El precio del boleto de colectivo sigue mostrando grandes diferencias entre ciudades, en un contexto marcado por nuevas actualizaciones tarifarias y cambios en los esquemas de subsidios. Mientras algunos distritos aplicaron aumentos en las últimas semanas para recomponer costos operativos, otros mantienen tarifas considerablemente más bajas, lo que profundiza la brecha entre los extremos del mapa urbano argentino.

El relevamiento de tarifas correspondiente a mayo de 2026 muestra que viajar en colectivo puede costar más del doble según la ciudad. Las diferencias no sólo responden a decisiones locales sobre subsidios o estructura de costos, sino también al nivel de financiamiento provincial y municipal, la cantidad de pasajeros transportados y la situación económica de cada sistema de transporte.

Entre las tarifas más elevadas del país aparecen varias ciudades del interior que durante los últimos meses aplicaron ajustes para sostener el funcionamiento de los servicios urbanos. En el tope del ranking se ubica Pinamar, con un boleto mínimo de $2.625 (la ciudad cobra tarifas diferentes para residentes y no residentes). Le sigue San Martín de los Andes, con $2.500, y Centenario —localidad neuquina— con $2.478. Completan el grupo de las más caras Pergamino ($2.332), Bariloche ($2.046) y Eldorado ($2.000), según relevamientos realizados por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).

Se trata, en su mayoría, de ciudades medianas o de perfil turístico, donde el sistema de transporte público suele tener menor escala y, por lo tanto, menos posibilidades de distribuir costos entre una gran cantidad de pasajeros. Eso se traduce, en general, en tarifas más altas.

En la franja intermedia del ranking aparecen algunas de las ciudades más pobladas del interior del país. Santa Fe encabeza ese grupo con $1.900. Más abajo se ubican las capitales de Córdoba, Rosario y Paraná, que comparten el mismo valor: $1.720. En el puesto 22 aparece Mendoza, con un boleto mínimo de $1.400.

En el extremo opuesto del cuadro, las tarifas más bajas del país corresponden a la región más poblada: el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El boleto de las líneas nacionales del AMBA cuesta actualmente $714, el de las líneas porteñas (CABA) asciende a $754, y el de las líneas de la provincia de Buenos Aires llega a $969. Partido de la Costa, con $698, es la única jurisdicción que se ubica por debajo de las líneas nacionales del AMBA.

También están en la franja baja General Pico ($800) y Viedma ($980). Un grupo de ciudades se posiciona exactamente en los $1.000: Villa Mercedes, Villa María, San Luis, Trelew y La Rioja.

Que el AMBA concentre las tarifas más bajas no es casual. Las líneas de jurisdicción nacional reciben subsidios del Estado nacional que permiten mantener los valores deprimidos respecto del resto del país. Sin embargo, esa diferencia tiene un costo: según informó Infobae días atrás, la Secretaría de Transporte de la Nación adeuda a las empresas de colectivos del AMBA $35.000 millones en concepto de “atributo social”, lo que derivó en una reducción de frecuencias que afectó a miles de pasajeros.

En las últimas semanas, varias ciudades ajustaron sus tarifas. Uno de los incrementos más significativos se registró en Villa Mercedes, donde el boleto subió un 17,65%. En la provincia de Buenos Aires, el aumento fue del 16,33%, mientras que en Santa Fe el boleto trepó un 10,47% y en CABA un 10,56%.

En el caso del AMBA nacional, el aumento fue más moderado: el boleto pasó de $700 a $714, lo que representa una suba del 2%. El Gobierno prevé dos incrementos adicionales para los meses siguientes —en junio y julio— de igual magnitud, lo que llevaría el valor a $742 hacia mediados del tercer trimestre del año.

Ese esquema escalonado fue cuestionado por las empresas del sector, que sostienen que los ajustes están por debajo de la inflación y no alcanzan para cubrir el aumento de los costos operativos, en particular el del combustible.

Una brecha que se agranda

La combinación de aumentos en el interior y subas más moderadas en el AMBA profundiza una diferencia tarifaria que ya era marcada. Mientras ciudades como Córdoba, Rosario o Santa Fe superan ampliamente los $1.700, las líneas nacionales del AMBA se mantienen por debajo de los $750.

Esa distancia no solo refleja distintas políticas de subsidios, sino también realidades operativas diferentes: sistemas de mayor escala, distintos niveles de cobertura estatal y estructuras de costos que varían según la región. El resultado es un mapa tarifario fragmentado, donde el precio de un viaje en colectivo depende, en gran medida, de en qué ciudad se vive.

Al final, después de la dura pelea pública, ¿Toto Caputo y Santiago Bausili le están haciendo caso a Domingo Cavallo? Es lo que sugiere la aceleración en la compra de dólares por parte del Banco Central, que en los últimos días llegó a un promedio diario de u$s192 millones.

Es una cifra que supera ampliamente los promedios de los meses previos: en enero hubo compras por u$s55 millones diarios, en febrero por u$s83 millones, en marzo por u$s80 millones y en abril por u$s138 millones.

Previsiblemente, la suma viene en ascenso, coincidiendo con la intensidad creciente del flujo de divisas que deja la balanza comercial. Ya en marzo se había batido el récord de exportaciones, y se acaba de conocer la nueva marca histórica alcanzada en abril, con ventas de bienes al exterior por u$s8.914 millones y un saldo neto de u$s2.711 millones.

Lo mejor es que las expectativas para mayo y junio son aun más altas, dado que en las estadísticas de comercio exterior todavía no se ve reflejado el impacto pleno de la suba en el precio del petróleo, el nuevo rubro estrella de la exportación nacional. Dado que hay un desfasaje de unos 45 días entre el inicio de la operación aduanera y el ingreso por la exportación, todavía se están registrando los precios del inicio del conflicto en Medio Oriente.

Eso implica que si las exportaciones de combustibles crecen a un 85% anual no es -al menos, no todavía- por el «efecto precio», sino por el boom productivo en la cuenca de Vaca Muerta.

Tal vez se trate sólo de una coincidencia, o una estrategia financiera de corto plazo ante los vencimientos de deuda, pero no deja de ser llamativo el hecho de que el volumen de compra de dólares se haya intensificado en la misma medida en que el flujo de entrada de divisas fue más fuerte.

Y eso es, precisamente, lo que Domingo Cavallo le había sugerido el mes pasado al equipo económico del gobierno: que aprovechara la «ventana de oportunidad» que le iba a dar esta época del año -tradicionalmente generosa en ingreso de dólares del agro- para acumular reservas en el BCRA.

Piñas van, piñas vienen

Cavallo sostenía que, de esa forma, se transmitiría una señal de mayor confianza al mercado. Y afirmaba que el gobierno no debería tener miedo de que la contracara inevitable de la compra de dólares -la inyección de pesos al mercado- pudiera tener un efecto de presión sobre la inflación ni sobre el tipo de cambio.

Claro que Cavallo no se detuvo ahí. También dijo que esta era la ocasión ideal para deshacerse de las restricciones remanentes del cepo, que dificultan a las empresas el movimiento de capitales entre los diferentes segmentos del mercado financiero. Cavallo dijo que era ese cepo, y no el «riesgo kuka», el verdadero obstáculo para que el índice de riesgo país cayera por debajo del nivel de 500 puntos.

Para completar, calificó a Caputo como «un trader sin formación teórica ni ideología», en línea con la visión despectiva que suelen entrever los economistas del sector académico respecto de los que actúan en el mercado de capitales.

Además, Cavallo dejó flotando una advertencia inquietante: que el año próximo, por el solo hecho de realizarse elecciones presidenciales, volverá a producirse una masiva dolarización por parte del público. Y que siempre será mejor que esa situación ocurra con un mercado cambiario libre, porque el tipo de cambio se ajustará rápidamente, sin que se genere una sangría de reservas del BCRA.

Lo que ocurrió a partir de allí es conocido por todos: acusaciones de «resentimiento» de parte de Caputo hacia Cavallo y hasta una amenaza velada de contar sugerencias que el padre del Plan de Convertibilidad había hecho al inicio de la gestión Milei, y que implicaban ruptura de los derechos de propiedad -es decir, el ministro insinuó que Cavallo quería reeditar alguna medida confiscatoria parecida al Plan Bonex de 1990-.

La cautela de Toto

Parecía que esa esgrima verbal marcaba un alejamiento irreconciliable entre los puntos de vista de los dos economistas. Sin embargo, los hechos parecen demostrar que, en el fondo, no había tantas diferencias.

Para empezar, Caputo confirmó que su objetivo es llegar a la liberalización total del mercado cambiario. Es decir, no discrepaba con Cavallo respecto de la conveniencia de esa medida, sino que no creía que en este momento estuvieran dadas las condiciones. 

Caputo tiene por delante un exigente calendario de vencimiento de deuda dolarizada, que implica que, para el trimestre julio-septiembre se acumularán obligaciones con los bonistas del mercado por u$s4.400 millones, con el Fondo Monetario Internacional por u$s1.613 millones y con otros organismos de crédito por u$s1.529 millones.

Se da por descontado que la parte de esos vencimientos que corresponde al capital será «rolleada», pero habrá que abonar los intereses, lo que implicará pagarle u$s820 millones al FMI y u$s551 millones a los organismos. El escenario base que manejan los analistas es que la deuda a mercado deberá ser cancelada en su totalidad, lo que implica que las necesidades de caja del Tesoro ascenderían a unos u$s6.170 millones.

El refuerzo de la caja del Tesoro -gracias, en buena medida, al «regalo» del BCRA que le transfirió $6 billones por las ganancias que dejó el último balance-, disipa los temores respecto de los pagos de deuda para este año.

En cambio, el panorama de 2027 luce mucho más complejo, tanto por el monto de los vencimientos -u$s23.000 millones para el Tesoro y u$s11.200 millones para el BCRA- como por el hecho de que se trate de un año electoral, lo cual puede impactar sobre las expectativas del mercado.

Inyectando plata en el mercado

La advertencia pública que Milei le había hecho a Bausili hace dos meses era bien elocuente: le había pronosticado que le iban a «salir dólares por las orejas», pero le hizo notar que existía el riesgo de que las compras del BCRA se trasladaran a los precios.

De hecho, el presidente nunca se había mostrado como un entusiasta de la acumulación de reservas, precisamente porque consideraba que ese objetivo podía tener efectos colaterales, como una escapada del dólar y una mayor inflación.

En un reciente discurso ante un auditorio de empresarios, dijo que reforzará el sesgo contractivo de la política monetaria para que no haya riesgos de desvíos en el sendero descendiente del IPC.

Sin embargo, los números están marcando algo diferente: la inyección de pesos que hace el Central cada vez que compra dólares va en un aumento notorio. En enero emitió $1,7 billones, en febrero y marzo $2,2 billones, en abril saltó a $3,8 billones. Y todo indica que en mayo también se superarán los $3 billones.

Estas cifras implican que en el último mes el BCRA emitió el equivalente al 7% del del M2 transaccional privado -que incluye pesos circulantes, depósitos en cuentas corrientes y en cajas de ahorro-. Si, en cambio, se toma como referencia al agregado M3 -que suma también la deuda del sector público y los depósitos en plazos fijos- esa emisión es por 2,3% de la base. Son números relativamente bajos, pero que duplican el nivel de expansión de los últimos meses.

Si el gobierno estuviera particularmente preocupado por el hecho de que esa expansión fuera inflacionaria, eso se reflejaría en un afán de absorción de todos los pesos «excedentes». Sin embargo, la postura de Caputo en las últimas licitaciones del Tesoro ha sido menos dura.

A diferencia de lo que ocurría a inicios de año, cuando no se contentaba con «rollear» los vencimientos de la deuda en pesos, sino que además «pasaba la aspiradora» mediante la colocación de bonos, en las últimas licitaciones apenas sacó del mercado $1 billón, una suma que, a esta altura, luce menor.

¿Hay más demanda de pesos?

Esta actitud podría interpretarse como que, desde el punto de vista del ministro, se está produciendo un aumento en la demanda de dinero por parte del público.

De hecho, Caputo hizo una argumentación técnica en ese sentido, al afirmar que cuando el dólar y las tasas de interés caen en forma simultánea, eso es un síntoma de que los argentinos tienen mayor disposición a mantener pesos en el bolsillo.

Es un punto que generó polémica entre los economistas, dado que los de la línea más ortodoxa sostienen que, contrariamente a lo que afirma Caputo, si hubiese mayor demanda de pesos eso se reflejaría en una mayor tasa de interés.

Pero entre quienes adhieren al punto de vista del gobierno hacen otro análisis: afirman que cuando cae la demanda por activos en pesos, el Tesoro se ve obligado a convalidar una mayor tasa en las licitaciones de bonos, y eso se traslada al sistema bancario. Es, de hecho, lo que ocurrió el año pasado antes de la elección legislativa. Ahora, como los inversores compran bonos en pesos a menor tasa, Caputo tiene el argumento de una mayor demanda de pesos.

Sus críticos contestan que, si esa fuera la verdadera situación, entonces no se estaría viendo un crecimiento en la compra de dólares por parte de los ahorristas. Los últimos números marcaron que en abril se duplicó ese nivel de compras, y ya supera los u$s1.500 millones mensuales.

El tema, como queda en evidencia, da para un extenso debate. Pero lo cierto es que, de momento, el gobierno se está dando el gusto de comprar grandes cantidades de dólares sin subir la tasa de interés ni generando una contracción monetaria que enfríe más la economía. Como pedía Cavallo.

El torneo que Argentina defenderá como campeón, y que podría ser la última Copa del Mundo de Lionel Messi, estableció un nuevo récord que va mucho más allá de lo deportivo: ningún Mundial en la historia resultó tan caro para quienes quieren verlo en persona. Y la paradoja es que, a diferencia de ediciones anteriores, esta vez el dinero no se gastó en construir estadios sino en llenarlos.

El Mundial 2026 parte de una premisa que lo distingue de sus predecesores inmediatos: los 16 estadios (11 en EEUU, 3 en México, 2 en Canadá) donde se disputarán los 104 partidos ya estaban construidos. Once corresponden a Estados Unidos, tres a México y dos a Canadá. El partido inaugural se jugará en el estadio Azteca de Ciudad de México, refaccionado para la ocasión. La final está prevista en el MetLife Stadium de New Jersey, donde Estados Unidos aporta también la mayor parte del calendario: 78 de los 104 partidos, incluida esa definición.

No hubo que levantar infraestructura desde cero, como ocurrió en Qatar 2022, donde el país anfitrión invirtió alrededor de 200.000 millones de dólares en estadios, aeropuertos, hoteles y un sistema de transporte construido prácticamente de la nada para recibir un evento que un país de apenas 3 millones de habitantes no podía albergar sin esa transformación. La FIFA, en cambio, cubrió costos de alrededor de 1.700 millones de dólares en aquel torneo y obtuvo ingresos estimados en 4.700 millones, con una ganancia neta de unos 3.000 millones.

En 2026, la lógica se repite, pero con una diferencia: lo que la organización no se gastó en infraestructura, que en gran medida ya estaba hecho, se trasladó al precio de las entradas.

Según un análisis de The Economist, el Mundial 2026 es el evento cultural más caro de la historia en términos de acceso para el público. Las entradas para la fase de grupos promediaron los 200 dólares, mientras que la tarifa mínima para la final llegó a 2.030 dólares. Ajustando por inflación, los precios más que duplican los de Qatar 2022 y cuadruplican los del Mundial de 1994, también disputado en suelo estadounidense.

El mecanismo detrás de este salto es novedoso. Por primera vez, la FIFA tomó el control total del ticketing, desplazando a los operadores locales, e implementó un sistema de precios dinámicos: los valores suben en función de la demanda en tiempo real. Además, habilitó un mercado oficial de reventa con una comisión del 15% tanto para compradores como para vendedores. El resultado fue una escalada que llevó algunas entradas para la final a relistarse en el mercado secundario por hasta 2 millones de dólares.

Para los hinchas de Brasil, asistir a los tres partidos de la fase de grupos representaba, en la reventa, un desembolso de alrededor de 3.800 dólares. Para los seguidores de Cabo Verde, que debuta en la Copa del Mundo, la cifra rondaba los 1.000 dólares. The Economist señala que el modelo se asemeja a la lógica del mercado estadounidense de espectáculos, donde las entradas para el Super Bowl rara vez bajan de los 900 dólares. En contraste, el boleto más accesible para la final de la Champions League europea se ubicó en torno a los 200 dólares.

En el caso de Argentina, se estima que ver los tres partidos de fase de grupos, con precios de reventa, tendrá un costo aproximado de USD 2.500. Claro está, que dependiendo de la disponibilidad y la demanda, ese valor puede variar.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió al cruce de las críticas con una frase que sintetiza la postura oficial: “Si algunas personas ponen en el mercado de reventa entradas para la final a 2 millones de dólares, en primer lugar, eso no significa que las entradas cuesten 2 millones de dólares. Y si alguien compra una entrada para la final por 2 millones de dólares, personalmente le llevaré un perrito caliente y una Coca-Cola para asegurarme de que tenga una gran experiencia.”

Una demanda que no llegó

El problema para los organizadores, es que ni siquiera a esos precios la demanda respondió como se esperaba. En las semanas previas al inicio del torneo, los valores en el mercado oficial y en plataformas secundarias comenzaron a caer de manera pronunciada. El partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay registró una baja superior al 30% en el último mes. El promedio de reducción de precios en los partidos disputados en territorio estadounidense llegó al 24%, con algunos encuentros que sufrieron recortes de más del 50%.

Scott Friedman, conductor del programa Ticket Talk, fue directo en su diagnóstico: “La FIFA sobrestimó la demanda y esto les está costando caro. Los precios fueron demasiado altos en los 104 partidos, fue un desastre completo”.

Las consecuencias se extendieron al sector hotelero. A mediados de abril, con una demanda muy por debajo de las proyecciones, los hoteles de ciudades sede como Atlanta, Dallas, Miami, Filadelfia y San Francisco ya habían tenido que reducir sus tarifas cerca de un tercio respecto del pico que habían alcanzado a principios de año, según datos de Lighthouse Intelligence citados por el Financial Times. La American Hotel and Lodging Association (Ahla) calculó que un 80% de los operadores en los mercados estadounidenses reconoció cifras por debajo de sus proyecciones. En Kansas City, ese porcentaje se ubicó entre el 85% y el 90%.

Hasta el 70% de las habitaciones que la FIFA había reservado en Boston, Dallas, Los Ángeles, Filadelfia y Seattle fueron canceladas, lo que distorsionó la percepción real de la demanda y afectó la planificación de los hoteles. Michael Bellisario, analista senior de Baird Equity Research, recortó su estimación de crecimiento en ingresos por habitación disponible del rango de entre 0,75 y 1 punto porcentual a entre 0,25 y 0,50 puntos.

La revisión de expectativas también alcanzó al turismo en términos más amplios. La consultora Tourism Economics redujo su proyección de crecimiento de visitantes internacionales a Estados Unidos para este año del 3,9% al 3,4%, según su director de estudios sectoriales, Aran Ryan. Esto contrasta con lo que Infantino había prometido a las ciudades sede en 2024: “cientos de miles” de visitantes, no sólo quienes tuvieran entradas sino también quienes simplemente quisieran “formar parte de algo especial.”

Entre las barreras identificadas por los especialistas figuran el alto precio de las entradas, los costos del transporte local, la carga impositiva, el contexto geopolítico y las dificultades para obtener visas. Entre un 65% y un 70% de los operadores hoteleros identificaron las barreras de visado y las preocupaciones geopolíticas como factores que limitaron la llegada de visitantes. El Departamento de Estado de Estados Unidos eliminó una fianza de 15.000 dólares para los solicitantes de visa de 50 países que posean un boleto válido, en un intento de estimular ese flujo.

La baja demanda también golpeó a quienes, desde Argentina, intentaron armar operativos para llevar hinchas al torneo. Aerolíneas Argentinas canceló los vuelos que tenía previstos desde el interior del país hacia Miami —puerta de entrada al Mundial para muchos argentinos— debido a la combinación de una demanda insuficiente y un aumento del 50% en los precios de los combustibles, consecuencia del conflicto en Medio Oriente.

La aerolínea de bandera había proyectado operar desde el 8 de junio dos vuelos semanales desde Córdoba, tres desde Rosario y dos desde Tucumán, todos con escala técnica en Punta Cana. La decisión fue concentrar a los pasajeros en Buenos Aires, donde la oferta se mantiene en 20 vuelos semanales, para preservar la rentabilidad de las rutas. Fuentes de la empresa indicaron que esperaban un repunte en las ventas más cerca de la fecha que finalmente no se produjo, incluso después de lanzar una tarifa especial. Los vuelos directos a Kansas City y Dallas, alineados con el calendario de partidos de la selección argentina, se mantienen sin cambios.