POLITICA
El Gobierno convocó a la mesa política para el jueves y busca ordenar las reformas en el Congreso
El Gobierno convocó a una nueva reunión de mesa política para este jueves con el objetivo de ordenar la agenda legislativa de junio, revisar los poroteos en el Congreso y definir la secuencia de envío de las próximas reformas. En la Casa Rosada sostienen que el encuentro servirá para coordinar los proyectos que ya están en tratamiento y los textos que todavía siguen bajo revisión técnica.
La convocatoria se da después de una semana marcada por la aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado, el aval a la candidatura de María Verónica Michelli pese al rechazo del Ejecutivo y la postergación del paquete de propiedad privada. En Balcarce 50 buscan reordenar prioridades después de una sesión que expuso diferencias internas y obligó al oficialismo a rediscutir su estrategia parlamentaria.
La reunión también tendrá como trasfondo la relación con Patricia Bullrich. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado se diferenció del Gobierno por el pliego de Michelli y terminó absteniéndose en la votación. En el Ejecutivo sostienen que la línea sigue siendo evitar una confrontación directa con la senadora y mantenerla dentro del esquema de coordinación legislativa.
En la Casa Rosada dan por hecho, de todos modos, que Javier Milei no firmará la designación de Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata. Cerca de Karina Milei y de Santiago Caputo creen que el Presidente mantendrá demorado el decreto de nombramiento, aun después del acuerdo del Senado. En Nación apuntan además a que ese tribunal todavía requiere pasos administrativos para funcionar plenamente.
La reunión también se dará luego de la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, que en el gabinete esperan para el martes o el miércoles. En Balcarce 50 buscan que ese trámite permita cerrar otro frente de tensión interna, luego de semanas de cuestionamientos por su situación patrimonial y judicial.
El Gobierno buscará, en paralelo, sostener la agenda judicial con una nueva tanda de pliegos. En el Ejecutivo anticipan que enviarán otros expedientes al Senado, vinculados principalmente a cargos civiles, comerciales y de familia. También siguen de cerca el plenario del Consejo de la Magistratura del miércoles, que incluye concursos para juzgados federales y cámaras sensibles.
El temario del Consejo contempla concursos para el Juzgado Federal N°2 de La Plata, el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, juzgados federales con funciones de garantía en Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto, cuatro vocalías en la Cámara Civil y Comercial Federal y dos cargos en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En despachos oficiales advierten que los pliegos más sensibles quedarán para más adelante.
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Otro de los temas que llegará a la mesa política es el proyecto de juicio por jurados. En el Gobierno sostienen que el texto está “casi terminado”, que ya pasó por el Ministerio de Justicia y que quedó en Legal y Técnica, a tiro de ser enviado al Congreso. La iniciativa forma parte de la agenda institucional que el oficialismo tiene en carpeta desde hace varios meses.
La Casa Rosada también está cerca de enviar la reforma del Código Penal. En el entorno de Karina Milei reconocen que el texto saldrá con un alcance más amplio que el previsto en algunas versiones anteriores, aunque dentro del oficialismo admiten que será una negociación compleja.
Por ahora, descartan crear una comisión bicameral para acelerar su tratamiento, una alternativa que había sido evaluada en las primeras conversaciones. En paralelo, el paquete de desregulación que impulsa Federico Sturzenegger viene retrasado. Incluye cambios en cabotaje, seguros, mercado inmobiliario y mercado de capitales, pero todavía sigue bajo revisión técnica.
La reforma de Defensa de la Competencia, que abarca reglas sobre fusiones y adquisiciones, umbrales de notificación y criterios de intervención frente a posiciones dominantes, también permanece demorada. La reforma de la Ley de Sociedades, en cambio, ya fue enviada al Congreso en la última semana de mayo.
El texto forma parte de la misma agenda de actualización normativa que trabaja el Ministerio de Desregulación y apunta a flexibilizar estructuras societarias, ampliar herramientas para empresas y adaptar reglas a nuevos modelos de negocios.
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En Diputados, el oficialismo busca armar una mega sesión hacia fines de junio con el Súper RIGI y la ley de lobby como ejes principales. En Balcarce 50 quieren “agrupar todo lo que se pueda” y sumar otros proyectos si llegan en condiciones, como propiedad privada y holdouts, además de acuerdos internacionales que ya tienen trámite abierto.
El Senado presenta un escenario más complejo para el Gobierno. Allí se acumulan proyectos con media sanción de Diputados, como Ley Hojarasca y Zonas Frías, y textos enviados recientemente por el Ejecutivo, como etiquetado frontal y sociedades. También está previsto que ingresen los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, que Economía prepara para relanzar el régimen que busca atraer dólares del colchón al circuito formal.
La reunión del jueves buscará ordenar ese tablero. La Casa Rosada necesita definir qué proyectos empuja primero, qué iniciativas deja para una segunda etapa y cómo reparte la negociación entre Diputados y el Senado. En el Gobierno sostienen que junio será clave para mostrar volumen legislativo antes de que el Mundial absorba parte de la agenda pública.
Gobierno, mesa, Congreso
POLITICA
El presidente de Uruguay negó la instalación de un cable submarino entre Malvinas y Montevideo
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, negó que se vaya a tender un cable submarino de fibra óptica para conectar el país con las Islas Malvinas, en plena tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago y la próxima explotación por parte de empresas extranjeras de petróleo cerca de las islas.
“Nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo. No se hizo ninguna consideración porque nunca hubo nada”, dijo el presidente uruguayo a la prensa en la Expo Rural del Prado, en la ciudad de Montevideo.
Además, afirmó que una empresa de Estados Unidos trabaja en un proyecto de fibra óptica, pero sostuvo que la iniciativa no incluye a las Malvinas. “Es una noticia falsa”, insistió luego de que se difundieran imágenes de un buque de una empresa holandesa navegando aguas uruguayas.
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POLITICA
Patricia Bullrich dijo que no le avisaron del recorte en Discapacidad: “Quedás como tonto o que engañás, eso resiente las relaciones”
Patricia Bullrich aseguró esta mañana que no estaba al tanto de los cambios en el sistema de discapacidad que el gobierno de Javier Milei introdujo en el proyecto de Presupuesto 2027, a pesar de integrar la mesa política del oficialismo. La declaración expone una fisura en la coordinación interna de la coalición gobernante en un momento en que la aprobación del presupuesto se vuelve estratégica para el año electoral.
La senadora y presidenta del PRO admitió -en declaraciones al periodista Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia- que el tema “no salió a la luz” en las reuniones de la mesa política, y que el presupuesto llegó con esos cambios sin previo aviso para los socios de la coalición. “No nos enteramos, yo no miento, es la verdad”, enfatizó la legisladora, que luego expresó cierta molestia porque cuando los legisladores aliados llegan al Congreso sin haber sido informados, quedan expuestos ante sus propios bloques y ante la oposición. “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, lamentó.
En el mismo sentido, Bullrich reconoció que en Diputados ya existía un acuerdo político entre el oficialismo y sectores opositores para discutir el tema de discapacidad “de determinada manera”, acuerdo que ahora quedaría en cuestión con la aparición de estos artículos en el texto presupuestario. El Senado actúa como cámara revisora en materia presupuestaria, por lo que deberá esperar a ver qué texto llega desde la cámara baja antes de definir su postura. “Está bastante peliaguda la discusión”, reconoció.
Desde los bloques opositores, las reacciones fueron inmediatas. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, calificó los cambios como “ilegales e inconstitucionales” y denunció que el proyecto busca “desmantelar” la Ley de Emergencia en Discapacidad. El legislador Esteban Paulón, de Santa Fe, subrayó que los cambios aparecieron luego de que La Libertad Avanza había impulsado junto a bloques afines una iniciativa propia para tratar la emergencia, sin revelar su contenido real.
El Presupuesto derogó puntos históricos del sistema de discapacidad que rigen desde 1997
El proyecto enviado al Congreso incluye, en su Capítulo VI, los artículos 36 a 41, que modifican en forma permanente pilares del sistema de atención a personas con discapacidad. Entre los puntos más sensibles figura la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793) y cambios profundos en la ley 24.901, que desde 1997 sostiene el sistema de prestaciones básicas de atención integral.
El corazón de la reforma apunta al Nomenclador de Prestaciones Básicas: el texto establece que ya “no incluirá valores universales”, lo que elimina los aranceles obligatorios de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores. En la práctica, las familias de personas con discapacidad deberán negociar individualmente el valor de terapias y tratamientos con sus coberturas. La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, lo resumió con crudeza en Radio Con Vos: “Es letal la desregulación del nomenclador único”.
Otro de los cambios centrales reinstala el esquema de pensión por invalidez laboral, lo que implica que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no funcionará como garantía directa de acceso a las prestaciones. Además, quienes cuenten con empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo perderán la compatibilidad con ese beneficio, una modificación que hasta ahora permitía a muchas personas con discapacidad trabajar sin perder su cobertura.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió que la reforma “elimina dos principios fundamentales: que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado, y que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria”. “En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto”, señaló desde su cuenta de X.
Los cambios en los valores de las prestaciones también dejarán de ser automáticos y mensuales. El Gobierno fijará esos montos a su propio criterio de forma trimestral, y solo se recurrirá al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC si ese ajuste no se realiza en tiempo y forma. Se elimina además el estudio anual de costos de cada prestación, que incorporaba a los aranceles los aumentos de componentes no reflejados en la inflación general.
POLITICA
Fuerte crítica de Yacobitti por los fondos para universidades: denunció que hay partidas que perdieron 85%
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, criticó este jueves el Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso, en el que la administración de Javier Milei estima destinar alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales el año que viene. Y es que los rectores, en cambio, habían adelantado que los fondos necesarios para el próximo año ascendían a $11 billones. En ese contexto, el exdiputado aseguró que hay partidas que perdieron un 85% de inversión.
“El presupuesto consolida cuáles son las prioridades del Gobierno y, dentro de esas prioridades, no está el sistema público de universidades. Tampoco está cumplir la ley [de financiamiento universitario]”, sostuvo Yacobitti y marcó que la pérdida del salario docente es del 30,5% respecto a diciembre de 2023.
En diálogo con radio Mitre, enumeró la caída de la inversión del Gobierno en partidas que son para la UBA: “En el mundo donde el conocimiento es el protagonista, la inversión para las partidas de ciencia y tecnología desde 2023 hasta hoy el presupuesto consolida que bajaron 85%. El plan de obras para las universidades bajó al 92% en obras y mantenimiento. Eso es para comprar equipamientos que hacen falta para estudiar, desde carreras tradicionales hasta las carreras que implican nuevas tecnologías”.
“La inversión por alumno es muchísimo menor que la que se hace en otras universidades similares, como la de San Pablo o la UNAM de México. En algunos casos es 10 y otras veces 15 veces menos. La inversión por alumno en los últimos tres años bajó 28%. Hace 20 años que no teníamos una inversión tan baja”, advirtió Yacobitti.
Al ser consultado sobre el próximo accionar de la UBA, si será con una marcha, el vicerrector de la UBA dijo que “seguramente el reclamo se haga de ahora en adelante como foco también la Justicia” porque el Gobierno sigue, según Yacobitti, incumpliendo la ley.
“El Gobierno dice que está cumpliendo la ley; las universidades dicen que no. ¿Quién tiene razón? Tiene que haber alguien que diga, ‘no, mirá, esto es así’. Eso es lo que hoy desespera a muchos. Yo creo que eso no nos puede hacer abandonar el sueño de tener una universidad pública como la que tenemos hoy», sostuvo y no descartó una medida de fuerza.
“En una medida de fuerza perjudicás a los estudiantes, que también son los que están reclamando por lo mismo. No nos queda otra que tratar de concientizar a la sociedad, como lo hicimos hace pocos días en la Plaza de Mayo, poniendo los haberes a disposición de la sociedad, independientemente de que las universidades estaban abiertas y funcionando. Es un doble esfuerzo”, completó.
El Presupuesto 2027
Los rectores de universidades públicas buscaron el miércoles apoyo en el Congreso en protesta al presupuesto que envió el Gobierno al Congreso, que contempla menor inversión en las casas de estudios.
Tal como publicó , los gastos para el personal, por ejemplo, estimados en $8368 billones, ya superan al presupuesto total para las universidades contemplado para 2027.
Sumando los fondos y programas específicos que integran el financiamiento universitario contemplado en el artículo 12, la propuesta de las universidades alcanza los $10 billones. A eso le agregan partidas para recomponer los gastos de funcionamiento, el programa Fundar (Fondo Universitario para el Desarrollo Nacional y Regional) y las becas Manuel Belgrano.
Plantearon el monto de $11,005 billones como el punto de partida para el sistema, que debería actualizarse el año que viene dado que no incorpora la inflación proyectada.
El proyecto oficialista contempla un crédito de $7.349.082.049.312 para el conjunto de las universidades nacionales. Ese monto se divide en $6.326.177.949.919 en gastos de personal, funcionamiento y transferencias corrientes. Y $1.022.904.099.393 en partidas “debajo de la línea”, que incluyen ciencia y técnica, hospitales universitarios, fortalecimiento de recursos humanos y colegios preuniversitarios, entre otros ítems.
Este jueves el Gobierno se reunirá con los universitarios. Está convocado nuevamente un encuentro con los gremios y representantes de los rectores, a las 11 la docente y a las 15 la del personal no docente. En el último mano a mano, el 1° de septiembre pasado, no hubo acuerdo y los gremios convocaron a un paro nacional al día siguiente. Rechazaron el 3% de aumento ofrecido en el encuentro que encabezó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
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