A días de la fecha original que había sido fijada para su puesta en marcha, el Gobierno dejo trascender que demoraría la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el fondo creado con la Ley de Modernización Laboral y orientado a abaratar las indemnizaciones del sector privado, en un contexto de caída de la recaudación y presiones adicionales sobre el superávit fiscal. Frente a ello, en el Ministerio de Economía estiman que entrará en vigencia en el último trimestre del año, una posibilidad que habilita la Ley, pero que va a en contra al entusiasmo que tenía el sector privado por tener un “seguro” para el pago de de los costos de desvinculación.

La ley de reforma laboral estableció que el FAL debía comenzar a regir el 1° de junio próximo. Sin embargo, existía la posibilidad de prorrogar la implementación hasta seis meses, es decir, hasta el 1° de diciembre de 2026. Ante la proximidad de la fecha original, la semana pasada, fuentes del Gobierno reconocieron a Infobae que la se postergaría la entrada en vigencia sin dar mayores detalles.

Según pudo saber ahora Infobae con fuentes del Palacio de Hacienda, el FAL entrará en vigencia en octubre, a mas tardar noviembre. Pese a la demora en la agenda del ministro de Economía, Luis Caputo, la iniciativa sigue teniendo un un rol central. “No hemos hecho otra cosa que bajar impuestos. Con los últimos anuncios que hemos hecho con el presidente de la baja de retenciones al campo y a la industria y con la implementación del FAL vamos a estar cerca de los 3 puntos de Producto Bruto Interno (PBI) en baja de impuestos”, aseguró durante su discurso en el Latam Economic Forum 2026.

La decisión del Gobierno de postergar la implementación del FAL se debe entender en el estado en que se encuentran las cuentas públicas: a abril, las recaudación acumula nueve meses de baja consecutivas en términos reales. Lo que responde a la eliminación o disminución de impuestos, pero sobretodo al nivel de actividad. Esta situación supone mayores presiones sobre el superávit primario, el pilar de programa económico.

Y la entrada en vigencia del FAL implicaba una menor recaudación para el estado. Es que la ley determina que las empresas que decidan deben realizar una contribución mensual para constituir el fondo: 2,5% de la nómina salarial si son pequeñas y medianas empresas (pyme) y del 1% en caso de tratarse de grandes compañías, a cambio de una reducción equivalente en las contribuciones patronales.

Aunque la demora también pasa por los avances en la reglamentación. Según pudo saber Infobae, existieron reuniones entre un miembro de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) y autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de la implementación del FAL. Quienes participaron por parte de las ALyCs a estos encuentros manifestaron su sorpresa falta de definiciones concretas del fisco nacional sobre todo de cómo sería la operatoria de las contribuciones y los descuentos patronales.

Ante reiteradas consulta de Infobae a la fuentes oficiales de la Comisión Nacional de Valores (CNV) la respuesta siempre fue que para avanzar en la reglamentación debían esperar la publicación del decreto por parte de presidencia. Aunque existieron reuniones por parte del presidencia, Roberto Silva con alrededor de 70 actores del mercado de capitales y representantes de cámaras.

La postergación del FAL se enmarca en las negociaciones que llevó a cabo el equipo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la segunda revisión del acuerdo. En el último informe staff report, el organismo expuso que las autoridades argentinas se comprometieron a reducir subsidios a la energía, mejorar la orientación de las transferencias sociales y racionalizar el gasto discrecional para alcanzar el objetivo de superávit fiscal primario de cerca de 1,5%/PBI este año.

Pero en el documento, el FMI tambien reveló el equipo económico se comprometió a adoptar medidas adicionales para resguardar el ancla fiscal. Entre ellas, además de diferir la reforma laboral, el fortalecimiento de impuestos especiales (0,10% del PBI) y la mejora en la focalización de subsidios al transporte (0,10% del PBI).

La postergación de la entrada en vigencia del FAL ocurre en un contexto de negociaciones con el FMI y de ajustes en la política fiscal. El cronograma previsto por el Ministerio de Economía apunta a que el FAL comience a aplicarse entre octubre y noviembre. El ministro Caputo tenía particular interés de que se implemente el FAL sobre todo como un mecanismo que fomente el desarrollo del mercado de capitales local. Aunque la realidad es que de cara al próximo vencimiento de julio por USD 4.200 millones, ya logró colocar USD 2.000 millones con el Bonar 2027 y le queda un resto con el Bonar 2028. Ademas de que con las garantías con organismo internacionales contaría con dólares de más para cubrir el compromiso.

Luego de que la inflación desacelerará a 2,6% en abril, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que en mayo estará por debajo de ese nivel. Ahora la expectativa está en qué sucederá en junio, un mes en donde se confirmaron nuevos aumentos en el transporte, prepagas y colegios privados que presionarán sobre el Indice de Precios al Consumidor (IPC), pero también donde el Gobierno ya confirmaron mayores subsidios en la boleta de luz y gas.

Este jueves, la Secretaría de Energía comunicó una extensión en la bonificación extraordinaria del 25% en la boleta de gas de junio para los usuarios residenciales de menores ingresos inscriptos y validados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esa decisión mantendrá el subsidio total en un 75%: el 50% de la bonificación general establecida por el Decreto 943/25, más otro 25% adicional extraordinario prorrogado por esta resolución.

El alcance de la medida incluye a todos los hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas totales, así como a entidades de bien público, clubes barriales y otras organizaciones sin fines de lucro, sobre la totalidad de su consumo que se encuentren inscriptos en el SEF.

A su vez, en cuanto a la factura de energía eléctrica, la Secretaría de Energía fijó para junio una bonificación extraordinaria del 11,97%, lo que elevó el subsidio al 62% del consumo base. “La bonificación extraordinaria es un instrumento de política pública que permite a la Secretaría de Energía proteger a los sectores más vulnerables ante cambios bruscos de precios”, destacaron en el comunicado.

Se trata de decisiones que toma el equipo económico en el contexto del conflicto en Medio Oriente. La volatilidad en los precios del petroleo y el gas que ayudan a la desaceleración de la inflación aunque con ello también se pone en juego un mayor gasto público.Eso no sucede en el caso de YPF en donde los costos de solo aumentar un 1% y volver a congelar por otros 45 días el precio del combustible.

El 15 de junio nuevamente el directorio de YPF deberá decidir cómo continúa: si aplica un nuevo incremento y si aplica otro congelamiento en el precio del combustible, con los efectos que tiene sobre el conjunto de la economía. A pesar de la continuidad del conflicto en Oriente Medio, el precio del barril de Brent (que se toma de referencia en Argentina) se encuentra en USD 92,98 este jueves al mediodía y cuando la pretolera privado-estatal tomó la decisión de congelar el precio a principios de abril estaba en 103 dólares.

En el transporte público, junio trae aumentos en los boletos de colectivos y trenes. El boleto mínimo de los colectivos porteños (hasta tres kilómetros) subirá 4,2%, de $753,74 a $788,41, siguiendo la fórmula de sumarle dos puntos porcentuales a la inflación de abril. Para las líneas nacionales que operan en el AMBA, el incremento será del 2% y el boleto llegará a $728,28, aunque en esta caso la actualización se aplica desde el 15 de junio.

En las líneas provinciales, la incógnita permanece luego de que en mayo se aplicó un aumento autónomo del 11,6% que llevó la tarifa a $968,57. Si se replica el esquema de ajuste, el boleto superaría los $1.000. Ante la consulta de Infobae, fuentes de la Secretaría de Transporte bonaerense aseguraron que todavía no hay una definición al respecto.

Los trenes del área metropolitana también ajustarán sus precios. El aumento aplicará desde el 1° de junio, cuando el boleto subirá 12,9% y pasará de $310 a 349,99 pesos.

Los peajes de la CABA se ajustarán 4,6%, aplicando la misma lógica que para el transporte público: inflación de abril más 2%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura pagan $4.518,33 en horario normal y $6.403,21 en hora pico. Las motocicletas abonan $1.882,44 en horario normal y $3.012,29 en hora pico. Para vehículos pesados de hasta dos ejes, la tarifa asciende a $7.153,79 en horario normal y $10.542,41 en pico.

En el sector salud, las principales empresas de medicina prepaga notificaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos para junio. Swiss Medical, Osde, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud fijaron un aumento de 2,6%, en línea con la inflación de abril. Omint, en tanto, aplicó subas de hasta 2,9% según el plan. En varios casos, los ajustes también alcanzaron a los copagos. La carga de estos datos en el sistema digital de la SSS es ahora obligatoria para todas las compañías.

El ámbito educativo también se vio alcanzado por los ajustes. Las cuotas de los colegios en la Provincia de Buenos Aires subieron en promedio entre 4% y 5%. En la Ciudad de Buenos Aires, el incremento se ubicó en torno al 5%. Estas actualizaciones impactan en las familias con hijos en escuelas privadas, sumando presión sobre el presupuesto de los hogares.

El sector lácteo atraviesa uno de sus escenarios más desafiantes en años, y una prueba contundente del clima difícil está en las dificultades que padecen la mayoría de los actores de ese nicho. Desde los números en rojo de La Serenísima, pasando por la parálisis de Lácteos Verónica y la quiebra de SanCor, ese ámbito clave de la industria alimenticia nacional viene sintiendo el golpe del menor consumo, el alza de los costos operativos y las dificultades para afianzarse en el mercado internacional. La única novedad positiva del último tiempo está en la reactivación de La Suipachense, que también acumuló meses de desastre. Ahora, el desembarco de capitales extranjeros acerca algo de oxígeno a un segmento que no ha hecho más que acumular salidas y desinversiones sobre todo en el último bienio.

En esa línea, y tras una extensa negociación que tuvo su punto de partida en 2025, el grupo mexicano MIYM —sigla que refiere a Mexicana de Industrias y Marcas— cerró la compra de las firmas argentinas Lácteos Karina, con base en Santa Fe, y Lácteos Aurora, con presencia en la provincia de Buenos Aires.

Capitales mexicanos desembarcan en el sector lácteo

Según informó el portal especializado Edairy News, la llegada del grupo MIYM se produjo en la más absoluta reserva, y puede que dicha inversión represente el primer paso de un arribo mayor de capitales aztecas en la lechería argentina.

«La idea de los inversores es reforzar la presencia de estas marcas, tanto en el mercado local como en el ámbito del Mercosur, Chile y Colombia, además de aprovechar los ciclos productivos inversos que hay entre México y Argentina para mantener niveles de abastecimientos de productos de manera constante todo el año», indicó la fuente.

«Por el momento no habría grandes novedades comerciales, pero la leche en polvo y los quesos serían el primer foco de negocios, aunque hemos podido saber que en los planes a futuro se avizora el desarrollo de nuevos productos», añadió.

Por estos días, MIYM se mantiene en el pelotón de los actores más grandes en lo que hace a la producción y envasado de leche y sus derivados en México. Fundada en 2007 y con oficinas centrales en Puebla, la firma viene ostentando un crecimiento acelerado en su participación de mercado dentro del mercado norteamericano.

A través de su catálogo, precisó la fuente mencionada, la empresa busca llevar opciones accesibles y nutritivas a los hogares mexicanos. En México, MIYM es dueña de marcas como Delité, que comprende leches enteras, deslactosadas, productos lácteos combinados, medias cremas y bebidas saborizadas a base de jamaica y horchata.

Además, posee las etiquetas Tivoli, Gotitas y Bébele, enfocadas en fórmulas lácteas combinadas y medias cremas, Gotitas y Bébele, además de La Flor de Xalapa y La Flor de México, orientadas a la venta de bebidas lácteas tradicionales. MIYM también es dueña de Vita Fresca, una alternativa vegetal especializada en bebidas de almendra.

El mercado lácteo, marcado por la crisis

El vaivén parece ser el rasgo dominante en esta etapa que atraviesa el sector lácteo, uno de los más afectados por los cambios aplicados dentro del modelo económico que abraza el Gobierno nacional. A la conocida situación de crisis cercana a lo terminal que padecen Lácteos Verónica y SanCor en días recientes se contrapuso la posibilidad de la recuperación que se acaba de abrir para La Suipachense.

La firma en cuestión es un actor que supo marcar el ritmo de la producción de lácteos en la cuenca lechera de la provincia de Buenos Aires. La compañía alquilará su planta en el pueblo donde tiene su base y se prevé el retorno a las funciones de al menos 30 empleados.

Pero la alegría por este cambio duró poco en el segmento lechero: ahora otra compañía del rubro entró en crisis con afectación para casi la mitad de sus trabajadores.

Se trata de la lechera Yatasto, con base en la localidad bonaerense de Navarro, y cuyo control se encuentra en manos del empresario Luciano Di Tella, exsubsecretario de Desarrollo de Economías Regionales durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Conflicto en Yatasto

Di Tella aparece como protagonista de la polémica en tanto, señalaron portavoces de los empleados de la firma mencionada, estaría impulsando la transformación de Yatasto en una cooperativa.

El empresario y exfuncionario, indicaron las fuentes, es figura clave de Lácteos Dorrego, la empresa dueña de la marca Yatasto, y propone un esquema de funcionamiento que pasaría al régimen del monotributo a quienes se mantengan dentro de la figura de la cooperativa.

En línea con eso, Maximiliano Ohannecian, delegado dentro de la firma, declaró que los empleados alcanzados por el nuevo régimen siguen con «incertidumbre» los cambios que se vienen proponiendo dentro de Yatasto.

«Han mandado una carta documento que vendrían a ser unas vacaciones obligadas a algunos, pero a otros no. Somos entre 50 y 60 compañeros que quedamos casi desafectados de la empresa», dijo.

La empresa de lácteos Yatasto posee alrededor de 100 empleados y en el seno de los empleados aseguran que la intención es reducir al menos un 50% ese número.