ECONOMIA
El derrumbe de dos gigantes lácteos: deudas multimillonarias y denuncias de cierre programado

La situación de derrumbe que atraviesan Lácteos Verónica y la emblemática SanCor sigue sumando capítulos y, a la decisión de las compañías de frenar la producción o, como en el caso de la unión de cooperativas, caer directamente en la quiebra, ahora se le añaden denuncias de maniobras de presuntos cierres programados con amplia anticipación, deudas multimillonarias con proveedores y meses de sueldos impagos e incertidumbre laboral. En el caso de la primera, la dirigencia política de uno de los distritos afectados por el parate de la láctea aseguró que la familia Espiñeira, actuales dueños de Lácteos Verónica, habría establecido hace dos años su decisión de buscar el traspaso de sus activos. Por el lado de SanCor, la Justicia pidió un listado de trabajadores para la custodia de las seis plantas de la lechera y el gremio ATILRA desplegó 178 operarios. La continuidad de otros casi 800 empleos continúan en vilo.
Por estos días, Lácteos Verónica acumula 5 meses de parálisis en sus plantas en Santa Fe, adeuda más de tres meses completos a su dotación de 700 empleados y suma casi 4.000 cheques emitidos sin fondos. Ahora, representantes del gobierno santafesino, legisladores y hasta los mismos Espiñeira, la familia aún propietaria de la lechera, mantienen conversaciones para encontrar una salida a la situación de Lácteos Verónica.
Duras acusaciones contra los dueños de Lácteos Verónica
La posibilidad de la venta quedó sobre la mesa en una reunión reciente de la que tomaron parte los ministros de Desarrollo Productivo y Trabajo de Santa Fe, Gustavo Puccini y Roald Báscolo, y los senadores Felipe Michlig, Alcides Calvo, Leonardo Diana y Hugo Rasetto. Del encuentro también tomaron parte Gonzalo y Alejandro Espiñeira, integrantes de la familia propietaria de Lácteos Verónica.
Según medios en esa provincia, los representantes de la empresa aseguraron que «se encuentran trabajando en distintas opciones para garantizar la continuidad de la firma».
«Entre las alternativas mencionadas se destacan la posibilidad de una venta total o parcial de la compañía, así como la búsqueda de financiamiento para reactivar la producción. Si bien no se brindaron definiciones concretas, desde el sector político remarcaron la necesidad de que la empresa tome una decisión clara en el corto plazo para evitar mayores incertidumbres y especulaciones en torno a su futuro», indicaron las fuentes.
El parate de Lácteos Verónica viene impactando de manera directa en Suardi, Lehmann y Totoras, las localidades de Santa Fe donde se ubican las plantas de la compañía. En línea con eso, Leandro Gastaldi, actual intendente de Suardi, cargó duro contra los dueños de Lácteos Verónica declarando que el freno actual de la lechera fue programado con una anticipación de al menos dos años.
«Ya antes de asumir sabíamos que nos íbamos a enfrentar a esta problemática. Es un conflicto que se viene hablando desde hace dos años», aseguró, en dichos a LT9.
«Con el diario del lunes, creo que fue una empresa que estuvo programando esto para salir lo más ileso posible, pero jodiendo a mucha gente en el camino», añadió. El mandatario municipal aseguró que, por efecto del freno en la actividad de Lácteos Verónica, sólo en Suardi dejaron de circular alrededor de $220 millones mensuales.
«Han dejado de circular $220 millones mensuales que antes iban a la panadería, la carnicería y el supermercado. El drama social es enorme porque un empleado de 55 años difícilmente pueda rehacer su vida laboral hoy», enfatizó.
Al mismo tiempo, Gastaldi expuso que los propietarios de Lácteos Verónica también llevan tiempo rechazando a potenciales interesados en su estructura productiva. «Hubo oferentes interesados, como la firma Bresialat, que ofrecían el dinero real por el que estaban tasadas las plantas, pero a todos se les dijo que no», destacó.
«Si no vendieron antes sin conflicto, ¿por qué lo harían ahora? La vía es exigir la venta o avanzar hacia una expropiación por el término de dos años bajo una forma de alquiler», concluyó.
SanCor y la quiebra con continuidad
Por el lado de SanCor, Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, declaró en las últimas horas que la compañía acumulaba una «insolvencia estructural» por lo que su quiebra «se veía venir».
«Ya hay una decisión judicial que es la quiebra, pero con continuidad. Ojalá que aparezca un inversor para que los puestos de trabajo no se pierdan. No están las ayudas quizás mágicas como antes o acuerdos que también la terminaron más perjudicando que beneficiando», argumentó.
En paralelo a estos dichos, la Cooperativa Eléctrica de Gálvez, una de las proveedoras de la unión de cooperativas, acaba de informar que SanCor acumula una deuda de años con esa institución y que el monto se ubica por encima de los 170 millones de pesos.
Mientras tanto, la Justicia pidió un listado de trabajadores para la custodia de las seis plantas de la lechera y el gremio ATILRA desplegó 178 operarios.
La medida de establecer guardias en los activos de la láctea fue establecida por Marcelo Gelcich, juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Rafaela. El magistrado dispuso la elaboración de una nómina de trabajadores «fundamentales» para el mantenimiento de las instalaciones de SanCor.
De acuerdos a fuentes especializadas como Bichos de Campo, «el listado de personal indispensable para sostener la continuidad mínima de las plantas en actividad y garantizar el mantenimiento, llegó luego de las visitas raudas del juez y los síndicos en cada una de las localidades».
«De los 178 trabajadores, 154 pertenecen a producción y 24 a soporte administrativo y técnico. La planta de Sunchales concentra 101 empleados, a pesar de ser una de las plantas de menor actividad en los últimos meses, pero la que más interés representa en las intenciones del gremio, además de tener en cuenta que allí son casi siete decenas de personas las que cuentan con condición de delegado gremial», se indicó.
La misma fuente subrayó que «en todas las plantas se le dio prevalencia a la continuidad en el cobro de salarios y actividad a quienes se los conoce internamente como «asambleístas», que son aquellos trabajadores que formaron parte estructural de los bloqueos a SanCor que se iniciaron en octubre de 2023 y en casos como Sunchales se extendieron por diez meses». En la empresa aún resta por definir qué pasará con el destino de casi 800 puestos de trabajo.
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ECONOMIA
Combustibles más caros: cuánto pagan de más los argentinos desde que inició la guerra

La nafta súper aumentó un 24% y la premium un 19,7% desde el inicio del conflicto bélico, según un relevamiento privado del sector
02/06/2026 – 12:50hs
Los hogares argentinos con auto gastaron casi $39.000 extra por mes en nafta desde el inicio de la guerra en Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos e Israel, según reveló un informe del Instituto Argentina Grande (IAG).
El impacto del conflicto bélico se siente en el bolsillo de los argentinos que cuentan con un vehículo, debido a la suba de los combustibles, propiciada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo global.
Cuánto más gastan los argentinos con auto por el aumento de la nafta
En el reporte, la entidad precisó que el impacto del aumento de precios en los surtidores afecta al 46,5% de los hogares argentinos, que son los que cuentan con automóvil, y calculó que «estos mensualmente consumen en promedio 75 litros de nafta súper y 26,2 litros de nafta premium».
En este sentido, puntualizó que «desde el comienzo del conflicto en Irán, la media de aumento a nivel país del litro de nafta súper fue de $388 y la premium $372», al subir un 24% y 19,7%, respectivamente, por lo que estimó que «representa un gasto mensual extra de $38.874 para los hogares con automóvil».
De esta manera, teniendo en cuenta que la guerra comenzó a fines de febrero pasado y hasta ahora han transcurrido tres meses, la suma del costo adicional que tuvieron que afrontar los argentinos con auto asciende a $116.600.
La nafta se lleva más salario: cuántas horas extra de trabajo hacen falta
En relación al efecto del encarecimiento del combustible sobre el salario, el informe expuso que la cantidad de horas de trabajo necesarias para cubrir el gasto mensual en nafta pasó de 17,6 en febrero a 20,8 en abril, por lo que señaló que «cubrir el gasto mensual en nafta implica 3 horas más de trabajo».
Asimismo, planteó cuál sería el impacto anual del aumento de la nafta sin nuevas actualizaciones al precisar que «de sostenerse estos precios los hogares argentinos con automóvil gastarán $466.497 extra al año en combustible».
El mapa de descuentos para ahorrar en combustibles en junio
YPF
La estrategia deYPF, por ejemplo, sigue apalancada en su aplicación móvil y el programa Serviclub, premiando el cambio de hábitos en la carga.
- Promoción Nocturna: 6% de ahorro todos los días, sin tope, para las cargas realizadas en la franja de la madrugada (de 0:00 a 6:00).
- Autodespacho: 3% de ahorro diario al utilizar las islas habilitadas para que el usuario cargue su propio combustible (acumulable con el descuento nocturno).
- Socios ACA: 5% de descuento todos los días en estaciones adheridas, con un tope mensual de $14.500.
Bancos y MODO en App YPF:
- Banco Galicia: Los lunes ofrece un 15% de ahorro para clientes Eminent (tope de $15.000 mensuales) y un 10% para cartera general (tope de $10.000) abonando con tarjeta Mastercard vía MODO. Además, suma un 10% de ahorro extra si se cobra el sueldo en la entidad (tope de $5.000).
- Banco Macro: Los martes pisa fuerte con un 30% de descuento para clientes Selecta que abonen a través de la app, con un tope de reintegro mensual de $25.000.
- Banco Supervielle: Los domingos otorga un 10% de descuento para quienes paguen con MODO (tope mensual de $10.000). Asimismo, mantiene un beneficio diario del 10% con tarjeta de débito en cualquier bandera (tope de $10.000).
- Banco Nación: 20% de reintegro los viernes pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard mediante MODO BNA+ (tope de $10.000 mensuales).
- Banco Patagonia: Los jueves ofrece un 25% de descuento para clientes que perciben su sueldo en la entidad y segmento Plus/Singular, con un tope mensual de $15.000.
Shell
La marca operada por Raízen mantiene sus incentivos fuertes a mitad de semana para su línea V-Power y los acuerdos cruzados con tarjetas de beneficios.
- Miércoles de V-Power: 10% de descuento directo en cargas de la línea premium abonando a través de la aplicación Shell Box, con un tope de $4.000 semanales.
- Banco Galicia: Replica su beneficio los lunes del 15% para Eminent (tope $15.000) y 10% general (tope $10.000) pagando con Mastercard vía MODO.
- Banco Supervielle: Mantiene su propuesta de los domingos con un 10% de reintegro abonando a través de MODO (con tope unificado de $10.000).
- Tarjeta 365: De lunes a viernes, utilizando Shell Box, se obtiene un 10% en combustibles V-Power (tope de $4.000 por semana) y un 5% en nafta súper (tope de $2.000 semanales).
- Alianza Cencosud (Jumbo+ y Vea Ahorro): Los jueves hay un 10% de descuento en V-Power a través de la app de la marca (tope de $4.000 semanales).
Axion
La operadora despliega sus beneficios mediante la aplicación ON, premiando la frecuencia de compra, junto con convenios con alta devolución en bancos tradicionales.
- Días Clave ON: Los lunes y jueves la plataforma ofrece un 10% de descuento en las líneas Quantium (nafta y diésel). El tope de ahorro se aplica por cada operación, y la cantidad de cargas mensuales disponibles para el usuario se incrementa a medida que se sube de nivel dentro del programa de fidelización.
- Banco Galicia: Sostiene los lunes su reintegro del 15% para el segmento Eminent y 10% para clientes tradicionales con Mastercard a través de MODO.
- Banco Nación: 20% de descuento los viernes abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard mediante MODO BNA+ (tope de $10.000 por cliente al mes).
- Banco Ciudad: 10% de reintegro los domingos abonando con tarjeta de crédito a través de MODO o la aplicación Buepp (tope mensual de $10.000).
- Bancos del Interior (Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz): Los viernes ofrecen un 10% de reintegro base y hasta un 20% para carteras seleccionadas o cuentas sueldo, con topes mensuales unificados de hasta $10.000 según la entidad.
Puma Energy
Puma concentra su atractivo principal a mitad de semana, complementándolo con un sistema de vouchers directos para el consumo de combustible.
- Miércoles de Descuento: 10% de ahorro directo en nafta súper, premium e Max Combat (Ion Diesel) a través de la aplicación Puma Pris, con un límite de abastecimiento de hasta 50 litros por operación.
- Banco Galicia: Mismo esquema que en las demás banderas con 15% para Eminent (tope $15.000) y 10% general (tope $10.000) los lunes con Mastercard MODO.
- Banco Credicoop: Los viernes ofrece un 15% de reintegro con tarjetas Visa o Cabal a través de MODO (tope de $4.500 semanales). Para aquellos usuarios que acrediten su sueldo en el banco, el beneficio se eleva al 20% (tope de $6.000 semanales).
- Canje de Puntos: La aplicación permite acumular puntaje por cada litro cargado, los cuales pueden ser transformados en vouchers de descuento en el surtidor que llegan hasta los $20.000.
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ECONOMIA
Sin rebote: los datos de actividad de mayo muestran que la recuperación del consumo por ahora no aparece

Aunque Luis “Toto” Caputo prometió que se vienen los “mejores 18 meses” de la historia económica en Argentina, la recuperación del consumo por ahora se hace desear. Se trata de uno de los datos más importantes que sigue el Gobierno porque da un importante indicio del humor social.
Los primeros datos oficiales del mes pasado reflejan con claridad la Argentina de dos velocidades. Por un lado, el récord de ingreso de dólares y compras del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Pero, por otro lado, un mercado interno que no termina de arrancar.
La desaceleración de la inflación en mayo, por segundo mes consecutivo, no generó un impacto al menos en lo inmediato. La expectativa oficial es que a medida que se siga manteniendo la misma tendencia, los salarios empezarán a ganarle a los precios y recuperarán gradualmente poder adquisitivo. Pero, en todo caso, se trata de un proceso que llevará su tiempo.
La inflación de mayo se habría ubicado en un rango del 2,1% al 2,3% para la mayoría de las consultoras privadas, por debajo del 2,6 por ciento. Y para junio algunos economistas como Fernando Marull no descartan que se perfore levemente el piso de 2%, aunque por ahora es prematuro para darlo por sentado.

Mientras tanto, aparecen algunos datos concretos y algunos indicadores que marcan que mayo mantuvo un comportamiento más bien discreto en lo que respecto al comportamiento de la demanda.
La venta de autos 0 km, según informó ACARA (la cámara que agrupa a los concesionarios), cayó 25,6% en relación al año anterior, totalizando 41.921 unidades. Desde el sector mencionan la elevada carga impositiva y también la necesidad de contar con mejores condiciones de financiamiento. Con el aumento de la morosidad las entidades pusieron un pie en el freno y ahora son mucho más cuidadosos a la hora de prestar.
Los datos de recaudación también van en la misma dirección. Si bien el volumen arrojó el mejor número en nueve meses, con una mejora en términos reales, toda la mejora se debe a un incremento en el impuesto a las Ganancias que se aplica a las sociedades.
Sin embargo, los impuestos que muestran el comportamiento del consumo siguen cayendo. El caso más claro es el de IVA DGI, que el mes pasado sufrió una caída real de 3,2% (es decir descontando la inflación del mes) y el acumulado de los primeros cinco meses sigue negativo en 1,7 por ciento.
Con el impuesto a los débitos y créditos sucedió algo parecido. La merma en mayo ascendió a 4,1% real y en el año sigue en rojo (1,4%).
Esteban Domecq, director de la consultora Invecq, explicó que “el consumo sigue flojo, más allá que la actividad pueda repuntar por otros sectores. Por lo datos que estamos observando vemos más bien una continuidad de lo que pasó en abril, que fue otro mes flojo que no pudo sostener el rebote de marzo”.
Durante el Congreso Anual del IAEF, el CEO de Newsan, Luis Galli, advirtió sobre los altos niveles de contrabando que sufre Argentina: “Es una competencia desleal y se hace muy poco para compartirla. La mayor parte de las maquinitas de afeitar que se venden entran de Brasil sin pagar impuestos, uno de cada tres celulares que se compra en Argentina también ingresa por las fronteras sin pagar nada. El 70% de la venta de perfumes viene de contrabando”.
Las empresas que viven del mercado interno no solo advierten por la caída de ventas. También hacen hincapié sino en la competencia desleal que “inclina la cancha”, tanto por productos importados que no pagan aranceles como por la elevada carga impositiva sobre la fabricación local y la venta ilegal.
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ECONOMIA
Controlarán el «DNI» de las semillas que usa el campo argentino: el controvertido plan del Gobierno

Hay un debate que divide al campo argentino desde hace décadas y que ahora volvió a la superficie con fuerza inusitada. Está relacionado con quién tiene derecho a cobrar y cuánto por las semillas que los agricultores siembran cada año en el campo. El Gobierno de Javier Milei decidió meterse de lleno en el asunto, pero con una estrategia que busca evitar el pantano legislativo, ya que, en lugar de reformar la ley, pretende cambiar cómo se controla.
Todo parte de una norma que cumplió más de 50 años: la Ley de Semillas sancionada en 1973. En aquel momento no existía la soja transgénica, ni el trigo con tolerancia a herbicidas, ni las variedades de alto rendimiento desarrolladas por laboratorios privados con inversiones millonarias. El mundo agropecuario de hoy es radicalmente distinto, pero la ley que regula quién puede usar qué semilla —y en qué condiciones— sigue siendo, en lo esencial, la misma.
El corazón del conflicto es simple: los semilleros y empresas de biotecnología invierten años y millones en desarrollar una nueva variedad. Cuando esa semilla llega al productor, éste tiene el derecho histórico de guardar parte de su cosecha para volver a sembrarla al año siguiente. Es el llamado «uso propio», una práctica tan antigua como la agricultura misma. Las empresas sostienen que eso les recorta los ingresos y desincentiva la inversión en nuevas tecnologías. Los productores, en cambio, lo defienden como un derecho adquirido que no están dispuestos a resignar.
Legislación sobre semillas: la idea del Gobierno
A fines de abril, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el secretario de Agricultura Sergio Iraeta y el director del INASE (Instituto Nacional de Semillas) Martín Famulari convocaron a las entidades rurales —SRA, CRA, FAA, Coninagro— y a los semilleros para presentarles una propuesta concreta.
La idea es incorporar la identificación varietal en el primer eslabón de la cadena comercial: los acopios, las plantas de procesamiento y los puertos. En esos puntos ya se toman muestras rutinarias para medir humedad, calidad e impurezas. La novedad sería sumarle a ese análisis la identificación genética de la variedad entregada. Esa información llegaría al INASE y al titular de la variedad. Si no hay ningún problema, la muestra queda archivada y luego se descarta. Si surge un conflicto, el organismo actúa como árbitro.
Lo que resulta clave políticamente es que el esquema no sería retroactivo, sino que solo aplicaría a las variedades que se registren después de que la norma entre en vigencia. Quien hoy produce bajo las reglas actuales no vería alterada su situación. Además, el costo operativo de los análisis correría por cuenta de los obtentores —es decir, las empresas dueñas de la genética—, no de los agricultores.
La implementación no requiere pasar por el Congreso: se haría mediante una resolución conjunta publicada en el Boletín Oficial, con sanciones encuadradas en la propia Ley 20.247 vigente.
Javier Milei prepara cambio clave para el campo: los pasos siguientes
La hoja de ruta oficial establece primero la resolución de fiscalización y luego el proyecto de reforma legislativa. El tema ya figura en la agenda que el propio Milei mencionó en la apertura de sesiones ordinarias, lo que le da rango político al proceso. Las conversaciones abiertas con entidades del campo y del sector semillero, más una mesa de trabajo en marcha entre el Gobierno, la producción y los representantes del sector, dan sustento a esta iniciativa.
La próxima reunión de esa mesa está prevista para el 9 de junio. En el Ejecutivo la presentan como una instancia para seguir acercando posiciones antes de abrir la discusión en el Congreso. El cronograma sugiere que el Gobierno quiere llegar a esa instancia legislativa con el mayor consenso posible, evitando repetir el fracaso de intentos anteriores que naufragaron antes de llegar a votación.
El Gobierno apuesta a que esta solución por etapas —fiscalización primero, reforma de fondo después— pueda descomprimir años de tensión acumulada. Si lo logra, habrá dado un paso que sus predecesores no pudieron.
La recepción del campo: cautelosa, pero no hostil
Históricamente, cada vez que se intentó tocar el tema de semillas, la reacción del sector agropecuario fue de rechazo frontal. Esta vez la recepción fue diferente, aunque con matices.
Carlos Castagnani, presidente de CRA, calificó la propuesta como «un adelanto» y destacó especialmente el carácter no retroactivo del esquema. «No hay manera de que el productor esté peor o menos protegido que ahora», señaló. Y agregó que cree que la iniciativa «puede lograr un consenso que sería bueno».
Sin embargo, todas las entidades aclararon que esperarán recibir el texto escrito completo antes de tomar una posición definitiva. La historia de este debate enseñó que los detalles importan tanto como los titulares.
UPOV 91 y la presión de Donald Trump
Detrás de esta discusión técnica hay una dimensión geopolítica que no puede ignorarse. Argentina firmó el Convenio UPOV en su versión de 1978, que admite el uso propio con ciertas restricciones. Hay una versión más nueva y restrictiva —la UPOV 91— que amplía los derechos de los obtentores y reduce el margen de los productores para guardar semilla sin pagar regalías.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría condicionado la firma de un acuerdo comercial con Argentina a que el país adhiera a UPOV 91. Esa presión puso el tema en el centro de la agenda y también generó alarma en el sector agropecuario local. La Mesa de Enlace acepta modernizar la ley, pero rechaza adherir a UPOV 91. Organizaciones del norte del país fueron aún más terminantes, calificando esa adhesión como «el camino a la inmolación».
El Gobierno, por ahora, decidió no forzar ese frente. La estrategia de avanzar con una resolución administrativa —sin abrir el debate legislativo sobre UPOV 91— puede leerse como una forma de ganar tiempo, construir confianza con el sector productivo y mostrar voluntad de acción sin encender la mecha del conflicto mayor.
Un dato que habla del peso de Argentina en el sector
En mayo, en Lisboa, se celebró el Congreso Mundial de Semillas de la Federación Internacional de Semillas (ISF), que reunió a más de 1.300 representantes de más de 80 países. El evento tuvo un protagonismo inesperado para Argentina: Lorena Basso, referente de Basso Semillas —empresa familiar argentina de tercera generación— asumió como primera presidenta mujer en los cien años de historia de la organización.
Basso, que había presidido la Asociación de Semilleros Argentinos entre 2019 y 2023, llega a la conducción de la ISF en un momento en que su propio país debate el futuro del sistema semillero. Su presidencia podría darle mayor peso a la industria local en los foros globales donde se definen estándares y regulaciones internacionales.
Por qué importa más allá del campo
Argentina es una de las principales potencias agrícolas del mundo. La soja y el trigo —dos cultivos autógamos en los que el debate del uso propio es más intenso— representan una parte central de las exportaciones del país y, por ende, de la entrada de divisas.
Un sistema de semillas que funcione mal tiene consecuencias como menos inversión en nuevas variedades, menor adopción de tecnología y, a la larga, rindes más bajos. Pero una regulación que ahogue el uso propio también tiene costos, ya que sube los gastos de producción de miles de agricultores, muchos de ellos pequeños y medianos.
El Gobierno apuesta a que esta solución intermedia —controlar mejor sin cambiar la ley— pueda descomprimir años de tensión acumulada. Si lo logra, habrá dado un paso que sus predecesores no pudieron. Si no, el debate de fondo seguirá pendiente. Con o sin resolución administrativa, la ley de 1973 tarde o temprano tendrá que ponerse al día con el siglo XXI.
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