ECONOMIA
El Gobierno autorizará la compra de Telefónica por parte de Telecom bajo ciertas condiciones
El gobierno de Javier Milei resolvió imponer una serie de condiciones para la compra de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom, operador perteneciente al Grupo Clarín. Entre otros requisitos, la segunda firma deberá deshacerse de 6 millones de usuarios para que se pueda llevar a cabo la fusión.
La decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), órgano decisor de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), fundamentada en un informe técnico elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), apunta a evitar que la operación derive en una posición dominante en el mercado de telecomunicaciones.
Desde la ANC remarcaron que “la operación reduce a dos los operadores de red móvil independientes del país. Antes de la operación, el mercado nacional tenía tres jugadores: AMX (Claro, 41,8%), Telecom (Personal, 33,8%), y Telefónica (Movistar, 24,4%). Con la concentración, el operador resultante alcanzaría el 58% del mercado y AMX (Claro) quedaría con el 42%”.
A la vez, consideraron que “de no mediar remedios estructurales, la operación crearía un duopolio en servicios de comunicaciones móviles (voz, SMS y datos)”.
En simultáneo, se dispuso que Telecom deberá transferir a un adquirente independiente una base de 6.000.000 de clientes móviles activos: 4.000.000 en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 2.000.000 en el resto del país. La transferencia contemplaría contratos, numeración e historial, sin generar costos para los usuarios.
Además del traspaso de clientes, la empresa deberá ceder el espectro radioeléctrico necesario para prestar el servicio de manera adecuada. Según lo resuelto por el Tribunal, la cesión de clientes y la transferencia de espectro se consideran indivisibles. El diseño técnico de esta transferencia quedará a cargo del Enacom.
También se determinó que el nuevo operador ingresante tendrá acceso a acuerdos de compartición de red, lo que permitirá el uso conjunto de antenas y equipos de radio (RAN sharing), la prestación del servicio sobre la red de otro operador (roaming nacional e internacional) y el alojamiento de equipos en sitios compartidos (co-ubicación).
El plazo mínimo de esta modalidad será de tres años, con posibilidad de renovación hasta que el nuevo competidor cuente con una red propia operativa. Mientras tanto, Telecom deberá garantizar el acceso a sus sistemas de gestión comercial.
En materia de servicios fijos, corporativos y mayoristas, el TDC ordenó la desinversión de la cartera de abonados de Telefónica (Movistar) en 28 localidades de cinco distritos —Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro—, que comprenden 211.400 abonados.
En aquellas localidades donde una desinversión estructural no resulte viable por cuestiones de escala, el Tribunal fijó obligaciones de conducta específicas: no se podrá reducir la calidad del servicio, deberán eliminarse las cláusulas de permanencia mínima y la paquetización obligatoria, y estará prohibido aplicar diferencias en precios, promociones o beneficios según la ubicación geográfica.
En paralelo, se estableció que la desinversión de los activos deberá finalizarse en un período máximo de 18 meses, bajo la supervisión de un Agente de Monitoreo independiente, que junto a la Secretaría de Concentraciones Económicas controlará el cumplimiento de los hitos establecidos por el Tribunal en sus requisitos.
“Estas condiciones estructurales y conductuales buscan prevenir una concentración excesiva en el mercado de las telecomunicaciones y resguardar la competencia efectiva en beneficio de los usuarios, cuestiones fundamentales para los consumidores que se veían comprometidas en las propuestas presentadas por Telecom”, explicó la administración libertaria.
“La resolución es excesiva y, sobre todo, está pensada con una cabeza más de los ’90 que de ahora. Es un encuadre competitivo antiguo que no refleja el mercado de telecomunicaciones actual. Tenemos a Starlink operando en banda ancha satelital, por ejemplo, y siguen contando los abonados uno por uno en las distintas regiones del país. Es erróneo. Nos obligan a una desinversión que es complicada y no tiene antecedentes. Estamos analizando las consecuencias porque cotizamos y es algo que tiene una consecuencia que son números. Vamos a analizar los pasos a seguir y no descartamos ninguna alternativa”, destacaron desde Telecom.
“Nos piden que dejemos lo que representa el 40% de usuarios móviles de Movistar y quieren armar un competidor al que tenemos que garantizarle las condiciones. Quieren que haya tres operadores móviles y crean uno que va a tener condiciones escuálidas en un mercado que no da para tres jugadores. La única forma de crecer es invirtiendo y con mercados más consolidados, no menos”, detallaron desde la empresa compradora.
Y sumaron: “Es lo que pasa en el mundo. Este año solo nosotros vamos a invertir en infraestructura unos USD 1.300 millones, y desde 2018 desembolsamos USD 9.000 millones. Son cifras grandes para una competencia que no es local, es global. Flow compite con el mundo, con todas las plataformas, y requiere una red en condiciones que consume cada vez más datos”.
- Desprendimiento de casi el 50% de su cartera: Telecom deberá transferir 6 millones de usuarios de telefonía móvil -4 millones del AMBA y 2 millones en el resto del país- además de la infraestructura correspondiente, a un nuevo operador del sector, con una distribución estratégica en el AMBA, la Región Norte y la Región Sur.
- Acceso a infraestructura: la empresa deberá permitir que un nuevo operador utilice su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión durante un período de dos años, manteniendo la continuidad y calidad del servicio mientras el nuevo competidor despliega su red propia.
- Devolución del espectro radioeléctrico: la medida incluye la restitución de 130 MHz en total, con una devolución inmediata de 60 MHz a nivel nacional, devoluciones adicionales en áreas con alta concentración y la asignación del remanente al mercado secundario para que otras compañías puedan acceder a ese espectro.
- Reestructuración en internet fija: También se establece la obligación de transferir clientes a otros operadores en aquellas localidades donde, tras la adquisición, la participación minorista supere el 50 por ciento.
Según estimaciones oficiales, estas exigencias buscan evitar que una sola empresa concentre cerca del 70% del sector de telecomunicaciones, limitando su participación a alrededor del 50% del mercado.
Desde el Gobierno indicaron que la fusión solo será viable si se implementan estas medidas que “evitan la consolidación de posiciones dominantes y garantizan que no se reduzcan las opciones disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores”.
“El objetivo final es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, libre de posiciones dominantes que puedan perjudicar a los usuarios y al desarrollo del país”, destacaron en un comunicado oficial.
El 24 de febrero de 2025, la casa matriz de Telefónica en España anunció la venta de su filial argentina al Grupo Telecom. El acuerdo abarcó todos los servicios que la empresa ofrecía en el país, entre ellos telefonía móvil, acceso a internet y telefonía fija, configurando un cambio de relevancia en el sector de las telecomunicaciones nacional.
La operación contempló la transferencia de los activos y la cartera de clientes de Movistar Argentina, consolidando la presencia de Telecom en el mercado local. Esta maniobra estratégica despertó inquietudes entre autoridades y especialistas, debido al riesgo de una mayor concentración en un segmento ya dominado por pocos actores.
Luego del anuncio, el Gobierno intervino y, el 21 de marzo de ese año, la Secretaría de Industria y Comercio dispuso la suspensión preventiva de la transacción. Ahora, el Tribunal de Defensa de la Competencia dispuso la desinversión de Telecom para dar luz verde a la compra de Telefónica.
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ECONOMIA
Del phishing al temor por los datos críticos: expresidentes, expertos y funcionarios alertaron sobre los riesgos de los ataques con IA
Desde Cancún, México. La inteligencia artificial redujo los costos y los tiempos necesarios para ejecutar fraudes y ataques digitales, pero también amplió las capacidades de prevención y respuesta de organizaciones y gobiernos, y esas dos velocidades abren un amplio abanico de desafíos a nivel global y económico. Esa tensión concentró buena parte de las discusiones entre expresidentes, especialistas en IA, ejecutivos, funcionarios públicos durante un encuentro especializado en ciberseguridad.
Con la predicción de un jefe de seguridad de Anthropic, quien estimó en más de 10% la probabilidad de que la inteligencia artificial provoque la extinción humana en la próxima década, como telón de fondo,, el consenso fue que la tecnología acelera amenazas ya conocidas y obliga a revisar con urgencia las estrategias de protección de datos, infraestructura y servicios esenciales. El desafío abarca desde la identificación de vulnerabilidades hasta la definición de controles sobre sistemas automatizados y el intercambio de información ante incidentes.
Durante dos días y en más de 20 paneles, el Digi Americas LATAM CISO Summit, realizado en Cancún, México, reunió a ex jefes de Estado, referentes tecnológicos, jefes de seguridad cibernética y funcionarios públicos para debatir cómo la inteligencia artificial modifica los riesgos digitales y las respuestas de empresas y gobiernos. Entre los temas abordados estuvieron el phishing, la suplantación de identidad, la cadena de suministro, la soberanía digital, la amenaza latente ante los datos críticos de los países y la cooperación internacional.
Frente a esa dinámica, los expositores insistieron en la necesidad de reforzar principios básicos de seguridad: identificar activos críticos, limitar privilegios, clasificar datos, controlar identidades y mantener visibilidad sobre la superficie de ataque. La incorporación de herramientas generativas y de agentes autónomos también abrió interrogantes sobre el acceso a la información, los permisos de cada usuario o sistema y las decisiones que pueden quedar en manos de procesos automatizados.
La cadena de suministro concentró otra parte de las preocupaciones. La dependencia de proveedores, plataformas en la nube, desarrolladores externos y sistemas interconectados amplía los riesgos más allá de los límites de cada organización. Los panelistas plantearon que la evaluación de terceros ya no puede depender solo de certificaciones o auditorías periódicas: requiere monitoreo continuo, identificación de dependencias y planes de contingencia para sostener operaciones ante la caída de un proveedor crítico.
También hubo acuerdo en que la ciberseguridad debe incorporarse desde el diseño de productos, procesos e infraestructura, en lugar de quedar relegada a una instancia posterior. En sectores como finanzas, salud, energía, transporte y administración pública, esa perspectiva se vincula con la resiliencia operativa: preparar a las organizaciones para contener incidentes, recuperar capacidades y garantizar la continuidad de servicios.
La cooperación entre empresas, gobiernos, reguladores y equipos técnicos fue otro de los puntos de acuerdo del evento. Los ataques aprovechan vulnerabilidades compartidas y se desplazan entre países y sectores, por lo que los participantes reclamaron reglas claras, intercambio de información y capacidades técnicas coordinadas. La inteligencia artificial incrementa la velocidad de las amenazas y, según se planteó en los paneles, exige respuestas colectivas que involucren desde los directorios hasta los usuarios finales.
Durante la conferencia se expusieron ejemplos sobre cómo los nuevos modelos de inteligencia artificial reducen el costo y aceleran las modalidades de fraude digital. Se mencionó que, por unos diez dólares, es posible enviar mil correos electrónicos de phishing con redacción convincente y adaptados a distintos idiomas, lo que facilita las campañas de engaño y suplantación de identidad.
También se alertó sobre el uso de herramientas capaces de replicar una voz a partir de apenas 15 segundos de audio. Esa capacidad puede utilizarse para simular llamadas de familiares, directivos o empleados y pedir transferencias de dinero o datos sensibles. Incluso, los especialistas en la materia recomendaron tener una “palabra de seguridad” con las personas allegadas para evitar ser víctimas de un fraude telefónica vía uso de inteligencia artificial.
El modelo de Estonia
Uno de los expositores más destacados fue el expresidente de Estonia, Toomas Hendrik Ilves, quien planteó que la discusión sobre la modernización del Estado adquirió otra dimensión ante el avance de la inteligencia artificial, la dependencia de proveedores tecnológicos extranjeros y la creciente exposición a incidentes informáticos. “En esta nueva era, la idea de soberanía digital y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial cambiaron mucho las cosas, incluso respecto de hace un año y medio”, afirmó.
Ilves señaló que la posibilidad de que servicios tecnológicos sean interrumpidos desde Estados Unidos, junto con la expansión de la inteligencia artificial agéntica, modificó el escenario para los gobiernos. “Es un mundo nuevo respecto del que existía hace apenas dos años”, sostuvo, al defender la necesidad de que los países desarrollen infraestructura y capacidades propias.
El ex jefe de Estado también advirtió sobre la necesidad de resguardar la información crítica frente a conflictos, ciberataques y desastres naturales. Recordó que Japón perdió parte de sus registros nacionales tras el accidente nuclear de Fukushima y afirmó que ese antecedente llevó a Estonia a diseñar un sistema de respaldo externo. “No podemos perder nuestros datos nacionales críticos”, resumió.
En ese marco, mencionó la creación de una embajada de datos en Luxemburgo, donde Estonia conserva copias sincronizadas de sus registros esenciales bajo un régimen de extraterritorialidad diplomática. La iniciativa contempla información vinculada con la identidad de los ciudadanos, registros fiscales, datos de salud y otros sistemas estatales.
Respecto de la aplicación de la IA en la administración pública, Ilves indicó que Estonia lanzó este año un programa para incorporar esta tecnología en los distintos sectores del Gobierno y la economía. “Estamos otorgando una identidad propia a todos los agentes. La finalidad es aumentar la rendición de cuentas: saber quién hace qué”, afirmó.
Seguridad digital y economía
Otro de los disertantes principales, el ex presidente de Colombia, Iván Duque, planteó que los riesgos asociados a la inteligencia artificial y los ataques digitales deben abordarse como un problema económico y de seguridad estatal.
“Mi primera preocupación es que debemos entender que la seguridad digital es un asunto macroeconómico. Debemos entender el costo que esto produce a nivel mundial y el daño económico que genera en un país específico”, afirmó.
También alertó sobre el crecimiento de los ataques en la región: “En América Latina, en los últimos cinco años los ciberataques se han más que triplicado o cuadruplicado en distintos países, y la cantidad de personas investigadas o juzgadas ni siquiera está disponible o registrada”.
Duque sostuvo que la respuesta requiere una conducción política centralizada y con capacidad de coordinación entre organismos públicos. “La gobernanza, en mi opinión, tiene que ser de arriba hacia abajo. Necesitamos jefes de Estado que incorporen cerca de sus oficinas a directores de tecnología, como hicimos en Colombia, que creen un marco de gobernanza y alineen a todo el Estado para pensar en seguridad digital”, señaló.
Bajo su perspectiva, la expansión de las amenazas tecnológicas exige que los gobiernos integren la ciberseguridad en sus decisiones de política pública y en la protección de la actividad económica.
La mirada local
En tanto, el director del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) de la Argentina, Ariel Waissbein, planteó que la regulación no puede detener por completo el avance tecnológico. “Por más que exista la legislación, uno no puede impedir ciertas tecnologías, ciertos cambios”, afirmó, al referirse a la IA.
En tal sentido, el funcionario nacional sostuvo que el desafío para los gobiernos consiste en crear condiciones de seguridad para su adopción y en reducir las amenazas sin bloquear la innovación. En ese sentido, consideró que las normas deben tener un alcance amplio y capacidad de adaptación frente a un escenario tecnológico que cambia con rapidez.
Waissbein también puso el foco en la coordinación entre el Estado, las empresas y los organismos internacionales. Señaló que la puesta en práctica de las políticas requiere generar confianza, explicar las amenazas y detectar medidas de aplicación rápida que permitan avanzar en conjunto.
“La cooperación internacional es muy importante”, expresó, porque permite conocer los problemas que enfrentan otros países y las respuestas que desarrollan. A su criterio, esos intercambios facilitan la creación de proyectos específicos para responder a desafíos compartidos.
También participaron senadores y diputados de distintos países de la región como México, Colombia, Brasil y Uruguay, quienes coincidieron en la necesidad de mejorar los marcos regulatorios para reforzar la ciberseguridad en sus respectivos países.
La predicción fatalista
La IA se colocó en el centro de la agenda mediática internacional en los últimos días luego de las declaraciones de Evan Hubinger, responsable de un equipo de seguridad de Anthropic: “De verdad creemos que la IA podría matar a todos los humanos. Yo calculo más de 10% en la próxima década”.
Hubinger remarcó que la empresa para la que trabaja “todavía no tiene un plan para resolver la alineación de una superinteligencia” y que ni siquiera existe certeza de que pueda desarrollarlo. La alineación refiere a que una inteligencia artificial actúe de acuerdo con los valores de sus creadores.
Los dichos del referente tecnológico resonaron tanto en los paneles como en los pasillos del Digi Americas LATAM CISO Summit. La mayor parte de los participantes le puso paños fríos a la teoría de Hubinger, desechando la idea de que la IA se encuentre “fuera de control”.
“Es un título sensacionalista”, sentenció el ejecutivo de una importante compañía americana de ciberseguridad en diálogo con Infobae. Esa mirada se repitió en buena parte de los jefes de seguridad y funcionarios que participaron del encuentro, aunque otros se mostraron más cautos y no descartaron del todo la posibilidad de una “superinteligencia” capaz de superar ampliamente las capacidades humanas en la mayoría de las tareas cognitivas, como el razonamiento, la investigación científica y la toma de decisiones.
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