POLITICA
Eduardo Sosa, tras su histórica restitución como procurador general de Santa Cruz: “Es una reparación institucional”
EL CALAFATE.- A sus 74 años, el doctor Eduardo Sosa acaba de ganarle una pulseada a la historia. En 1995 se convirtió en protagonista involuntario de una de las obsesiones de Néstor Kirchner: el control absoluto de la Justicia. En aquel momento, una ley impulsada por los Kirchner desdobló su cargo de procurador general y fue destituido en una acción que instauró la sumisión de la Justicia al poder político provincial. Ahora, más de treinta años después, fue repuesto en su cargo por la Legislatura de Santa Cruz y vuelve al centro de la escena.
Sosa, quien ejerció el cargo de procurador entre 1990 y 1995 –tiempos en los que llevaba adelante investigaciones que molestaban al poder–, quedó fuera de la Justicia cuando una reforma avalada por los diputados kirchneristas, encabezados por Cristina Kirchner, desdobló su cargo en jefe de fiscales y defensores. Él fue apartado del puesto sin que se respetara el principio de inamovilidad de los jueces.
El abogado llevó su causa hasta la Corte Suprema de Justicia, que ordenó en numerosas oportunidades a la provincia la reposición en su cargo. La orden nunca se acató. El último fallo fue en 2009 y su posterior ratificación en 2010. Kirchner, pragmático hasta el final, encabezó un multitudinario acto en Río Gallegos para oponerse a la orden de la Corte; fue el último acto político antes de su muerte.
El gobierno de Santa Cruz nunca cumplió la orden; el kirchnerismo siguió firme en el poder hasta fines de 2023 y la justicia provincial nunca investigó a fondo ningún asunto público que cuestione el poder político en el distrito.
Apenas pasaron 24 horas después de que se votara la ley, promovida por el gobernador Claudio Vidal, que lo repuso en el cargo del que fuera apartado, Sosa asegura que el tema lo trasciende. “Se repara algo que era una mancha para la provincia de Santa Cruz”, afirma en diálogo con .
Para Sosa, la decisión de la Legislatura de Santa Cruz restaura “el daño” que provocó el kirchnerismo al “violar la ley”. Además, recuerda cuando, a finales de 2023, Vidal le pidió disculpas en nombre de todo el pueblo de Santa Cruz. Desde ese momento, Sosa sintió que había quedado abierta la posibilidad de reparar su situación.
Si bien reconoce que la noticia llega cuando ya estaba en una etapa reposada de su vida, asegura que está dispuesto a reasumir su cargo. Lo considera “un deber cívico”. Sosa nunca perdió la moderación en sus declaraciones, ni siquiera ahora que la historia le dio la razón.
-¿Cómo recibió la noticia de su pronta restitución en el cargo?
-Pasaron 30 años de mi remoción y 17 desde que desobedecieron el último fallo de la Corte. Suena muy insólito, excepcional y tan triste que haya pasado algo así. Ahora creo que lo importante es que, en definitiva, por una decisión del actual gobierno y de los diputados que lo avalaron no quede esa mancha tan notoria, la de una provincia que se negó a cumplir un fallo de la Corte.
-¿Con qué energía lo encuentra el nombramiento en un cargo del que fue apartado hace 30 años?
-Cuando surgió la iniciativa, me adapté a acompañarla, siendo que me saca de una zona de confort donde ya estoy haciendo una vida muy linda y tranquila. Pero es un compromiso cívico que tengo que cumplir. Voy a ver cómo me siento y si puedo ser realmente útil. Espero que sí. Me gustaría hacer aportes para un mejor funcionamiento de la Justicia.
-¿Usted cree que su caso sirvió para disciplinar al Poder Judicial?
-Una justicia donde los jueces no tienen la tranquilidad de que se respete el principio de inamovilidad, que la legitimidad no se cumpla, es el peor escenario para que cumplan con imparcialidad e independencia su función. Creo que eso se ha notado en muchos pronunciamientos. Llama la atención que una provincia como Santa Cruz no haya tenido investigaciones con respecto a los asuntos públicos.
-Pese a todo el tiempo que transcurrió desde que fue apartado, no se percibe en usted un deseo de revancha.
-Yo siempre partí de la base que no podía dejarme ganar por ningún tipo de rencor. Lo que traté de hacer es asumir un compromiso cívico, cuando tuve que batallar desde el inicio. En un momento me quisieron sustituir la reincorporación con una indemnización. Yo no lo acepté porque me parecía que tenía que agotar la reposición. Yo no he recibido ninguna reparación por la cesantía ilegal. Yo tengo sueldos caídos y un daño moral en un juicio que se tramitó en la provincia y llegó a la Corte.
-¿Cómo cree que se devuelve la confianza en el Poder Judicial?
-Es importante el paso que se está dando. Si bien suena insólito, excepcional, es un paso más. De alguna manera, hay que cuidar las instituciones. Tenemos esto, pero ahora hay que recorrer un largo camino.
-¿Le genera esperanza que haya llegado esta reparación?
-Sí. El tema me trasciende, más que una reparación personal, es una reparación institucional. En definitiva, aunque tarde, repara algo que era una mancha para Santa Cruz. Con este gesto se repara el daño de una voluntad política que quiso violar la ley y no respetó los fallos de la Corte. Una sociedad no va a poder avanzar bien si no se respetan la ley y los fallos judiciales.
-Volverá a un lugar donde quizás se cruce con muchos que no lo apoyaron.
-Es la naturaleza de las cosas… Así como pasó eso, también tengo un enorme agradecimiento con muchísima gente que me ha apoyado y rescato a muchos colegas que han cumplido su rol con dignidad, como Marcos Oliva Day, que ya no está entre nosotros. También estuve muy bien acompañado por los abogados Luis María Aguilar Torres o el doctor Daniel Sabsay. Y debo agradecer mucho al periodismo, que siempre ha mantenido el tema en agenda.
-¿Cómo debería mejorarse el Poder Judicial?
-La idea de nuestros constitucionalistas es el famoso check and balance, donde cada uno cumple su rol. No debe ser un poder obstructivo el uno con el otro, pero tiene que ejercer cada uno con profesionalismo los roles asignados. En cuanto al Poder Judicial, es el que genera el equilibrio, el control, la defensa de los derechos de la ciudadanía. En definitiva, debe ser un poder armonizador. No debe ser un poder político partidario. Una persona puede haber tenido una vocación política, pero cuando se cuelga el saco y va la toga, debe ejercer una política de Estado, en función de los mandatos institucionales.
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La Cámara de Diputados de Mendoza analiza dos proyectos que podrían cambiar el sistema de sanciones por alcoholemia positiva. En este sentido, ambas iniciativas buscan fortalecer las penas contra funcionarios públicos que sean detectados manejando bajo los efectos del alcohol.
La discusión comenzó a tomar forma luego de una seguidilla de casos en la provincia en los que cinco funcionarios resultaron detenidos por alcoholemia positiva entre 2025 y lo que va de 2026. El episodio más reciente involucró a Diego Silvestre, excoordinador del ETI de San Rafael, quien fue sorprendido el 5 de julio de 2026 con 2,26 gramos de alcohol en sangre, pocos días después de asumir un nuevo cargo en el Consejo de Minería.
El primer proyecto, presentado por el diputado Edgardo Civit Evans (Jubilados Auténticos), propone incorporar un agravante a la Ley Contravencional 9.099 para que las sanciones por conducir alcoholizado se dupliquen en mínimo y máximo cuando el infractor sea funcionario público en ejercicio. El texto sostiene que los episodios protagonizados por funcionarios afectan la institucionalidad y la confianza de la ciudadanía, y que la función pública exige una responsabilidad agravada. El objetivo es que la mayor severidad opere tanto como correctivo como medida preventiva.
La segunda iniciativa, impulsada por la diputada Stella Huczak (PRO), plantea una reforma más amplia de la Ley de Seguridad Vial y el Código Contravencional. En este punto, mantiene el esquema actual para alcoholemias inferiores a 1 gramo por litro de sangre, pero endurece sanciones y plazos de inhabilitación para funcionarios que superen ese límite.
Además, incorpora nuevos mecanismos como la obligación de informar la infracción a la autoridad superior, la prohibición de reemplazar multas por trabajo comunitario, la retención del vehículo y el requisito de cursos de capacitación obligatorios. También establece que la inhabilitación para conducir se aplique incluso si se paga voluntariamente la multa y presume la infracción cuando el funcionario se niegue al test de alcoholemia.
Ambas propuestas, ingresadas durante sesiones extraordinarias, no avanzaron de momento en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que preside la diputada Beatriz Martínez (UCR). Desde el Ejecutivo provincial, según informó el medio Los Andes, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, señaló que ya existen agravantes específicos para funcionarios en el régimen contravencional, aunque admitió que en la Ley Vial no hay diferencias subjetivas. Según la ministra, la sanción vial máxima alcanza hoy los 5 millones de pesos.
Antecedentes de funcionarios mendocinos alcoholizados
En el último año y medio, cinco funcionarios públicos fueron detectados conduciendo con alcohol en sangre en Mendoza. El caso más reciente fue el de Diego Silvestre, con 2,26 g/l el 5 de julio de 2026 en San Rafael, tres días después de asumir como representante de los abogados en el Consejo de Minería. Cinco días después, presentó su renuncia. En febrero de este año, el consejero del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación, Gustavo Villegas, renunció tras ser detenido con 1,44 g/l en General Alvear.
Durante 2025, resultaron detenidos por alcoholemia positiva los concejales Miqueas Burgoa (UCR), en Guaymallén, con 1,25 g/l el 10 de mayo, y Martín Antolín (Partido Libertario), en San Rafael, con 1,15 g/l el 24 de noviembre. Ambos continuaron en sus bancas tras los episodios. En enero de 2025, el entonces presidente del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), Jorge Teves, fue detectado con 0,89 g/l y también presentó su renuncia.
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Javier Milei estaba dando una entrevista en el stand de Radio Mitre en La Rural. Hablaba sobre la emisión de dinero y sobre cómo la política había robado “a la gente” 45 mil millones de dólares en los últimos años. Cuando de pronto ocurrió algo y el presidente interrumpió su explicación. “Mirá -dijo con el brazo levantado y señalando hacia adelante con su dedo índice- ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo a la Argentina”, tiró.
“De Mendiguren”, dijo alguien en el estudio. “Sí”, replicó Milei. “Mirá. Ese. Ese le cagó a los argentinos 30 mil millones de dólares”. Al parecer, De Mendiguren lo miró en algún momento porque el jefe de Estado volvió a dirigirse a él. “Vos sí, ladrón, arruinaste el país con Duhalde y toda su banda”, dijo.
Minutos antes, Milei había dicho que en 2001, cuando el gobierno de Duhalde terminó con la convertibilidad y sacó la leyenda de billetes convertibles de curso legal, le robó a los argentinos 15 mil millones de dólares».
Explicó que Cristina Kirchner hizo algo similar cuando sacó reservas del Banco Central por 10 mil millones de dólares. “La política le robó a la Argentina 45 mil millones de dólares en los últimos años”, manifestó. Y explicó que por eso promueve la reforma a la carta orgánica del BCRA.
La reforma, dijo, será para evitar que se sancionen leyes que alteren el déficit fiscal o que intenten avanzar contra el presidente de la entidad por diferencias de la política económica. “Ahora, se van a necesitar dos tercios tanto del Senado como de Diputados”, indicó.
El presidente afirmó que con la emisión los políticos “robaron al país, unos delincuentes, y cada vez que vos emitís dinero es equivalente a una falsificación en la cual participa el Poder Ejecutivo. Es un delito y agravado”.
Milei fue contundente sobre el proyecto que busca aprobar: “Los que sancionen leyes que alteren el equilibrio fiscal van a terminar presos por asociación ilícita”. Y también analizó la iniciativa de apagar el Estado, o shutdown (que se usa en Estados Unidos) para evitar que si las arcas se quedan sin dinero se siga emitiendo. “Cuando te quedás sin plata qué haces, dejás de gastar. ¿Entonces por qué el Estado no lo hace?“, advirtió.
José Ignacio De Mendiguren fue ministro de la Producción entre enero y octubre de 2002, cuando se produjo la devaluación tras 11 años de convertibilidad. Luego fue varios años presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). También fue diputado nacional y funcionario durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Más tarde, durante la misma entrevista, también insistió en que cuando pasa alguien como De Mendiguren “hay que animarse a enfrentarlos, o cuando ves a un sorete (SIC) o una mierda humana (SIC) hay decirle que nos arruinaste la vida al salir de la convertibilidad”.
“Cuando pase De Mendicurren (SIC) diganlé lo que nos costó”, explicó. “Todos aquellos que fueron responsables de esta decadencia inmunda vienen a decirnos lo que hay que hacer”, precisó.
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POLITICA
El exembajador Jorge Argüello advirtió que el conflicto con Brasil es “la mayor imprudencia” diplomática desde 1983
La crisis diplomática que se abrió entre la Argentina y Brasil tras los dichos del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, seguida por la decisión del gobierno brasileño de llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, reabrió el debate sobre los límites entre las afinidades ideológicas de un gobierno y los intereses permanentes de la política exterior. Para Jorge Argüello, uno de los diplomáticos argentinos con mayor trayectoria internacional, el episodio representó un quiebre con una política de Estado que comenzó a construirse con el regreso de la democracia y que logró sostenerse durante más de cuarenta años.
«Constituye una gran imprudencia, probablemente la mayor desde 1983“, afirmó Argüello en declaraciones a Infobae.
El ex embajador argentino en Estados Unidos, Portugal y ante las Naciones Unidas sostuvo que el conflicto no debía analizarse únicamente desde la coyuntura política, sino desde el proceso de integración estratégica que impulsaron Raúl Alfonsín y José Sarney a partir de 1983, cuando ambos países decidieron dejar atrás décadas de competencia y desconfianza para construir una relación basada en intereses comunes.
“Desde el momento en que Alfonsín y Sarney iniciaron un camino de integración sin retorno, hemos pasado cuarenta años construyendo confianza sobre la base de intereses compartidos, no de afinidades ideológicas”, explicó.
A juicio del exdiplomático, ese fue precisamente uno de los principales activos de la relación bilateral: haber logrado preservar la cooperación entre la Argentina y Brasil más allá de los cambios políticos registrados en ambos países durante las últimas cuatro décadas.
“Durante estos cuarenta años convivieron presidentes de los más diversos signos políticos en los dos países y, sin embargo, el vínculo no solamente se mantuvo, sino que se fue profundizando”, sostuvo.
Argüello recordó que ese proceso permitió revertir una histórica rivalidad regional y convertirla en una asociación estratégica sin antecedentes en América del Sur.
“Nosotros venimos de una antigua rivalidad y hemos construido una asociación estratégica”, señaló.
Como ejemplo de esa transformación mencionó la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), el organismo binacional creado por ambos países para supervisar el uso pacífico de los materiales nucleares.
“El ABACC es un hecho único en el mundo”, destacó, al señalar que constituye uno de los mayores símbolos de la confianza alcanzada entre Buenos Aires y Brasilia desde el retorno democrático.
Para el ex embajador, esa construcción institucional es la que hoy aparecía amenazada por una visión que subordinaba la política exterior a las afinidades ideológicas entre los gobiernos.
“Todo esto que hemos ido construyendo durante cuarenta años choca con la idea de teñir de azul la región”, afirmó, en referencia a la estrategia política impulsada por Javier Milei junto a dirigentes de la centroderecha latinoamericana.
Argüello aclaró que no cuestionaba que un presidente tuviera posiciones políticas o ideológicas definidas. El problema, sostuvo, aparecía cuando esas convicciones terminaban condicionando decisiones que afectaban intereses permanentes del Estado.
“Los presidentes pueden tener posiciones políticas e ideológicas, pero lo que no pueden hacer es imponerlas sobre el interés nacional”, afirmó.
Y desarrolló esa idea con una definición que, a su entender, constituía uno de los principios centrales de la política exterior.
“El interés nacional es permanente. No cambia en función del pensamiento político o de la concepción ideológica del gobierno. Porque el gobierno pasa; el interés nacional permanece”, sostuvo.
Las declaraciones de Argüello llegaron después de que el presidente Milei participara el sábado en San Pablo del acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Durante su discurso calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”, además de insultar al juez Alexandre de Moraes, quien le había impedido visitar al ex presidente Jair Bolsonaro durante su estadía en Brasil.
La reacción brasileña fue inmediata. El Partido de los Trabajadores repudió las declaraciones del mandatario argentino, funcionarios del gobierno de Lula cuestionaron el tono del discurso y, finalmente, el canciller Mauro Vieira resolvió llamar a consultas al embajador Julio Glinternick Bitelli, en la respuesta diplomática más importante adoptada por Brasil desde el inicio de la gestión de Milei. Según pudo confirmar Infobae de fuentes oficiales, la decisión respondió al fuerte malestar que provocaron los agravios dirigidos tanto al presidente brasileño como a uno de los integrantes del Supremo Tribunal Federal.
Para Argüello, el episodio excedía el enfrentamiento personal entre los actuales mandatarios y obligaba a reflexionar sobre el rumbo de la política exterior argentina.
“Los gobiernos pasan; el interés nacional permanece”, insistió.
A su entender, esa fue la lógica que permitió consolidar durante más de cuatro décadas una relación estratégica entre las dos mayores economías de América del Sur y convertirla en uno de los pilares del Mercosur y de la estabilidad regional.
Por eso consideró que la crisis actual trascendía el conflicto coyuntural. Desde su mirada, la mayor preocupación no residía únicamente en el deterioro del vínculo político con el gobierno de Lula, sino en que una política exterior basada en afinidades ideológicas terminara debilitando una política de Estado que sobrevivió a administraciones radicales, peronistas, liberales y socialdemócratas a ambos lados de la frontera.
“Hemos construido cuarenta años de confianza sobre intereses compartidos. Ese es el capital que no debería ponerse en riesgo”, concluyó el ex embajador, al sintetizar la preocupación que, según entendía, hoy atravesaba a buena parte de la diplomacia argentina.
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