POLITICA
El Gobierno envió el proyecto de Ley de Sociedades que permitiría resolver algunas disputas internas con leyes extranjeras
El Gobierno nacional envió el viernes al Congreso de la Nación el proyecto que modifica la Ley de Sociedades en donde el eje está puesto en la creación de nuevas figuras legales a medida para los grandes capitales tecnológicos.
Mientras el tecno oligarca Peter Thiel, el dueño de Palantir, la empresa estadounidense de software especializada en análisis de macrodatos (Big Data) e inteligencia artificial; gira por el país, se le dio ingreso hoy en la Cámara de Senadores un proyecto que anunció la semana pasada el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien, esgrimiendo el argumento de lo vetustas de las normas locales, avanza rápidamente con la quita de regulaciones en diferentes sectores.
En el caso de este proyecto, el texto tiene como objetivo el de crear un nuevo régimen jurídico societario integral que regule la constitución, funcionamiento, transformación, fusión, escisión y disolución de las sociedades.
El proyecto, que para muchos tiene destino judicializable por varios de sus artículos, introduce nuevas figuras y flexibiliza los tipos societarios, permitiendo una mayor libertad en la estructura y capital social, y admitiendo instrumentos modernos como DAOs (Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas).
Asimismo, amplía el alcance y regula expresamente la transformación, fusión y escisión, incluyendo soluciones para situaciones de crisis (bloqueos, conflictos internos, salida de socios).
Uno de los puntos más llamativos tiene que ver con la creación de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain.
Respecto a esto, las DAO es un tipo societario basado en contratos inteligentes, tecnología blockchain y gobernanza digital. De aprobarse, se podrían constituir y operar íntegramente en entornos virtuales, con protocolos y reglas autoejecutables, identificando claramente la titularidad de los derechos y la responsabilidad de los miembros.
Otro punto a tener en cuenta es que habilita las participaciones sociales digitales y tokenizables: La ley reconoce la posibilidad de emitir y transferir participaciones sociales en formato digital y de utilizar mecanismos tecnológicos para la gestión societaria, la votación, la representación y la trazabilidad de operaciones.
En lo que se refiere a la transformación, fusión, escisión y soluciones para crisis societarias, el texto propone que se permita que una sociedad cambie de tipo societario sin necesidad de disolverse, garantizando la continuidad de la personalidad jurídica y simplificando los requisitos y plazos para este proceso. Incluye mecanismos para proteger los derechos de socios y acreedores.
Para el caso que se lleva adelante un proceso de fusión o de escisión, establece plazos breves para observaciones de acreedores y reglas sobre la atribución de participaciones sociales en las nuevas sociedades. Se contemplan tanto la fusión por creación como por absorción, y la escisión total o parcial del patrimonio.
En lo que se refiere a las soluciones ante crisis y conflictos internos, el texto introduce herramientas específicas para resolver situaciones de bloqueo, conflictos entre socios, salida y exclusión de socios, y adquisición de participaciones. Se prevén procedimientos de mediación, arbitraje y acuerdos para la resolución alternativa de controversias, así como la posibilidad de que los estatutos prevean métodos de valoración y pago de participaciones para evitar la paralización o judicialización de la vida societaria.
Protección de la continuidad y de los intereses de los socios minoritarios: Se establecen reglas para la protección de los derechos económicos y políticos de los socios ante salidas, retiros, exclusiones y transferencias de participaciones, procurando el equilibrio entre la continuidad de la sociedad y los derechos de los socios salientes o excluidos.
El proyecto que presentó el Ministerio de Desregulación presenta una cesión de soberanía judicial en donde los estatutos societarios terminan estando por encima de las leyes locales, lo que genera otra de las tantas controversias que muchos creen ver en el proyecto de Sturzenegger.
En este punto, permite que las sociedades que no realizan oferta pública establezcan en sus estatutos la jurisdicción y el derecho aplicable para resolver controversias internas, incluso admitiendo el uso de leyes extranjeras o del derecho mercantil internacional.
Estas cláusulas tienen un alcance limitado exclusivamente a las relaciones entre socios y los órganos de la sociedad, por lo que no son oponibles a terceros ni pueden afectar normas imperativas locales referidas a la constitución, registro, responsabilidad externa o procesos concursales.
En caso de que se decida incorporar estas disposiciones mediante una reforma estatutaria, los socios que no estén de acuerdo tienen garantizado el derecho de receso para retirarse de la entidad.
Otro punto al que hace referencia la norma es la “gestión de bloqueos”, en donde lo que propone es una sistematización de diferentes herramientas para evitar que la parálisis de los órganos sociales conduzca a la desaparición de la empresa. En este aspecto, incluye un arbitraje especializado, la intervención judicial con el nombramiento de veedores o coadministradores, y la posibilidad de que los suplentes asuman funciones ante la inasistencia injustificada de los administradores titulares.
La disolución se reserva como un último recurso, y antes de ordenarla, el juez o árbitro puede proponer que uno o más socios adquieran la participación de los restantes a valor real para asegurar la continuidad operativa.
Conflictos
Si la Argentina aprueba esta norma como fue enviada por el Ejecutivo, sería uno de los primeros países en el mundo en legislar a las sociedades en este tono. Consultados sobre los ejemplos y las experiencias internacionales al respecto, fuentes del entorno del ex presidente del Banco Central en la gestión de Mauricio Macri señalaron que «Estados Unidos, que lo legisla a nivel estadual -no tiene una legislación societaria federal- ya lo tienen Wyoming y Vermont“. El primero es considerado un paraíso fiscal para empresas dentro de los EEUU mientras que el segundo es uno de los Estados que mayor peso tributario tiene en el país del norte de América. Otro lugar en el mundo en donde se puede encontrar una legislación similar son las Islas Marshall, un estado asociado a los EEUU que es considerado por las legislaciones globales como un paraíso fiscal.
Otro punto que genera preocupación es que desregula notablemente la constitución, funcionamiento y transformación de sociedades, reduciendo los controles estatales y judiciales, lo que podría facilitar fraudes, evasión y maniobras ilícitas, sobre todo en estructuras complejas o digitales.
Otro punto es que la admisión de Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO) y de instrumentos basados en contratos inteligentes y blockchain, sin experiencia ni regulación específica previa en Argentina, puede crear áreas grises en fiscalización, control de beneficiarios finales y actuación judicial ante conflictos o fraudes.
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POLITICA
La subterránea pelea por los votos de la reforma política que profundiza la interna del Gobierno con Bullrich
La presión de la Casa Rosada para acelerar el tratamiento de la reforma política profundizó la disputa entre Patricia Bullrich y los armadores de Karina Milei por el control de la negociación parlamentaria y, sobre todo, por quién deberá pagar el costo político de una eventual derrota.
En Balcarce 50 están convencidos de que sale. Pero cerca de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguran que aún desconfía de que el oficialismo tenga los votos para conseguir la media sanción y describen una maniobra que consideran deliberada: “Quieren tirarle un muerto”, dicen, en referencia a la posibilidad de apurar una convocatoria, exponerla a un fracaso legislativo y después responsabilizarla por no haber conseguido los respaldos.
En alerta, Bullrich analiza publicar una comunicación a su estilo, sugerente pero directa, para anticiparse a un eventual traspié y dejar en claro que la búsqueda de los votos no es responsabilidad suya (algo que viene planteando desde hace semanas).
La tensión se profundizó en las últimas 24 horas, cuando el Gobierno insistió en acelerar el debate de una iniciativa que los Milei consideran harto prioritaria, pese a las advertencias de la senadora sobre la falta de acuerdos. Fue ayer por la mañana, cuando Martín Menem confirmó en Radio Mitre que el Ejecutivo convocaría a sesiones extraordinarias y anticipara que pretende conseguir la media sanción de la reforma en el Senado en un plazo de 15 días.
El presidente de la Cámara de Diputados ubicó la iniciativa, que contempla la eliminación de las PASO, junto con el Presupuesto 2027, entre las prioridades de la agenda legislativa de fin de año. En sus declaraciones también quedó expuesta la confianza del oficialismo en que podrá reunir los respaldos necesarios. Esa expectativa contrasta con las advertencias que Bullrich viene haciendo en distintas conversaciones. En particular, según reconstruyó una fuente de su entorno, anteayer, en un diálogo con Diego Santilli por el tema de la convocatoria, Bullrich volvió a plantearle a su ex colega de PRO sus reparos sobre la disponibilidad de los votos.
Santilli, encargado de los diálogos con los gobernadores, transmite insistentemente a los propios que las voluntades están.
Ayer, Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, convocó a una reunión para el próximo martes 17, a las 15, con el objetivo de retomar el debate de la reforma electoral. Bullrich estaba al tanto de la convocatoria, aunque no estaba convencida de que existieran los respaldos necesarios para avanzar en esas condiciones. El llamado, después de dos meses de silencio de la comisión, volvió a poner en evidencia las diferencias sobre los tiempos y la estrategia legislativa.
El movimiento expuso, además, las dificultades para reunir los respaldos necesarios. Desde los bloques dialoguistas del PRO y la UCR plantean que el acompañamiento a la reforma electoral está condicionado a que el oficialismo avance con Ficha Limpia. «Sin Ficha Limpia, no hay nada de lo demás», es la advertencia que transmiten desde esos sectores. De esa manera, el oficialismo no solo debe conseguir las firmas para dictaminar la reforma electoral, sino también resolver una negociación paralela que puede complicar los plazos que pretende imponer la Casa Rosada.
En otra época desde la Casa Rosada le atribuían a la vicepresidenta Victoria Villarruel la responsabilidad por los fracasos políticos del oficialismo. Antes de que la ruptura total se concretara, en Balcarce 50 la acusaban de conspirar contra la voluntad del Presidente y buscaban responsabilizarla por las dificultades para llevar adelante distintas iniciativas. Cerca de Bullrich temen que se intente repetir ese mecanismo con ella. El escenario, sin embargo, tiene diferencias: la senadora conserva un bloque que conduce, una agenda propia y un margen de acción parlamentario que Villarruel no tenía.
La tensión está directamente relacionada con las versiones sobre las aspiraciones de Bullrich para 2027. Ayer, en su círculo aseguraban que “cada día tiene menos interés en ocupar la vicepresidencia” y que “no se siente cómoda con la dinámica interna del oficialismo”. “Su mandato en el Senado se extiende por cinco años más y su prioridad actual es concentrarse en su trabajo parlamentario y en sacar leyes”, deslizaron.
El acelere de la discusión por las PASO amenaza con convertirse en un nuevo capítulo de la disputa entre el sector que responde a Karina Milei y la senadora que conduce el bloque oficialista en la Cámara alta. La pulseada excede el calendario legislativo: involucra quién fija las condiciones de la negociación, quién conduce la estrategia parlamentaria y quién deberá responder si el resultado no es el que espera el Gobierno.
POLITICA
Beligoy invirtió US$261.000 en una desarrolladora inmobiliaria bajo investigación y enfrenta dudas por el origen del dinero
Federico Beligoy tiene un problema con la plata en La Plata. El secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) y director Nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) perdió más de un US$250.000 en un emprendimiento inmobiliario que quedó trunco y cuya desarrolladora está bajo investigación judicial por presuntas estafas, administración fraudulenta y asociación ilícita. Pero su problema es todavía mayor. ¿Por qué? Porque la fortuna que perdió está en negro. ¿Conclusión? Beligoy no aparece entre quienes se presentaron en los tribunales para reclamar el dinero comprometido, según reconstruyó sobre la base de documentos judiciales y fuentes al tanto de lo ocurrido durante los últimos meses.
La trama, que abre preguntas sobre el origen de esos fondos y su correspondencia con los ingresos que Beligoy declaró ante el fisco, comenzó a gestarse el 3 de mayo de 2024. Ese viernes, Beligoy desembolsó US$139.745 para comprar el departamento “B” del sexto piso, más una cochera, en el edificio que la inmobiliaria Abes construía, al costo, en la calle 59 número 784, entre 10 y 11, de La Plata. Ese mismo día aportó otros US$121.745 por el departamento “B” del quinto piso del mismo edificio, dentro del llamado “Fideicomiso Lucero”. Total: 261.490 dólares.
Las operaciones quedaron documentadas en dos “compromisos de aporte de fiduciante clase C para la incorporación al fideicomiso al costo Abes Lucero con renta garantizada”. Todo fue sonrisas y promesas entre Beligoy y los desarrolladores, que aceptaron hacer una excepción. ¿Cuál? A diferencia de todos los demás contratos, en los que firmaron subalternos de Abes, el contrato suscripto con el dirigente arbitral lo firmó uno de los socios y apoderados de la inmobiliaria, Diego Lacki. De hecho, fue el único contrato que recuperaron los investigadores durante los allanamientos en el que aparece su firma, según surge de las probanzas judiciales. ¿Por qué? “Porque así lo pidió Beligoy para no ser visto por nadie”, explicó Lacki al ser indagado en tribunales, según recordó una fuente que escuchó su declaración.
Los pagos de Beligoy por más de un cuarto de millón de dólares constan en un registro contable interno elaborado por los contadores de la desarrolladora, según reconstruyó . Identificaron en un cuadro a los inversores, las unidades inmobiliarias que les correspondían y los montos que aportaron. Ese registro permitió a los investigadores reconstruir quiénes habían colocado dinero en los distintos emprendimientos de Abes y constituye una evidencia independiente de la existencia de las operaciones atribuidas a Beligoy.
De clase media trabajadora, Beligoy vivió durante años en Santos Lugares, en una vivienda modesta, de una planta, a la sumó luego un primer piso. Pero durante los últimos años, a medida que fortaleció sus vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el exárbitro internacional evidenció un incremento patrimonial importante, al igual que su entorno familiar, según reconstruyó durante los últimos meses .
Beligoy no respondió los mensajes que le envió para consultarlo sobre las inversiones, el origen de los fondos, la modalidad de pago, las razones por las que no reclamó judicialmente y si procuró recuperarlos por otra vía.
Mundillo de la pelota
Aquel viernes de mayo de 2024, mientras Beligoy y Lacki firmaban los contratos fiduciarios, un escándalo concentraba la atención de la prensa. Había salido a la luz que la entonces directora general de Aduanas designada por el presidente Javier Milei había tomado una deuda por US$250.000 con una empresa denunciada por contrabando. Tres semanas después, la funcionaria renunció.
En La Plata, la desarrolladora Abes también cayó, pero recién a principios de 2026, envuelta en un escándalo que sacudió a la capital bonaerense. Se abrió una investigación por los presuntos delitos de estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita que tramita en la Unidad Fiscal N° 3, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, que dispuso múltiples medidas de prueba, requirió allanamientos y secuestró documentación de la inmobiliaria.
Con el paso de los días, quedó claro que la operatoria de “Abes Desarrolladora de Negocios SRL”, tal su nombre formal, dejó entre 150 y 160 inversores damnificados. Entre ellos, el exfutbolista y director técnico Pedro Troglio y otros futbolistas locales, con pérdidas de varios millones de dólares por las obras paralizadas y los incumplimientos contractuales.
Ahora, la investigación comprende al menos cinco fideicomisos: Abes Thymos, Abes Dezzeo, Abes Vita, Abes Lucero y Abes Alquimia. Los investigadores procuran determinar qué ocurrió con los fondos aportados por los inversores y si parte de ese dinero terminó destinado a gastos operativos de la desarrolladora, obligaciones de otros emprendimientos o sociedades vinculadas. También se investigan movimientos contables y asignaciones de unidades funcionales que podrían haber servido para compensar deudas.
La empresa, según constataron los investigadores, ofrecía oportunidades desde el pozo a inversores como Beligoy y Troglio, con la promesa de entregarles departamentos terminados en plazos cortos y con rentas mensuales actualizables hasta la culminación de las obras.
“Eran cláusulas atractivas para cualquier inversor y que nos servían y mucho para solventar gastos en Argentina”, expuso Troglio en su denuncia, acompañado por su abogado, Miguel Molina, quienes expusieron en los tribunales que, con el paso del tiempo, las promesas mutaron en obras sin avances o abandonadas.
“Nos hablaban de problemas gremiales, conflictos con los proveedores e inspecciones”, detallaron Troglio y Molina en su presentación judicial. “Nunca rindieron cuentas del destino de los fondos ni tampoco un listado de los demás inversores”. Entre ellos, ahora sale a la luz, también estaba Beligoy, quien comprometió US$261.490 en dos departamentos del emprendimiento.
La situación de Beligoy adquiere una dimensión adicional por los cargos que ocupa en el fútbol argentino. No sólo es el secretario general de uno de los gremios que representan a los árbitros: también es el director Nacional de Arbitraje de la AFA, una estructura desde la que ejerce responsabilidades sobre quienes, al mismo tiempo, representa sindicalmente.
Como máximo referente arbitral del país, Beligoy afronta cuestionamientos desde hace años. El presidente de Banfield, Matías Mariotto, fue el primero que cargó contra él. Luego, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, sostuvo que su ciclo estaba “cumplido”. Lo siguió Daniel Vila, titular de Independiente Rivadavia de Mendoza, que lo trató de “bandido”, en tanto que el expresidente de River Plate, Jorge Brito (h) reclamó su salida. “Es parte central del problema”, sostuvo. “Si a la AFA y a Tapia les importa armar un fútbol transparente, creo que lo primero que deberían hacer es cambiar a este tipo, quien reconoce y dice que la única forma que está dispuesto a manejar a los árbitros es a dedo”.
Ahora, a esos cuestionamientos se suma una incógnita patrimonial: cómo financió Beligoy dos inversiones inmobiliarias por más de un cuarto de millón de dólares, cuál es el origen de ese dinero y por qué, a diferencia de otros damnificados, no acudió a los tribunales, al menos hasta ahora, para reclamarlo.
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Con la colaboración de Ignacio Grimaldi y Ricardo Brom.
Hugo Alconada Mon,Nicolás Pizzi,Federico Beligoy,AFA,Conforme a
POLITICA
El Gobierno busca los votos del PRO y la UCR para conseguir la media sanción de la reforma electoral en el Senado
Bajo la premisa de contar con los apoyos necesarios, en Casa Rosada reactivaron el proyecto de reforma electoral en el Senado con el objetivo de conseguir la media sanción en dos semanas. Sin embargo, dos bloques aliados clave como el PRO y la UCR advierten que todavía no acompañan la iniciativa y el Gobierno sigue a la caza de los votos.
Como establece el artículo 77 de la Constitución, el Gobierno necesita una mayoría absoluta de 37 senadores para avanzar con una reforma al régimen electoral. La Libertad Avanza cuenta con 21 y la pecera donde debe pescar los restantes se compone en buena medida por los diez que tiene la Unión Cívica Radical y los tres del PRO. La lista se completaría con los votos de legisladores que responden a bloques provinciales, que en Balcarce 50 sostienen que ya están a bordo.
Sin embargo, el problema persiste entre sus principales socios. “El diálogo está abierto y se seguirá debatiendo, pero aún no hay definiciones”, afirmaron a TN cerca de la conducción del bloque radical, una respuesta que se repite entre las filas amarillas. En el bloque oficialista en el Senado insistieron con que las negociaciones dependen exclusivamente de la Casa Rosada y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
En ese contexto, con el objetivo de sellar los acuerdos de una vez, el Gobierno volverá a reunir la próxima semana -con fecha todavía a definir- a la mesa que reúne a Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, en representación del PRO, con Diego Santilli; Martín Menem y Eduardo Menem por La Libertad Avanza.
“El Gobierno estaría evaluando qué modificaciones hacer para que salga”, sostienen en el bloque amarillo, donde inicialmente pujaban junto al radicalismo por alguna opción que contemplara no eliminar las primarias, sino reemplazarlas por algún mecanismo optativo (una PAS). Esa vía no convence a la Casa Rosada, cuyo objetivo central es deshacerse de las elecciones de agosto para darle tiempo a la recuperación económica, postergar la incertidumbre electoral y privarle al Partido Justicialista la posibilidad de agruparse bajo una interna.
“No iría lo de la PAS, pero se destrabarían todos los otros puntos de conflicto”, pronosticaron cerca de la bancada del PRO, mientras que una fuente ligada al expresidente Mauricio Macri pidió “esperar a la reunión” para conocer cualquier definición. En el oficialismo, en cambio, se mostraron optimistas: “Creemos que están los votos, pero la coordinación es difícil”.
Las negociaciones paralelas con los gobernadores radicales
Decididos a avanzar, la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el fueguino Agustín Coto convocó a una reunión para este próximo martes con el objetivo de dictaminar el proyecto. El objetivo es llevarlo al recinto siete días después. “Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, dijo el jueves el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
En la bancada que conduce Patricia Bullrich señalan que puede que Santilli haya conseguido las firmas para lograr un dictamen, pero advierten que “de ahí al recinto hay un largo trecho”. Para llegar hasta ahí, el jefe de Gabinete necesita también el apoyo de la bancada radical, una negociación que lleva directamente con los cinco gobernadores del espacio: Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco).
“Están en plena negociación”, reconocieron desde una de las provincias involucradas, donde los factores decisivos siguen siendo los acuerdos electorales. Los gobernadores le demandan a la Casa Rosada que respeten sus territorios y su representación en el Congreso a la hora de planificar la contienda electoral del próximo año. Se trata de una discusión que genera fricciones internas en el seno de la mesa política, entre quienes promueven cerrar las alianzas lo antes posible para asegurar la certidumbre política (Patricia Bullrich, Luis Caputo, Santiago Caputo) y quienes no quieren apurar los acuerdos si eso implica descartar el armado partidario y la posibilidad de competir en las provincias (Martín Menem y Eduardo Menem).
Según aseguraron desde el bloque oficialista en el Senado, los gobernadores radicales volvieron a plantear la posibilidad de incluir en el proyecto la posibilidad de listas colectoras: una herramienta para que los mandatarios sin candidato provincial se enganchen a la boleta de Javier Milei, pero con sus propios candidatos para las categorías legislativas.
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