La situación de derrumbe que atraviesan Lácteos Verónica y la emblemática SanCor sigue sumando capítulos y, a la decisión de las compañías de frenar la producción o, como en el caso de la unión de cooperativas, caer directamente en la quiebra, ahora se le añaden denuncias de maniobras de presuntos cierres programados con amplia anticipación, deudas multimillonarias con proveedores y meses de sueldos impagos e incertidumbre laboral. En el caso de la primera, la dirigencia política de uno de los distritos afectados por el parate de la láctea aseguró que la familia Espiñeira, actuales dueños de Lácteos Verónica, habría establecido hace dos años su decisión de buscar el traspaso de sus activos. Por el lado de SanCor, la Justicia pidió un listado de trabajadores para la custodia de las seis plantas de la lechera y el gremio ATILRA desplegó 178 operarios. La continuidad de otros casi 800 empleos continúan en vilo.

Por estos días, Lácteos Verónica acumula 5 meses de parálisis en sus plantas en Santa Fe, adeuda más de tres meses completos a su dotación de 700 empleados y suma casi 4.000 cheques emitidos sin fondos. Ahora, representantes del gobierno santafesino, legisladores y hasta los mismos Espiñeira, la familia aún propietaria de la lechera, mantienen conversaciones para encontrar una salida a la situación de Lácteos Verónica.

Duras acusaciones contra los dueños de Lácteos Verónica

La posibilidad de la venta quedó sobre la mesa en una reunión reciente de la que tomaron parte los ministros de Desarrollo Productivo y Trabajo de Santa Fe, Gustavo Puccini y Roald Báscolo, y los senadores Felipe Michlig, Alcides Calvo, Leonardo Diana y Hugo Rasetto. Del encuentro también tomaron parte Gonzalo y Alejandro Espiñeira, integrantes de la familia propietaria de Lácteos Verónica.

Según medios en esa provincia, los representantes de la empresa aseguraron que «se encuentran trabajando en distintas opciones para garantizar la continuidad de la firma».

«Entre las alternativas mencionadas se destacan la posibilidad de una venta total o parcial de la compañía, así como la búsqueda de financiamiento para reactivar la producción. Si bien no se brindaron definiciones concretas, desde el sector político remarcaron la necesidad de que la empresa tome una decisión clara en el corto plazo para evitar mayores incertidumbres y especulaciones en torno a su futuro», indicaron las fuentes.

El parate de Lácteos Verónica viene impactando de manera directa en Suardi, Lehmann y Totoras, las localidades de Santa Fe donde se ubican las plantas de la compañía. En línea con eso, Leandro Gastaldi, actual intendente de Suardi, cargó duro contra los dueños de Lácteos Verónica declarando que el freno actual de la lechera fue programado con una anticipación de al menos dos años.

«Ya antes de asumir sabíamos que nos íbamos a enfrentar a esta problemática. Es un conflicto que se viene hablando desde hace dos años», aseguró, en dichos a LT9.

«Con el diario del lunes, creo que fue una empresa que estuvo programando esto para salir lo más ileso posible, pero jodiendo a mucha gente en el camino», añadió. El mandatario municipal aseguró que, por efecto del freno en la actividad de Lácteos Verónica, sólo en Suardi dejaron de circular alrededor de $220 millones mensuales.

«Han dejado de circular $220 millones mensuales que antes iban a la panadería, la carnicería y el supermercado. El drama social es enorme porque un empleado de 55 años difícilmente pueda rehacer su vida laboral hoy», enfatizó.

Al mismo tiempo, Gastaldi expuso que los propietarios de Lácteos Verónica también llevan tiempo rechazando a potenciales interesados en su estructura productiva. «Hubo oferentes interesados, como la firma Bresialat, que ofrecían el dinero real por el que estaban tasadas las plantas, pero a todos se les dijo que no», destacó.

«Si no vendieron antes sin conflicto, ¿por qué lo harían ahora? La vía es exigir la venta o avanzar hacia una expropiación por el término de dos años bajo una forma de alquiler», concluyó.

SanCor y la quiebra con continuidad

Por el lado de SanCor, Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, declaró en las últimas horas que la compañía acumulaba una «insolvencia estructural» por lo que su quiebra «se veía venir».

«Ya hay una decisión judicial que es la quiebra, pero con continuidad. Ojalá que aparezca un inversor para que los puestos de trabajo no se pierdan. No están las ayudas quizás mágicas como antes o acuerdos que también la terminaron más perjudicando que beneficiando», argumentó.

En paralelo a estos dichos, la Cooperativa Eléctrica de Gálvez, una de las proveedoras de la unión de cooperativas, acaba de informar que SanCor acumula una deuda de años con esa institución y que el monto se ubica por encima de los 170 millones de pesos.

Mientras tanto, la Justicia pidió un listado de trabajadores para la custodia de las seis plantas de la lechera y el gremio ATILRA desplegó 178 operarios.

La medida de establecer guardias en los activos de la láctea fue establecida por Marcelo Gelcich, juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Rafaela. El magistrado dispuso la elaboración de una nómina de trabajadores «fundamentales» para el mantenimiento de las instalaciones de SanCor.

De acuerdos a fuentes especializadas como Bichos de Campo, «el listado de personal indispensable para sostener la continuidad mínima de las plantas en actividad y garantizar el mantenimiento, llegó luego de las visitas raudas del juez y los síndicos en cada una de las localidades».

«De los 178 trabajadores, 154 pertenecen a producción y 24 a soporte administrativo y técnico. La planta de Sunchales concentra 101 empleados, a pesar de ser una de las plantas de menor actividad en los últimos meses, pero la que más interés representa en las intenciones del gremio, además de tener en cuenta que allí son casi siete decenas de personas las que cuentan con condición de delegado gremial», se indicó.

La misma fuente subrayó que «en todas las plantas se le dio prevalencia a la continuidad en el cobro de salarios y actividad a quienes se los conoce internamente como «asambleístas», que son aquellos trabajadores que formaron parte estructural de los bloqueos a SanCor que se iniciaron en octubre de 2023 y en casos como Sunchales se extendieron por diez meses». En la empresa aún resta por definir qué pasará con el destino de casi 800 puestos de trabajo.