EL CALAFATE.- A sus 74 años, el doctor Eduardo Sosa acaba de ganarle una pulseada a la historia. En 1995 se convirtió en protagonista involuntario de una de las obsesiones de Néstor Kirchner: el control absoluto de la Justicia. En aquel momento, una ley impulsada por los Kirchner desdobló su cargo de procurador general y fue destituido en una acción que instauró la sumisión de la Justicia al poder político provincial. Ahora, más de treinta años después, fue repuesto en su cargo por la Legislatura de Santa Cruz y vuelve al centro de la escena.

Sosa, quien ejerció el cargo de procurador entre 1990 y 1995 –tiempos en los que llevaba adelante investigaciones que molestaban al poder–, quedó fuera de la Justicia cuando una reforma avalada por los diputados kirchneristas, encabezados por Cristina Kirchner, desdobló su cargo en jefe de fiscales y defensores. Él fue apartado del puesto sin que se respetara el principio de inamovilidad de los jueces.

El abogado llevó su causa hasta la Corte Suprema de Justicia, que ordenó en numerosas oportunidades a la provincia la reposición en su cargo. La orden nunca se acató. El último fallo fue en 2009 y su posterior ratificación en 2010. Kirchner, pragmático hasta el final, encabezó un multitudinario acto en Río Gallegos para oponerse a la orden de la Corte; fue el último acto político antes de su muerte.

El gobierno de Santa Cruz nunca cumplió la orden; el kirchnerismo siguió firme en el poder hasta fines de 2023 y la justicia provincial nunca investigó a fondo ningún asunto público que cuestione el poder político en el distrito.

Apenas pasaron 24 horas después de que se votara la ley, promovida por el gobernador Claudio Vidal, que lo repuso en el cargo del que fuera apartado, Sosa asegura que el tema lo trasciende. “Se repara algo que era una mancha para la provincia de Santa Cruz”, afirma en diálogo con .

Para Sosa, la decisión de la Legislatura de Santa Cruz restaura “el daño” que provocó el kirchnerismo al “violar la ley”. Además, recuerda cuando, a finales de 2023, Vidal le pidió disculpas en nombre de todo el pueblo de Santa Cruz. Desde ese momento, Sosa sintió que había quedado abierta la posibilidad de reparar su situación.

Si bien reconoce que la noticia llega cuando ya estaba en una etapa reposada de su vida, asegura que está dispuesto a reasumir su cargo. Lo considera “un deber cívico”. Sosa nunca perdió la moderación en sus declaraciones, ni siquiera ahora que la historia le dio la razón.

-¿Cómo recibió la noticia de su pronta restitución en el cargo?

-Pasaron 30 años de mi remoción y 17 desde que desobedecieron el último fallo de la Corte. Suena muy insólito, excepcional y tan triste que haya pasado algo así. Ahora creo que lo importante es que, en definitiva, por una decisión del actual gobierno y de los diputados que lo avalaron no quede esa mancha tan notoria, la de una provincia que se negó a cumplir un fallo de la Corte.

-¿Con qué energía lo encuentra el nombramiento en un cargo del que fue apartado hace 30 años?

-Cuando surgió la iniciativa, me adapté a acompañarla, siendo que me saca de una zona de confort donde ya estoy haciendo una vida muy linda y tranquila. Pero es un compromiso cívico que tengo que cumplir. Voy a ver cómo me siento y si puedo ser realmente útil. Espero que sí. Me gustaría hacer aportes para un mejor funcionamiento de la Justicia.

-¿Usted cree que su caso sirvió para disciplinar al Poder Judicial?

-Una justicia donde los jueces no tienen la tranquilidad de que se respete el principio de inamovilidad, que la legitimidad no se cumpla, es el peor escenario para que cumplan con imparcialidad e independencia su función. Creo que eso se ha notado en muchos pronunciamientos. Llama la atención que una provincia como Santa Cruz no haya tenido investigaciones con respecto a los asuntos públicos.

-Pese a todo el tiempo que transcurrió desde que fue apartado, no se percibe en usted un deseo de revancha.

-Yo siempre partí de la base que no podía dejarme ganar por ningún tipo de rencor. Lo que traté de hacer es asumir un compromiso cívico, cuando tuve que batallar desde el inicio. En un momento me quisieron sustituir la reincorporación con una indemnización. Yo no lo acepté porque me parecía que tenía que agotar la reposición. Yo no he recibido ninguna reparación por la cesantía ilegal. Yo tengo sueldos caídos y un daño moral en un juicio que se tramitó en la provincia y llegó a la Corte.

-¿Cómo cree que se devuelve la confianza en el Poder Judicial?

-Es importante el paso que se está dando. Si bien suena insólito, excepcional, es un paso más. De alguna manera, hay que cuidar las instituciones. Tenemos esto, pero ahora hay que recorrer un largo camino.

-¿Le genera esperanza que haya llegado esta reparación?

-Sí. El tema me trasciende, más que una reparación personal, es una reparación institucional. En definitiva, aunque tarde, repara algo que era una mancha para Santa Cruz. Con este gesto se repara el daño de una voluntad política que quiso violar la ley y no respetó los fallos de la Corte. Una sociedad no va a poder avanzar bien si no se respetan la ley y los fallos judiciales.

-Volverá a un lugar donde quizás se cruce con muchos que no lo apoyaron.

-Es la naturaleza de las cosas… Así como pasó eso, también tengo un enorme agradecimiento con muchísima gente que me ha apoyado y rescato a muchos colegas que han cumplido su rol con dignidad, como Marcos Oliva Day, que ya no está entre nosotros. También estuve muy bien acompañado por los abogados Luis María Aguilar Torres o el doctor Daniel Sabsay. Y debo agradecer mucho al periodismo, que siempre ha mantenido el tema en agenda.

-¿Cómo debería mejorarse el Poder Judicial?

-La idea de nuestros constitucionalistas es el famoso check and balance, donde cada uno cumple su rol. No debe ser un poder obstructivo el uno con el otro, pero tiene que ejercer cada uno con profesionalismo los roles asignados. En cuanto al Poder Judicial, es el que genera el equilibrio, el control, la defensa de los derechos de la ciudadanía. En definitiva, debe ser un poder armonizador. No debe ser un poder político partidario. Una persona puede haber tenido una vocación política, pero cuando se cuelga el saco y va la toga, debe ejercer una política de Estado, en función de los mandatos institucionales.