POLITICA
El Gobierno convocó a la mesa política para el jueves y busca ordenar las reformas en el Congreso
El Gobierno convocó a una nueva reunión de mesa política para este jueves con el objetivo de ordenar la agenda legislativa de junio, revisar los poroteos en el Congreso y definir la secuencia de envío de las próximas reformas. En la Casa Rosada sostienen que el encuentro servirá para coordinar los proyectos que ya están en tratamiento y los textos que todavía siguen bajo revisión técnica.
La convocatoria se da después de una semana marcada por la aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado, el aval a la candidatura de María Verónica Michelli pese al rechazo del Ejecutivo y la postergación del paquete de propiedad privada. En Balcarce 50 buscan reordenar prioridades después de una sesión que expuso diferencias internas y obligó al oficialismo a rediscutir su estrategia parlamentaria.
La reunión también tendrá como trasfondo la relación con Patricia Bullrich. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado se diferenció del Gobierno por el pliego de Michelli y terminó absteniéndose en la votación. En el Ejecutivo sostienen que la línea sigue siendo evitar una confrontación directa con la senadora y mantenerla dentro del esquema de coordinación legislativa.
En la Casa Rosada dan por hecho, de todos modos, que Javier Milei no firmará la designación de Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata. Cerca de Karina Milei y de Santiago Caputo creen que el Presidente mantendrá demorado el decreto de nombramiento, aun después del acuerdo del Senado. En Nación apuntan además a que ese tribunal todavía requiere pasos administrativos para funcionar plenamente.
La reunión también se dará luego de la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, que en el gabinete esperan para el martes o el miércoles. En Balcarce 50 buscan que ese trámite permita cerrar otro frente de tensión interna, luego de semanas de cuestionamientos por su situación patrimonial y judicial.
El Gobierno buscará, en paralelo, sostener la agenda judicial con una nueva tanda de pliegos. En el Ejecutivo anticipan que enviarán otros expedientes al Senado, vinculados principalmente a cargos civiles, comerciales y de familia. También siguen de cerca el plenario del Consejo de la Magistratura del miércoles, que incluye concursos para juzgados federales y cámaras sensibles.
El temario del Consejo contempla concursos para el Juzgado Federal N°2 de La Plata, el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, juzgados federales con funciones de garantía en Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto, cuatro vocalías en la Cámara Civil y Comercial Federal y dos cargos en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En despachos oficiales advierten que los pliegos más sensibles quedarán para más adelante.
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Otro de los temas que llegará a la mesa política es el proyecto de juicio por jurados. En el Gobierno sostienen que el texto está “casi terminado”, que ya pasó por el Ministerio de Justicia y que quedó en Legal y Técnica, a tiro de ser enviado al Congreso. La iniciativa forma parte de la agenda institucional que el oficialismo tiene en carpeta desde hace varios meses.
La Casa Rosada también está cerca de enviar la reforma del Código Penal. En el entorno de Karina Milei reconocen que el texto saldrá con un alcance más amplio que el previsto en algunas versiones anteriores, aunque dentro del oficialismo admiten que será una negociación compleja.
Por ahora, descartan crear una comisión bicameral para acelerar su tratamiento, una alternativa que había sido evaluada en las primeras conversaciones. En paralelo, el paquete de desregulación que impulsa Federico Sturzenegger viene retrasado. Incluye cambios en cabotaje, seguros, mercado inmobiliario y mercado de capitales, pero todavía sigue bajo revisión técnica.
La reforma de Defensa de la Competencia, que abarca reglas sobre fusiones y adquisiciones, umbrales de notificación y criterios de intervención frente a posiciones dominantes, también permanece demorada. La reforma de la Ley de Sociedades, en cambio, ya fue enviada al Congreso en la última semana de mayo.
El texto forma parte de la misma agenda de actualización normativa que trabaja el Ministerio de Desregulación y apunta a flexibilizar estructuras societarias, ampliar herramientas para empresas y adaptar reglas a nuevos modelos de negocios.
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En Diputados, el oficialismo busca armar una mega sesión hacia fines de junio con el Súper RIGI y la ley de lobby como ejes principales. En Balcarce 50 quieren “agrupar todo lo que se pueda” y sumar otros proyectos si llegan en condiciones, como propiedad privada y holdouts, además de acuerdos internacionales que ya tienen trámite abierto.
El Senado presenta un escenario más complejo para el Gobierno. Allí se acumulan proyectos con media sanción de Diputados, como Ley Hojarasca y Zonas Frías, y textos enviados recientemente por el Ejecutivo, como etiquetado frontal y sociedades. También está previsto que ingresen los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, que Economía prepara para relanzar el régimen que busca atraer dólares del colchón al circuito formal.
La reunión del jueves buscará ordenar ese tablero. La Casa Rosada necesita definir qué proyectos empuja primero, qué iniciativas deja para una segunda etapa y cómo reparte la negociación entre Diputados y el Senado. En el Gobierno sostienen que junio será clave para mostrar volumen legislativo antes de que el Mundial absorba parte de la agenda pública.
Gobierno, mesa, Congreso
POLITICA
Vialidad III: suspendieron la primera audiencia a los cinco minutos y los fiscales pidieron investigar a dos defensores
La causa conocida como Vialidad III, un desprendimiento de la investigación madre sobre la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015, ingresó esta semana en su etapa de debate oral, aunque con un insólito episodio que obligó a postergar hasta agosto la próxima audiencia.
El Tribunal Oral Federal N° 2 suspendió este jueves, a los cinco minutos de iniciada, la primera audiencia del juicio por la inasistencia de dos abogados defensores de uno de los acusados.
Vialidad III constituye el tercer tramo de la causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra vial en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. En esta etapa oral están acusados Sandro Férgola, Gustavo Marcelo Gentili y Fernando Abrate como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada.
La audiencia se desarrollaba en la Sala SUM de los tribunales de Comodoro Py cuando el tribunal, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel, resolvió levantar la sesión al constatar que no estaban dadas las garantías de defensa. Los abogados ausentes eran Agustín Gabriel Labombarda y Enrique Alberto Arce, quienes representan a Sandro Férgola, exgerente de Obras y Servicios Viales de la Dirección Nacional de Vialidad.
Uno de ellos comunicó su imposibilidad a través de su cliente. Ambos alegaron superposición con su participación en el debate oral de la causa Cuadernos.
El tribunal dispuso entonces un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto y ordenó a la defensa que, entre el jueves y el viernes, defina un abogado sustituto para continuar con el proceso.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se extraiga testimonio de lo ocurrido para iniciar una causa penal contra los letrados por el incumplimiento que postergó el inicio del juicio oral.
El foco de la investigación está puesto en el presunto direccionamiento de fondos públicos hacia el grupo Austral Construcciones, vinculado a Lázaro Báez, que habría concentrado alrededor del 80% de los contratos viales de la provincia en ese período, por un monto superior a los 46.000 millones de pesos.
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La causa Vialidad se tramita en distintos segmentos. En el primer tramo, la expresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión con arresto domiciliario, al igual que José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez.
En el segundo tramo, varios acusados accedieron a la suspensión del juicio a prueba mediante probation, con acuerdos homologados por el Ministerio Público Fiscal o la Cámara de Casación.
Lázaro Baez, Vialidad, juicio
En plena efervescencia mundialista, el juez federal Ariel Lijo le pidió a su colega María Eugenia Capuchetti que le ceda una de las tres causas principales vinculadas al “rulo financiero”, una maniobra que tiene en vilo a exfuncionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central. Lijo ya había logrado unificar otros dos expedientes, tras una intervención de la Cámara Federal.
La causa en poder de Capuchetti arrancó en 2021 por una denuncia del Banco Central contra la agencia de cambios Marvic SA, que desplegó una maniobra para acceder al dólar oficial. Las operaciones de compra de esa agencia tipo alcanzaron un equivalente a US$14.601.600 en el período comprendido entre el 15/6/2021 y el 27/9/2021. La investigación luego se amplió a otras casas de cambio.
El expediente estuvo delegado durante cuatro años en el fiscal Eduardo Taiano y se activó recién a fines del año pasado cuando la jueza retomó la investigación y desplegó una batería de medidas de prueba. A fines de diciembre se dio una situación inédita: tres jueces hicieron allanamientos casi a la misma hora: Casanello (que luego fue reemplazado por Lijo), Servini (que perdió su causa hace dos semanas) y la propia Capuchetti.
La causa que terminó en manos de Lijo terminó ampliando su objeto al funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) a partir del contenido del teléfono de Martín Migueles, exsocio y ladero de Elías Piccirillo.
Cuando el expediente comenzaba a inquietar a exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, el magistrado primero reclamó la causa de Servini. La jueza se negó e intervino la Cámara Federal, que le terminó dando la razón a Lijo.
El camarista Roberto Boico sostuvo que existe una «dependencia funcional y operativa» entre los sujetos investigados en ambos expedientes, con nombres en común, como Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Banco Más Ventas, entre otros. Además, valoró el riesgo real por allanamientos múltiples y simultáneos sobre las mismas oficinas comerciales por parte de dos juzgados distintos.
Casi con los mismos argumentos, ahora Lijo le pidió a Capuchetti que se inhiba.
“Del cotejo del objeto procesal de ambas investigaciones surge la intervención de un conjunto de personas físicas y jurídicas que se encontrarían íntimamente relacionadas y asociadas a una misma operatoria presuntamente destinada a adquirir moneda extranjera al tipo de cambio oficial para luego canalizarla hacia el mercado paralelo», sostuvo Lijo. Y agregó que en esa causa está mencionado Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, que también aparece en su expediente.
En medio del tironeo por las causas, el financista Francisco Hauque, que terminó enfrentado a Piccirillo, dio varias entrevistas y mencionó solo a exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández como el extitular del BCRA Miguel Ángel Pesce. La omisión a otros funcionarios que dependían de Sergio Massa generó sospechas y un cruce de reclamos. Los mensajes llegaron a Comodoro Py.
Lijo ahora aspira a concentrar todos los expedientes. “Existe un riesgo concreto de dispersión investigativa y de adopción de criterios divergentes si las investigaciones continúan ante distintos magistrados, con la consiguiente valoración separada de un mismo acervo probatorio referido a un contexto fáctico común”, dice la resolución que firmó antes del duelo entre Argentina e Inglaterra y a la que tuvo acceso .
La jueza se negó e intervino la Cámara Federal, que le terminó dando la razón a Lijo.,Nicolás Pizzi,Dólar blue,Ariel Lijo,Sergio Massa,Conforme a
POLITICA
Argentina participó de la cumbre contra el Resurgimiento del Terrorismo Político organizada por Estados Unidos
(Desde Washington, Estados Unidos) Los tres intentos de asesinato que sufrió Donald Trump y la muerte violenta del dirigente conservador Charlie Kirk determinaron que el presidente de Estados Unidos firmará la orden ejecutiva de Seguridad Nacional Número Siete, una disposición de emergencia que apunta contra la extrema izquierda y el movimiento anarquista.
La decisión política de Trump es inédita porque hasta ahora Estados Unidos avanzaba contra el terrorismo fundamentalista -Hezbollah o Hamas, por ejemplo-, y por decisión del presidente republicano se van a utilizar muchísimos recursos que se desplegaron tras el ataque a las Torres Gemelas.
“Durante demasiado tiempo, nuestra doctrina antiterrorista ha tenido un punto ciego, un punto ciego cuando se trata de la violencia extremista de la izquierda política. Incluso hoy en día, la sola idea de que el terrorismo de extrema izquierda pueda ser una amenaza grave es tratada como un delirio febril de la derecha o, peor aún, como una peligrosa conspiración fascista. Es tratado de esta manera por muchos en la prensa, por muchos en la academia y en nuestras universidades, y por muchas de nuestras instituciones tradicionales», aseguró Marco Rubio durante su discurso para abrir las deliberaciones de la cumbre.
Y añadió el secretario de Estado:
“El terrorismo político de extrema izquierda no es una novedad de los tiempos modernos. No es una ficción fabricada por políticos conservadores. Durante la mayor parte de la era moderna, fue de hecho la forma dominante de violencia política. Cada uno de nuestros amigos aquí presentes, provenientes de las naciones de Occidente, recuerda los secuestros, los bombardeos, los asesinatos y las ejecuciones; el terror violento de los Tupamaros, de los Montoneros, de las FARC, del EGP. Recuerdan el salvajismo inhumano de Sendero Luminoso en Perú, los fanáticos maoístas que masacraron a las aldeas campesinas peruanas, matando a machetazos y hachazos a mujeres embarazadas y bebés recién nacidos. Recuerdan a las decenas de miles de guerrilleros marxistas entrenados para matar en los campamentos terroristas de Castro».
Pablo Quirno representó a la Argentina en la cumbre contra el Resurgimiento del Terrorismo Político. Quirno fue orador principal en el almuerzo oficial, una señal de la alianza estratégica que tiene Javier Milei con Trump.
“Fue una encuentro que reunió a diversos países para mostrar la preocupación de una situación que está ocurriendo, donde se ve el aumento de acciones violentas patrocinadas por la izquierda y la extrema izquierda de las cuales tenemos que estar alerta. Esta iniciativa lo que suma es la cooperación, la inteligencia y el intercambio de información, y plantear que hay que enfrentar este problema, porque sino después sería muy tarde”, explicó el canciller a Infobae y otros medios de la Argentina.
Y completó:
“Tenemos que tener un grado de coordinación muy importante, porque a lo que nos enfrentamos es a un enemigo que no conoce de fronteras y se va moviendo buscando los resquicios”.
Tras la promulgación de la orden Ejecutiva de Seguridad Nacional Número 7, Marco Rubio designó formalmente Antifa Ost , Federación Anarquista Informal, Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).
En su resolución oficial, el secretario de Estado argumentó que las cuatro organizaciones extremistas han cometido o intentan cometer actos de terrorismo que amenazan la seguridad de ciudadanos americanos, la política exterior o la estabilidad económica de los Estados Unidos.
La inclusión de estas agrupaciones europeas en las listas FTO y SDGT activa un riguroso protocolo de persecución global que implica bloqueo de activos, prohibición de apoyo material y denegación de visados.
En este contexto, se explica que durante la cumbre participaran Scott Bessent -secretario del Tesoro- y Stephen Miller, asesor de Trump en Seguridad Nacional.
Rubio, Bessent, Miller y Chris Landau -vice secretario de Estado- plantearon a los 61 países invitados que Estados Unidos aportará colaboración de inteligencia y recursos logísticos para evitar que las organizaciones terroristas de izquierda pongan en peligro la estabilidad democrática de sus socios estratégicos.
Domestic,Politics,North America,Government / Politics
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