POLITICA
El contraataque de Adorni con un argumento sorpresa, las dudas de los ministros y la euforia de Luis Caputo

Manuel Adorni tuvo una semana estelar de espaldarazos. Una convicción en el apoyo de los hermanos Milei que lo mostró empoderado en la red social X, en primera fila del AMCHAM donde habló el Presidente, en una caminata por el patio delantero de la Rosada junto a Karina para sacarse fotos y en un viaje también con ella a Vaca Muerta. En todas las ocasiones, el exvocero no habla. En estos días, se animó a contraatacar y a defenderse en las redes sociales pero el revival duró poco: ayer tuvo que salir a cuestionar a uno propio. Nicolás Márquez, amigo y biógrafo del Presidente, libertario de pura cepa, diciendo por TN: “Adorni está terminado, acabado y finiquitado”. Una síntesis lapidaria que Adorni reposteó de una manera curiosa: primero con un emoji de una carita riéndose que a la madrugada cambió por un intrigante “¿?”. Raro.
El jefe de Gabinete participó de la reunión de la mesa política que venía espaciada desde que estalló su escándalo, salvo una excepción al principio del conflicto donde se juntaron y se hablaron todos los temas excepto, claro, el que lo involucra. Una especie de tabú donde nadie se anima a preguntar si Karina no lo menciona antes. Todos descartaban que el encuentro de hoy mantendría ese espíritu. Empieza a crecer en algunos integrantes de Gobierno una rara sensación de incerteza mientras las noticias judiciales de Adorni no se detienen y los datos de la economía real preocupan. Todo intervenido además por la interna entre Karina y Santiago Caputo que organiza casi todos los movimientos del poder. Un desorden imparable en un momento delicado. No sólo por Adorni.
La decisión sigue siendo intransigente: mostrarlo, defenderlo y preparar su presentación en el Congreso de la Nación adonde tiene que ir a dar su informe de gestión el 29 de abril. Mientras tanto, hay un trabajo secreto y minucioso para construir lo más relevante y misterioso de esta historia: ¿cuál es esa pila de papeles y documentos que justifican su evolución patrimonial que él asegura mostrará a la Justicia en el tiempo indicado? Su futuro penal depende de una presentación que tarde o temprano tendrá que hacer sobre los ingresos y gastos de él y su mujer. Es su ventana de luz, la que le permite, como sucedió en innumerables casos injustificables como el enriquecimiento de los Kirchner, que la Justicia dé por válidos movimientos patrimoniales que parecen imposibles de explicar.
Succesion
Atención con este armado porque, como en muchos antecedentes de funcionarios investigados en otras épocas, alrededor del jefe de Gabinete hablan de que una herencia paterna será el vehículo que justificará sus ascenso social. Es intrigante. Si uno mira las redes de Adorni en la prehistoria de 2018, él escribió un mensaje a propósito de la sucesión de su padre: “A los políticos: en 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tardé años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría solo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo.”
¿Será esa famosa casa el diferencial que emparche el evidente upgrade económico que atraviesa desde que asumió el Gobierno? ¿Por qué fue entonces necesario endeudarse para comprar sus bienes? ¿Por qué esa herencia o esa propiedad no aparece en su declaración jurada inicial ni en la de 2024? Son preguntas. Mientras tanto, se multiplica la información sobre viajes: ¿la mujer y sus hijos se fueron 15 días a Disney el año pasado? ¿El viaje de nueve días a Madrid fue laboral o personal? La justicia está investigando. En estos días llegarán al despacho del fiscal Gerardo Pollicita todos los gastos de tarjeta del matrimonio Adorni. La pregunta es siempre la misma: ¿Por qué el funcionario dijo en una entrevista que el viaje en el feriado de Carnaval fue su primer descanso en un año y medio? Es un loop que hace pensar en las palabras de Márquez pero que por ahora seguirá su curso de revelaciones judiciales, tiempismo oficial para sostenerlo y expectativa en el Mundial que está a la vuelta de la esquina.
En la reunión de la mesa política, había una prioridad por afrontar: la agenda más urgente de proyectos a tratar y a enviar al Congreso después de que el tema Adorni gastara un tiempo precioso. Porque en el Gobierno, el segundo semestre estará cooptado por las negociaciones electorales de cara al 2027 y quién sabe la anomia de sesiones que podría generar el Mundial. Vence el plazo del Gobierno para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada, vetada, rechazado el veto por el Congreso, judicializada y quedó finalmente vigente con un deadline este domingo.
Deadline
La decisión de no hacerlo estaba tomada y acaban de buscar una salida presentando un recurso ante la Corte para que suspenda su aplicación. Es una estrategia del ala caputista, así como también el per saltum a la Corte por la Reforma Laboral firmado por Sebastián Amerio, el exvice de Justicia que ahora es Procurador del Tesoro, es decir el abogado del Estado. Es un área donde opina con solidez la secretaria de Legal y Técnica, también caputista, María Ibarzabal Murphy.
Para entender esto es necesario ponerse un poco técnico pero el caso es relevante y lo necesita: el 31 de marzo se le agotó al Gobierno la última posibilidad de no ejecutar los mandatos de la ley de Financiamiento Universitario. El fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó una cautelar que obliga a actualizar salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 según el IPC y recomponer becas. Desde ese fallo, había diez días hábiles a contar desde el 1° de abril que vencían este viernes para que el Gobierno empiece a pagar. El Estado nacional se presentó en la Cámara para apelar a la Corte Suprema. Lo particular es que esa presentación no tiene efectos suspensivos hasta que la Cámara decide si le concede o no esa aplicación. Es decir, a esta hora, están incumpliendo un fallo judicial. Mientras tanto hicieron otro movimiento judicial insólito: fueron a la Corte a recusar a los jueces de primera instancia, a los camaristas que intervinieron y a los jueces del máximo tribunal con el argumento de que son profesores universitarios. Impresionante.

Todo esta telaraña tiene algo de daño autoinfringido. Desde el fallo del 31 de marzo, había una decisión de intentar corregir la ley en el Congreso para volverla viable, según la posición del ministerio de Economía. Esta demora -vinculada sobre todo con el episodio Adorni- escaló las protestas callejeras y generó un episodio conmovedor con una jornada de médicos y veterinarios en la calle atendiendo gratis bajo la lluvia durante 24 horas con una postal que expuso demasiado: no sólo las limitaciones presupuestarias con las que están funcionando las universidades sino las historias desoladoras de personas sin recursos haciendo fila para acceder a la salud. Una crónica periodística mostró a Hilda Aviles Charca, apoyada sobre su bastón con el que viajó desde Pilar a Plaza Houssay para hacerse sus prótesis dentales. Llegó a las 10 de la mañana. “La atención fue excelente -le dijo a la periodista que le preguntó- Me escanearon todo y me dijeron que esperara acá las dos prótesis. Me vienen bien porque las que tengo se están partiendo, le pongo la gotita”, cuenta. “Me encanta porque la verdad que es gratis. Si no, es carísimo. Trabajo haciendo limpieza de casas particulares. Tengo que seguir trabajando porque soy sola. Con mi obra social me salían $1.200.000”. 68 años tiene Hilda.
Euforia en DC
Estas postales de urgencias ancladas en los recortes contrastan con el ánimo de Toto Caputo que llegó el miércoles a Washington y apenas entró al Fondo Monetario Internacional se cruzó por azar a Kristalina Georgieva. A pesar de que aterrizó arrastrando el dato de la inflación en aumento, se lo vio eufórico y confiado después de cada uno de sus movimientos. Apenas entró al Fondo se emitió el comunicado avalando las tareas argentinas. En dos o tres manzanas de DC, se encuentran los edificios que habitan los gestores de la ayuda más fluida que viene recibiendo el país: el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF en ese orden. El jueves, salió abrazado al presidente del BM, Ajay Banga y cruzaron la diagonal Pennsylvania St hasta la H street -que separa el FMI del Banco Mundial- caminando y riendo juntos acompañados por detrás por un grupo de funcionarios entre los que estaba José Luis Daza. A los pocos minutos, salió el comunicado del ofrecimiento de una garantía de 2 mil millones de dólares (que podría escalar a 4 mil) para ayudar a refinanciar deuda. 
La estrategia del Gobierno es rollear la brutal agenda de vencimientos de deuda que le esperan hasta el final de 2027. Hay un informe con datos duros de Miguel Broda que es alarmante: el cuadro de vencimientos de deuda en dólares muestra que la Argentina enfrenta compromisos por aproximadamente USD 13.200 millones en lo que resta de 2026, unos USD 45.400 millones en 2027 y cerca de USD 105.000 millones en total hasta ese año. Dentro de ese esquema, la deuda con el sector privado suma alrededor de USD 24.100 millones, mientras que las obligaciones con organismos internacionales alcanzan unos USD 62.900 millones, con un peso central del Fondo Monetario Internacional por cerca de USD 42.700 millones.
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A su vez, los pagos se componen tanto de capital (unos USD 29.800 millones) como de intereses (alrededor de USD 15.600 millones), y presentan una mayor concentración en 2027, con varios picos a lo largo del año —especialmente entre abril y septiembre— donde se combinan vencimientos de bonos, compromisos con el FMI y obligaciones del Banco Central. Visto así, espanta. En diálogo con corresponsales en Estados Unidos, Caputo se mostró tranquilo y confiado de los anuncios que ya se hicieron de ayuda del Banco Mundial.
Negó la posibilidad de salir a endeudarse en los mercados porque el riesgo país sigue alto y habló de tasas del 9/10% mientras que aseguró que el BM les está prestando al 5/6%. La pregunta está a la vista: ¿alcanzará?
Javier Milei, Manuel Adorni
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La nueva dinámica para los periodistas acreditados en la Casa Rosada: una semana con más restricciones y controles

Después que bloqueara durante once días el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, con el argumento de que debía el Gobierno reabrió la última semana la reapertura de la sala de prensa.
De todos modos, el Poder Ejecutivo estableció más controles a los cronistas para tomar imágenes y circular en el interior de la sede gubernamental. El presidente Javier Milei había dispuesto el cierre de la sala con el argumento de que debía investigar un presunto espionaje.
Desde el lunes último, los periodistas que concurren a diario a la Casa Rosada para cubrir la actividad oficial en los ingresos al lugar lidian con una nueva dinámica. Hay más controles de seguridad en los ingresos y se establecieron una serie de disposiciones que restringen fuertemente la posibilidad de circulación.
La sala de prensa estuvo cerrada entre el 23 de abril y el 3 de mayo, algo inédito en democracia. En ese lapso de tiempo, las autoridades colocaron cámaras en distintos pasillos y modificaron el lugar de ingreso para la prensa.
El Gobierno argumenta que las nuevas restricciones “están justificados” tras la denuncia penal contra dos periodistas de TN por presunto espionaje, luego de conocerse en ese medio filmaciones con anteojos inteligentes de los pasillos de la Casa Rosada.
Es este último punto en el que se apoyan, sobre todo, en el seno del Gobierno y en Casa Militar, el órgano mixto encargado de la custodia de la Casa Rosada y la residencia oficial de Olivos que denunció a los periodistas, para limitar la movilidad de los cronistas acreditados.
Las imágenes de Google Maps que desmontan la denuncia de espionaje periodístico del Gobierno
“Se cruzó un límite”, repiten en el Ejecutivo. De hecho, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que hubo una “revisión de protocolos de seguridad” necesarios después de la difusión de “grabaciones clandestinas”.
El Gobierno dispuso el cierre de la sala de prensa y las nuevas restricciones en medio de una fuerte escalada de agresiones verbales de Milei a los periodistas. En la cuenta de la red social X del Presidente, abundan mensajes contra los periodistas, a quienes Milei tilda de “ensobrados”, “basuras inmundas” y “malparidos”.
El hostigamiento a la prensa también se profundiza en momentos en que el Ejecutivo atraviesa una crisis por el caso Manuel Adorni, quien fue ratificado en el cargo por Milei pese a que avanza la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Casa Militar, órgano mixto de civiles y militares, depende de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei. Pero el responsable del área es el general de brigada Sebastián Ibáñez. Fue el encargado de denunciar en los Tribunales a los periodistas de TN, Luciana Geuna e Ignacio Salerno. Arguyó que el informe del programa “¿Y mañana qué?” había expuesto “protocolos o rutinas del edificio que no están destinados al público en general”.
Desde que la Secretaría de Medios reabrió la sala de prensa, existen más controles y restricciones para los periodistas. Por caso, se decidió que los cronistas ingresen por una puerta diferente a la que utilizan las personas que trabajan en el palacio presidencial. Además, las nuevas disposiciones y protocolos limitan la circulación de los periodistas en el interior de la Casa Rosada. Solo puedan acceder a la sala, ubicada en el primer piso. Está prohibido que, en ese trayecto, pasen o accedan a áreas claves en el funcionamiento de la sede gubernamental, como el Patio de las Palmeras, en el que confluyen los ingresos a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Legal y Técnica.
Las imágenes de Google Maps que desmontan la denuncia de espionaje periodístico del Gobierno
Desde el Patio de las Palmeras se tiene una vista estratégica del Salón de los Bustos, por donde ingresan al Palacio desde Milei y los ministros hasta dirigentes, empresarios o integrantes de delegaciones extranjeras.
Con los nuevos controles, el radio en el que los periodistas pueden estar se limita a la sala de prensa, el pasillo que conduce hacia el baño, un balcón interno y una pequeña oficina en el que hay una máquina de café. Por lo tanto, es muy difícil para los cronistas ver o conversar con funcionarios, u observar el normal movimiento de la Casa.
Tampoco se puede merodear el Salón Martín Fierro, en el que tiene sus oficinas el asesor presidencial, Santiago Caputo. Por ese lugar pasan desde dirigentes del oficialismo hasta referentes de la política nacional e internacional.
Además, las puertas que daban al balcón que en el primer piso permite mirar al Patio de las Palmeras fueron cerradas. Y la única ventana que dejaba ver lo que sucedía abajo fue tapada.
Para evitar cualquier movimiento por fuera de esas áreas hay efectivos de Casa Militar que monitorean los movimientos de los periodistas acreditados para que no salgan del área delimitada en el nuevo protocolo de seguridad.
“Es un tema de seguridad nacional, está en juego la seguridad del Presidente”, argumentan fuentes oficiales.
El único nexo del Gobierno con la Sala desde el comienzo del conflicto fue con el Secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari. Desde un primer momento, Lanari se comprometió a trabajar para lograr la reapertura de sala.
Ahora, desde el Ejecutivo aspiran a mantener la nueva dinámica, con mayores controles y restricciones para los periodistas.
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Sur Finanzas: la fiscalía pidió ampliar la imputación contra el dueño del holding por administración fraudulenta

La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó que se agraven las acusaciones contra Maximiliano Ariel Vallejo, titular del holding Sur Finanzas y vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Se trata de la investigación que tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora por presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.
El pedido fue presentado ante el juez Luis Armella, quien deberá resolver si incorpora el nuevo delito de administración fraudulenta como partícipe necesario antes de la audiencia indagatoria prevista para el 26 de mayo. Ese día también deberá declarar Graciela Beatriz Vallejo, madre del empresario.
La causa se originó tras una denuncia vinculada a un préstamo de dos millones de euros otorgado al Club Atlético Banfield por la firma Auriga League S.A. Según la presentación judicial, el dinero nunca habría sido reintegrado y la investigación derivó luego en un supuesto entramado financiero de mayor alcance relacionado con clubes del fútbol argentino.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Sur Finanzas habría desarrollado un esquema destinado a captar fondos mediante préstamos a entidades deportivas con problemas económicos, bajo condiciones consideradas usurarias. Los investigadores sostienen que el circuito incluía descuento de cheques, contratos de mutuo con altas tasas de interés y acuerdos de sponsoreo simulados que habrían servido para justificar movimientos de dinero.
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La acusación también apunta a una estructura societaria integrada, entre otras firmas, por Sur Finanzas Group S.A., Roma Inversiones S.A. y Centro de Inversiones Concordia S.R.L. Según el expediente, esas compañías habrían sido utilizadas para mezclar fondos de origen presuntamente ilícito con operaciones legales y dificultar la trazabilidad del dinero.
En el expediente se investigan operaciones sospechosas por cientos de miles de millones de pesos y movimientos vinculados a presunto lavado de activos por más de US$100 millones. Además, ARCA denunció una supuesta evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos por más de $3.300 millones.
Durante los allanamientos ordenados por el juez Armella se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, documentación contable y contratos relacionados con al menos 16 clubes del fútbol argentino, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los investigadores también analizaron mensajes extraídos de dispositivos electrónicos en los que se habría intentado coordinar la eliminación de información tras los operativos.

Aunque Claudio Tapia no está imputado en la causa, su nombre aparece mencionado en el expediente por la relación de cercanía que mantenía con Vallejo. Según la investigación, la AFA habría recomendado a distintos clubes recurrir a Sur Finanzas para obtener financiamiento y la Liga Profesional habría canalizado pagos vinculados a derechos televisivos a cuentas de la financiera.
El nuevo pedido de imputación presentado por Incardona sostiene que Vallejo no solo habría participado en el circuito de lavado investigado, sino que también habría aportado la estructura empresarial y financiera necesaria para concretar el supuesto vaciamiento de Banfield. Por ese motivo, la fiscal considera que debería responder también por administración fraudulenta.
En los últimos días, el juez Armella rechazó un planteo de la defensa del empresario que buscaba suspender la indagatoria. En la resolución, el magistrado calificó la presentación como una maniobra dilatoria y le impuso costas al considerar que no tenía fundamentos suficientes.
La audiencia del 26 de mayo será la primera instancia en la que Vallejo deberá responder formalmente ante la Justicia por las acusaciones que se fueron ampliando desde marzo, mientras avanza el proceso de unificación de expedientes judiciales vinculados al caso Sur Finanzas.
Sur Finanzas, Justicia, administración fraudulenta
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La decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad

«Influencias externas y operadores externos»
«No queremos que el reglamento se vote a libro cerrado»
«La Corte debe ser completada pero lo decide Milei»
«La Corte mantiene su compromiso con la Libertad de Expresión»
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