El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea comenzaron a regularizar el pago de contribuciones patronales que se derivan a la obra social de los militares, lo que permitiría reducir la elevada deuda de $212.000 millones que mantiene paralizadas las prestaciones y el alcance de las coberturas médicas.

Fuentes de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), la nueva estructura que sucedió al debilitado Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), informaron a que las Fuerzas Armadas comenzaron a hacer frente al pago de unos $80.000 millones, que equivalen al 40% de la deuda.

La suma restante, precisaron, corresponde a contribuciones impagas de la Gendarmería y la Prefectura, que tras la división de Iosfa dispuesta por el Gobierno en febrero, pasaron a integrar la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffseg), que prestará cobertura social mediante acuerdos con una empresa de medicina prepaga.

Con el desdoblamiento, la Obra Social de las Fuerzas Armadas tiene un plantel de 343.000 afiliados y la Osffseg contará con 187.000.

Pese a la consulta de , en el Ministerio de Defensa no explicaron de dónde salieron los fondos de las Fuerzas Armadas para cubrir la deuda con la obra social. El ministro del área, teniente general Carlos Presti, había anunciado en diciembre pasado que el Estado se haría cargo del pasivo, lo que hasta ahora no se concretó en su totalidad.

“Se paga con el presupuesto de las Fuerzas Armadas porque en el Ministerio de Economía se negaron a asumir la totalidad de la deuda”, sostuvo una fuente militar, al insistir en que todavía no se cubrió la mayor parte del pasivo, que corresponde a las fuerzas de seguridad.

Respecto de la suma aportada por las Fuerzas Armadas, voceros de la obra social señalaron que “se realizó un relevamiento integral de la situación financiera que permitió identificar una deuda acumulada desde 2017, originada en diferencias en la liquidación de aportes y contribuciones de las cinco fuerzas integrantes de la obra social”.

Esa deuda se acumuló porque las Fuerzas Armadas realizaban los aportes y contribuciones sobre el salario en blanco, sin tener en cuenta otras sumas remunerativas que formaban parte de las remuneraciones, lo que generó el monto que ahora se deriva a la obra social. “Con ese error que ahora se corrige se cubren las pésimas gestiones de Oscar Sagás y Roberto Fiochi en Iosfa, en los dos años de gestión del entonces ministro Luis Petri”, advirtió una fuente de la entidad.

Por el momento, se mantienen en varias partes del país los cortes de prestaciones, incluso en casos de atenciones de alta complejidad, según denuncias que se activan en redes sociales.

“Recién viene ingresando la plata desde la semana pasada. Lo que se cobró es un tercio de la deuda, por lo que están llamando a prestadores y renegociando el resto de lo que se debe”, precisó una fuente que conoce el día a día de la obra social.

Un comunicado de la cartera que conduce Presti informó que “a partir del trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y la conducción de la obra social se avanzó en el ordenamiento de la situación financiera y en la regularización de pagos, lo que permite ir recuperando y y sostener el funcionamiento del sistema en todas las provincias”.

Así, se especificó que el Ejército saldó la totalidad de su deuda, la Armada avanzó en su regularización y la Fuerza Aérea emitió las órdenes de pago correspondientes, en un proceso que refleja el compromiso de las fuerzas con el sostenimiento del sistema de salud.

En la obra social señalaron que “hay pagos directos a prestadores y proveedores; y otros que son indirectos a todas las provincias, a partir de contar con más fondos de los que se venía disponiendo, para abonar reintegros, medicamentos y prótesis”.

En algunas zonas del país, según pudo advertir , se registran muy pequeños cambios. “El panorama sigue siendo complejo y seguimos sin prestaciones básicas. En el hospital local están dando turnos a 40 días –antes no se conseguían– y hay atención en consultorios, previo cobro de un copago de $18.000. Las atenciones de urgencia cuestan $38.000 la consulta, lo mismo que para las personas sin cobertura social”, explico un oficial retirado en Mar del Plata, donde se asientan principalmente unidades de la Armada, pero también del Ejército y la Fuerza Aérea.

En la obra social OSFA, finalmente, confirmaron que “Queda pendiente de regularización lo correspondiente a la Gendarmería nacional y la Prefectura para consolidar el saneamiento”.

El Gobierno, a través de la Casa Militar, el órgano mixto encargado de la custodia de la Casa Rosada y la residencia oficial de Olivos, denunció penalmente a dos periodistas de la señal televisiva Todo Noticias (TN).

Fue luego de que se difundiera una filmación hecha en el interior de la sede de gobierno. Para las autoridades podría haber delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y cuestiones relacionadas con la seguridad nacional.

La Casa Militar depende de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei, pero desde la sede de gobierno apuntaron a que la decisión de presentar la denuncia fue directamente de los responsables del área, encabezada por el general de Brigada, Sebastián Ibáñez.

En tanto que el presidente, Javier Milei, de viaje en Israel cuando se publicó el material, se hizo eco de lo sucedido a través de las redes. “BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!“, escribió este miércoles por la tarde el mandatario en su cuenta de la red social X, donde viene encadenando insultos contra distintos periodistas.

La denuncia, a la que tuvo acceso , se hizo luego de la emisión del programa, el domingo último, “Y mañana qué”, conducido por Luciana Geuna, en el que se mostraron diferentes áreas de uso común del palacio de gobierno.

La presentación recayó por sorteo en el juzgado federal N°4, de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo. La denuncia fue hecha por Ibáñez y consta de nueve páginas.

Además de Geuna, la acusación alcanzó a Ignacio Salerno, periodista acreditado por TN en la Casa Rosada, a quien, al menos momentáneamente, se le suspendió la acreditación, según pudo saber .

Con la denuncia se asegura que se “procura poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno”. Y se alude a que, “bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial, lo cual expuso a los funcionarios a riesgos injustificados y, probablemente, generó las condiciones para revelar secretos de Estado relacionados con la rutina del señor Presidente y el funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.

Para las autoridades de Casa Militar, “la intromisión, exhibida de forma temeraria en televisión y redes sociales, se apartó groseramente de la reglamentación aplicable”, tras lo que citaron a la Resolución 1319 del año pasado de la Secretaría de Comunicación y Medios. Y que también se “de los estándares de buena práctica profesional correspondientes a l a labor de los cronistas acreditados en la Casa Rosada”.

En el texto presentado en los tribunales federales de Comodoro Py se aseguró que “las conductas que dan origen a esta denuncia representan una amenaza para la seguridad de la Nación, que deberá investigarse en función de los elementos correspondientes a los delitos previstos en los artículos 222 y 223 del Código Penal, o de conformidad con otras figuras afines que puedan acreditarse a lo largo de la investigación (por ej. las disposiciones penales de la ley 25.520)”.

Mientras que los artículos 222 y 223 aluden a la posible comisión de delitos vinculados a la posible revelación de secretos políticos o militares “relativos a la seguridad, defensa o relaciones exteriores de la Nación”, la 25.520 es la Ley Nacional de Inteligencia.

Para explicar la decisión de la suspensión ante la consulta de , en la Casa Rosada aludieron al reglamento con los “lineamientos y generalidades” a las que deben suscribir los acreditados para cumplir sus tareas en el palacio gubernamental y a la resolución de la Secretaría de Comunicación sobre esos puntos. “El reglamento lo marca como falta grave. Causal de expulsión”, argumentaron fuentes libertarias.

En el apartado “C” de uno de sus anexos, bajo el título “Prohibiciones expresas. Falta grave”, se consigna: “En espacios no autorizados especialmente al efecto, se encuentra prohibido transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar. La falta de cumplimiento a está prohibición importará una falta grave”.

A la vez que se agrega que, en caso de “incurrir en DOS (2) o más faltas graves a las condiciones de acceso y normas de convivencia podrá ser considerado causal suficiente para la revocación y/o no renovación de la acreditación otorgada”.

Los detalles de la denuncia

A lo largo de las nueve páginas de la denuncia presentada por Casa Militar se alega que la transmisión denunciada “exhibe ante los espectadores los sistemas de vigilancia, los equipos de comunicación, los dispositivos de control de acceso, y otros componentes del sistema de seguridad que deben mantenerse bajo estricta reserva”.

Allí se detalló el intercambio que se dio en el programa y sostuvieron que “los periodistas reconocieron que los registros obtenidos habían sido furtivos, es decir, que se habían hecho sin conocimiento de los funcionarios y sin autorización de los responsables de la seguridad de la Casa Rosada.”

“Luego de compartir el video, tuvo lugar un insólito intercambio entre los aquí denunciados, que permite poner de relieve la extrema gravedad de lo sucedido”, agregaron. En la denuncia se transcribió el diálogo entre Geuna y Salerno, que se refieren a la pelea interna que atraviesa al Gobierno y que tiene como protagonistas a Karina Milei y Santiago Caputo.

En la denuncia agregaron que “algunas imágenes, aparentemente inocuas, contribuyen a precisar la ubicación de los despachos, de las salas de reunión y de las áreas de tránsito del Presidente de la Nación”. Tras lo que aseguraron que “de esta manera, el material audiovisual podría facilitar la elaboración de inteligencia sobre los movimientos habituales del Primer Mandatario”. Y agregaron: “La difusión se hizo viral a través de las redes sociales, exponiendo detalles estructurales y logísticos de l a Casa de Gobierno, que podrían ser utilizados para vulnerar la seguridad del país en uno de sus principales objetivos estratégicos”.