POLITICA
El acuerdo con EE.UU. y el riesgo de pensar el Mar Argentino como un bien común global
El anuncio de una carta de intención entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur pone de manifiesto una serie de cuestiones que exceden ampliamente la cooperación técnica en materia de vigilancia marítima. Más que la incorporación de equipamiento o capacidades de monitoreo, lo que está en discusión es el marco geopolítico desde el cual el gobierno nacional piensa la inserción internacional de la Argentina y, particularmente, la manera en que concibe al Atlántico Sur, sus espacios marítimos y el ejercicio soberano sobre ellos.
No es un dato menor que esta carta de intención, cuyo contenido completo aún no fue publicado, haya sido anunciada primero por la embajada de los Estados Unidos y recién después por el propio gobierno argentino. La falta de transparencia resulta especialmente preocupante en este tipo de iniciativas vinculadas con áreas sensibles y mecanismos de coordinación con una potencia militar extranjera.
Sin embargo, el punto más delicado aparece en el programa “Protecting Global Commons” bajo el cual se enmarca este acuerdo. La noción de “bienes comunes globales” suele utilizarse para referirse a espacios que no se encuentran bajo soberanía exclusiva de ningún Estado como la alta mar, la atmósfera, el espacio ultraterrestre o el ciberespacio. Lejos de ser un concepto neutral o cerrado, su utilización está atravesada por disputas geopolíticas. En este sentido, resulta sumamente riesgoso extender de manera difusa esa lógica hacia áreas de jurisdicción nacional como el Mar Argentino, la Zona Económica Exclusiva y la plataforma continental porque confundir esos planos implica, básicamente, relativizar nuestros derechos soberanos.
El Atlántico Sur ocupa un lugar cada vez más relevante en la disputa geopolítica. Allí convergen recursos pesqueros y minerales estratégicos, un enorme potencial energético, la conexión con la Antártida y la disputa de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, de ahí que cualquier esquema de vigilancia o cooperación impulsado por una potencia extranjera difícilmente pueda interpretarse como una asistencia técnica neutral.
Al ser la política de defensa subsidiaria de la política exterior, el acuerdo anunciado no puede analizarse por fuera del escenario internacional. La tercera década del siglo XXI transita una creciente inestabilidad marcada por la transición hacia un orden multipolar, el declive relativo de la hegemonía estadounidense y las consecuentes disputas tecnológicas, económicas y militares por recursos estratégicos, rutas comerciales y capacidad de proyección global. En este contexto, el alineamiento automático del gobierno nacional con los Estados Unidos no hace más que reducir los márgenes de autonomía estratégica de la Argentina.
Ni la política exterior ni la de defensa pueden construirse a partir de la subordinación a intereses ajenos. Nuestro país necesita recuperar capacidades logísticas, marítimas, industriales, científicas y tecnológicas para sostener una estrategia soberana a largo plazo. Para ello resulta fundamental impulsar una política exterior orientada al interés nacional, basada en un no alineamiento activo y en el fomento de la integración regional como herramienta para defender nuestros recursos estratégicos y ampliar márgenes de autonomía. En un escenario internacional atravesado por una creciente conflictividad y crisis recurrentes, desarrollar capacidades propias resulta indispensable para evitar nuevas formas de vulnerabilidad frente a la inestabilidad.
La utilización ambigua de conceptos como el de “bienes comunes globales” habilita interpretaciones que pueden relativizar derechos soberanos e introducir nuevas formas de dependencia sobre áreas sensibles. La cooperación internacional resulta necesaria, aunque deja de ser conveniente cuando se inserta dentro de esquemas de vigilancia, control e influencia impulsados por potencias extranjeras en disputa por recursos, rutas marítimas y capacidad de proyección geopolítica.
El Atlántico Sur, la Patagonia y la Antártida constituyen espacios centrales para la soberanía y para cualquier proyecto de desarrollo nacional en el siglo XXI. Si la soberanía se define por la capacidad efectiva que tiene un Estado para conocer, controlar y decidir sobre sus espacios y recursos estratégicos, la Argentina necesita fortalecer su autonomía estratégica, consolidar capacidades propias y sostener una política exterior y de defensa orientadas por un interés nacional que no se encuentre definido por la subordinación a agendas extranjeras.
El autor fue ministro de Defensa y canciller. Actualmente es diputado nacional.
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POLITICA
El frente que Milei no logra cerrar: la emergencia en discapacidad tensiona a los aliados y condiciona las negociaciones del Gobierno
La política de discapacidad se convirtió en un frente de batalla recurrente para el gobierno de Javier Milei. Desde el año pasado, el oficialismo atravesó siete votaciones adversas en el Congreso −incluida la insistencia contra un veto presidencial−, enfrentó decisiones judiciales que lo obligaron a reglamentar la emergencia y quedó alcanzado por una causa por presunta corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que salpica a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.
El tema también genera cortocircuitos con aliados. Desde Pro y la UCR hasta gobernadores que suelen acompañar al oficialismo. Incluso la Iglesia Católica puso el foco sobre el sector: el itinerario de León XIV en noviembre contempla una visita al Cottolengo Don Orione, en el conurbano bonaerense.
Para la oposición es todo ganancia. No solo los aglutina cuando escasean temas en común, sino que quiebra la cohesión del gobierno con sus socios.
Quedó en evidencia esta semana en Diputados. Javier Milei venía de celebrar la centralidad que había adquirido su anuncio sobre la cuestión Malvinas, pero la oposición le marcó la cancha con una sesión para impulsar la discusión de una prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos para aliviar el endeudamiento familiar.
Para desactivar la sesión, el oficialismo primero abrió el debate en comisiones y después intentó persuadir a aliados y gobernadores para que no dieran quorum. Pero frente a la inminencia de una derrota, los libertarios cambiaron de estrategia y terminaron por acompañar los emplazamientos impulsados por la oposición.
En LLA calificaron la jugada de “brillante”, al argumentar que consiguieron imponer el cronograma que habían promovido originalmente, además de excluir del debate los proyectos con costo fiscal.
“Votaron lo que Milei vetó”, replicó una diputada peronista.
No fue la primera vez que el Gobierno quedó en minoría por este tema. La emergencia fue aprobada el año pasado en Diputados con 148 votos y sancionada en el Senado con 55 afirmativos, ninguno en contra y los libertarios ausentes.
Después del veto de Milei, las mayorías se ampliaron: Diputados insistió con 172 avales y el Senado completó el rechazo al veto con 63 votos contra siete.
En ese recorrido, sectores de Pro y la UCR que inicialmente habían acompañado al Gobierno se fueron desmarcando.
En diciembre hubo otro revés: Diputados rechazó un capítulo entero del Presupuesto 2026 que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario.
La pelea judicial
El conflicto derivó después en la Justicia. A través del decreto 681/2025, el Gobierno promulgó la ley de emergencia, pero suspendió su aplicación con el argumento de que no contaba con fuentes claras de financiamiento.
Familias y prestadores presentaron amparos y llegaron a solicitar al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, la aplicación de sanciones económicas al jefe de Gabinete en caso de incumplimiento. Finalmente, en febrero de este año, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley.
La disputa, sin embargo, continúa. Las familias reclaman una nueva prórroga porque sostienen que todavía está pendiente el cumplimiento del artículo 13, que establece una compensación a prestadores por la inflación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó contemplada en las actualizaciones por inflación.
También reclaman incorporar a la base del nomenclador −que fija y actualiza los honorarios de los prestadores de los servicios como transportistas, terapias y centros de día− alrededor de un 30% que, según sostienen, quedó pendiente durante los primeros meses sin indexación.
El Gobierno desconoce estos reclamos. “La emergencia está cumplida”, sostuvo la diputada libertaria Silvana Giudici durante la última sesión y citó un fallo de la Cámara Federal de San Martín.
Esa resolución establece que la ejecución de la ley “se encuentra en curso”. El oficialismo interpreta que la emergencia se está cumpliendo y que no corresponde prorrogarla; las familias, los prestadores y la oposición sostienen que los pagos todavía no fueron completados.
Aliados y gobernadores
Incluso Pro y la UCR reclamaron al Gobierno precisiones sobre los pagos pendientes. Los radicales le reprocharon al oficialismo el cambio de estrategia y no ocultaron su malestar por haber quedado descolocados frente a su acuerdo con la oposición.
Pro manifestó su malestar a través de un comunicado. Pidió públicamente un “cronograma claro de pago a los prestadores”. Su jefe de bloque, Cristian Ritondo, repitió el reclamo en el recinto.
También se desmarcaron gobernadores cuyos diputados suelen acompañar al Gobierno. Entre ellos, Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Rolando Figueroa, de Neuquén; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba.
En los bloques provinciales explican que hay también un problema presupuestario: cuando las prestaciones no son cubiertas a nivel nacional, parte de esa demanda termina en hospitales e institutos provinciales. Para los gobernadores, por lo tanto, la discusión tiene un impacto directo sobre sus distritos.
Muchos gobernadores buscarán revalidar su mandato y no les hace gracia pagar el costo político del ajuste con el que Milei se vanagloria.
La causa Andis
Esta puja legislativa que derivó en los tribunales fue catalizada por otra causa radicada en Comodoro Py, donde se investiga al poder por posible corrupción.
Ese expediente indaga sobre presuntos sobreprecios y direccionamientos de licitaciones en la ex-Andis, actualmente reconvertida en la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Es decir, mientras el Gobierno se negaba a cumplir con los pagos a los prestadores de servicios de discapacidad fijados por la emergencia, la Justicia investigaba −e investiga− posibles maniobras de funcionarios para sobrefacturar y quedarse con un porcentaje de la diferencia.
Esta investigación salpica a la hermana del Presidente, así como a su círculo más cercano.
La semana pasada, el fiscal federal Franco Picardi citó como testigo a Nadia Beller, víctima del atentado por el que está detenido en Bolivia Fernando Cerimedo, exasesor de Milei. Beller sostiene que Cerimedo le contó que Karina Milei está involucrada en los presuntos hechos de corrupción que se investigan y asegura que cuenta con grabaciones que lo prueban.
La declaración de Beller fue fijada para el 23 de septiembre y será por videoconferencia. Es otro frente abierto del Gobierno en materia de discapacidad que podría complejizarse.
La causa comenzó a mediados del año pasado tras la filtración de audios en los que una voz atribuida a Diego Spagnuolo, entonces titular de la Andis, hablaba de presuntas irregularidades en el organismo y hacía referencia a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.
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POLITICA
Tras reunirse con el Papa, uno de los líderes de la CGT advirtió que podrían convocar a una medida de fuerza si el Gobierno no abre el diálogo
Cristian Jerónimo, cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), advirtió que la central obrera no descarta una medida de fuerza si el Gobierno no abre un canal de diálogo ante el deterioro del empleo, el endeudamiento de los hogares y el congelamiento de las jubilaciones. Las declaraciones las formuló este domingo, un día después de participar en la audiencia en el Vaticano con el papa León XIV que cerró el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti.
El encuentro, celebrado en el Palacio Apostólico Vaticano al cabo de tres jornadas de debate en Roma, reunió a dirigentes sindicales, empresarios, académicos y referentes de movimientos populares de todo el continente. La delegación argentina incluyó a Jerónimo y a Gerardo Martínez, también de la CGT y miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros referentes gremiales y sociales.
Antes de la audiencia papal, la delegación cegetista entregó al Pontífice un documento con un diagnóstico sobre la realidad argentina: pérdida de puestos de trabajo, endeudamiento familiar y deterioro de los ingresos previsionales. Jerónimo explicó que el formato protocolar de las audiencias con el Papa no permite abordar en profundidad situaciones nacionales particulares, por lo que optaron por trasladar el planteo por escrito.
El dirigente sindical destacó que el mensaje de León XIV estuvo centrado en la construcción del diálogo y la negociación entre sectores con intereses distintos. “En la medida en que el Gobierno no escuche, va a escalar la conflictividad”, sostuvo Jerónimo en diálogo con Radio Con Vos desde Roma. Según el gremialista, la preocupación más extendida entre la población es la pérdida del empleo y el temor a quedar sin trabajo.
Jerónimo vinculó el endeudamiento familiar con el programa económico oficial
El dirigente también cuestionó la postura del Gobierno respecto de los hogares endeudados. Para Jerónimo, atribuir ese problema a relaciones entre privados implica desconocer la responsabilidad de las decisiones económicas oficiales. En ese marco, sostuvo que la agenda sindical mantendrá una doble línea: resistencia frente a las políticas que afectan al mundo laboral y búsqueda de instancias de negociación para discutir soluciones.
El Papa, por su parte, instó en su discurso a cultivar una “cultura de la negociación” y convocó a que el progreso de la época “no deje nuevas ruinas a su paso”, según recogió Vatican News. León XIV subrayó que los grandes desafíos sociales “requieren responsabilidad compartida” y que el diálogo forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, no de una actividad secundaria.
La visita de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, tendrá un capítulo sindical concreto: la reunión con la CGT quedó fijada para el lunes 9 de noviembre en el campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), con participación también de representantes del empresariado y los movimientos sociales.
Fue precisamente en el encuentro en el Vaticano este sábado donde los líderes cegetistas Jerónimo y Martínez plantearon al Pontífice la solicitud de ese encuentro institucional en suelo argentino. La agenda papal también incluye actividades en Luján y Córdoba, además de una misa central en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.
Jerónimo también fue consultado sobre una posible medida de fuerza antes de que finalice el año: “Es algo que nunca descartamos”, afirmó, aunque aclaró que no es la salida que la central considera prioritaria. “Ojalá que no tengamos que llegar a eso”, dijo, y planteó que la respuesta debe surgir de un acuerdo para resolver los problemas estructurales y generar empleo.
La conducción de la CGT prevé reunirse durante la próxima semana para definir los pasos a seguir. La evolución del conflicto dependerá, según anticipó Jerónimo, de si el Gobierno habilita una instancia para abordar los reclamos sindicales.
Santiago Muzio presentó su renuncia como director de la Casa Argentina en París, según confirmaron fuentes oficiales a TN. Su salida se produjo después de que aparecieron cuestionamientos por decisiones tomadas al frente de la institución y por sus vínculos con sectores de la extrema derecha europea.
Desde 2024, Muzio estuvo al frente de la una de las casi cincuenta residencias que integran la Cité Internationale Universitaire de París, un campus que aloja cada año a cerca de 12.000 estudiantes, investigadores y artistas de 150 países.
Sin embargo, fue criticado por el retiro de una placa que homenajeaba a los desaparecidos durante la última dictadura militar argentina, instalada en la institución desde 2022. La pieza dejó de estar en su lugar desde febrero de este año y, pese a los reclamos formales de residentes y organizaciones de derechos humanos, nunca se informó su paradero.
A esto se sumaron denuncias por la presunta expulsión de residentes y por la cesión de espacios de la Casa durante los fines de semana al Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (ISSEP) para talleres de formación política. Se trata de una escuela de formación vinculada a Marion Maréchal, eurodiputada de la extrema derecha francesa y sobrina de su principal referente, Marine Le Pen.
La gestión de Muzio también quedó marcada por la negativa a firmar la Carta de Valores de la Cité Internationale Universitaire de París (CIUP), que fija principios de no discriminación por género, orientación sexual y otros motivos.
“Simplemente sigo la línea del gobierno argentino, que reconoce la existencia de dos sexos: masculino y femenino”, dijo en su momento al defender su postura. Esa decisión llevó a que varias residencias del campus, entre ellas las de Japón, Canadá, Alemania y Dinamarca, suspendieran sus intercambios con la Casa Argentina, según trascendió.
En una entrevista con el diario conservador francés Le Journal du Dimanche, Muzio había defendido su gestión y expresado su intención de “extirpar este lugar de las garras de la extrema izquierda y de la ideología woke”.
Quién será el reemplazante de Santiago Muzio
Según pudo corroborar este medio, el Gobierno ya definió a su reemplazante: se trata de Alfredo Mario Soto, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y vicerrector de una universidad de Rosario.
Otro factor que respaldó su designación es que Soto vivió varios años en la Casa Argentina durante su etapa de estudios, por lo que conoce el funcionamiento de la residencia, y habla francés, un dato que en el Gobierno consideraron relevante para reconstruir los vínculos institucionales con la Cité Internationale Universitaire de París (CIUP).
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