ECONOMIA
El derrumbe de dos gigantes lácteos: deudas multimillonarias y denuncias de cierre programado
La situación de derrumbe que atraviesan Lácteos Verónica y la emblemática SanCor sigue sumando capítulos y, a la decisión de las compañías de frenar la producción o, como en el caso de la unión de cooperativas, caer directamente en la quiebra, ahora se le añaden denuncias de maniobras de presuntos cierres programados con amplia anticipación, deudas multimillonarias con proveedores y meses de sueldos impagos e incertidumbre laboral. En el caso de la primera, la dirigencia política de uno de los distritos afectados por el parate de la láctea aseguró que la familia Espiñeira, actuales dueños de Lácteos Verónica, habría establecido hace dos años su decisión de buscar el traspaso de sus activos. Por el lado de SanCor, la Justicia pidió un listado de trabajadores para la custodia de las seis plantas de la lechera y el gremio ATILRA desplegó 178 operarios. La continuidad de otros casi 800 empleos continúan en vilo.
Por estos días, Lácteos Verónica acumula 5 meses de parálisis en sus plantas en Santa Fe, adeuda más de tres meses completos a su dotación de 700 empleados y suma casi 4.000 cheques emitidos sin fondos. Ahora, representantes del gobierno santafesino, legisladores y hasta los mismos Espiñeira, la familia aún propietaria de la lechera, mantienen conversaciones para encontrar una salida a la situación de Lácteos Verónica.
Duras acusaciones contra los dueños de Lácteos Verónica
La posibilidad de la venta quedó sobre la mesa en una reunión reciente de la que tomaron parte los ministros de Desarrollo Productivo y Trabajo de Santa Fe, Gustavo Puccini y Roald Báscolo, y los senadores Felipe Michlig, Alcides Calvo, Leonardo Diana y Hugo Rasetto. Del encuentro también tomaron parte Gonzalo y Alejandro Espiñeira, integrantes de la familia propietaria de Lácteos Verónica.
Según medios en esa provincia, los representantes de la empresa aseguraron que «se encuentran trabajando en distintas opciones para garantizar la continuidad de la firma».
«Entre las alternativas mencionadas se destacan la posibilidad de una venta total o parcial de la compañía, así como la búsqueda de financiamiento para reactivar la producción. Si bien no se brindaron definiciones concretas, desde el sector político remarcaron la necesidad de que la empresa tome una decisión clara en el corto plazo para evitar mayores incertidumbres y especulaciones en torno a su futuro», indicaron las fuentes.
El parate de Lácteos Verónica viene impactando de manera directa en Suardi, Lehmann y Totoras, las localidades de Santa Fe donde se ubican las plantas de la compañía. En línea con eso, Leandro Gastaldi, actual intendente de Suardi, cargó duro contra los dueños de Lácteos Verónica declarando que el freno actual de la lechera fue programado con una anticipación de al menos dos años.
«Ya antes de asumir sabíamos que nos íbamos a enfrentar a esta problemática. Es un conflicto que se viene hablando desde hace dos años», aseguró, en dichos a LT9.
«Con el diario del lunes, creo que fue una empresa que estuvo programando esto para salir lo más ileso posible, pero jodiendo a mucha gente en el camino», añadió. El mandatario municipal aseguró que, por efecto del freno en la actividad de Lácteos Verónica, sólo en Suardi dejaron de circular alrededor de $220 millones mensuales.
«Han dejado de circular $220 millones mensuales que antes iban a la panadería, la carnicería y el supermercado. El drama social es enorme porque un empleado de 55 años difícilmente pueda rehacer su vida laboral hoy», enfatizó.
Al mismo tiempo, Gastaldi expuso que los propietarios de Lácteos Verónica también llevan tiempo rechazando a potenciales interesados en su estructura productiva. «Hubo oferentes interesados, como la firma Bresialat, que ofrecían el dinero real por el que estaban tasadas las plantas, pero a todos se les dijo que no», destacó.
«Si no vendieron antes sin conflicto, ¿por qué lo harían ahora? La vía es exigir la venta o avanzar hacia una expropiación por el término de dos años bajo una forma de alquiler», concluyó.
SanCor y la quiebra con continuidad
Por el lado de SanCor, Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, declaró en las últimas horas que la compañía acumulaba una «insolvencia estructural» por lo que su quiebra «se veía venir».
«Ya hay una decisión judicial que es la quiebra, pero con continuidad. Ojalá que aparezca un inversor para que los puestos de trabajo no se pierdan. No están las ayudas quizás mágicas como antes o acuerdos que también la terminaron más perjudicando que beneficiando», argumentó.
En paralelo a estos dichos, la Cooperativa Eléctrica de Gálvez, una de las proveedoras de la unión de cooperativas, acaba de informar que SanCor acumula una deuda de años con esa institución y que el monto se ubica por encima de los 170 millones de pesos.
Mientras tanto, la Justicia pidió un listado de trabajadores para la custodia de las seis plantas de la lechera y el gremio ATILRA desplegó 178 operarios.
La medida de establecer guardias en los activos de la láctea fue establecida por Marcelo Gelcich, juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Rafaela. El magistrado dispuso la elaboración de una nómina de trabajadores «fundamentales» para el mantenimiento de las instalaciones de SanCor.
De acuerdos a fuentes especializadas como Bichos de Campo, «el listado de personal indispensable para sostener la continuidad mínima de las plantas en actividad y garantizar el mantenimiento, llegó luego de las visitas raudas del juez y los síndicos en cada una de las localidades».
«De los 178 trabajadores, 154 pertenecen a producción y 24 a soporte administrativo y técnico. La planta de Sunchales concentra 101 empleados, a pesar de ser una de las plantas de menor actividad en los últimos meses, pero la que más interés representa en las intenciones del gremio, además de tener en cuenta que allí son casi siete decenas de personas las que cuentan con condición de delegado gremial», se indicó.
La misma fuente subrayó que «en todas las plantas se le dio prevalencia a la continuidad en el cobro de salarios y actividad a quienes se los conoce internamente como «asambleístas», que son aquellos trabajadores que formaron parte estructural de los bloqueos a SanCor que se iniciaron en octubre de 2023 y en casos como Sunchales se extendieron por diez meses». En la empresa aún resta por definir qué pasará con el destino de casi 800 puestos de trabajo.
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Más allá de su presencia en los escenarios, Pablito Lescano no se quedó atrás con el boom de nuevos alfajores y lanzó ATR, el alfajor de Damas Gratis
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Los nuevos alfajores de Pablito Lescano, el líder de Damas Gratis
Alfajor ATR de Pablito Lescano: las dos versiones, precio y packaging exclusivo
- Variedades: El producto se presenta en dos versiones clásicas. Por un lado, la variante negra, con tapas rellenas de abundante dulce de leche, baño inferior de chocolate y cobertura exterior semiamarga; por el otro, la versión blanca, con el mismo relleno tradicional y baño de repostería blanco.
- Presentación mixta: El alfajor viene en una caja exhibidora de 12 unidades de 80 gramos cada una, combinando en un mismo empaque ambas versiones (blanco y negro).
- Diseño y precio: El packaging exhibe la firma impresa de «Pablito» junto a sus frases más icónicas como «¡A todo relleno, perro!». La caja completa de 12 unidades se comercializa a un precio de $18.000.
Dónde comprar el Alfajor ATR de Pablito Lescano
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ECONOMIA
Alerta por el crecimiento de ciberataques en América Latina: el antecedente que encendió alarmas y qué pasa en la Argentina
Más de 18,5 millones de ciberataques al año ponen a prueba las defensas digitales de América Latina, una región donde gobiernos, empresas y servicios públicos dependen cada vez más de sistemas conectados, mientras avanzan nuevas formas de intrusiones vinculadas al uso de inteligencia artificial de las que la Argentina no escapa.
El dato surge de un informe de Digi Americas al que accedió Infobae y que ubicó a la ciberseguridad entre los desafíos centrales de la transformación digital regional. El documento señaló que la frecuencia y la complejidad de los ataques crecen al mismo tiempo que los países amplían sus servicios virtuales, modernizan áreas del Estado e incorporan infraestructura de nube e inteligencia artificial.
La situación combina riesgos y oportunidades. La región todavía presenta diferencias en materia de conectividad, infraestructura, regulación y formación de especialistas. A la vez, buena parte de sus ecosistemas digitales se encuentra en expansión, lo que abre la posibilidad de incorporar desde el inicio herramientas de seguridad, sistemas interoperables y planes de respuesta ante incidentes.
El reporte advirtió que solo siete de los 32 países de América Latina cuentan con marcos regulatorios para proteger sus servicios esenciales. Además, apenas 20 conformaron Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, conocidos como CSIRT.
La diferencia entre la cantidad de ataques y las capacidades disponibles para responder expone una de las principales brechas de la región. Un incidente informático no se limita a una computadora bloqueada o a una base de datos inaccesible. Puede retrasar pagos, trabar trámites, interrumpir comunicaciones, afectar la atención sanitaria o generar dificultades en sectores vinculados con la energía y el comercio exterior. Esa es una de las razones por las que la protección de la infraestructura crítica se convirtió en una prioridad para los gobiernos de la región.
El ransomware, las filtraciones de datos, los fraudes digitales y la actividad patrocinada por Estados forman parte de un escenario que alcanza tanto al sector público como al privado. El análisis sostuvo que estas amenazas ganan frecuencia y complejidad, con una demanda creciente de infraestructura segura, capacidades técnicas y alianzas confiables.
Los antecedentes
Dos antecedentes recientes permiten dimensionar el impacto de este tipo de incidentes. El caso de Costa Rica expuso hasta dónde puede escalar una intrusión contra sistemas públicos. El ataque de ransomware de 2022 afectó organismos estatales y obligó a suspender o limitar plataformas vinculadas con impuestos, aduanas y otros trámites. Este tipo de programas maliciosos bloquea o cifra sistemas y archivos para exigir un pago a cambio de recuperarlos o evitar la difusión de datos robados. La disrupción llevó al país a declarar una emergencia nacional.
El 17 de abril de 2022, Costa Rica sufrió un ataque digital que alcanzó el corazón de su administración pública. El grupo Conti irrumpió en los servidores del Ministerio de Hacienda, dejó fuera de servicio la plataforma tributaria virtual y el sistema aduanero, y luego extendió la ofensiva a otros organismos. La información fiscal de ciudadanos y empresas quedó en riesgo. Los atacantes exigieron 20 millones de dólares para no divulgar los archivos robados.
La crisis se agravó el 31 de mayo, cuando el grupo Hive atacó a la Caja Costarricense de Seguro Social. La institución apagó sus sistemas críticos para contener la intrusión: quedaron suspendidos el Expediente Digital Único en Salud y la plataforma central de recaudación. Médicos perdieron acceso a historiales clínicos, docentes no pudieron cobrar sus salarios y los trámites fiscales, aduaneros y sanitarios quedaron paralizados. En las primeras 48 horas, el impacto económico se estimó en 125 millones de dólares.
El Gobierno rechazó los rescates y calificó a los grupos como “terroristas”. El 8 de mayo, el presidente decretó la emergencia nacional y afirmó que el país se encontraba en un “estado de guerra”. La recuperación demandó meses y requirió apoyo técnico de empresas y distintos países. Washington ofreció 10 millones de dólares por información sobre los líderes de Conti, mientras que Hive fue desarticulado en enero de 2023 tras una operación coordinada entre Europol y autoridades de Alemania, Países Bajos y Estados Unidos.
La recuperación requirió restablecer procesos, sostener mecanismos manuales mientras permanecían fuera de línea algunos sistemas y destinar recursos a la reconstrucción tecnológica. El episodio dejó una señal para el resto de América Latina: la respuesta ante un ataque depende de la capacidad de mantener servicios activos, recuperar información y coordinar a los organismos involucrados.
En 2023, un ataque contra IFX Networks afectó a 78 entidades públicas y a más de 760 empresas privadas de la región. El episodio dejó en evidencia que una vulnerabilidad en la infraestructura tecnológica puede extenderse más allá de una organización o de un país.
Los dos casos reforzaron la necesidad de contar con redes preparadas para sostener servicios y equipos capaces de coordinar una respuesta rápida. Para Digi Americas, la resiliencia digital depende de combinar conocimientos locales, información global sobre amenazas, herramientas tecnológicas y cooperación entre actores públicos y privados.
Los nuevos desafíos
La expansión de la inteligencia artificial incorpora una variable adicional. La tecnología ya transforma las tareas de ciberseguridad: permite detectar señales de riesgo, analizar amenazas en tiempo real y automatizar parte de las respuestas frente a incidentes.
Estas capacidades pueden ayudar a proteger sistemas estratégicos y servicios digitales. Sin embargo, desde Digi Americas plantearon que los gobiernos y las empresas también deben adaptar sus políticas y operaciones a las amenazas vinculadas con la IA, además de resguardar la información sensible y definir reglas para el uso de datos y modelos.
El acceso a capacidad de cómputo, servicios de nube, especialistas y sistemas de seguridad avanzados será un factor relevante para los países que busquen adoptar estas herramientas. Varios gobiernos latinoamericanos ya desarrollan o evalúan estrategias nacionales de inteligencia artificial.
La importancia de la cooperación
Una respuesta efectiva depende de que los países intercambien alertas, datos técnicos y mecanismos de acción frente a incidentes. Los atacantes operan a través de las fronteras, por lo que una señal detectada en un país puede ayudar a prevenir daños en otro. Para Digi Americas, esa cooperación puede mejorar tanto la detección como la capacidad de reacción.
El reporte advirtió que la concentración de sistemas críticos o datos sensibles en un único lugar puede crear un punto de falla y aumentar la exposición a ataques, espionaje, sabotajes o interrupciones de servicios. En esa línea, propuso reforzar el cifrado, la gestión de identidades y accesos, la seguridad desde el diseño, la gobernanza de datos y la diversificación de proveedores y plataformas.
Cómo es el caso argentino
En la Argentina, el Gobierno avanza con un plan para reforzar la protección del sector público nacional y de las infraestructuras críticas ante robos de datos, fraudes, ransomware e interrupciones de servicios. La estrategia incluye la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) nacional, que concentrará alertas de organismos públicos y compartirá información sobre amenazas detectadas.
El proyecto, a cargo del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), también contempla la compra de inteligencia sobre amenazas, servidores, programas y otros equipos. La previsión oficial es que el centro comience a funcionar a principios de 2027, aunque el cronograma depende de procesos de compra y de la disponibilidad internacional de infraestructura tecnológica.
El otro problema es que el Estado todavía no tiene una fotografía completa de lo que ocurre. CERT.ar recibió entre 200 y 400 incidentes por año en períodos recientes y ya superó los 700 casos en 2026. Desde el CNC aclaran que el aumento no alcanza para concluir que hubo más ataques: también puede reflejar una mayor detección o notificación. Lo que sí persiste es un subregistro que dificulta dimensionar el riesgo.
Para mejorar esa capacidad de detección, en febrero el CNC dispuso que las agencias de la administración pública nacional designen responsables de ciberseguridad, elaboren planes de recuperación ante desastres e inventaríen sus sistemas de acuerdo con su nivel de criticidad. Cada organismo deberá definir, además, cuánto tiempo puede sostener una interrupción y qué volumen de información podría perder ante un incidente.
El plan prevé un modelo de madurez para que las dependencias identifiquen vulnerabilidades, establezcan prioridades y presenten planes de mejora. También incluye oficiales de enlace del CNC en organismos estatales e infraestructuras críticas, con el objetivo de acompañar la aplicación de estándares y los diagnósticos internos.
Otra de las herramientas proyectadas es una “ciberarena”, una plataforma para recrear ataques y fallas en entornos similares a los reales. Allí podrán simularse redes, centros de monitoreo, equipos de seguridad y controles industriales vinculados con áreas como energía y salud, para evaluar las respuestas de los equipos técnicos.
La capacitación tendrá dos niveles: uno destinado al conjunto de los empleados públicos, centrado en la prevención de estafas y campañas de phishing, y otro dirigido a autoridades, desarrolladores y especialistas. El CNC tiene competencia sobre el sector público nacional y las infraestructuras críticas; con provincias, municipios y empresas privadas, busca establecer mecanismos de colaboración y acuerdos con entes reguladores.
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ECONOMIA
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