El Gobierno avanzó con una nueva venta de activos inmobiliarios y puso en marcha el proceso para desprenderse de un terreno en uno de los sectores con mayor desarrollo de Palermo. La operación se realizará mediante una subasta pública organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que autorizó la convocatoria, aprobó el procedimiento de venta y fijó el precio de referencia para el inmueble.

El predio está ubicado sobre la avenida Córdoba 5405/11, en la Ciudad de Buenos Aires, tiene una superficie de 1.155,72 metros cuadrados y saldrá a subasta con un precio base de USD 4.332.155, según la resolución publicada este jueves por la AABE.

La venta se desarrollará a través del sistema electrónico SUBAST.AR. Los interesados podrán inscribirse hasta el 5 de agosto a las 12, mientras que la puja electrónica se realizará el 13 de agosto a las 14.

El terreno está emplazado en un punto de gran valor dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre la avenida Córdoba, en Palermo, combina una ubicación con buena conectividad y cercanía a una variada oferta de comercios, gastronomía y espacios corporativos.

De acuerdo con la resolución, la convocatoria respondió a un requerimiento formulado por la Dirección de Asuntos Comunitarios, dependencia que solicitó avanzar con la venta del inmueble luego de los distintos pasos administrativos previstos para este tipo de operaciones.

La medida recordó que la AABE ejerce la administración de los bienes inmuebles del Estado nacional desde su creación mediante el Decreto 1.382 de 2012, que la constituyó como organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y le otorgó la función de administrar, centralizar y disponer de los inmuebles nacionales cuando esa competencia no corresponde a otros organismos.

Antes de autorizar la subasta, la Agencia avanzó con otro paso administrativo. Mediante la Resolución 78, del 18 de mayo, desafectó el inmueble de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, lo que permitió continuar con el proceso de venta.

Como parte del expediente administrativo, también intervino la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, que informó que el terreno carece de valor patrimonial, por lo que no registró condicionamientos vinculados con la preservación histórica.

Uno de los pasos centrales del procedimiento correspondió al Tribunal de Tasaciones de la Nación, que realizó la valuación oficial del inmueble durante una reunión celebrada el 12 de mayo. El organismo determinó un valor venal de $6.130 millones, equivalente a USD 4.332.155, tomando un tipo de cambio de $1.415 por dólar vigente en la fecha de la tasación. El dictamen indicó que la valuación consideró el terreno desocupado y libre de mejoras.

En ese mismo documento, el Tribunal informó además un valor base de venta de $5.517 millones, equivalente a USD 3.898.939, calculado con el mismo tipo de cambio y conforme a su procedimiento interno. Sin embargo, la Dirección de Asuntos Comunitarios solicitó posteriormente que la subasta se realizara con una base de USD 4.332.155, cifra que coincide con el valor venal determinado por el Tribunal de Tasaciones.

El pliego de bases y condiciones también estableció una serie de obligaciones para quien resulte adjudicatario del terreno. La principal consiste en desarrollar un proyecto inmobiliario en el predio, ya que la venta quedó sujeta a un cargo de construcción.

Según la documentación oficial, el comprador deberá ejecutar una obra permanente que represente al menos el 60% de la capacidad edificable permitida por la normativa urbanística vigente para el inmueble. Además, tendrá un plazo máximo de tres años para iniciar los trabajos y de ocho años para finalizarlos y obtener la habilitación correspondiente. Ambos plazos comenzarán a correr desde la inscripción del dominio a nombre del adjudicatario.

La AABE también fijó sanciones económicas para el caso de que esos compromisos no se cumplan. Si la obra no comienza o no finaliza dentro de los plazos previstos, el organismo podrá aplicar una multa mensual equivalente al 1% del valor base de la subasta durante el primer año de demora. A partir del decimotercer mes, esa penalidad aumentará al 2% mensual y se mantendrá hasta que se cumpla con la obligación de construir.

El adjudicatario también deberá acreditar ante la Agencia el avance de la obra, aportar toda la documentación que le sea requerida y permitir inspecciones sobre el inmueble para verificar el cumplimiento del cronograma comprometido. Además, asumirá por su cuenta la obtención de todos los permisos y autorizaciones necesarios para desarrollar el proyecto.

Otra de las condiciones incluidas en el pliego establece que el inmueble se venderá desocupado y en el estado en que se encuentra, mientras que cualquier regularización dominial, catastral, constructiva o registral que resulte necesaria quedará a cargo del comprador. A su vez, todos los gastos de escrituración, tasas, impuestos y honorarios derivados de la operación también serán afrontados por el adjudicatario.

Las condiciones en las que viven las personas no dependen solo de sus ingresos, sino también del lugar donde residen. Un nuevo informe de la Fundación Tejido Urbano elaboró un ranking de las 80 ciudades argentinas con más de 50.000 habitantes según su situación habitacional, y los resultados confirman una brecha profunda entre el norte del país y la franja central: mientras algunas ciudades intermedias de la región pampeana muestran indicadores relativamente sólidos, varias urbes del noroeste y noreste registran déficits en casi todas las variables analizadas.

El trabajo construyó un Índice de Hábitat Urbano (IHU) que va de 0 a 10 —donde 0 es la peor situación y 10 la ideal— e integra siete aspectos de medición: hacinamiento, viviendas irrecuperables, viviendas compartidas por más de un hogar, viviendas con deficiencias recuperables, falta de acceso a servicios básicos, irregularidad en la tenencia y falta de acceso a la propiedad. El valor promedio para el conjunto de ciudades analizadas fue de 6,2 puntos. De las 80 ciudades relevadas, 27 quedaron por debajo de ese umbral y 53 por encima.

El informe se construyó a partir de datos del Censo 2022 del Indec y forma parte de una serie de trabajos anteriores que ya habían analizado la situación habitacional a nivel nacional y provincial. Como punto de partida, Tejido Urbano recuerda que, del total de 14,6 millones de hogares urbanos censados en 2022, 10,7 millones —el 73%— presentan algún tipo de problema habitacional.

En el extremo inferior del ranking se ubican Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán, Clorinda, Perico, Presidencia Roque Sáenz Peña, Puerto Iguazú y Formosa, todas con menos de 5 puntos en el IHU. Estas ciudades acumulan déficits simultáneos en hacinamiento, viviendas irrecuperables y hogares que comparten una misma unidad con otra familia, lo que el informe identifica como el núcleo más crítico de vulnerabilidad habitacional.

Entre las ciudades de mayor tamaño, también se destacan por sus bajos índices San Miguel de Tucumán (5,3), Santiago del Estero (5,3), el Gran Buenos Aires sin incluir a CABA (5,3), Salta (5,4), Corrientes (5,5) y Resistencia (5,5). En estos casos, el peso demográfico convierte los déficits en problemas de mayor escala.

El informe advierte además que muchas de las ciudades con problemas materiales severos también presentan altos niveles de irregularidad en la tenencia de la vivienda. En Clorinda, Puerto Iguazú, Perico, Tartagal y Orán, entre otras, el puntaje en ese subíndice es 0, lo que implica que más de la mitad de los hogares carece de documentación adecuada sobre su vivienda. “A los problemas materiales se suma la precariedad en las modalidades de tenencia, lo que puede limitar procesos de formalización dominial y restringir oportunidades de acceso al financiamiento”, señala el informe.

En el extremo opuesto, las ciudades con mejor IHU son mayormente intermedias y están ubicadas en el centro del país. Río Tercero, San Francisco, General Pico, Villa María y Tres Arroyos encabezan el ranking, aunque ninguna supera los 8 puntos sobre 10, lo que da cuenta de que incluso las mejor posicionadas registran déficits en alguna de las dimensiones analizadas.

Entre los grandes aglomerados urbanos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la que mejor posición relativa tiene, seguida por Rawson-Trelew, Mar del Plata, Bahía Blanca y Viedma-Carmen de Patagones, con índices de entre 7 y 8 puntos. Mendoza (6,8), Rosario (6,6) y Córdoba (6,3) se ubican levemente por encima del promedio nacional, aunque Córdoba aparece con déficits importantes en el acceso a servicios básicos.

La falta de acceso a agua potable de red y a cloacas es uno de los aspectos que el informe identifica como más extendidos y, a la vez, más independientes del nivel general de vulnerabilidad. A diferencia del hacinamiento o las viviendas irrecuperables —que tienden a concentrarse en las ciudades del norte—, el déficit de servicios básicos aparece de manera dispersa en todo el país, incluso en ciudades con buenas condiciones habitacionales en otros aspectos.

Entre las ciudades con mayor déficit en este subíndice figuran Eldorado, Puerto Iguazú, La Costa, Presidencia Roque Sáenz Peña, Oberá, Venado Tuerto, Santiago del Estero, Villa Carlos Paz, Clorinda, Córdoba y el Gran Buenos Aires, todas con un puntaje de 0 en este componente, lo que significa que más de la mitad de sus hogares no tienen acceso completo a estos servicios.

El informe atribuye esta particularidad a una lógica diferente a la que explica otros déficits: “Mientras los problemas de materiales y tenencia de la vivienda tienen que ver con la situación socioeconómica de las familias, la falta de servicios básicos se asocia más bien a problemas de planificación urbana, y particularmente a la modalidad de expansión desordenada sin su correspondiente correlato con la infraestructura”. Los casos de La Costa y Villa Carlos Paz son citados como ejemplos de ciudades con baja vulnerabilidad en otros aspectos pero con deficiencias severas en infraestructura de servicios.

El hacinamiento crítico —definido como más de tres personas por cuarto— afecta en mayor proporción a ciudades del norte. Tartagal, Perico, Goya, Formosa y Clorinda registran los subíndices más bajos en esta dimensión, con más del 4% de los hogares en esa situación. En contraste, ciudades como San Francisco, CABA, General Pico, Santa Rosa, Tandil y Mar del Plata presentan subíndices superiores a 8,5, con tasas de hacinamiento crítico por debajo del 1,5% de los hogares.

En cuanto a las viviendas irrecuperables —ranchos, casillas, piezas de inquilinato o pensión que no pueden ser mejoradas con refacciones—, Tartagal y Orán tienen el subíndice más bajo posible: 0. Allí, más del 13% de los hogares habita en ese tipo de estructuras. Presidencia Roque Sáenz Peña, Puerto Iguazú y Concordia también están entre las peores posicionadas en este aspecto.

Uno de los hallazgos que el informe destaca es la relación inversa entre el déficit habitacional clásico y la proporción de hogares inquilinos. Las ciudades que encabezan el ranking por falta de acceso a la propiedad —entendida como la dependencia del alquiler— son precisamente algunas de las mejor posicionadas en el resto de los indicadores: Villa María, Villa Carlos Paz, CABA, San Francisco, Rafaela y Tandil, donde más del 30% de los hogares alquila.

El informe aclara que el alquiler “puede ser una opción elegida”, pero señala que la propiedad de la vivienda tiene ventajas en términos de seguridad patrimonial y que la proporción de inquilinos viene creciendo de manera generalizada en todo el país. En ciudades con presencia de universidades, empleo estacional o crecimiento reciente, el mercado de alquiler responde a una dinámica propia, aunque eso no neutraliza las implicancias de fondo sobre el acceso al patrimonio familiar.

En medio de un nivel morosidad récord, el Banco Nación incorporó una nueva herramienta para refinanciar las obligaciones de consumo en situación irregular. La herramienta podrá ser utilizada por trabajadores, jubilados y microempresas.

En el marco de su “Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad”, la propuesta de la entidad busca ampliar las opciones de refinanciación disponibles y ofrecer un instrumento que permita ordenar compromisos vencidos, facilitar la recuperación de la capacidad de pago y sostener el cumplimiento de las obligaciones en el tiempo.

La línea, que contempla la posibilidad de refinanciar deudas originadas en pesos o en UVA (bajo modalidad UVA, con actualización por CER), está dirigida a dos segmentos de usuarios:

• Personas humanas en actividad laboral, jubilados y/o pensionados que perciban sus haberes a través del Banco Nación.
• Autónomos, monotributistas y usuarios que no cobren sus haberes en la entidad.
• Podrán incluirse deudores monoproducto asistidos bajo las reglamentaciones destinadas al segmento Microempresas/Emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo

Entre sus principales características, contempla un plazo de hasta 120 meses y amortización mensual por sistema francés.

La tasa de interés será diferencial según el perfil del usuario: quienes perciban sus haberes a través del Banco accederán a una Tasa Nominal Anual fija del 12%, mientras que para el resto de los usuarios será del 14%. “Para mantener la tasa preferencial, el interesado deberá conservar el cobro de sus haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo”, aclaró el comunicado oficial.

Además, quienes ya cobran en el banco podrán optar por incorporar un tope de cuota por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), mediante la contratación de una prima. Esta opción permite que, en caso de que la cuota calculada por UVA supere la evolución determinada por el CVS, se aplique como referencia el tope asociado a dicho índice.

La opción estará vigente a partir del lunes 29 de junio, y para solicitar esta refinanciación o para recibir más información, los clientes deberán acercarse a las sucursales del banco.

Esta nueva herramienta se suma a las líneas lanzadas en mayo de unificación de deudas para personas humanas con cuotas vencidas e impagas en el BNA. Las alternativas anunciadas en forma previa para regularizar deudas son:

• Consolidación de deudas: dirigida a quienes cobran sus ingresos (salarios, jubilaciones o pensiones) a través del Banco Nación, esta opción posibilita unificar deudas financieras tanto en esa entidad como en otras, simplificando la gestión de compromisos y la planificación de pagos. La propuesta ofrece tasa fija, plazo máximo de 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y permite acceder a montos de hasta $100 millones.
• Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito: disponible para usuarios que presentan hasta 90 días de mora en el pago de tarjetas de crédito emitidas por la entidad. Permite reprogramar deudas de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35 por ciento. La modalidad prevé la continuidad de la tarjeta, el comienzo del pago en cuotas a partir del siguiente resumen y ajustes temporales en los límites de compra. En casos de mora superior a 90 días, el Banco ofrece opciones de financiamiento para extender los pagos hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones establecidas.
• Evaluación personalizada: Cada pedido se evalúa de forma particular por los equipos especializados del Banco, que tienen en cuenta el perfil del cliente, su situación económica y los detalles de las deudas a reestructurar. Este método posibilita brindar opciones ajustadas a cada caso, favoreciendo una gestión responsable de los compromisos financieros.

Cabe recordar que la mora de los préstamos bancarios a las familias alcanzó el 12,1% del total de créditos en abril, el nivel más alto en más de 20 años. El indicador se triplicó en los últimos doce meses y avanzó 0,5 puntos porcentuales respecto de marzo. Según estimaciones de 1816, más de 5,3 millones de personas ya tienen al menos un crédito en situación irregular.