El gobierno de Javier Milei resolvió imponer una serie de condiciones para la compra de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom, operador perteneciente al Grupo Clarín. Entre otros requisitos, la segunda firma deberá deshacerse de 6 millones de usuarios para que se pueda llevar a cabo la fusión.

La decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), órgano decisor de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), fundamentada en un informe técnico elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), apunta a evitar que la operación derive en una posición dominante en el mercado de telecomunicaciones.

Desde la ANC remarcaron que “la operación reduce a dos los operadores de red móvil independientes del país. Antes de la operación, el mercado nacional tenía tres jugadores: AMX (Claro, 41,8%), Telecom (Personal, 33,8%), y Telefónica (Movistar, 24,4%). Con la concentración, el operador resultante alcanzaría el 58% del mercado y AMX (Claro) quedaría con el 42%”.

A la vez, consideraron que “de no mediar remedios estructurales, la operación crearía un duopolio en servicios de comunicaciones móviles (voz, SMS y datos)”.

En simultáneo, se dispuso que Telecom deberá transferir a un adquirente independiente una base de 6.000.000 de clientes móviles activos: 4.000.000 en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 2.000.000 en el resto del país. La transferencia contemplaría contratos, numeración e historial, sin generar costos para los usuarios.

Además del traspaso de clientes, la empresa deberá ceder el espectro radioeléctrico necesario para prestar el servicio de manera adecuada. Según lo resuelto por el Tribunal, la cesión de clientes y la transferencia de espectro se consideran indivisibles. El diseño técnico de esta transferencia quedará a cargo del Enacom.

También se determinó que el nuevo operador ingresante tendrá acceso a acuerdos de compartición de red, lo que permitirá el uso conjunto de antenas y equipos de radio (RAN sharing), la prestación del servicio sobre la red de otro operador (roaming nacional e internacional) y el alojamiento de equipos en sitios compartidos (co-ubicación).

El plazo mínimo de esta modalidad será de tres años, con posibilidad de renovación hasta que el nuevo competidor cuente con una red propia operativa. Mientras tanto, Telecom deberá garantizar el acceso a sus sistemas de gestión comercial.

En materia de servicios fijos, corporativos y mayoristas, el TDC ordenó la desinversión de la cartera de abonados de Telefónica (Movistar) en 28 localidades de cinco distritos —Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro—, que comprenden 211.400 abonados.

En aquellas localidades donde una desinversión estructural no resulte viable por cuestiones de escala, el Tribunal fijó obligaciones de conducta específicas: no se podrá reducir la calidad del servicio, deberán eliminarse las cláusulas de permanencia mínima y la paquetización obligatoria, y estará prohibido aplicar diferencias en precios, promociones o beneficios según la ubicación geográfica.

En paralelo, se estableció que la desinversión de los activos deberá finalizarse en un período máximo de 18 meses, bajo la supervisión de un Agente de Monitoreo independiente, que junto a la Secretaría de Concentraciones Económicas controlará el cumplimiento de los hitos establecidos por el Tribunal en sus requisitos.

“Estas condiciones estructurales y conductuales buscan prevenir una concentración excesiva en el mercado de las telecomunicaciones y resguardar la competencia efectiva en beneficio de los usuarios, cuestiones fundamentales para los consumidores que se veían comprometidas en las propuestas presentadas por Telecom”, explicó la administración libertaria.

“La resolución es excesiva y, sobre todo, está pensada con una cabeza más de los ’90 que de ahora. Es un encuadre competitivo antiguo que no refleja el mercado de telecomunicaciones actual. Tenemos a Starlink operando en banda ancha satelital, por ejemplo, y siguen contando los abonados uno por uno en las distintas regiones del país. Es erróneo. Nos obligan a una desinversión que es complicada y no tiene antecedentes. Estamos analizando las consecuencias porque cotizamos y es algo que tiene una consecuencia que son números. Vamos a analizar los pasos a seguir y no descartamos ninguna alternativa”, destacaron desde Telecom.

“Nos piden que dejemos lo que representa el 40% de usuarios móviles de Movistar y quieren armar un competidor al que tenemos que garantizarle las condiciones. Quieren que haya tres operadores móviles y crean uno que va a tener condiciones escuálidas en un mercado que no da para tres jugadores. La única forma de crecer es invirtiendo y con mercados más consolidados, no menos”, detallaron desde la empresa compradora.

Y sumaron: “Es lo que pasa en el mundo. Este año solo nosotros vamos a invertir en infraestructura unos USD 1.300 millones, y desde 2018 desembolsamos USD 9.000 millones. Son cifras grandes para una competencia que no es local, es global. Flow compite con el mundo, con todas las plataformas, y requiere una red en condiciones que consume cada vez más datos”.

• Desprendimiento de casi el 50% de su cartera: Telecom deberá transferir 6 millones de usuarios de telefonía móvil -4 millones del AMBA y 2 millones en el resto del país- además de la infraestructura correspondiente, a un nuevo operador del sector, con una distribución estratégica en el AMBA, la Región Norte y la Región Sur.
• Acceso a infraestructura: la empresa deberá permitir que un nuevo operador utilice su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión durante un período de dos años, manteniendo la continuidad y calidad del servicio mientras el nuevo competidor despliega su red propia.
• Devolución del espectro radioeléctrico: la medida incluye la restitución de 130 MHz en total, con una devolución inmediata de 60 MHz a nivel nacional, devoluciones adicionales en áreas con alta concentración y la asignación del remanente al mercado secundario para que otras compañías puedan acceder a ese espectro.
• Reestructuración en internet fija: También se establece la obligación de transferir clientes a otros operadores en aquellas localidades donde, tras la adquisición, la participación minorista supere el 50 por ciento.

Según estimaciones oficiales, estas exigencias buscan evitar que una sola empresa concentre cerca del 70% del sector de telecomunicaciones, limitando su participación a alrededor del 50% del mercado.

Desde el Gobierno indicaron que la fusión solo será viable si se implementan estas medidas que “evitan la consolidación de posiciones dominantes y garantizan que no se reduzcan las opciones disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores”.

“El objetivo final es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, libre de posiciones dominantes que puedan perjudicar a los usuarios y al desarrollo del país”, destacaron en un comunicado oficial.

El 24 de febrero de 2025, la casa matriz de Telefónica en España anunció la venta de su filial argentina al Grupo Telecom. El acuerdo abarcó todos los servicios que la empresa ofrecía en el país, entre ellos telefonía móvil, acceso a internet y telefonía fija, configurando un cambio de relevancia en el sector de las telecomunicaciones nacional.

La operación contempló la transferencia de los activos y la cartera de clientes de Movistar Argentina, consolidando la presencia de Telecom en el mercado local. Esta maniobra estratégica despertó inquietudes entre autoridades y especialistas, debido al riesgo de una mayor concentración en un segmento ya dominado por pocos actores.

Luego del anuncio, el Gobierno intervino y, el 21 de marzo de ese año, la Secretaría de Industria y Comercio dispuso la suspensión preventiva de la transacción. Ahora, el Tribunal de Defensa de la Competencia dispuso la desinversión de Telecom para dar luz verde a la compra de Telefónica.