El analista financiero Javier Timerman afirmó que el Axel Kicillof continúa siendo percibido con desconfianza por los mercados y sostuvo que el peronismo todavía no logró reconstruir la credibilidad que, según su visión, perdió entre los inversores tras el regreso al poder en 2019. En ese contexto, advirtió que una mejora del gobernador bonaerense en las encuestas de cara a las elecciones de 2027 podría traducirse en episodios de volatilidad financiera si no logra modificar esa percepción.

“Kicillof sigue siendo un cuco para los mercados. El mercado, hace ya mucho tiempo, no acepta ninguna propuesta que venga del peronismo”, afirmó Timerman en diálogo con Infobae en Vivo al analizar las expectativas de los inversores de cara al escenario electoral.

El especialista trazó una comparación con las elecciones presidenciales de 2015 para explicar cómo, a su juicio, cambió la relación entre el mercado y el peronismo. Recordó que en aquella elección competían Daniel Scioli, Sergio Massa y Mauricio Macri, y aseguró que los tres eran vistos con buenos ojos por los inversores.

“En 2015 el mercado se sentía cómodo con los tres candidatos, incluso con Scioli, pese a que era el candidato del oficialismo. Existía la percepción de que Scioli no era Cristina Kirchner”, señaló.

Sin embargo, consideró que esa situación se modificó luego de la gestión de Macri y, especialmente, con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia. “El mercado se desencanta de una manera brutal con cualquier alternativa peronista. No encuentra un candidato que le genere la expectativa de continuidad o de políticas más racionales”, sostuvo.

En ese sentido, Timerman recordó la fuerte reacción de los activos argentinos tras las elecciones primarias de 2019, cuando la fórmula encabezada por Fernández se impuso ampliamente sobre el entonces presidente Macri.

“La experiencia de 2019 sigue muy presente. Los activos argentinos llegaron a caer cerca del 70% después de las PASO. Si los mercados empiezan a reaccionar negativamente porque Kicillof sube en las encuestas, también puede aparecer un efecto miedo entre los votantes”, afirmó.

Según explicó, ese temor podría incluso terminar favoreciendo al oficialismo si parte del electorado interpreta que un cambio de signo político implicaría un nuevo episodio de inestabilidad financiera.

Para Timerman, el principal desafío de la oposición peronista pasa por ofrecer mayores precisiones sobre su programa económico. “Al peronismo, a Kicillof o a quien sea, le falta explicar mejor qué es lo que va a hacer y cuál va a ser su relación con el mundo financiero”, indicó.

Además, consideró que los inversores mantienen dificultades para interpretar el escenario argentino y que esa incertidumbre desalienta decisiones de inversión.

“No entienden bien lo que pasa en la Argentina y terminan yendo a otros países donde las reglas son más claras”, sostuvo. Y aclaró que esa incertidumbre no alcanza únicamente a los grandes fondos de inversión, sino también a quienes evalúan tomar un crédito o invertir para ampliar un pequeño emprendimiento.

“El que quiere renovar su fábrica o comprar maquinaria también se pregunta qué va a pasar después de las elecciones, si habrá un cambio radical o si volveremos al péndulo. Esa incertidumbre hace que cueste reactivar”, explicó.

Por último, Timerman señaló que el proceso de reformas impulsado por el presidente Javier Milei también genera costos en distintos sectores de la economía.

“En medio de esta gran transformación que Milei quiere hacer, hay sectores perjudicados, y esa es una realidad que no puede negar nadie. Hasta Messi no la negó”, concluyó.

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El Poder Ejecutivo finalmente puso sobre la mesa un ambicioso proyecto de ley que introduce modificaciones relevantes en las Leyes 27.799 (Inocencia Fiscal), 11.683 (Procedimiento Tributario) y 25.191 (Trabajadores Rurales). Bajo la denominación de «Ley de Inocencia Fiscal II», la iniciativa busca consolidar un sistema tributario más lógico que proteja a los pequeños y medianos contribuyentes. Al mismo tiempo, se aclara que esta simplificación tiene por objeto ordenar el cumplimiento sin flexibilizar los controles estatales sobre aquellos contribuyentes de gran magnitud económica (Grandes Contribuyentes).

Sin embargo, más allá de la propuesta oficial centrada en la simplificación administrativa, la letra de la iniciativa abrió un intenso debate entre tributaristas, contadores y especialistas en compliance: ¿se trata únicamente de una reducción de cargas burocráticas o constituye, en los hechos, una nueva forma de blanqueo de capitales encubierto?

Para responder esa pregunta resulta necesario analizar los principales cambios previstos para los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2025. Aunque el texto evita expresamente términos como «blanqueo» o «exteriorización voluntaria», varias de sus disposiciones generan efectos similares a los observados en regímenes de regularización fiscal anteriores.

Declaración simplificada: quiénes podrán adherir

El corazón de la reforma se encuentra en la creación de un régimen simplificado para la presentación de Ganancias destinado a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. La permanencia en la condición de residente fiscal durante todo el ejercicio constituye un requisito indispensable para acceder a los beneficios previstos. De perderse esa condición, ARCA quedaría habilitada para realizar tareas de fiscalización y eventualmente aplicar sanciones.

Uno de los aspectos más llamativos es la exclusión de los Grandes Contribuyentes Nacionales de los beneficios centrales del esquema. Aunque podrán utilizar la modalidad simplificada para presentar y abonar el impuesto, el proyecto establece que no accederán a las presunciones ni a los efectos especiales previstos para el resto de los contribuyentes.

La decisión parece orientada a concentrar los beneficios en contribuyentes medianos y pequeños, manteniendo mayores controles sobre los grandes patrimonios y empresas de gran escala.

La Ley de Inocencia Fiscal fija nuevas limitaciones a la fiscalización de ARCA

Uno de los puntos que más controversia genera es la fuerte restricción a las facultades de control del organismo recaudador.

El proyecto incorpora una presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas presentadas bajo este régimen. Para cuestionarlas, ARCA deberá demostrar la existencia de una «discrepancia significativa», concepto que el propio texto define de manera particularmente restrictiva.

Según la propuesta, una diferencia sólo será considerada relevante cuando el ajuste fiscal supere el 15% del impuesto determinado por el contribuyente y, además, exceda determinados umbrales vinculados al Régimen Penal Tributario. También se contemplan excepciones vinculadas con facturación apócrifa o ingresos manifiestamente improcedentes.

A ello se suma una posibilidad adicional para neutralizar el cuestionamiento: si el contribuyente presenta una declaración rectificativa dentro de los 15 días hábiles de ser notificado y cancela la diferencia, la discrepancia quedaría subsanada.

La carga de la prueba cambia de manos con la Ley de Inocencia Fiscal 

La iniciativa también modifica de manera significativa la dinámica de los procedimientos de fiscalización.

En ese sentido establece expresamente que la carga de probar la existencia de inconsistencias recaerá exclusivamente sobre ARCA. Además, limita las herramientas probatorias disponibles para el organismo, que sólo podrá basarse en la información declarada por el contribuyente, los datos obrantes en sus sistemas o la información suministrada por terceros.

El texto incluso dispone que cualquier otro elemento considerado por la administración carecerá de valor probatorio para impugnar la declaración presentada.

Para los críticos de la iniciativa, este esquema genera un verdadero «tapón fiscal», al dificultar de manera sustancial la revisión de períodos anteriores y extender una presunción favorable sobre ejercicios no prescriptos vinculados al IVA.

El ingreso de fondos al circuito formal

Otro de los aspectos que alimentan la discusión sobre un posible blanqueo encubierto es el tratamiento previsto para los fondos incorporados al sistema financiero formal.

El nuevo artículo 40 bis obliga a canalizar determinadas operaciones a través de instrumentos autorizados por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. Sin embargo, el punto central radica en que esos fondos serán considerados incorporados al patrimonio del contribuyente en la fecha de realización de la operación a los efectos del Impuesto sobre los Bienes Personales.

En la práctica, esto implica que recursos previamente no declarados podrían ingresar al circuito formal y adquirir reconocimiento patrimonial sin que se examine necesariamente su origen histórico, una característica que diversos especialistas asocian con los efectos típicos de los regímenes de exteriorización de activos.

El rol de la UIF y los sujetos obligados

La iniciativa también contempla un tratamiento especial para los controles vinculados a la prevención del lavado de activos.

La adhesión al régimen deberá ser considerada por bancos, agentes de bolsa, escribanos y otros sujetos obligados como un antecedente favorable al momento de analizar operaciones. Aunque el proyecto aclara que continúan vigentes las obligaciones establecidas por la normativa antilavado, también ordena a la Unidad de Información Financiera dictar regulaciones complementarias y prevé mecanismos tecnológicos para verificar rápidamente la situación de los contribuyentes adheridos.

La eximición de multas por defraudación

Quizás el punto más sensible del proyecto aparece en materia sancionatoria.

El artículo 42 ter establece que quienes adhieran al régimen y regularicen obligaciones tributarias derivadas de ajustes previos de ARCA quedarán eximidos de las multas previstas en los artículos 45 y 46 de la Ley 11.683.

Se trata de sanciones vinculadas tanto a la omisión de impuestos como a supuestos de defraudación fiscal. Para acceder a este beneficio, el contribuyente deberá renunciar a iniciar acciones de repetición contra el Estado por los montos regularizados.

Precisamente esta exención de multas es uno de los argumentos más utilizados por quienes sostienen que el proyecto excede ampliamente una mera simplificación administrativa y se aproxima a una verdadera amnistía tributaria.

El contraste: endurecimiento para el trabajo rural no registrado

Mientras el capítulo tributario introduce beneficios y alivios para determinados contribuyentes, el Título II del anteproyecto adopta una lógica opuesta respecto del empleo agrario.

La reforma prevé un incremento sustancial de las sanciones por trabajo rural no registrado. Las multas por declaraciones falsas podrían alcanzar hasta $1,5 M por trabajador, mientras que las infracciones más graves -vinculadas a la omisión total de registración- llegarían a montos de entre $1,5 M y $7,5 M por empleado, con agravantes por reincidencia.

Además, esas sanciones se actualizarán mediante el índice UVA, un mecanismo que garantiza su ajuste periódico.

Un proyecto que promete generar debate

Más allá de cómo finalmente sea bautizada por el Congreso, la iniciativa ya instaló una discusión de fondo sobre el equilibrio entre simplificación tributaria, seguridad jurídica y capacidad de fiscalización estatal.

Sus defensores sostienen que permitirá reducir burocracia, incentivar la formalización y canalizar recursos hacia la economía real. Sus críticos, en cambio, consideran que las restricciones impuestas a ARCA, la protección otorgada a determinados fondos y la condonación de multas configuran una arquitectura jurídica que, en los hechos, funciona como un blanqueo sin el costo político que supone impulsar una amnistía fiscal tradicional.

Lo cierto es que el debate aún no comienza en el Congreso y promete convertirse en uno de los ejes tributarios más relevantes de los próximos meses.

La agencia Moody’s Ratings otorgó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una mejora en su calificación crediticia, que pasó de B2 a B1, luego de la mejora en la nota para la deuda soberana. Con esta decisión, la Ciudad se convirtió en la jurisdicción argentina con la mejor calificación subsoberana, dos escalones por encima de la Nación. El informe publicado por Moody’s señala que este avance responde a un perfil crediticio más sólido en comparación con otras ciudades de la región, sustentado en el desempeño operativo y financiero y en una reducida exposición a transferencias federales.

La noticia generó reacciones inmediatas dentro del gobierno porteño. Jorge Macri, jefe de Gobierno, sostuvo: “Contundente. Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody’s y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina. No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá”. El funcionario remarcó la importancia de la estabilidad y el orden en las cuentas públicas como factores clave para lograr el reconocimiento de la calificadora internacional.

Por su parte, Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, afirmó: “Tras 14 años, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a obtener la calificación B1 con perspectiva estable por parte de Moody’s Ratings, posicionándose como la jurisdicción con mejor calificación”. Arengo atribuyó la mejora al orden en las cuentas públicas y la disciplina fiscal implementada por la gestión de Jorge Macri.

El informe de Moody’s subrayó que la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno local y regional argentino más resiliente gracias a sus bajas necesidades de financiamiento y a una exposición manejable de su deuda en moneda extranjera. Moody’s prevé que la jurisdicción mantendrá métricas financieras alineadas con su perfil crediticio a mediano plazo, apoyada en una posición de liquidez sólida, un perfil de amortización cómodo y una gestión financiera prudente.

El contexto de esta mejora se relaciona con el reciente anuncio de Moody’s acerca de la suba de la nota de la deuda soberana de Argentina, que pasó de Caa1 a B3 para los compromisos en moneda local y extranjera. En ese marco, Arengo destacó que el avance de la Ciudad también se apoya en el ordenamiento macroeconómico dispuesto por el gobierno nacional, que generó condiciones más favorables para el acceso a financiamiento y la promoción de inversiones.

En junio, Moody’s local ya había elevado las calificaciones de emisor en moneda local y extranjera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de AA+.ar a AAA.ar, ubicando a la administración porteña en el nivel de mayor calidad crediticia entre los emisores locales. El nuevo informe internacional refuerza esa posición y distingue la gestión de las cuentas públicas en el distrito capitalino.

La mejora de la calificación crediticia implica para la Ciudad una mayor confianza de los mercados y mejores condiciones para acceder a financiamiento. El reconocimiento de Moody’s también posiciona a Buenos Aires como un referente en el manejo fiscal dentro del país. La agencia destacó la continuidad de políticas financieras orientadas a la prudencia y a la sustentabilidad, y la baja dependencia de la Ciudad respecto de fuentes externas de recursos.

El gobierno de la Ciudad enfatizó que la calificación B1 con perspectiva estable es resultado directo del trabajo realizado en materia de orden fiscal y de la disciplina sostenida en la administración de sus recursos. Tanto Macri como Arengo mencionaron el impacto positivo de las condiciones macroeconómicas nacionales en el proceso de recuperación de la nota internacional.

El informe de Moody’s también evaluó la exposición de la Ciudad a la deuda en moneda extranjera como manejable y resaltó la solidez de su posición de liquidez. Según el documento, la administración porteña cuenta con una estructura de amortización favorable y un nivel de reservas adecuado para enfrentar obligaciones futuras. La calificadora proyectó que Buenos Aires mantendrá indicadores financieros consistentes con su actual perfil de riesgo durante el mediano plazo.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la obtención de la calificación B1, se consolidó como la jurisdicción argentina con mejor nota subsoberana según los parámetros internacionales. El resultado, según la administración local, responde a una estrategia de orden en las cuentas, disciplina fiscal y gestión financiera prudente, en un contexto nacional que favoreció el acceso a recursos para potenciar inversiones.