El Gobierno ya tiene listos los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, pero demora su envío al Congreso por el impacto político del caso Manuel Adorni y por la tensión que atraviesa la negociación con los aliados. En el Ejecutivo reconocen que el proyecto está terminado, pulido y en condiciones de ser remitido, aunque ahora la prioridad será concentrar los esfuerzos en las iniciativas que ya ingresaron al Parlamento.

La reforma fue enviada a la mesa política de Nación, que funciona como instancia interna de definición sobre reformas, votaciones y estrategia parlamentaria. En la Casa Rosada describen ese ámbito como una suerte de órgano decisorio del oficialismo: allí se ordenan prioridades, se evalúan costos políticos y, según el caso, se elevan los temas a Javier Milei o se resuelven directamente dentro del dispositivo de conducción.

Los cambios a Inocencia Fiscal habían surgido de las reuniones que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo con contadores y tributaristas. La idea original era enviar el proyecto al Congreso apenas estuviera terminado para reforzar el régimen, ampliar su alcance y dar más seguridad jurídica a los contribuyentes que quisieran incorporar fondos al circuito formal. Ese cronograma ahora quedó alterado.

En Balcarce 50 explican que la demora no responde a un problema técnico, sino político. El texto ya está cerrado, pero el Gobierno no quiere abrir un nuevo frente de discusión legislativa en medio de la crisis por Adorni, que tiene frenada parte de la agenda parlamentaria, tensiona la relación con PRO, UCR y bloques provinciales, y obligó al oficialismo a negociar contrarreloj para evitar una derrota en el Senado.

El dato más incómodo es que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias en medio de la investigación judicial sobre el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete. En el Gobierno aclaran que el trámite no implicó un blanqueo de dólares ni una exteriorización de fondos, pero admiten que el cruce entre el caso Adorni y la reforma de Inocencia Fiscal vuelve más sensible el envío del proyecto.

De todos modos, en Nación sostienen que la postergación no se explica sólo por la adhesión del jefe de Gabinete al régimen. El argumento central es que el oficialismo no tiene margen para sumar nuevas negociaciones con aliados mientras intenta contener los pedidos de interpelación y moción de censura contra Adorni, ordenar el tratamiento de las reformas ya presentadas y evitar que cada apertura del recinto se convierta en una oportunidad para golpear al ministro coordinador.

La decisión oficial es centralizar los esfuerzos en los proyectos que ya están en el Congreso. En esa lista aparecen el paquete de inviolabilidad de la propiedad privada, el Súper RIGI, la ley de lobby, Hojarasca y Zonas Frías, entre otros expedientes que requieren votos de aliados y gobernadores. La Casa Rosada cree que dispersar la agenda con nuevas iniciativas puede complicar aún más una negociación que ya quedó condicionada por el caso Adorni.

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La misma lógica alcanza a otros proyectos que el Gobierno tenía previsto enviar al Congreso en las próximas semanas, como juicio por jurados y una nueva tanda de desregulación. En distintos despachos reconocen que esas iniciativas siguen en carpeta, pero que ahora deberán esperar una ventana política más ordenada. “Primero hay que sacar lo que ya está adentro”, resumen en Nación.

El caso Adorni impactó directamente sobre ese calendario. En el Senado, el oficialismo logró postergar una sesión que podía derivar en una ofensiva contra el jefe de Gabinete, pero la discusión quedó abierta para el 25 de junio, con la posibilidad de avanzar hacia una interpelación el 2 de julio. En Diputados, el Gobierno también evalúa con cuidado los tiempos del Súper RIGI y del acuerdo con holdouts, porque teme que la oposición use el recinto para instalar pedidos contra el ministro coordinador.

En ese contexto, la reforma de Inocencia Fiscal pasó de ser una iniciativa económica de envío inminente a un proyecto en espera. Para Caputo, el cambio sigue siendo relevante: busca reforzar el esquema con el que el Gobierno pretende que una parte de los dólares fuera del sistema ingrese al circuito formal, empuje actividad y acompañe la remonetización de la economía. Pero en la mesa política entienden que el momento parlamentario no ayuda.

El proyecto apunta a modificar el régimen simplificado de Ganancias y a dar más previsibilidad a los contribuyentes. Entre los cambios que se discutieron con especialistas aparece la eliminación de topes de ingreso y patrimonio para ampliar el universo de adherentes, ajustes sobre la llamada “discrepancia significativa”, más instancias de rectificación antes de perder beneficios, límites al uso de presunciones por parte de ARCA y reglas de bancarización para las operaciones.

El objetivo técnico es reducir el temor a que una persona que ingresa al régimen termine expuesta a fiscalizaciones amplias sobre ejercicios anteriores por errores formales, diferencias de criterio o inconsistencias menores. En Economía sostienen que, si el contribuyente acepta la declaración simplificada, paga en término y cumple con los requisitos, debe tener un marco de seguridad jurídica más robusto para operar con fondos que hoy están fuera del sistema formal.

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La reforma también contempla beneficios vinculados a sanciones y multas. En el diseño que circula entre tributaristas, el contribuyente podría acceder a condonaciones o mecanismos de regularización si adhiere al régimen y cumple determinadas condiciones. El Gobierno presenta esa arquitectura como una herramienta para formalizar actividad sin lanzar un blanqueo tradicional ni abrir una discusión tributaria más amplia.

La discusión política, sin embargo, quedó atravesada por el caso Adorni. En la Casa Rosada saben que cualquier modificación que amplíe beneficios fiscales o limite herramientas de control de ARCA puede ser leída por la oposición como una norma a medida del jefe de Gabinete, aunque en Economía insistan en que la reforma fue pensada antes de la crisis actual y responde a pedidos de contadores, tributaristas y contribuyentes.

Por eso, el Gobierno eligió frenar el envío y esperar. La mesa política deberá definir cuándo existe margen para reactivar la iniciativa sin sumar ruido a una agenda legislativa ya saturada. Mientras tanto, Caputo mantiene el proyecto listo, pero la Casa Rosada prioriza contener el frente Adorni, ordenar los votos para las reformas que ya están en trámite y evitar que una nueva ley económica termine absorbida por la crisis política del jefe de Gabinete.

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