El Parlamento Europeo le dio una buena noticia al agro argentino: finalmente rechazó los cambios que la Comisión Europea había propuesto para el Reglamento 807 y frenó, al menos por ahora, una norma que hubiera impedido al biodiésel de soja argentino ingresar al mercado europeo como energía renovable. De hecho, la decisión preserva un negocio de alrededor de USD 350 millones anuales para el país.

Se trata de una regulación que el agro local seguía intensamente desde principios de año, justo cuando se concretó la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Ahora, luego de esta novedad, la Argentina podrá seguir exportando al principal —y prácticamente único— mercado de ese producto.

“Ahora la CE deberá reescribir el reglamento y seguir los lineamientos del Parlamento que coinciden con la postura de Ciara. Es una gran noticia. Una exitosa gestión público privada de Argentina“, resaltó en un comunicado el presidente de la cámara que engloba a aceiteras y grandes agroexportadores (Ciara-CEC), Gustavo Idigoras. Así, señaló: “La Argentina podrá seguir exportando biodiésel de soja a la UE y se trabajará con la CE en una redacción del reglamento que reconozca la situación del área sembrada de soja y sus criterios de sustentabilidad”.

La relevancia de esa definición se explica por la dependencia casi total del mercado europeo. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre 2018 y 2025 la Unión Europea (UE) absorbió en promedio el 97% de las exportaciones argentinas de biodiésel, y el año pasado concentró el 100% de esos envíos, con ingresos por USD 322 millones. A su vez, en sus mejores registros, durante 2022 y 2023, aportó unos USD 1500 millones y USD 1800 millones, respectivamente.

La norma cuestionada había sido puesta en consulta pública por la Comisión Europea y proponía revisar qué materias primas debían ser consideradas de alto riesgo por el llamado cambio indirecto en el uso del suelo, conocido como iLUC. Ese criterio parte de la idea de que una mayor demanda global de cultivos para producir energía puede empujar de manera indirecta la expansión de la frontera agrícola en otras regiones, con efectos sobre bosques y ecosistemas naturales, lo que derivaría en deforestación.

Dentro de ese esquema, la soja había quedado incluida entre los cultivos de “alto riesgo”. Si esa regla avanzaba en los términos del borrador, hacia 2030 el biodiésel argentino, elaborado mayormente a partir de soja, no habría podido ingresar al mercado europeo dentro de los objetivos de energías renovables del bloque.

La consecuencia práctica era directa: el producto local quedaba fuera del sistema. Para la agroindustria argentina, la votación del Parlamento despejó ese escenario y permitió que la oleaginosa local quede excluida de esa categorización como materia prima para biocombustibles, lo que preserva la continuidad de las exportaciones mientras se trabaja con la Comisión en una nueva redacción que reconozca el área sembrada de soja y sus criterios de sustentabilidad.

El biodiésel es un negocio de fuerte dependencia externa. Entre 2008 y 2022, cerca del 65% de la producción argentina se destinó a exportaciones, aunque esa participación fue retrocediendo a medida que distintos mercados cerraron o limitaron el acceso al producto local y otros países desarrollaron producción propia.

Esa proporción cayó a alrededor del 33% de la producción total en 2023 y 2024, y en 2025 bajó al 28%, el nivel más bajo desde la creación de la industria.

La exposición al mercado europeo también se agrava por otras barreras. La UE aplica aranceles de entre 25% y 33% al biodiésel importado, mientras impulsa subsidios e incentivos fiscales para sus propios productores en el marco de la transición energética. Ese esquema, aun cuando no funciona como un impuesto directo adicional, obliga a los exportadores a vender con fuertes descuentos o a buscar compradores fuera del sistema de créditos regulatorios europeo. En los hechos, eso reduce todavía más la competitividad del biodiésel argentino frente al producido dentro del bloque.

La mayor parte de la producción nacional se concentra en el polo agroindustrial del Gran Rosario. Solo Santa Fe explicó el 58% del total nacional en 2025, con una infraestructura de procesamiento y exportación muy ligada al complejo sojero. En este sentido, muchas plantas surgieron alrededor de 2010 para abastecer a Estados Unidos, Europa y países de la región como Perú.

La legislación argentina, en cambio, reservó el abastecimiento del corte obligatorio a pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes agroexportadoras orientaron su producción al exterior, una estructura que dejó al sector especialmente vulnerable a cambios regulatorios en otros mercados.

Ese patrón se repitió a lo largo de los años: primero se restringió el acceso al biodiésel argentino en Estados Unidos, después en Perú y más tarde en la UE, que fue sumando limitaciones progresivas. El rechazo del Parlamento Europeo al cambio propuesto para el Reglamento 807 evitó que esa secuencia terminara por cerrar el último destino central para las exportaciones argentinas de biodiésel.

Un grupo de 36 operarios de la planta de Metalfor ubicada en Noetinger, Córdoba, recibió el martes los telegramas de desvinculación mientras seguía por televisión el partido de la Selección argentina frente a Egipto. La empresa los había autorizado a salir antes con motivo del partido y, horas más tarde, fueron notificados de su despido a través de una carta documento.

La compañía, dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola, había solicitado días antes la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba, un mecanismo que habilita la renegociación de condiciones laborales entre la empresa, el sindicato y el Estado mientras se busca una salida a la situación financiera de la firma. Metalfor mantiene deudas con 23 entidades bancarias y opera al 50% de su capacidad instalada en sus plantas.

Santiago Luna, uno de los trabajadores despedidos, relató en diálogo con Infobae en Vivo cómo se vivieron esas horas desde adentro de la fábrica y detalló los indicios que, según su relato, venían anticipando el desenlace desde hacía meses.

Luna remarcó que Noetinger es una localidad de 6.000 habitantes, donde este tipo de situaciones resulta poco frecuente. De acuerdo con su testimonio, el lunes cada supervisor hizo llegar a los operarios un comunicado en el que se informaba que la jornada del martes se extendería solamente de 6 a 12 horas, y que las tres horas restantes de la jornada habitual no debían recuperarse ni serían descontadas del salario. Con esa indicación, aseguró Luna, “todos los operarios de la planta nos retiramos a las 12”.

Fue en ese lapso, después del mediodía, cuando comenzó a circular la noticia entre los trabajadores. Según describió Luna, algunos compañeros recibieron un mensaje de WhatsApp de parte de una empleada del correo, que les pedía que se acercaran a la sucursal. Al llegar, se encontraron con las cartas documento de despido. “Esas mismas cuatro personas empezaron a avisar a los demás compañeros para que también fueran al correo”, contó Luna, en referencia a cómo se fue extendiendo el aviso entre el resto del personal.

Consultado sobre las razones que la empresa dio a los empleados, Luna fue tajante: “Con los que hablamos, nadie sabe nada”. Y agregó que, entre los propios trabajadores, existe la sospecha de que la información se maneja de manera reservada: “Es raro. O nadie quiere hablar o nadie sabe”.

Atrasos en los pagos y una empresa que se está vaciando

Luna ubicó el inicio del deterioro en 2025, después de un 2024 en el que, según su descripción, Metalfor había sido líder en ventas dentro de su segmento. “Ya en 2025, los primeros meses, nos empezaron a pagar en cuotas, que se hicieron cada vez más largas”, relató.

Esa modalidad de pago fraccionado se agravó en el tramo más reciente. Según detalló, en los últimos tres meses la empresa comenzó a abonar cuotas de $50.000 a cada operario, con una periodicidad de entre dos y tres días. El resultado de ese esquema, dijo, es una deuda salarial que se fue acumulando: “Ahora nos encontramos con que nos deben casi el 60% del mes de mayo, la totalidad de junio y los días de julio que alcanzamos a trabajar”.

A la falta de pagos, Luna sumó otro elemento que, a su entender, viene anticipando el desenlace: el traslado de piezas desde la planta de Noetinger hacia las dos fábricas de la localidad de Marcos Juárez, sede central de la compañía. “Están vaciando la fábrica de a poco y nos damos cuenta de que algo está pasando”, describió.

Sobre la comunicación con las autoridades de la empresa, Luna fue igual de directo: “La verdad es que prácticamente no aparecen. No tenemos contacto con nadie, pero uno no tiene vendas en los ojos y se da cuenta que la empresa está mal”. A partir de esa lectura, sostuvo que existe una intención de deslindar responsabilidades respecto de la planta cordobesa: “Se quieren desligar de lo que es Metalfor en Noetinger”.

Uno de los puntos centrales del reclamo de los trabajadores tiene que ver con un acuerdo previo entre la empresa y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Según explicó Luna, existía un sistema preventivo de crisis firmado entre ambas partes que impedía a la compañía avanzar con suspensiones o despidos mientras estuviera vigente. “No cumplieron, despidieron 36 personas sin previo aviso en plena feria judicial”, afirmó.

Para Luna, la secuencia de hechos no fue casual. “Ya esto lo han estado pensando. Hay muchas cosas raras y prácticamente estamos solos”, sostuvo, en referencia a la sensación de desamparo que atraviesa a los trabajadores desvinculados.

El trabajador también estableció una comparación con una situación similar ocurrida el año anterior en la misma planta, cuando la empresa había prescindido de otro grupo de empleados. “El año pasado despidieron a 25 personas que tenían entre 2 y 4 años de antigüedad. No hicieron lo que estamos haciendo ahora”, indicó, en alusión a la decisión de los actuales despedidos de hacer pública su situación.

A diferencia de aquel episodio, remarcó, esta vez la medida alcanzó a personal con mayor trayectoria dentro de la empresa: “Esta vez, hay personas con más de 20 años de antigüedad. Es mucho más profundo y nos empezamos a asesorar y quisimos hacer ruido para que los diferentes medios de comunicación hagan eco”.

Frente a este panorama, Luna precisó cuál es el paso que los trabajadores buscan dar a continuación. Según explicó, la intención del grupo de despedidos es lograr una intervención directa de las autoridades laborales de la provincia. “Necesitamos llegar a Omar Sereno, que es el Ministro de Trabajo de Córdoba, para que nos ayude a que Metalfor nos pague lo adeudado y nos indemnice lo que corresponde”, concluyó.

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El análisis de los cuadros de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec revela que, pese al deterioro del salario real y la contracción del consumo, los hogares más vulnerables presentan mayor participación del ingreso laboral que hace una década y una relación de dependencia más baja que en 2017, cuando comienza la serie y coincide con un año de alto nivel de actividad agregada.

Este fenómeno, que se da en los deciles de ingresos donde los grupos habitacionales son más numerosos y donde históricamente predominan los ingresos no laborales, constituye uno de los movimientos más relevantes del período.

En el primer trimestre de 2026 el Indec registró la segunda tasa más alta de participación de los ingresos de origen laboral en el conjunto de los hogares de 31 aglomerados de todo el país, con 77,7%, dos décimas de puntos porcentuales (pp) menos que en igual tramo del año anterior, pero 1,1 más que en similar período del último año de gobierno de Alberto Fernández, y superior en 2,6 pp al promedio de la serie de los nueve años previos.

El decil 1, que agrupa a los hogares con menores ingresos y mayor tamaño familiar, es el caso más ilustrativo. En 2026, el 39% de sus ingresos proviene del trabajo, frente al 36,1% registrado en 2017. Aunque el valor es inferior al 42,4% alcanzado en 2023 -año de fuerte expansión del empleo y transferencias de recursos públicos-, la comparación de más largo plazo muestra una recomposición parcial del ingreso laboral en los sectores más vulnerables.

Este avance se da en grupos habitacionales que mantienen 4,3 miembros en promedio, una cifra que los convierte en los más numerosos del sistema urbano.

La estructura demográfica es clave: más integrantes implican más necesidades y, por lo tanto, mayor presión sobre la capacidad laboral del hogar y necesidad de asistencia estatal, principalmente a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El decil 2 también exhibe cambios relevantes. Aunque la participación del ingreso laboral cae respecto de 2017 (de 51,9% a 43,5%), se mantiene por encima de los niveles de 2023 en términos de integración laboral relativa, especialmente si se considera que esas familias siguen teniendo entre 3,9 y 4,2 miembros.

La recomposición no es lineal, pero sí consistente con un mercado laboral que, por una legislación del trabajo que penaliza la contratación registrada con altas cargas patronales no deducibles de IVA, continuó absorbiendo trabajadores en sectores de baja productividad y alta informalidad.

En el decil 3, la mejora es más clara: el ingreso laboral pasa de 50,8% en 2017 a 58,9% del total en 2026, consolidando una tendencia de mayor inserción en el mercado de trabajo. Este decil, históricamente ubicado en la frontera entre la pobreza y la vulnerabilidad, muestra una estructura más equilibrada entre ingresos laborales y no laborales que en la década previa.

La relación de dependencia, que mide cuántas personas no ocupadas son sostenidas por cada ocupado, es uno de los indicadores más sensibles para evaluar la presión económica dentro de los hogares.

En 2017, el decil 1 tenía 316 no ocupados cada 100 ocupados. En 2026, esa cifra baja a 242, una mejora sustancial en retrospectiva. Si bien el valor es algo mayor que el de 2023 (231), la tendencia de largo plazo es clara: las familias más pobres están hoy más integrados al mercado laboral que hace una década.

Los deciles medios muestran una caída aún más marcada. En los deciles 4, 5 y 6, la relación de dependencia se reduce respecto de 2017, reflejando una estructura laboral más sólida. En el decil 4, por ejemplo, el indicador pasa de 187 a 171; en el decil 5, de 165 a 142; y en el decil 6, de 138 a 127 por cada 100 ocupados.

La mejora en estos segmentos coincide con la expansión de actividades de baja barrera de entrada -servicios personales, comercio minorista, logística urbana- que, según organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), suelen absorber trabajadores incluso en contextos de contracción económica.

En los deciles superiores, la estructura de ingresos se consolida en base al trabajo. El decil 9 muestra 86,3% de ingresos laborales en 2026, subió respecto del 85% de 2023 y del 82,8% de 2017. El decil 10, en cambio, presenta una leve caída respecto de 2023 (de 85,7% a 84,4 por ciento).

La relación de dependencia en estos deciles es la más baja del sistema: 72 no ocupados cada 100 ocupados en el decil 9 y 69 en el decil 10. Estos hogares, además, son los más pequeños: 2,2 y 2 miembros en promedio, respectivamente.

Los ingresos no laborales -jubilaciones, pensiones, subsidios, rentas y transferencias- pierden peso en casi todos los deciles respecto de 2017. En el decil 1, pasan de 63,9% a 61%; en el decil 3, de 49,2% a 41,1%; y en el decil 6, de 28,1% a 23,9 por ciento.

Este descenso está vinculado a dos factores:

1. Licuación del valor real de las transferencias por efecto inflacionario.
2. Mayor participación del ingreso laboral, incluso en empleos de baja remuneración.

La comparación entre los tres años de referencia -último año del gobierno anterior y comienzo de la serie del Indec- revela tres momentos distintos:

• 2017: alta dependencia y menor integración laboral: Los deciles bajos tenían más miembros, más no ocupados y menor participación del ingreso laboral. La estructura era más frágil y más dependiente de transferencias del Tesoro nacional, principalmente.
• 2023: el punto más alto de integración laboral reciente: La expansión del empleo y las políticas de ingresos elevaron la participación laboral en casi todos los deciles y redujeron la dependencia.
• 2026: recomposición parcial en un contexto adverso: Aunque algunos indicadores retroceden respecto de 2023, la estructura laboral de los hogares vulnerables es más sólida que en 2017.

La distribución del ingreso en Argentina sigue siendo desigual y tensionada, pero los datos del Indec permiten identificar un cambio silencioso en la base de la pirámide: los hogares más pobres, más grandes y expuestos al ciclo económico, están hoy más vinculados al trabajo que hace una década.

En un país donde la movilidad social depende cada vez más de la capacidad de generar ingresos laborales, este movimiento -aunque insuficiente para revertir la caída del poder adquisitivo- constituye un dato relevante frente a la necesidad de una nueva geografía social del país.