POLITICA
El Gobierno enfría la aprobación del Tratado de Patentes en Diputados a la espera de señales de Estados Unidos
Tras enviar una andanada de proyectos de ley al Congreso durante las últimas semanas, el oficialismo comenzó a dar señales de cuáles serán sus prioridades y qué iniciativas quedarán para más adelante. Mientras aceleran con el tratamiento del denominado Super RIGI y la eliminación de las PASO, La Libertad Avanza decidió posponer el debate del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés) que, llamativamente, es una de las pocas iniciativas que ya tiene dictámen.
El PCT obtuvo dictamen de mayoría y quedó listo para ir al recinto hace dos semanas gracias a que los libertarios cedieron a la presión de los laboratorios nacionales y aceptaron dejar “en reserva” el Capítulo II del Tratado.
El Tratado de Patentes permite a inventores y empresas presentar una única solicitud internacional de patente, lo que simplifica la búsqueda de resguardo legal en múltiples jurisdicciones. La solicitud presentada bajo el PCT surte el mismo efecto jurídico que si se hubiera presentado una solicitud en cada uno de los 158 Estados miembros adheridos.
Pero los laboratorios nacionales habían planteado su rechazo al Capítulo II bajo el argumento de que facilitaría los monopolios extranjeros, encarecería los medicamentos y vulneraría la soberanía sanitaria del país. Particularmente advirtieron sobre la proliferación del “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional para patentar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes (sin aportar mejoras terapéuticas reales) para extender artificialmente los monopolios por 20 años y bloquear la competencia.
Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perderá soberanía porque los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad. También plantearon que la implementación del tratado podría llevar a la destrucción del mercado de genéricos y biosimilares dado que la industria farmacéutica argentina basa gran parte de su negocio en la réplica legítima y producción de genéricos competitivos.
El objetivo inicial del Gobierno era ratificar el tratado antes del 30 de abril, que era la fecha límite acordada con la administración republicana en el marco del acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos.
La Casa Rosada no pudo cumplir con ese plazo pero luego del dictamen tampoco buscó acelerar los tiempos. Según explicaron fuentes oficiales, desde Cancillería pidieron enfriar el trámite legislativo a la espera de algunas señales de Estados Unidos.
“El gobierno de Donald Trump ya tuvo dos reveses judiciales respecto al cuadro arancelario y todavía tiene que implementar el cuadro arancelario del acuerdo con Argentina”, señaló un funcionario al tanto de la negociación.
En febrero, la Corte Suprema anuló la suba de aranceles recíprocos que Trump impuso al resto del mundo como metodo de negociación. La Casa Blanca argumentó que una ley de 1977 le permitía al presidente regular la importación durante emergencias y también establecer aranceles. Sin embargo, la mayoría del tribunal concluyó que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles.
En ese sentido, desde el oficialismo explicaron que probablemente entre finales de junio y mediados de julio la administración republicana publicará los nuevos aranceles y ahí quedará en claro que se cumplieron los compromisos mutuos.
Una vez lograda la media sanción, el texto deberá volver al Senado ya que fue modificado (la reserva del Capítulo II).
La semana que viene el oficialismo dará el puntapié inicial al debate en comisión del Super RIGI, esperando poder avanzar con este proyecto y con la reforma política para eliminar las PASO antes de que comience el Mundial. Ese cronograma obedece al miedo de la Casa Rosada a que los gobernadores aliados comiencen a tomar distancia de cara a la pelea electoral del año que viene.
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POLITICA
El Senado avanza con 30 nombramientos judiciales y tratará los pliegos de dos candidatos para la Cámara que revisará el caso Libra
La Comisión de Acuerdos del Senado, encabezada por el libertario Juan Carlos Pagotto, fijó para el 12 y 13 de agosto, a las 11, una treintena de audiencias públicas con el objetivo de avanzar en los nombramientos judiciales para distintos juzgados y cámaras de la Capital Federal.
La convocatoria ya fue publicada en el Boletín Oficial y, una vez finalizado el receso de invierno, formará parte de la agenda del Senado. Durante esas jornadas, los candidatos deberán exponer ante los legisladores. También habrá audiencias la semana próxima, el martes 4 y el miércoles 5 de agosto.
Entre las postulaciones de mayor relevancia que enviaron al Congreso el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se encuentran las de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Se trata de cargos clave, ya que ese tribunal interviene en algunas de las principales causas de corrupción del país.
La Sala para la que fueron propuestos Bertuzzi y Yadarola tendrá a su cargo la revisión de la investigación por las denuncias vinculadas al caso de la criptomoneda $LIBRA, expediente que instruyen el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano.
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También deberá revisar resoluciones de jueces federales de primera instancia en otras causas de alto impacto, entre ellas la que investiga presuntos sobreprecios en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde están bajo investigación el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La situación de Bertuzzi
El pliego de Bertuzzi continúa generando controversia por el traslado que dispuso por decreto el entonces presidente Mauricio Macri. La polémica se originó en 2018, cuando fue trasladado desde el Tribunal Oral Federal N°4 a la Cámara Federal porteña, una decisión cuestionada por el kirchnerismo y que abrió una fuerte disputa política y judicial.
Se espera que el bloque Justicialista, encabezado por el formoseño José Mayans, vuelva a plantear objeciones cuando Bertuzzi se presente ante la Comisión de Acuerdos el próximo 12 de agosto.
El caso ya había sido motivo de debate en septiembre de 2020, cuando el Senado, durante la presidencia de Alberto Fernández, rechazó los traslados de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia desde el Tribunal Oral Federal N°4 a la Cámara Federal porteña.
Ambos magistrados habían intervenido en resoluciones vinculadas con la causa de los Cuadernos, una de las investigaciones por corrupción más importantes que involucró a exfuncionarios kirchneristas. Tras la decisión del Senado, llevaron el caso ante la Corte Suprema de Justicia.
Cómo está integrada la Comisión de Acuerdos
La estratégica Comisión de Acuerdos está integrada por 17 senadores. El oficialismo y sus aliados cuentan con la mayoría.
Además de Pagotto, La Libertad Avanza tiene otros cuatro representantes: Patricia Bullrich, Agustín Coto, Juan Cruz Godoy y Nadia Márquez.
A ellos se suman, por el PRO, Martín Goerling Lara; y por la UCR, Mariana Juri y Maximiliano Abad.
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Las fuerzas provinciales están representadas por Beatriz Ávila (bloque Independencia), Flavia Royón (Primero los Salteños), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia de Misiones) y Carlos Espínola (Provincias Unidas).
Completan la integración Sandra Mendoza, de Convicción Federal; Fernando Rejal, de Justicia Social Federal; y dos bancas que todavía no fueron ocupadas por el kirchnerismo, que reclama una representación mayor en función de la cantidad de integrantes del bloque que conduce Mayans.
Para obtener dictamen favorable, los pliegos necesitan reunir al menos nueve firmas dentro de la comisión.
Los otros postulantes
Además de las vacantes en la Cámara Federal, el Poder Ejecutivo propuso a Valeria Alejandra Rico como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Capital Federal.
También postuló a Santiago Schiopetto y Ramiro Velasco para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, mientras que Sergio Buitrago fue propuesto para ocupar el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°26.
Para los cargos de defensores públicos adjuntos ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional fueron propuestos Nuria Saba Sardañons, Esteban Chervin y Germán Artola. En tanto, Hernán Figueroa fue nominado como defensor público ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico.
Entre los candidatos a juzgados nacionales figuran Lucila Califano (Civil N°9); Javier Pereyra (Criminal y Correccional N°3); Walter Cavassa (N°12); Vanesa Alfaro (N°16); Mariana Salduna (N°25); Evangelina Lasala (N°18); Pablo Cina (N°19); Miguel Asturias (N°27); Federico Battilana (N°30); Adolfo Piendibene (N°38); Diego Villanueva (N°42); Sergio Echegaray (N°44); Sebastián Ghersi (N°45) y Maximiliano Callizo (N°58).
Además, Natalia Crede fue propuesta como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico; Juan Manuel Cabral como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Valeria Pérez Casado como vocal de la Cámara de Apelaciones; Karina Rapkinas como jueza nacional de Primera Instancia en lo Civil; Juan Pablo Sala como juez nacional de Primera Instancia en lo Comercial; Juan Ylarri como juez nacional de Primera Instancia en lo Civil; y Daniel Cano, Juan Varela y Patricia Cisnero como fiscales ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
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POLITICA
Uno de los nuevos abogados de Cristina Kirchner desató una polémica al burlarse de las personas trans
Tal como anticipó , la expresidenta Cristina Kirchner anunció este miércoles la incorporación a su defensa internacional de dos nuevos abogados. Uno de ellos es el exmagistrado español Francisco Javier Borrego, un jurista que generó controversia el último año por ironizar sobre la identidad de género durante un acto del partido ultraderechista Vox.
Tras el anuncio de la expresidenta —que llegó en formato de una extensa carta abierta— , distintos usuarios de redes sociales recordaron un episodio del año 2025, cuando Borrego intervino en el Congreso de los Diputados español durante una jornada titulada “Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina».
En esa actividad, el abogado fingió asumir una identidad femenina para cuestionar de modo sarcástico la autopercepción de género: “¡Hoy me siento mujer! Me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan, que los llevo por delito de odio a un tribunal. Muchas gracias, han respetado mi identidad de género que transitoriamente en dos segundos he manifestado”.
Su participación en la defensa internacional por Vialidad
Cristina Kirchner dio a conocer mediante sus redes sociales una carta abierta titulada “El costo democrático de la politización de la Justicia” y publicó columnas de opinión en diarios internacionales como El País de España, Libération de Francia y Folha de São Paulo de Brasil.
En los escritos, la expresidenta confirmó que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa Vialidad, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
“El ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino”, argumentó la expresidenta.
En el marco de la presentación internacional, la exjefa de Estado informó de la inclusión de dos nuevos abogados en su representación: el exmagistrado del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim.
A ambos los caracterizó como juristas de “reconocido prestigio internacional” y con una trayectoria “independiente y ampliamente respetada” en materia de derechos humanos.
La sentencia contra la expresidenta, por la cual cumple prisión domiciliaria en la calle San José, en el barrio porteño de Constitución, quedó firme tras la desestimación del recurso interpuesto por sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ari Llernovoy ante la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal argumentó que la representación legal de la exmandataria no cumplió con el requisito de fundamentación autónoma ni una crítica concreta de la resolución que la juzgó por irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
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