El torneo que Argentina defenderá como campeón, y que podría ser la última Copa del Mundo de Lionel Messi, estableció un nuevo récord que va mucho más allá de lo deportivo: ningún Mundial en la historia resultó tan caro para quienes quieren verlo en persona. Y la paradoja es que, a diferencia de ediciones anteriores, esta vez el dinero no se gastó en construir estadios sino en llenarlos.

El Mundial 2026 parte de una premisa que lo distingue de sus predecesores inmediatos: los 16 estadios (11 en EEUU, 3 en México, 2 en Canadá) donde se disputarán los 104 partidos ya estaban construidos. Once corresponden a Estados Unidos, tres a México y dos a Canadá. El partido inaugural se jugará en el estadio Azteca de Ciudad de México, refaccionado para la ocasión. La final está prevista en el MetLife Stadium de New Jersey, donde Estados Unidos aporta también la mayor parte del calendario: 78 de los 104 partidos, incluida esa definición.

No hubo que levantar infraestructura desde cero, como ocurrió en Qatar 2022, donde el país anfitrión invirtió alrededor de 200.000 millones de dólares en estadios, aeropuertos, hoteles y un sistema de transporte construido prácticamente de la nada para recibir un evento que un país de apenas 3 millones de habitantes no podía albergar sin esa transformación. La FIFA, en cambio, cubrió costos de alrededor de 1.700 millones de dólares en aquel torneo y obtuvo ingresos estimados en 4.700 millones, con una ganancia neta de unos 3.000 millones.

En 2026, la lógica se repite, pero con una diferencia: lo que la organización no se gastó en infraestructura, que en gran medida ya estaba hecho, se trasladó al precio de las entradas.

Según un análisis de The Economist, el Mundial 2026 es el evento cultural más caro de la historia en términos de acceso para el público. Las entradas para la fase de grupos promediaron los 200 dólares, mientras que la tarifa mínima para la final llegó a 2.030 dólares. Ajustando por inflación, los precios más que duplican los de Qatar 2022 y cuadruplican los del Mundial de 1994, también disputado en suelo estadounidense.

El mecanismo detrás de este salto es novedoso. Por primera vez, la FIFA tomó el control total del ticketing, desplazando a los operadores locales, e implementó un sistema de precios dinámicos: los valores suben en función de la demanda en tiempo real. Además, habilitó un mercado oficial de reventa con una comisión del 15% tanto para compradores como para vendedores. El resultado fue una escalada que llevó algunas entradas para la final a relistarse en el mercado secundario por hasta 2 millones de dólares.

Para los hinchas de Brasil, asistir a los tres partidos de la fase de grupos representaba, en la reventa, un desembolso de alrededor de 3.800 dólares. Para los seguidores de Cabo Verde, que debuta en la Copa del Mundo, la cifra rondaba los 1.000 dólares. The Economist señala que el modelo se asemeja a la lógica del mercado estadounidense de espectáculos, donde las entradas para el Super Bowl rara vez bajan de los 900 dólares. En contraste, el boleto más accesible para la final de la Champions League europea se ubicó en torno a los 200 dólares.

En el caso de Argentina, se estima que ver los tres partidos de fase de grupos, con precios de reventa, tendrá un costo aproximado de USD 2.500. Claro está, que dependiendo de la disponibilidad y la demanda, ese valor puede variar.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió al cruce de las críticas con una frase que sintetiza la postura oficial: “Si algunas personas ponen en el mercado de reventa entradas para la final a 2 millones de dólares, en primer lugar, eso no significa que las entradas cuesten 2 millones de dólares. Y si alguien compra una entrada para la final por 2 millones de dólares, personalmente le llevaré un perrito caliente y una Coca-Cola para asegurarme de que tenga una gran experiencia.”

Una demanda que no llegó

El problema para los organizadores, es que ni siquiera a esos precios la demanda respondió como se esperaba. En las semanas previas al inicio del torneo, los valores en el mercado oficial y en plataformas secundarias comenzaron a caer de manera pronunciada. El partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay registró una baja superior al 30% en el último mes. El promedio de reducción de precios en los partidos disputados en territorio estadounidense llegó al 24%, con algunos encuentros que sufrieron recortes de más del 50%.

Scott Friedman, conductor del programa Ticket Talk, fue directo en su diagnóstico: “La FIFA sobrestimó la demanda y esto les está costando caro. Los precios fueron demasiado altos en los 104 partidos, fue un desastre completo”.

Las consecuencias se extendieron al sector hotelero. A mediados de abril, con una demanda muy por debajo de las proyecciones, los hoteles de ciudades sede como Atlanta, Dallas, Miami, Filadelfia y San Francisco ya habían tenido que reducir sus tarifas cerca de un tercio respecto del pico que habían alcanzado a principios de año, según datos de Lighthouse Intelligence citados por el Financial Times. La American Hotel and Lodging Association (Ahla) calculó que un 80% de los operadores en los mercados estadounidenses reconoció cifras por debajo de sus proyecciones. En Kansas City, ese porcentaje se ubicó entre el 85% y el 90%.

Hasta el 70% de las habitaciones que la FIFA había reservado en Boston, Dallas, Los Ángeles, Filadelfia y Seattle fueron canceladas, lo que distorsionó la percepción real de la demanda y afectó la planificación de los hoteles. Michael Bellisario, analista senior de Baird Equity Research, recortó su estimación de crecimiento en ingresos por habitación disponible del rango de entre 0,75 y 1 punto porcentual a entre 0,25 y 0,50 puntos.

La revisión de expectativas también alcanzó al turismo en términos más amplios. La consultora Tourism Economics redujo su proyección de crecimiento de visitantes internacionales a Estados Unidos para este año del 3,9% al 3,4%, según su director de estudios sectoriales, Aran Ryan. Esto contrasta con lo que Infantino había prometido a las ciudades sede en 2024: “cientos de miles” de visitantes, no sólo quienes tuvieran entradas sino también quienes simplemente quisieran “formar parte de algo especial.”

Entre las barreras identificadas por los especialistas figuran el alto precio de las entradas, los costos del transporte local, la carga impositiva, el contexto geopolítico y las dificultades para obtener visas. Entre un 65% y un 70% de los operadores hoteleros identificaron las barreras de visado y las preocupaciones geopolíticas como factores que limitaron la llegada de visitantes. El Departamento de Estado de Estados Unidos eliminó una fianza de 15.000 dólares para los solicitantes de visa de 50 países que posean un boleto válido, en un intento de estimular ese flujo.

La baja demanda también golpeó a quienes, desde Argentina, intentaron armar operativos para llevar hinchas al torneo. Aerolíneas Argentinas canceló los vuelos que tenía previstos desde el interior del país hacia Miami —puerta de entrada al Mundial para muchos argentinos— debido a la combinación de una demanda insuficiente y un aumento del 50% en los precios de los combustibles, consecuencia del conflicto en Medio Oriente.

La aerolínea de bandera había proyectado operar desde el 8 de junio dos vuelos semanales desde Córdoba, tres desde Rosario y dos desde Tucumán, todos con escala técnica en Punta Cana. La decisión fue concentrar a los pasajeros en Buenos Aires, donde la oferta se mantiene en 20 vuelos semanales, para preservar la rentabilidad de las rutas. Fuentes de la empresa indicaron que esperaban un repunte en las ventas más cerca de la fecha que finalmente no se produjo, incluso después de lanzar una tarifa especial. Los vuelos directos a Kansas City y Dallas, alineados con el calendario de partidos de la selección argentina, se mantienen sin cambios.

Lo que hasta hace poco era el emblema del sector avícola nacional, con una participación del 35% del mercado, hoy se debate entre la supervivencia y la cesación de pagos.

Se trata de Granja Tres Arroyos (GTA), que actualmente registra una deuda que supera los $51.700 millones en el sistema financiero.

Este impresionante pasivo también se refleja en la calle con la emisión sistemática de cheques sin fondos, al punto que más de 300 documentos por un valor cercano a los $7.000 millones fueron rechazados en los últimos meses.

Además, la empresa ya perdió más del 85% de sus productores integrados y su faena cayó de 700.000 a apenas 200.000 pollos diarios.

Los datos forman parte de un informe comercial que circula en el sector y entre sus proveedores.

El documento muestra cómo el perfil crediticio de la empresa dentro del sistema financiero viene sufriendo un constante deterioro, con un millonario pasivo; deuda previsional exigible por $7.272 millones e importantes atrasos en los pagos tributarios.

Pero, la crisis no es solo un problema de números.

Situación límite

En la cadena productiva ligada a la empresa el panorama es devastador. Fuentes cercanas a la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos describieron una situación que empeora semana a semana.

«No hay alimentos, mandan cada cuatro días, los pagos son lejos y bajos. Pero lo más grave es que no hay diálogo y nadie sabe ni entiende lo que puede pasar a futuro. En la empresa nadie sale a aclarar nada sobre si se va a salir de la grave situación, cuándo y cómo», señalaron las fuentes.

Quienes todavía permanecen en el sistema de integración enfrentan una situación límite.

En el sector explican que los productores que se quedaron dentro del esquema de Granja Tres Arroyos se están haciendo cargo del pago de la electricidad, el gas y otros gastos.

Lo hacen mediante la venta de cabezas de ganado vacuno y porcino y con el objetivo de «subsistir», aunque sin perspectiva de poder cobrar.

​La profundidad de la crisis es tan grande que no es solo contable, sino también productiva.

Clima interno

El complejo que solía procesar unos 700.000 pollos diarios ha visto reducida su capacidad a apenas 200.000 unidades.

Este desplome del 70% en la faena ha golpeado directamente a su red de productores integrados, que denuncian que la falta de alimentos para las aves y los constantes atrasos en los pagos están asfixiando la cadena de valor.

La situación se traslada al clima interno, que es de tensión máxima.

En las plantas de faena del complejo Wade (ex Cresta Roja), en la zona sur del Gran Buenos Aires, los trabajadores han iniciado bloqueos y paros ante el pago fragmentado de salarios.

«Nos pagan en cuotas, a veces en sobre, y no tenemos certezas ni sobre el aguinaldo ni sobre la continuidad de los puestos«, aseguran los empleados que acusan al sindicato de ofrecer alguna solución.

​Mientras los rumores de una posible venta del paquete accionario circulan en los pasillos de la industria, desde la compañía se limitan a dar respuestas vagas sobre la normalización de la operatoria.

Problema estructural

Sin embargo, el mercado es pesimista debido a que se advierte que la fuga del 85% de los productores asociados y la presión fiscal y previsional sobre la empresa pintan un escenario donde la convocatoria de acreedores asoma como una posibilidad cada vez más cercana.

Quienes abonan esta teoría lo hacen explicando que el colapso de la compañía no es solo una cuestión de flujo de fondos diario, sino un problema estructural de acumulación de pasivos.

Señalan que los números revelan una empresa acorralada por el fisco y los organismos de seguridad social.

En el caso de la deuda previsional exigible, se trata de un punto crítico, ya que el atraso con la seguridad social (AFIP/ARCA) suele ser de ejecución rápida y tiene prioridad legal sobre otros acreedores comerciales.

A este problema se suma un complejo entramado de atrasos impositivos con ARCA.

El ente recaudador ha intensificado los embargos sobre cuentas bancarias y facturas pendientes, lo que genera un «efecto pinza» ya que, a medida que la empresa intenta facturar para obtener liquidez, el fisco interviene los ingresos, impidiendo que el dinero llegue a la cadena de pagos (productores y sueldos).

Modelo desintegrado

Pero la mayor señal de alerta surge del hecho de que la empresa haya recurrido a consultoras de deuda como Columbus Investment Banking, lo cual sugiere que el problema ha superado la capacidad de gestión interna y requiere una reestructuración profunda.

Se habla de una posible refinanciación masiva o de un proceso concursal en la justicia, hipótesis que la firma hasta ahora ha evitado bajo la premisa de «opción de última instancia».

Sin embargo, la crisis ha desmantelado el esquema de «integración», que era considerado el pilar sobre el que se construyó el liderazgo de la empresa.

La pérdida de más del 85% de los productores integrados es un dato devastador.

En el modelo de integración, el productor pone la infraestructura (galpones, gas, electricidad) y la mano de obra, mientras que la empresa provee los pollos bebé y el alimento balanceado. Al cortarse la cadena de suministro de alimentos y los pagos, la relación contractual se rompió.

Los pocos productores que permanecen informan que los envíos de alimento llegan con intermitencias (a veces cada cuatro días), lo que pone en riesgo sanitario la producción y eleva la tasa de mortandad de las aves.

Perfil deteriorado

Esto también confirma que el productor ha dejado de ser un socio estratégico para convertirse en un acreedor forzoso que subsidia la operación de la empresa con su propio capital para evitar la pérdida total de su producción.

​»El fuerte deterioro del perfil crediticio de la compañía es lo que hoy marca el ritmo del conflicto», señalan en el sector.

Recuerdan también que, con una deuda previsional que asciende a los $7.272 millones, la empresa se enfrenta a un escenario de embargos judiciales que, sumado al abandono del 85% de su red de productores, pone en duda su capacidad para recuperar el volumen de faena perdido.

La situación también trae consecuencias a todo el sector ya que, al ser el principal jugador del mercado avícola, cualquier movimiento en su estructura operativa tiene un impacto directo y casi inmediato en los precios de venta al público.

Los analistas coinciden en que la contracción forzada de la oferta de la empresa genera una presión alcista sobre el precio del pollo entero y sus trozados en todo el mercado.

Ante este escenario, la industria se comienza a reconfigurar.

Si bien firmas de menor escala o jugadores regionales intentan absorber la cuota de mercado vacante, no poseen la logística ni la capacidad instalada para cubrir el hueco de manera inmediata.

Impacto en el precio del pollo

Esto crea un «cuello de botella» que, en los próximos 30 a 60 días, podría trasladarse a una suba de precios por encima de la inflación minorista en el rubro frescos.

Si eso ocurre, el consumidor no solo enfrentará un aumento de precios, sino también una mayor dispersión.

Y, en la medida en que la oferta se atomice, las diferencias de precios entre supermercados y carnicerías de barrio serán más pronunciadas, dependiendo de quién logre asegurar stock de proveedores que mantengan su cadena productiva estable.

​Por eso, los expertos advierten que el desenlace de esta crisis es una prueba de fuego para el sector agroindustrial.

Si la empresa no logra una reestructuración financiera urgente (posiblemente con la entrada de nuevos inversores de capital de riesgo o una fusión estratégica), la estructura de costos del pollo —uno de los principales sustitutos de la carne vacuna— se verá alterada de forma permanente.

​Para el bolsillo del trabajador, el producto dejará de ser, al menos temporalmente, el refugio de precios accesibles que solía ser ante la suba de la carne roja. La incertidumbre en Granja Tres Arroyos es, en definitiva, una variable que el consumidor deberá sumar a su tablero de costos mensuales, anticipando un invierno donde el precio de la proteína básica estará sujeto a la capacidad de supervivencia de un gigante en terapia intensiva.

El Gobierno decidió ampliar la baja de retenciones al sector agropecuario para las exportaciones de maíz, sorgo y girasol, según lo anunciado en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante la presentación, de la que también participaron el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, se estipuló que la nueva política establece que las retenciones a la soja se ajustarán conforme a un calendario ya definido, sin depender de la evolución de la recaudación fiscal.

Cabe destacar que esta medida, que abarca tanto al sector agrícola como a la industria exportadora, ya fue contemplada en las proyecciones oficiales de costo fiscal.

En 2026, las alícuotas para trigo y cebada experimentarán una reducción de dos puntos a partir de junio. Posteriormente, continuará una disminución gradual en los años sucesivos. Desde 2027, el esquema se amplía a todos los cultivos, incluyendo sorgo, maíz y girasol, con un ajuste mensual previamente determinado.

Para la soja, la baja será de un cuarto de punto porcentual cada mes durante 2027, partiendo de 23,75% y llegando a 21% al cierre de ese año. En 2028, la reducción mensual será de medio punto porcentual para todos los productos alcanzados por la medida, siguiendo el cronograma oficial.

En tanto, Caputo precisó que el impacto fiscal estimado por esta reducción de retenciones será de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028.

En el caso del sector industrial, la disminución de las alícuotas representará un costo fiscal de USD 25 millones en 2026 y USD 115 millones en 2027. El ministro detalló que estos valores corresponden a la aplicación del esquema escalonado de reducción de tributos y anticipó que el mayor impacto fiscal se registrará en la etapa final, cuando la baja alcance a todos los cultivos y sectores involucrados. El grueso del costo fiscal se concentraría sobre un eventual segundo mandato del presidente Milei o, en todo caso, en el primer año de mandato de quien lo reemplace.

Iraeta atribuyó la decisión de acelerar el alivio fiscal para los productores al encarecimiento de los insumos, principalmente los fertilizantes derivados del petróleo, cuyos precios crecieron de manera significativa debido al conflicto en Irán. “El costo de los insumos explotó en términos de precios. La idea era aliviar esa suba”, indicó el secretario de Agricultura.

Sobre la modalidad de aplicación, Caputo descartó la necesidad de enviar un proyecto de ley al Congreso para blindar la disminución impositiva. “Esto lo podemos hacer directamente nosotros”, afirmó. También instó a las provincias y a los municipios a acompañar la reducción de impuestos nacionales con una merma de tributos locales, como ingresos brutos y tasas municipales, recordando que las retenciones no son coparticipables.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) celebraron el cronograma progresivo de baja de derechos de exportación anunciado para todo el complejo agroindustrial al considera que “es el mejor camino para lograr mayor producción y exportaciones”.

A propósito del esquema, detallaron que en el caso del trigo y de la cebada, la baja será inmediata: pasarán de una alícuota de 7,5% a 5,5% desde junio de 2026. En cambio, para los cultivos restantes, el calendario difundido por el ministro de Economía comenzará a regir desde enero de 2027.

“La soja, cuya alícuota actual es de 24%, tendrá reducciones mensuales que llevarán el tributo a 21% hacia diciembre de 2027 y luego a 15% en diciembre de 2028. El maíz y el sorgo, actualmente con retenciones de 8,5%, tendrán bajas trimestrales hasta alcanzar 7,5% a fines de 2027 y 5,5% hacia el cierre de 2028. El girasol, que hoy tributa 4,5%, descenderá de manera semestral hasta 3% en 2028. El esquema también contempla una reducción proporcional para subproductos agroindustriales”, enumeraron.