaria y difícilmente una «apertura» importadora pueda afectar a la actividad interna.

De modo que la apertura que impulsa el Gobierno parece estar más enfocada en presionar a algunas industrias de consumo masivo a que «colaboren» con el proceso de desinflación. Para ello, van a usar a las grandes cadenas de supermercados que tienen todo el andamiaje logístico y burocrático listo para importar en cuanto se larguen las medidas.

Funcionarios de la Secretaría de Comercio trabajan contrarreloj para tener todo listo en los próximos días. Entre los productos que van a poder entrar, figuran los que se pueden encontrar en la oferta de las grandes cadenas de retail. Hay de todo, desde carnes, pescados, lácteos, infusiones como yerba mate, frutas, nueces, dátiles, harina, semillas de trigo y maíz.

No va a haber una marcha atrás del gobierno, le anticiparon esta semana a las industrias alimenticias que integran la Copal. Pero todo parece ser temporal, por un reclamo de los supermercados quienes le dijeron al Secretario de Comercio, Pablo Lavigne, que los responsables de fijar los precios son sus proveedores. En una segunda etapa, el Gobierno igualará las condiciones cambiarias y fiscales para traer insumos, que es el reclamo de los industriales.

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El Gobierno avanza con la idea de facilitar el ingreso de productos alimenticios desde el exterior

En tanto, el Banco Central ya informó a los bancos de plaza cuáles van a ser las posiciones arancelarias para importar a las que podrán acceder dólares oficiales a pagar en 30 días.

Empresarios consultados por iProfesional indicaron que todavía se necesita que la Secretaría de Comercio publique la reglamentación. «Hoy se puede importar alimentos, dentro de las condiciones que fija la ley argentina», explicó un operador del comercio exterior. Para poder traer comida se requiere una autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Algunos productos pueden ingresar de manera rápida y otros van a tener demoras. La sensación que hay entre los empresarios es que a diferencia del gobierno de Alberto Fernández, que quería controlar precios de manera deliberada, en este caso se busca ampliar la competencia. «Lo que pasa es que si por ejemplo se quieren traer pastas italianas De Cecco, solo una pequeña parte del mercado va a poder pagarla», dijo un empresario consultado. Según Mercado Libre, el paquete de fideos tipo tallarines importados cuesta $10.539.

Una lata de tomates en cubitos, por caso, paga 12,5% de arancel de importación si viene fuera del Mercosur, más 3% de tasa de estadística, paga 21% de IVA y 20% adicional, 6% de retenciones del Impuesto a las Ganancias, más 3% de Ingresos Brutos. Por lo tanto, lo que ingrese deberá provenir desde Uruguay, Brasil, Paraguay o de algún país con el que Mercosur tenga tratado de comercio que permita traer sin aranceles o con reducción de los mismos.

Aun así, sin aranceles, un kilo de yerba de marca uruguaya se consigue a $8.300 en una de las cadenas de proximidad, que es el doble del costo de una argentina. De modo que la reducción de impuestos puede ayudar a que se abarate el costo, pero no está claro si serán valores competitivos.

En definitiva, hay que sumar esos costos y al final de todo ver si el precio que resulta de eso es ventajoso respecto del mismo producto local.

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Con la nueva medida, probablemente comiencen a encontrarse más marcas de yerba uruguayas 

Solo hay algunos establecimientos en Argentina que ya están autorizados a importar alimentos. Empresas como Cabrales, que traen café, o Arcor, que importa cacao y los supermercados. En general, lo que se trae son alimentos que no se pueden producir en el país, como atún, algunas frutas contra estación, como las bananas y ciertos tipos de conservas.

Las empresas pueden comprar a granel, para luego envasar aquí, o en productos listos al consumidor final. En ese caso, se deben respetar las reglas del país, como es el caso de los octógonos negros, que indican que un producto tiene componentes no saludables. Hay que cumplir requisitos sobre conservantes y colorantes y eso es lo que puede demorar las intenciones del gobierno de generar una competencia.

Si se buscan traer envasados hay que pedirle al proveedor del exterior que lo mande en función de las normas de información al consumidor de las leyes argentinas. Por ello se puede asegurar que la importación de alimentos en Argentina no está cerrada, ni prohibida. Simplemente, es que en las actuales condiciones puede resultar en que los productos que vengan del exterior sean más caros.

La conclusión a la que arriban los empresarios que están en el negocio de la importación, tras la medida anunciada del gobierno, es que la medida está más que nada dirigida a las grandes cadenas de supermercados. Estas ya están preparadas para la operatoria y con ello buscarán ampliar su oferta.

Liberación de las importaciones: las quejas de los industriales

El economista Gustavo Lázari, que es empresario pyme en producción de jamones, planteó severas críticas a la iniciativa por considerar que es para beneficiar a las grandes cadenas de supermercados, que a su criterio, son las que habrían pedido facilidades para la operación, como es el caso del acceso a dólares en un pago a 30 días y la reducción de un par de impuestos. «Deberían reducir los impuestos a los que tenemos que importar insumos. Las reglas tienen que ser parejas para todos», señaló.

Los miembros de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) emitieron también un comunicado con el mismo tenor. Consideraron que es «un trato desigual para la industria» la decisión del Gobierno de permitir el ingreso de importaciones de alimentos y productos farmacéuticos.

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Las medidas del Gobierno contemplan la eliminación del IVA adicional y las retenciones del Impuesto a las Ganancias.

«Mientras los productores nacionales deben pagar en cuatro cuotas mensuales y con impuesto PAIS los insumos necesarios para la fabricación, los importadores de bienes terminados estarán exentos de impuestos y tendrán acceso total a las divisas necesarias en un solo pago a 30 días», se quejaron desde la UIA

La opinión de los economistas con esta medida

Federico González Rouco, de Empiria Consultores, advirtió que «abrir importaciones no sirve para bajar la inflación, al menos no en el sentido monetarista que el presidente Javier Milei tiene en la cabeza».

«Abrir las importaciones (de lo que estoy muy a favor) sirve para bajar el nivel de precios, no el ritmo de aumento, que depende de otras cosas», advirtió. Gonźalez Rouco planteó que «en el corto plazo, el IPC subirá menos, pero porque aparecen productos nuevos y cambia la composición de la canasta, no porque haya bajado la inflación».

Por su lado, Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que «la apertura de la economía es una reforma pendiente, ya que significa más competencia y variedad«.

No obstante, señaló que «lo que plantea el Gobierno es parcial y solo moviendo algunos impuestos». En ese sentido, sostuvo que las medidas del Gobierno contemplan la eliminación del IVA adicional y las retenciones del Impuesto a las Ganancias.

«Tenemos productos 33% arancel y 3% de estadística que sigue estando en niveles altísimos. Esto representa un alivio puntual», explicó.

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Marí advirtió que las medidas de apertura solo alcanzan a productos terminados, pero que no se incluye los insumos para las industrias locales. «Es una medida que va en el sentido correcto, pero todavía le falta», dijo.





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El Gobierno le quitará la jubilación y pensión de privilegio a Cristina Kirchner

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Tras la condena por la denominada causa Vialidad, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el presidente Javier Milei dará de baja la Asignación de Privilegio -comunmente conocida como jubilación de privilegio– que prestaba la expresidenta Cristina Kirchner. Será tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner. De acuerdo al Gobierno, significa un ahorro -al menos de la asignación en mano- de unos 21 millones de pesos.

«El beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidente de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño», planteó Adorni.

Hay que recordar que, oese a que el oficialismo, mediante la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos, había pedido que se eliminen las jubilaciones de privilegio, el proyecto fue modificado y este ítem no avanzó. Esto provocó que el presidente Javier Milei arremetiera contra el Legislativo, siendo que él renunció a este beneficio de manera voluntariamente; sin embargo, esta respuesta no generó modificaciones.

Pensión para expresidentes, insostenible para el Gobierno

Bajo ese pie y el actual panorama económico del país, las voluptuosas sumas que se destinan en jubilaciones de privilegio han dado pie al debate sobre la sostenibilidad a largo plazo de este sistema. Así como también, si se debe otorgar este beneficio a los expresidentes y vicepresidentes que están atravesando investigaciones judiciales o que ya fueron condenados.

Claro que, la remuneración económica excepcional que el Estado le abona a cada ex presidente y vicepresidente está regido por la Ley 24.018, que afirma que estos deben percibir un haber equivalente al 100% del salario de un juez de la Corte Suprema de Justicia; pero aún así las abrumantes sumas generan disputas en redes e internas. Actualmente, el Estado destina más de $112 millones por mes para pagar estas jubilaciones, lo que equivale a poco más de 400 jubilaciones mínimas. 

Teniendo en cuenta este último número y el contexto de pobreza que perjudica a los más longevos, las pensiones de privilegio fueron puestas bajo la lupa, puntualmente tras la autoproclamación de este gobierno que adelantó las eliminaría.

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Alberto Fernández y Cristina Kirchner, entre los que cobran jubilación de privilegio

Con esos más de 112 millones de pesos se le abonan las jubilaciones de privilegio a 12 ex funcionarios del Ejecutivo, incluyendo a Adolfo Rodríguez Saá, quien solo estuvo 7 días frente a la presidencia, y Estela Martínez de Perón, la tercera esposa de Juan Domingo Perón. Liderando la lista, se ubica Cristina Fernández de Kirchner, la dos veces presidente y exvicepresidente por el Frente para la Victoria, Frente de Todos y Unión por la Patria, con un total de $21.629.115.

Puntualmente, Fernández de Kirchner percibe esta suma porque también cobra la jubilación de privilegio de su difunto esposo y expresidente, Néstor Kirchner. De esos más de $20 millones, la líder kirchnerista se queda con $12,2 millones en mano/neto.

Hasta hace unos meses, quien seguía en la lista como los expresidentes que más fondos percibían de la jubilación de privilegio era Mauricio Macri, pero quedó por debajo del exjefe de Estado Alberto Fernández quien, tras firmar la documentación necesaria, comenzó a percibir $10,8 millones ($ 6,7 millones en neto). En tercer lugar, el fundador del PRO, Macri, actualmente cobra $10,3 millones, obteniendo así $5 millones en neto.

Por debajo, sigue Rodríguez Saá con $10 millones en bruto y $4,9 millones en neto; Zulema Yoma que percibe $8.5 millones en bruto y $3,7 en mano; la exvicepresidente de Macri, Gabriela Michetti, que recibe de jubilación extraordinaria $7.5 millones (que se convierten en $3.858.630,79).

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El actual miembro de la Cámara de Diputados y exvicepresidente entre 2007 a 2011, Julio Cobos, percibe una jubilación de privilegio de $ 7.451.428,16 ($3.222.807,78 neto); la exprimera dama de Fernando de la Rúa, Inés Pertiné, recibe unos $7.270.351,13 ($3.739.287,15 neto) de la jubilación de su difunto esposo.

Retrotrayéndonos más en el tiempo, también la esposa del presidente de facto Roberto Marcelo Levingston, Betty Nelly Andrés, cobra una jubilación de privilegio. En este caso, la suma asciende a $6.712.477,20 con una mínima variación de $396.955 tras la quita de impuestos. Amalia Guido, hija mayor de José María Guido, otro histórico presidente (1962-1963), cobra $5.254.131,66 ($2.558.129,63 en neto).

El exvicepresidente de Cristina Kirchner que fue apresado y condenado por malversación de fondos públicos en la causa Ciccone, Amado Boudou, actualmente percibe una remuneración extraordinaria de $6.309.621,83 ($3.340.132,64) por sus cuatro años frente al poder. Y, por último, el exvice del Frente para la Victoria y actual secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, recibe $5.169.492,85 ($2.148.585,38 en mano) del Estado bajo el concepto de jubilación de privilegio.

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