POLITICA
El contraataque de Adorni con un argumento sorpresa, las dudas de los ministros y la euforia de Luis Caputo

Manuel Adorni tuvo una semana estelar de espaldarazos. Una convicción en el apoyo de los hermanos Milei que lo mostró empoderado en la red social X, en primera fila del AMCHAM donde habló el Presidente, en una caminata por el patio delantero de la Rosada junto a Karina para sacarse fotos y en un viaje también con ella a Vaca Muerta. En todas las ocasiones, el exvocero no habla. En estos días, se animó a contraatacar y a defenderse en las redes sociales pero el revival duró poco: ayer tuvo que salir a cuestionar a uno propio. Nicolás Márquez, amigo y biógrafo del Presidente, libertario de pura cepa, diciendo por TN: “Adorni está terminado, acabado y finiquitado”. Una síntesis lapidaria que Adorni reposteó de una manera curiosa: primero con un emoji de una carita riéndose que a la madrugada cambió por un intrigante “¿?”. Raro.
El jefe de Gabinete participó de la reunión de la mesa política que venía espaciada desde que estalló su escándalo, salvo una excepción al principio del conflicto donde se juntaron y se hablaron todos los temas excepto, claro, el que lo involucra. Una especie de tabú donde nadie se anima a preguntar si Karina no lo menciona antes. Todos descartaban que el encuentro de hoy mantendría ese espíritu. Empieza a crecer en algunos integrantes de Gobierno una rara sensación de incerteza mientras las noticias judiciales de Adorni no se detienen y los datos de la economía real preocupan. Todo intervenido además por la interna entre Karina y Santiago Caputo que organiza casi todos los movimientos del poder. Un desorden imparable en un momento delicado. No sólo por Adorni.
La decisión sigue siendo intransigente: mostrarlo, defenderlo y preparar su presentación en el Congreso de la Nación adonde tiene que ir a dar su informe de gestión el 29 de abril. Mientras tanto, hay un trabajo secreto y minucioso para construir lo más relevante y misterioso de esta historia: ¿cuál es esa pila de papeles y documentos que justifican su evolución patrimonial que él asegura mostrará a la Justicia en el tiempo indicado? Su futuro penal depende de una presentación que tarde o temprano tendrá que hacer sobre los ingresos y gastos de él y su mujer. Es su ventana de luz, la que le permite, como sucedió en innumerables casos injustificables como el enriquecimiento de los Kirchner, que la Justicia dé por válidos movimientos patrimoniales que parecen imposibles de explicar.
Succesion
Atención con este armado porque, como en muchos antecedentes de funcionarios investigados en otras épocas, alrededor del jefe de Gabinete hablan de que una herencia paterna será el vehículo que justificará sus ascenso social. Es intrigante. Si uno mira las redes de Adorni en la prehistoria de 2018, él escribió un mensaje a propósito de la sucesión de su padre: “A los políticos: en 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tardé años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría solo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo.”
¿Será esa famosa casa el diferencial que emparche el evidente upgrade económico que atraviesa desde que asumió el Gobierno? ¿Por qué fue entonces necesario endeudarse para comprar sus bienes? ¿Por qué esa herencia o esa propiedad no aparece en su declaración jurada inicial ni en la de 2024? Son preguntas. Mientras tanto, se multiplica la información sobre viajes: ¿la mujer y sus hijos se fueron 15 días a Disney el año pasado? ¿El viaje de nueve días a Madrid fue laboral o personal? La justicia está investigando. En estos días llegarán al despacho del fiscal Gerardo Pollicita todos los gastos de tarjeta del matrimonio Adorni. La pregunta es siempre la misma: ¿Por qué el funcionario dijo en una entrevista que el viaje en el feriado de Carnaval fue su primer descanso en un año y medio? Es un loop que hace pensar en las palabras de Márquez pero que por ahora seguirá su curso de revelaciones judiciales, tiempismo oficial para sostenerlo y expectativa en el Mundial que está a la vuelta de la esquina.
En la reunión de la mesa política, había una prioridad por afrontar: la agenda más urgente de proyectos a tratar y a enviar al Congreso después de que el tema Adorni gastara un tiempo precioso. Porque en el Gobierno, el segundo semestre estará cooptado por las negociaciones electorales de cara al 2027 y quién sabe la anomia de sesiones que podría generar el Mundial. Vence el plazo del Gobierno para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada, vetada, rechazado el veto por el Congreso, judicializada y quedó finalmente vigente con un deadline este domingo.
Deadline
La decisión de no hacerlo estaba tomada y acaban de buscar una salida presentando un recurso ante la Corte para que suspenda su aplicación. Es una estrategia del ala caputista, así como también el per saltum a la Corte por la Reforma Laboral firmado por Sebastián Amerio, el exvice de Justicia que ahora es Procurador del Tesoro, es decir el abogado del Estado. Es un área donde opina con solidez la secretaria de Legal y Técnica, también caputista, María Ibarzabal Murphy.
Para entender esto es necesario ponerse un poco técnico pero el caso es relevante y lo necesita: el 31 de marzo se le agotó al Gobierno la última posibilidad de no ejecutar los mandatos de la ley de Financiamiento Universitario. El fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó una cautelar que obliga a actualizar salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 según el IPC y recomponer becas. Desde ese fallo, había diez días hábiles a contar desde el 1° de abril que vencían este viernes para que el Gobierno empiece a pagar. El Estado nacional se presentó en la Cámara para apelar a la Corte Suprema. Lo particular es que esa presentación no tiene efectos suspensivos hasta que la Cámara decide si le concede o no esa aplicación. Es decir, a esta hora, están incumpliendo un fallo judicial. Mientras tanto hicieron otro movimiento judicial insólito: fueron a la Corte a recusar a los jueces de primera instancia, a los camaristas que intervinieron y a los jueces del máximo tribunal con el argumento de que son profesores universitarios. Impresionante.

Todo esta telaraña tiene algo de daño autoinfringido. Desde el fallo del 31 de marzo, había una decisión de intentar corregir la ley en el Congreso para volverla viable, según la posición del ministerio de Economía. Esta demora -vinculada sobre todo con el episodio Adorni- escaló las protestas callejeras y generó un episodio conmovedor con una jornada de médicos y veterinarios en la calle atendiendo gratis bajo la lluvia durante 24 horas con una postal que expuso demasiado: no sólo las limitaciones presupuestarias con las que están funcionando las universidades sino las historias desoladoras de personas sin recursos haciendo fila para acceder a la salud. Una crónica periodística mostró a Hilda Aviles Charca, apoyada sobre su bastón con el que viajó desde Pilar a Plaza Houssay para hacerse sus prótesis dentales. Llegó a las 10 de la mañana. “La atención fue excelente -le dijo a la periodista que le preguntó- Me escanearon todo y me dijeron que esperara acá las dos prótesis. Me vienen bien porque las que tengo se están partiendo, le pongo la gotita”, cuenta. “Me encanta porque la verdad que es gratis. Si no, es carísimo. Trabajo haciendo limpieza de casas particulares. Tengo que seguir trabajando porque soy sola. Con mi obra social me salían $1.200.000”. 68 años tiene Hilda.
Euforia en DC
Estas postales de urgencias ancladas en los recortes contrastan con el ánimo de Toto Caputo que llegó el miércoles a Washington y apenas entró al Fondo Monetario Internacional se cruzó por azar a Kristalina Georgieva. A pesar de que aterrizó arrastrando el dato de la inflación en aumento, se lo vio eufórico y confiado después de cada uno de sus movimientos. Apenas entró al Fondo se emitió el comunicado avalando las tareas argentinas. En dos o tres manzanas de DC, se encuentran los edificios que habitan los gestores de la ayuda más fluida que viene recibiendo el país: el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF en ese orden. El jueves, salió abrazado al presidente del BM, Ajay Banga y cruzaron la diagonal Pennsylvania St hasta la H street -que separa el FMI del Banco Mundial- caminando y riendo juntos acompañados por detrás por un grupo de funcionarios entre los que estaba José Luis Daza. A los pocos minutos, salió el comunicado del ofrecimiento de una garantía de 2 mil millones de dólares (que podría escalar a 4 mil) para ayudar a refinanciar deuda. 
La estrategia del Gobierno es rollear la brutal agenda de vencimientos de deuda que le esperan hasta el final de 2027. Hay un informe con datos duros de Miguel Broda que es alarmante: el cuadro de vencimientos de deuda en dólares muestra que la Argentina enfrenta compromisos por aproximadamente USD 13.200 millones en lo que resta de 2026, unos USD 45.400 millones en 2027 y cerca de USD 105.000 millones en total hasta ese año. Dentro de ese esquema, la deuda con el sector privado suma alrededor de USD 24.100 millones, mientras que las obligaciones con organismos internacionales alcanzan unos USD 62.900 millones, con un peso central del Fondo Monetario Internacional por cerca de USD 42.700 millones.
Leé también: Golpeado por la inflación, Milei debería aprovechar el viaje a Israel para repasar cómo fue su estabilización
A su vez, los pagos se componen tanto de capital (unos USD 29.800 millones) como de intereses (alrededor de USD 15.600 millones), y presentan una mayor concentración en 2027, con varios picos a lo largo del año —especialmente entre abril y septiembre— donde se combinan vencimientos de bonos, compromisos con el FMI y obligaciones del Banco Central. Visto así, espanta. En diálogo con corresponsales en Estados Unidos, Caputo se mostró tranquilo y confiado de los anuncios que ya se hicieron de ayuda del Banco Mundial.
Negó la posibilidad de salir a endeudarse en los mercados porque el riesgo país sigue alto y habló de tasas del 9/10% mientras que aseguró que el BM les está prestando al 5/6%. La pregunta está a la vista: ¿alcanzará?
Javier Milei, Manuel Adorni
POLITICA
Tras las críticas en el acto, la Justicia apuró la integración del tribunal que debe decidir sobre el juicio en ausencia por la AMIA

Pocas horas después del acto en conmemoración a los 32 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que hubo reclamos por la lentitud de la justicia, la Sala de Casación que tiene uno de los tramos del caso, avanzó con el sorteo para designar al magistrado que faltaba y fijó fecha de audiencia.
“Exigimos a la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal que resuelva de manera urgente y definitiva la validez del proceso de juicio en ausencia”, dijo este viernes Osvaldo Armoza, titular de la AMIA.
Esa sala debe definir sobre el juicio en ausencia de los acusados por el atentado.
“No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles. Exhortamos a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma a que se aboquen con la mayor celeridad posible a resolver el caso y permitan que el juicio en ausencia se convierta en una realidad», completó.
En ese momento se escucharon algunos gritos y reclamos de familiares de las víctimas. “¡Justicia, 32 años ya!”, resonó entre el público, entre otras expresiones.
Barroetaveña, uno de los mencionados por el titular de la AMIA, se encontraba en las primeras filas de asistentes al acto.
Después de la mención, el juez de la Cámara de Casación, que debe definir sobre la constitucionalidad de la ley de juicio en ausencia, tomó su teléfono celular.
Según pudo reconstruir entonces , el funcionario judicial, que ya tiene listo su voto en el caso, se comunicó vía chat con Ángela Ledesma con la intención de acelerar los tiempos para fijar una audiencia.
Tenían pendiente resolver qué juez reemplazaría a Carbajo, dado que su subrogancia en esa Sala de la Cámara de Casación ya se venció.
Tras el diálogo vía chat desde el mismo acto, Ledesma, presidente de la Sala, le pidió a Barroetaveña que sorteara el reemplazo de Carbajo.
De ese sorteo salió el nombre de Carlos “Coco” Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
También se puso fecha para la audiencia, el próximo 10 de septiembre. La fecha era vista en tribunales con un sentido “simbólico”, porque será en víspera del año nuevo judío.
La decisión final se espera para apenas unos días después de la audiencia.
“Es un tema muy sensible”, reconocían este viernes en los tribunales en referencia a la causa AMIA.
Al mismo tiempo, los protagonistas rechazaban las acusaciones de dilación que sobrevolaron las horas posteriores al acto sobre la calle Pasteur, frente a la sede de la mutual.
Hubo voces que destacaron el trabajo de Barroetaveña, su “compromiso” con la causa. Aludían también a que fue también Barroetaveña, junto con Ledesma y Mahiques, quienes ya revisaron la sentencia histórica del primer juicio por la causa AMIA.
En esa decisión, tomada en 2024, dio por probado que Irán estuvo detrás del atentado contra la sede de la AMIA de 1994, lo calificaron como un delito de lesa humanidad y allí pidieron reformas legales para poder juzgar a los prófugos por el atentado “en ausencia”.
Otras menciones en el acto
El atentado a la AMIA acumula 32 años de impunidad y sobre eso se hizo alusión en el acto en conmemoración de la fecha.
En su discurso, Arzmosa, no solo hizo referencia a los miembros de la Casación Federal. También pidió que: “el Poder Legislativo instrumente leyes modernas para combatir el terrorismo”.
A nivel judicial agregó: “debemos señalar la inexplicable demora del juez Daniel Rafecas, quien se encuentra a cargo del caso y debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando».
Y recordó que “el Juzgado Federal N°6, donde tramita la causa AMIA, hace seis años que no cuenta con un juez definitivo designado».
reclamos por la lentitud de la justicia,Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
Tras meses de tensión, el PRO y La Libertad Avanza volvieron a reunirse para coordinar la estrategia parlamentaria

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza tuvo altibajos en los últimos dos años y medio, propios de las idas y vueltas entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri. Alcanzó su pico máximo de tensión con el caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, pero con la llegada de Diego Santilli en su lugar el vínculo parece haber retomado cierta normalidad.
En este sentido, en las últimas horas hubo un encuentro en Casa Rosada entre Santilli y los dos legisladores clave del PRO en el Congreso: el presidente del bloque en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, y el titular de la bancada en el Senado, Martín Goerling. También participó el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.
Durante el encuentro analizaron la agenda parlamentaria que el Gobierno nacional impulsa en el Congreso y distintas iniciativas de gestión para la provincia de Misiones.
En tanto, los presentes destacaron la importancia del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Al respecto, sostuvieron que se trata de una herramienta clave para consolidar el proceso de ordenamiento macroeconómico.
Leé también: En el Gobierno apuntan contra Bullrich por el traspié en el Senado y evalúan cambios en la estrategia legislativa
“En el PRO tenemos una convicción clara: hay que blindar el cambio con leyes, instituciones fuertes y acuerdos que le den previsibilidad a la Argentina”, señaló Ritondo en sus redes sociales al término de la reunión.
“Seguimos trabajando con responsabilidad para impulsar las reformas que consoliden el orden económico y construyan un país con más desarrollo, inversión y oportunidades”, agregó el jefe de la bancada PRO en la Cámara baja.
Semanas atrás, el partido fundado por Mauricio Macri anunció los proyectos a los que le dará prioridad en el Congreso en los próximos meses. En Diputados, impulsarán Ficha Limpia y la reforma del Código Penal como principales iniciativas.

En paralelo a las negociaciones por otros proyectos, el PRO busca instalar una agenda propia en el Congreso con iniciativas vinculadas a seguridad, justicia, producción y modernización del Estado. En la Cámara de Diputados, el bloque impulsa una reforma del financiamiento de los partidos políticos, proyectos para promover el uso productivo de las tierras ociosas ubicadas sobre las rutas nacionales y un endurecimiento de las penas por vandalismo rural.
Los diputados macristas también promueven iniciativas para fortalecer las herramientas de prevención y persecución del grooming, instalar inhibidores de señal de telefonía celular e internet en las cárceles y avanzar con un programa de prevención del suicidio adolescente.
En el Senado, en tanto, el PRO pretende que durante julio se avance con una agenda que incluye la actualización de la Ley de Salud Mental, proyectos para reforzar la protección de la propiedad privada, el agravamiento de las penas por falsas denuncias y el tratamiento del régimen de Zona Fría, que establece beneficios tarifarios para usuarios de gas en regiones de bajas temperaturas.
A esa agenda legislativa, el partido que conduce Mauricio Macri suma otros ejes que considera prioritarios para el segundo semestre: una nueva reforma electoral, medidas para profundizar la desregulación del Estado, el tratamiento de acuerdos judiciales pendientes y el fortalecimiento de la legislación destinada a combatir la criminalidad ambiental.
Diego Santilli, Cristian Ritondo, Congreso
POLITICA
Jorge Macri eliminó 359 puestos gerenciales y CABA tiene la planta administrativa más baja de los últimos 10 años

La Ciudad de Buenos Aires registra la planta administrativa más baja de la última década. El gobierno porteño anunció la eliminación de 359 cargos gerenciales, lo que representa más del 20% del total de esa estructura jerárquica. La medida se inscribe en un proceso de reforma del Estado que, desde que Jorge Macri asumió como jefe de Gobierno, acumula la supresión de 8.954 puestos, una reducción del 15% de la dotación total.
El recorte de la estructura gerencial responde, según el Ejecutivo porteño, a la digitalización y modernización de trámites que tornó necesario rediseñar la organización interna del Estado. La automatización de procesos que antes requerían supervisión presencial y capas de gestión intermedias dejó sin sustento funcional a buena parte de esos puestos. No se trató, entonces, de una reducción arbitraria, sino del resultado de un cambio en la forma en que el gobierno presta servicios a los vecinos.
«Eliminamos 359 cargos gerenciales. Ya dimos de baja 9 mil cargos y alcanzamos la planta administrativa más baja de los últimos 10 años. La eficiencia del Estado no solo es una cuestión técnica: es un deber moral con los porteños que lo sostienen con su trabajo. Esto también es orden“, afirmó Macri al anunciar la medida.
El impacto de esta política se refleja en el presupuesto. En 2023, el gasto en remuneraciones al personal representaba el 44% del total del presupuesto de la Ciudad; ese porcentaje bajó al 41% en la actualidad. La planta alcanzó así el mínimo histórico registrado en 2015, un nivel que no se había vuelto a tocar en los años siguientes.
Esta última reducción no llegó de forma aislada. La gestión de Macri aplicó una serie de medidas escalonadas que prepararon el terreno: congelamiento de ingresos, planes de retiro voluntario, optimización de dotaciones y una nueva evaluación de desempeño para el personal. Cada una de esas acciones contribuyó a la baja sostenida del número de empleados públicos en el distrito.

En paralelo, el gobierno porteño avanzó en la modernización del control de asistencia. Se instalaron relojes biométricos en más de 1.200 escuelas para registrar la presencia del personal docente a través de huella digital, un sistema que también se extendió a todos los establecimientos administrativos del Estado. Para los agentes que cumplen funciones en la vía pública, se puso en marcha la Hoja de Ruta Electrónica, una herramienta que permite registrar la asistencia desde el teléfono celular.
El control de las licencias médicas fue otra área de intervención. A principios de 2025, el gobierno implementó un nuevo procedimiento para todos los empleados de la administración pública porteña. El resultado fue una caída del 28% en la cantidad de días solicitados por este concepto respecto del año anterior, una variación que el Ejecutivo atribuye directamente al nuevo esquema de fiscalización.
La reforma también incluyó una apuesta por la formación del personal. Durante 2025 y los primeros meses de 2026, más de 15.000 agentes en calle —policías, agentes de tránsito, de prevención e inspectores— recibieron capacitación con herramientas orientadas a mejorar la atención al vecino en el espacio público. El objetivo declarado fue dotar a quienes tienen contacto directo con la ciudadanía de recursos concretos para resolver situaciones cotidianas.
Con un enfoque distinto pero complementario, el gobierno lanzó el Programa de Especialistas Profesionales (PEP), orientado a jerarquizar a los empleados públicos con formación técnica o universitaria. Al momento del anuncio, 1.326 agentes participaban del programa, que busca retener y potenciar perfiles profesionales dentro de la administración estatal.
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