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POLITICA

El Gobierno envió el proyecto de Ley de Sociedades que permitiría resolver algunas disputas internas con leyes extranjeras

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El Gobierno nacional envió el viernes al Congreso de la Nación el proyecto que modifica la Ley de Sociedades en donde el eje está puesto en la creación de nuevas figuras legales a medida para los grandes capitales tecnológicos.

Mientras el tecno oligarca Peter Thiel, el dueño de Palantir, la empresa estadounidense de software especializada en análisis de macrodatos (Big Data) e inteligencia artificial; gira por el país, se le dio ingreso hoy en la Cámara de Senadores un proyecto que anunció la semana pasada el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien, esgrimiendo el argumento de lo vetustas de las normas locales, avanza rápidamente con la quita de regulaciones en diferentes sectores.

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En el caso de este proyecto, el texto tiene como objetivo el de crear un nuevo régimen jurídico societario integral que regule la constitución, funcionamiento, transformación, fusión, escisión y disolución de las sociedades.

El proyecto, que para muchos tiene destino judicializable por varios de sus artículos, introduce nuevas figuras y flexibiliza los tipos societarios, permitiendo una mayor libertad en la estructura y capital social, y admitiendo instrumentos modernos como DAOs (Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas).

Asimismo, amplía el alcance y regula expresamente la transformación, fusión y escisión, incluyendo soluciones para situaciones de crisis (bloqueos, conflictos internos, salida de socios).

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Uno de los puntos más llamativos tiene que ver con la creación de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain.

Respecto a esto, las DAO es un tipo societario basado en contratos inteligentes, tecnología blockchain y gobernanza digital. De aprobarse, se podrían constituir y operar íntegramente en entornos virtuales, con protocolos y reglas autoejecutables, identificando claramente la titularidad de los derechos y la responsabilidad de los miembros.

Un cubo abstracto brillante con líneas y códigos digitales rodea información encriptada, simbolizando la seguridad de datos en el entorno tecnológico actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto a tener en cuenta es que habilita las participaciones sociales digitales y tokenizables: La ley reconoce la posibilidad de emitir y transferir participaciones sociales en formato digital y de utilizar mecanismos tecnológicos para la gestión societaria, la votación, la representación y la trazabilidad de operaciones.

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En lo que se refiere a la transformación, fusión, escisión y soluciones para crisis societarias, el texto propone que se permita que una sociedad cambie de tipo societario sin necesidad de disolverse, garantizando la continuidad de la personalidad jurídica y simplificando los requisitos y plazos para este proceso. Incluye mecanismos para proteger los derechos de socios y acreedores.

Para el caso que se lleva adelante un proceso de fusión o de escisión, establece plazos breves para observaciones de acreedores y reglas sobre la atribución de participaciones sociales en las nuevas sociedades. Se contemplan tanto la fusión por creación como por absorción, y la escisión total o parcial del patrimonio.

En lo que se refiere a las soluciones ante crisis y conflictos internos, el texto introduce herramientas específicas para resolver situaciones de bloqueo, conflictos entre socios, salida y exclusión de socios, y adquisición de participaciones. Se prevén procedimientos de mediación, arbitraje y acuerdos para la resolución alternativa de controversias, así como la posibilidad de que los estatutos prevean métodos de valoración y pago de participaciones para evitar la paralización o judicialización de la vida societaria.

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Protección de la continuidad y de los intereses de los socios minoritarios: Se establecen reglas para la protección de los derechos económicos y políticos de los socios ante salidas, retiros, exclusiones y transferencias de participaciones, procurando el equilibrio entre la continuidad de la sociedad y los derechos de los socios salientes o excluidos.

El proyecto que presentó el Ministerio de Desregulación presenta una cesión de soberanía judicial en donde los estatutos societarios terminan estando por encima de las leyes locales, lo que genera otra de las tantas controversias que muchos creen ver en el proyecto de Sturzenegger.

Peter Thiel ingresa a Casa Rosada (Foto: RSFotos)

En este punto, permite que las sociedades que no realizan oferta pública establezcan en sus estatutos la jurisdicción y el derecho aplicable para resolver controversias internas, incluso admitiendo el uso de leyes extranjeras o del derecho mercantil internacional.

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Estas cláusulas tienen un alcance limitado exclusivamente a las relaciones entre socios y los órganos de la sociedad, por lo que no son oponibles a terceros ni pueden afectar normas imperativas locales referidas a la constitución, registro, responsabilidad externa o procesos concursales.

En caso de que se decida incorporar estas disposiciones mediante una reforma estatutaria, los socios que no estén de acuerdo tienen garantizado el derecho de receso para retirarse de la entidad.

Otro punto al que hace referencia la norma es la “gestión de bloqueos”, en donde lo que propone es una sistematización de diferentes herramientas para evitar que la parálisis de los órganos sociales conduzca a la desaparición de la empresa. En este aspecto, incluye un arbitraje especializado, la intervención judicial con el nombramiento de veedores o coadministradores, y la posibilidad de que los suplentes asuman funciones ante la inasistencia injustificada de los administradores titulares.

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La disolución se reserva como un último recurso, y antes de ordenarla, el juez o árbitro puede proponer que uno o más socios adquieran la participación de los restantes a valor real para asegurar la continuidad operativa.

Conflictos

Si la Argentina aprueba esta norma como fue enviada por el Ejecutivo, sería uno de los primeros países en el mundo en legislar a las sociedades en este tono. Consultados sobre los ejemplos y las experiencias internacionales al respecto, fuentes del entorno del ex presidente del Banco Central en la gestión de Mauricio Macri señalaron que «Estados Unidos, que lo legisla a nivel estadual -no tiene una legislación societaria federal- ya lo tienen Wyoming y Vermont“. El primero es considerado un paraíso fiscal para empresas dentro de los EEUU mientras que el segundo es uno de los Estados que mayor peso tributario tiene en el país del norte de América. Otro lugar en el mundo en donde se puede encontrar una legislación similar son las Islas Marshall, un estado asociado a los EEUU que es considerado por las legislaciones globales como un paraíso fiscal.

Otro punto que genera preocupación es que desregula notablemente la constitución, funcionamiento y transformación de sociedades, reduciendo los controles estatales y judiciales, lo que podría facilitar fraudes, evasión y maniobras ilícitas, sobre todo en estructuras complejas o digitales.

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Otro punto es que la admisión de Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO) y de instrumentos basados en contratos inteligentes y blockchain, sin experiencia ni regulación específica previa en Argentina, puede crear áreas grises en fiscalización, control de beneficiarios finales y actuación judicial ante conflictos o fraudes.

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POLITICA

La guerra entre Jaldo y Manzur divide al PJ de Tucumán: el rol de Cristina Kirchner y el poder en juego

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“Para que no sigan las especulaciones, que hoy se pelean, que mañana se juntan. Le digo a Manzur que lo espero el 9 del mayo del 2027 en las urnas. Los dos como candidatos a gobernador”. Osvaldo Jaldo, actual gobernador de Tucumán, le dedicó esas palabras a su enemigo íntimo, senador nacional y ex mandatario provincial, Juan Manzur. El mensaje fue contundente: no hay tregua ni unidad. Es uno otro.

Los dos peronistas. Ambos importantes en las últimas dos décadas de la política tucumana. Los dos integrantes de una fórmula que gobernó la provincia durante ocho años y que terminó con el reinado de José Alperovich. Algunos días atrás, cuando pronunció esas pocas oraciones, Jaldo dejó en claro que no habrá convergencia entre los dos nombres más pesados del PJ tucumano. La guerra está declarada.

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La unidad del peronismo en el sexto distrito electoral más importante del país, que concentra a cerca de un 1.300.000 electores, es una utopía. Quienes supieron formar parte de una sociedad política sólida, hoy ni siquiera se hablan. El poder cambió de mando. La estructura política, que contiene a intendentes y legisladores, responde, mayoritareamente, a Jaldo. Manzur tiene una representación más chica y trata de hacerse fuerte en la adversidad. Está al frente de una resistencia contra los libertarios, pero también contra la conducción de Jaldo, que controla la mayor parte del peronismo tucumano.

En ese contexto se inscribió la visita que la semana pasada el senador le hizo a Cristina Kirchner en San José 1111, con quien habló de la interna que atraviesa a la provincia y de su juego político de cara a las elecciones locales, fijadas para el 9 de mayo del 2027. Manzur entiende que él representa la propuesta del peronismo nacional en Tucumán. La voz que puede enarbolar el discurso más opositor a Milei. Una diferencia sustancial con Jaldo, quien se convirtió en un aliado táctico de la Casa Rosada y, desde hace tiempo, recibe cuestionamientos de los distintos sectores del PJ por prestar el voto de sus legisladores a las iniciativas libertarias.

Jaldo está lanzado a buscar su reeleción. Sería su segundo mandato como gobernador y el cuarto integrando una fórmula, ya que entre el 2015 y el 2023 compartió la dupla de gobierno con Manzur. Su intención es darle continuidad a la sociedad con Miguel Acevedo, el actual vicegobernador, y con Rosana Chahla en la intendencia de San Miguel de Tucumán. Acevedo heredó el cargo porque la corte Suprema volteó la candidatura de Manzur en la fórmula durante el 2027. Chahla estuvo mucho tiempo cerca del actual senador pero, en los giros del poder y el despoder, terminó cerrando filas con el Gobernador.

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De cara al año electoral, existe cierta incertidumbre sobre las condiciones de la candidatura de Jaldo. Según marca el artículo 90 de la Constitución tucumana, el mandatario está en condiciones de competir el año que viene y, en el caso de ganar, de completar su cuarto mandato en la cúpula del Poder Ejecutivo de la provincia. Sin embargo, hay sectores de la oposición que amenazan con trabar ese camino con un planteo a la Corte Suprema.

Hay dos posibilidades que consideran los rivales político. Una es plantear que Jaldo ocupó el rol de gobernador durante la licencia que tomó Manzur para hacerse cargo de la Jefatura de Gabinete en el gobierno de Alberto Fernández, por lo que se le debería computar ese mandato como primero y el actual como segundo. En consecuencia, no podría tener un tercero.

En los últimos diez días Manzur estuvo reunido con Cristina Kirchner y Juan Manzur

La otra opción es plantear que, al buscar un cuarto mandato dentro de la fórmula ejecutiva, no se está respetando el principio de alternancia que marca la Constitución Nacional. Es un tema que tomaron como argumento en La Libertad Avanza tucumana, pero que, por el momento, no utilizarán para avanzar ante la justicia electoral.

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El artículo 90 de la Constitución provincial, en el que se respalda Jaldo, es claro y no deja lugar a segundas interpretaciones. “El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un período consecutivo. El Vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido Gobernador y ser reelecto por un período consecutivo. Si el Gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de Vicegobernador”, sostiene.

En el sector del peronismo que lidera Manzur no creen que el ex gobernador presente un recurso de amparo para frenar el camino a la reelección del actual mandatario. Sería hacer lo mismo que sufrió en carne propia tres años atrás, cuando la Corte Suprema lo invalidó para ir como vicegobernador. Hay una diferencia clave entre los dos casos. Manzur buscaba en ese momento un quinto mandato en una fórmula, luego de ser dos períodos vicegobernador de Alperovich y dos períodos gobernador, con una interrupción por licencia debido a su desembarco en la Casa Rosada. Jaldo busca su cuarto ciclo en una fórmula.

Si por alguna traba judicial Jaldo no puede competir, el tablero electoral tucumano se rompería completamente. Hay quienes piensan que la salida a esa encrucijada sería catapultar a Acevedo a la gobernación. Otros, en lo que parece ser una opción más arriesgada, creen a Jaldo capaz de impulsar a su hermana. Lo cierto es que en el oficialismo tucumano descartan cualquier inconveniente judicial que pueda entorpercer el camino hacia la reelección.

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El diputado Pablo Yedlin, muy cercano a Manzur, respondió con una foto irónica cuando Jaldo acusó al ex gobernador de mandar a

Por el momento Manzur no confirmó qué hará respecto a su futuro electoral. Algunos creen que va a competir como candidato a gobernador para quedarse con la representación de un sector del peronismo tucumano. Otros advierten que, sabiendo de antemano que es muy posible que enfrente una derrota ante Jaldo, decida correrse y construir un rol de armador nacional del peronismo, con una identidad federal bien marcada. Es decir, un eslabón entre la dirigencia nacional y los caudillos del centro y norte del país. Como espalda, tiene mandato hasta el 2029 en su banca del Senado.

En el caso de que Manzur no sea candidato, el peronismo nacional tiene dos opciones: buscar un acuerdo con Jaldo para el armado de listas nacionales – Tucumán elige diputados – o poner en cancha a un candidato propio. Ahí el nombre apuntado es el del diputado nacional Pablo Yedlin, hombre de confianza de Manzur. Su participación tendrían una proyección de posicionamiento, más que de competencia real. Pensando en una etapa de sucesión en los años siguientes.

Yedlin es un ferviente opositor de Jaldo y de Milei. En el último mes se metió dos veces para interceder a favor de Manzur frente a las críticas de Jaldo. Primero fue cuando el Gobernador dijo en una rueda de prensa que su ex compañero de fórmula mandaba “algunos caniches a ladrar”, en referencia a los dirigentes cercanos que lo cuestionaban. Yeldlin subió una foto a sus redes sociales en la que aparecía abrazando a un perro caniche. Pura ironía.

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Después salió al cruce cuando Jaldo cuestionó a Manzur por ir a visitar a Cristina Kirchner. “Viéndose en la debilidad política el senador fue en búsqueda de una pollera. Es un pollerudo”, afirmó el mandatario provincial. Yeldlin respondió otra vez en sus redes. “Siempre de este lado de la vida. Lo que atrasa es ser despectivo y machirulo, ¿huele a viejo, no?”, escribió junto a una foto suya con CFK y otras de ella con el presidente de Brasil, “Lula” Da Silva, el dirigente social Adolfo Pérez Esquivel y el ex presidente de Colombia Ernesto Samper. Todas en el departamento donde cumple condena por la causa Vialidad.

En el círculo más chico de Cristina también defendieron al ex gobernador: “Juan no es pollerudo, es un hombre de la política que va a a visitar a una compañera que está injustamente presa”. La tensión reina en el ambiente. En la cumbre peronista que tuvo lugar en el Hotel Emperador el 11 de agosto, uno de los temas que se habló fue la posibilidad de tratar de acercar a Jaldo y a su par de Catamarca, Raúl Jalil, al armado nacional del PJ. Movimientos pensados como parte de una estrategia electoral de cara al 2027. Por el momento no hay avances en ese sentido. La guerra a cielo abierto no contribuye en esa línea.

En el gobierno tucumano aseguran que para el año que viene no habrá acuerdos con el gobierno de Milei ni con Manzur. Seguros de ganar, avanza con la convicción de que van a fortalecer su poder territorial y político en la provincia. El peronismo, claro está, quedará dividido en dos.

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POLITICA

Javier Milei y sus medidas, en vivo: el mandatario cargó contra la prensa y la calificó de “sicarios de la pluma”

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MAR DEL PLATA.– Durante varias horas nadie quería decir dónde iba a almorzar Patricia Bullrich con algunos de los principales ejecutivos del país. No figuraba entre las actividades abiertas del Coloquio de IDEA y quienes tenían el dato no lo soltaban. El secreto se terminaba afuera: una de las camionetas estacionadas en el encuentro empresario llevaba un cartelito en el parabrisas: “Almuerzo con la dirigencia política. Costa Galana”.

Bullrich llegó después de hablar en el escenario principal. Subió al primer piso y entró al salón Juan de Garay, con vista al mar. La esperaban 35 ejecutivos. No era una representación menor del poder económico: estaban Fabián Kon, del Galicia; Julio Patricio Supervielle, dueño del banco que lleva su apellido; Juan Martín Parma, de Macro; Javier Martínez Álvarez, de Techint; Oscar Sardi, de TGS; Juan Farinati, de Bayer; María Eugenia Sampalione, de Newmont; Sofía Vago, de Accenture; Wanda Weigert, de Globant; Agustín Bellido, de IBM; Eduardo Gorchs, de Siemens, y Juan Pablo Estévez, de AWS, entre otros. Había representantes de bancos, industria, minería, energía y tecnología sentados alrededor de la misma mesa.

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POLITICA

La Libertad Avanza pidió expulsar a Juan Grabois de Diputados tras los insultos y forcejeos en comisión

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La Libertad Avanza presentó este jueves un proyecto para excluir al diputado de Unión por la Patria Juan Grabois de la cámara baja por “desorden de conducta” luego del cruce que protagonizó con legisladores del oficialismo ayer durante un plenario de comisiones.

La iniciativa llevó la firma de la diputada Silvana Giudici, aunque remarcaron que cuenta con el apoyo de todo el bloque violeta. En su texto, la exPRO justificó la medida por la pelea que estalló el miércoles en la reunión plenaria de las comisiones de Defensa Nacional, de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto, mientras se discutía el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

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De acuerdo a Giudici, allí Grabois “expresó agravios en forma reiterada a las autoridades del plenario, a sus pares y a los presentes con expresiones injuriosas y descalificativas, incitando a la confrontación física y provocando la interrupción definitiva de las comisiones”.

El pedido se apoya en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que faculta a cada Cámara a sancionar a sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. La Constitución exige para eso el voto de dos tercios.

Insultos y forcejeos en Diputados durante el debate del proyecto que amplía las sanciones por explotación de recursos en Malvinas. (Foto: Captura X / @andreafvera_)

En los fundamentos del proyecto, Giudici relató que Grabois interrumpió el uso de la palabra a los gritos y luego avanzó “en actitud de intimidación física directa” contra el diputado oficialista Gerardo Huesen, hasta que otros legisladores debieron interponerse.

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El texto también mencionó que Grabois se dirigió a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, con la expresión “tontita”. Según el proyecto, cuando el titular del plenario, Carlos Zapata, le pidió que se disculpara, respondió que “la estoy describiendo, no la estoy insultando”. Después, tras el corte del micrófono, le gritó “facho de mierda” a Zapata, quien dio por terminada la reunión.

Silvana Giudici, diputada nacional de La Libertad Avanza, presentó el proyecto para excluir a Juan Grabois. (Foto: Cámara de Diputados)
Silvana Giudici, diputada nacional de La Libertad Avanza, presentó el proyecto para excluir a Juan Grabois. (Foto: Cámara de Diputados)

Giudici sumó el posteo que Grabois publicó horas más tarde en X: “Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo”. Para la diputada, eso demuestra que “no estuvimos ante un exceso al calor del debate, sino ante una estrategia deliberada de atropello e interrupción del trabajo legislativo”.

En ese contexto, Giudici aseguró que “cuando la conducta de un legislador trasciende el intercambio verbal y afecta materialmente el funcionamiento del Cuerpo, ya no estamos ante la vehemencia propia del debate, sino ante un desorden de conducta”.

La Libertad Avanza necesita dos tercios de la Cámara de Diputados para excluir a Juan Grabois por lo que consideró un
La Libertad Avanza necesita dos tercios de la Cámara de Diputados para excluir a Juan Grabois por lo que consideró un «desorden de conducta». (Foto: X/@danyvilar).

Y agregó: “Nada de esto puede confundirse con una discrepancia política ni con la vehemencia propia del debate. Es, lisa y llanamente, desorden de conducta en el ejercicio de la función, en los términos del artículo 66 de nuestra Carta Magna”.

En paralelo, el proyecto mencionó dos antecedentes recientes. El primero es el del 26 de agosto, durante la sesión por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuando el diputado Aldo Leiva protagonizó un altercado que terminó en un intento de agresión contra Nicolás Mayoraz y las autoridades del Cuerpo.

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