La reforma electoral que el Gobierno impulsa abrió un nuevo frente de cuestionamientos. Nueve organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el proyecto, tal como está redactado, elimina del Código Electoral Nacional la obligatoriedad de los debates presidenciales y reclamaron a los legisladores que modifiquen ese punto antes de avanzar con la iniciativa.

“Una reforma electoral que elimine el debate presidencial deforma las elecciones”, plantearon Argentina Debate, Fundación Avina, CIPPEC, Club Político Argentino, Constituya, Directorio Legislativo, Integridad Republicana, Poder Ciudadano y Ser Fiscal en una petición enviada a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde este martes se reanudó la discusión del proyecto.

El cuestionamiento apunta específicamente al artículo 30 de la iniciativa, que propone suprimir esta instancia de discusión entre candidatos. La modificación dejaría fuera del Código los artículos que regulan la obligatoriedad, organización, realización y transmisión de los debates presidenciales, además de establecer su autoridad de aplicación.

Las organizaciones solicitaron preservar esos artículos y modificar únicamente las referencias a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el Gobierno pretende eliminar o suspender.

“La reforma del sistema electoral puede modificar o eliminar las PASO. Lo que no debería producir, como efecto colateral, es la eliminación de los debates presidenciales”, señalaron. Y definieron al debate como una institución que garantiza a los ciudadanos el acceso “directo, simultáneo y en condiciones de igualdad” a las propuestas de quienes aspiran a la presidencia.

Es lo que subrayó Belén Amadeo, referente de Argentina Debate, quien remarcó que sería “muy contraproducente” perder esta instancia. “Son reglas de juego acordadas y firmadas por todos los candidatos y esto lo convierte en sí mismo en un bien público”, sostuvo.

La obligatoriedad de los debates fue incorporada al Código Electoral en 2016, mediante la ley 27.337, aprobada con amplias mayorías en ambas cámaras. Hasta entonces, su realización dependía de un acuerdo entre los candidatos. La ley buscó convertirlos en una regla permanente del proceso electoral y obligar a los postulantes presidenciales a exponer y confrontar públicamente sus plataformas y propuestas.

Para las organizaciones ese carácter obligatorio es central. Sostienen que el debate no constituye un derecho de los candidatos sino de los ciudadanos y que dejar su realización librada a la voluntad de los postulantes permitiría que un dirigente decida no participar por conveniencia electoral.

También destacan que permite comparar propuestas bajo las mismas reglas y garantiza una transmisión pública, gratuita y federal.

Y subrayan el fortalecimiento a la rendición de cuentas. Sostienen que deja un registro de los compromisos asumidos por quienes compiten por llegar a la Casa Rosada, que luego puede ser contrastado durante el ejercicio del gobierno.

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano sumó otro eje: el interés social. “Es uno de los eventos televisivos con más rating de la Argentina, a nivel de un partido de fútbol de la Selección Nacional”, señaló a .

Secchi puso el foco, además, en el formato. Sostuvo que su dinamismo contribuye al “voto informado”. Y concluyó: “Sacar el debate le resta calidad al debate público y le resta información a los ciudadanos que tienen que decidir su voto”.

El planteo de las organizaciones llegó a los senadores que tienen en sus manos la discusión de la reforma. Su pedido se enfoca en separar la discusión sobre las PASO de la continuidad de los debates presidenciales obligatorios. “Una reforma electoral no debería implicar un retroceso en ese derecho ciudadano”, sintetizaron.

El cosecretario general de la CGT Cristian Jerónimo lanzó esre martes una dura advertencia sobre la situación económica del país al afirmar que la crisis podría derivar en un escenario “peor que el 2001”, cuando el entonces presidente Fernando De la Rúa renunció a la primera magistratura en medio de un estallido social.

Jerónimo denunció la pérdida de puestos de trabajo y sostuvo que la central obrera no descarta impulsar medidas de fuerza si no se generan espacios de negociación.

“La situación que atraviesan los trabajadores es crítica. En su vida diaria tienen salarios que quedaron por debajo de la canasta básica. Hay muchos sectores que están sufriendo la pérdida de trabajo y el cierre de empresas”, reseñó el referente sindical en diálogo con Delta 90.3.

Y añadió: “Ningún sector es ajeno a las dificultades que está atravesando la Argentina. En la medida que esto siga así, va a ser peor que el 2001. Vamos hacia un proceso más dificultoso que el del 2001. Nosotros queremos que le vaya bien, pero por este modelo económico estamos viendo una situación cada vez más regresiva que empobrece al pueblo argentino. El Gobierno le echa la culpa a otros”, expresó.

Jerónimo también cuestionó la relación entre la CGT y el Poder Ejecutivo, al considerar que “el Gobierno hace oídos sordos y no se hace cargo del rol que tendría que ocupar. El diálogo existió en algún momento, pero nunca se terminan de resolver los problemas. La situación que vive la ciudadanía argentina hace que sea muy difícil equilibrar su economía”, señaló.

El jefe cegetista efectuó estas declaraciones después de haber participado de una delegación sindical que fue recibida por el papa León XIV en el Vaticano.

El dirigente integró la comitiva junto con Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT; Marta Pujadas, abogada de ese gremio y de la central obrera; y Alejandro ‘Peluca’ Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

Consultado sobre la posibilidad de nuevas protestas, Jerónimo dejó abierta la puerta a futuros reclamos sindicales. “No descartamos medidas de fuerza. Si el Gobierno sigue haciendo oídos sordos seguirá escalando la conflictividad y decantará en una medida de acción directa”, advirtió.

No obstante, aclaró que cualquier decisión de ese tipo requerirá de coordinación con otros sectores. “Hay que construir consensos y acuerdos necesarios para que a la hora de hacer una medida de esa naturaleza tenga la contundencia necesaria”, concluyó.