El anuncio de una carta de intención entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur pone de manifiesto una serie de cuestiones que exceden ampliamente la cooperación técnica en materia de vigilancia marítima. Más que la incorporación de equipamiento o capacidades de monitoreo, lo que está en discusión es el marco geopolítico desde el cual el gobierno nacional piensa la inserción internacional de la Argentina y, particularmente, la manera en que concibe al Atlántico Sur, sus espacios marítimos y el ejercicio soberano sobre ellos.

No es un dato menor que esta carta de intención, cuyo contenido completo aún no fue publicado, haya sido anunciada primero por la embajada de los Estados Unidos y recién después por el propio gobierno argentino. La falta de transparencia resulta especialmente preocupante en este tipo de iniciativas vinculadas con áreas sensibles y mecanismos de coordinación con una potencia militar extranjera.

Sin embargo, el punto más delicado aparece en el programa “Protecting Global Commons” bajo el cual se enmarca este acuerdo. La noción de “bienes comunes globales” suele utilizarse para referirse a espacios que no se encuentran bajo soberanía exclusiva de ningún Estado como la alta mar, la atmósfera, el espacio ultraterrestre o el ciberespacio. Lejos de ser un concepto neutral o cerrado, su utilización está atravesada por disputas geopolíticas. En este sentido, resulta sumamente riesgoso extender de manera difusa esa lógica hacia áreas de jurisdicción nacional como el Mar Argentino, la Zona Económica Exclusiva y la plataforma continental porque confundir esos planos implica, básicamente, relativizar nuestros derechos soberanos.

El Atlántico Sur ocupa un lugar cada vez más relevante en la disputa geopolítica. Allí convergen recursos pesqueros y minerales estratégicos, un enorme potencial energético, la conexión con la Antártida y la disputa de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, de ahí que cualquier esquema de vigilancia o cooperación impulsado por una potencia extranjera difícilmente pueda interpretarse como una asistencia técnica neutral.

Al ser la política de defensa subsidiaria de la política exterior, el acuerdo anunciado no puede analizarse por fuera del escenario internacional. La tercera década del siglo XXI transita una creciente inestabilidad marcada por la transición hacia un orden multipolar, el declive relativo de la hegemonía estadounidense y las consecuentes disputas tecnológicas, económicas y militares por recursos estratégicos, rutas comerciales y capacidad de proyección global. En este contexto, el alineamiento automático del gobierno nacional con los Estados Unidos no hace más que reducir los márgenes de autonomía estratégica de la Argentina.

Ni la política exterior ni la de defensa pueden construirse a partir de la subordinación a intereses ajenos. Nuestro país necesita recuperar capacidades logísticas, marítimas, industriales, científicas y tecnológicas para sostener una estrategia soberana a largo plazo. Para ello resulta fundamental impulsar una política exterior orientada al interés nacional, basada en un no alineamiento activo y en el fomento de la integración regional como herramienta para defender nuestros recursos estratégicos y ampliar márgenes de autonomía. En un escenario internacional atravesado por una creciente conflictividad y crisis recurrentes, desarrollar capacidades propias resulta indispensable para evitar nuevas formas de vulnerabilidad frente a la inestabilidad.

La utilización ambigua de conceptos como el de “bienes comunes globales” habilita interpretaciones que pueden relativizar derechos soberanos e introducir nuevas formas de dependencia sobre áreas sensibles. La cooperación internacional resulta necesaria, aunque deja de ser conveniente cuando se inserta dentro de esquemas de vigilancia, control e influencia impulsados por potencias extranjeras en disputa por recursos, rutas marítimas y capacidad de proyección geopolítica.

El Atlántico Sur, la Patagonia y la Antártida constituyen espacios centrales para la soberanía y para cualquier proyecto de desarrollo nacional en el siglo XXI. Si la soberanía se define por la capacidad efectiva que tiene un Estado para conocer, controlar y decidir sobre sus espacios y recursos estratégicos, la Argentina necesita fortalecer su autonomía estratégica, consolidar capacidades propias y sostener una política exterior y de defensa orientadas por un interés nacional que no se encuentre definido por la subordinación a agendas extranjeras.

El autor fue ministro de Defensa y canciller. Actualmente es diputado nacional.