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POLITICA

El Gobierno informó que 14 mil extranjeros fueron expulsados del país en los últimos seis meses

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La ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva anunció que el Gobierno argentino expulsó a 14.000 extranjeros en los últimos seis meses, una cifra que comunicó a través de un video publicado en sus redes sociales. Según detalló la funcionaria, las personas deportadas registraban antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales o habían intentado ingresar al país sin cumplir la normativa vigente. El anuncio va en línea con el último reporte de la cartera de Seguridad, que había comenzado a documentar la cifra meses atrás.

Los números actuales, en efecto, representan una aceleración respecto de los datos difundidos semanas antes. A fines de enero, Monteoliva había informado que en solo dos meses —diciembre y lo transcurrido de ese mes— casi 5.000 extranjeros habían sido expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados. En aquel momento, la funcionaria calificó esas cifras como un récord para los controles en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, y las atribuyó al refuerzo de los operativos de seguridad dispuesto por la gestión.

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En el video difundido en sus redes, Monteoliva sintetizó la política oficial con una frase directa: “Argentina está abierta para quienes vienen a trabajar, a invertir, a respetar y cumplir la ley. Quienes no lo hacen, no tienen lugar”. La funcionaria enmarcó las expulsiones dentro de lo que denominó “orden migratorio y seguridad nacional”, en línea con el discurso que el Gobierno sostiene desde el inicio de la gestión actual.

El perfil de las personas expulsadas abarca distintas categorías. Según Monteoliva, el universo de los 14.000 casos incluye individuos con antecedentes penales, personas con alertas rojas emitidas por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), ciudadanos con impedimentos legales para ingresar al territorio nacional, extraditados y quienes intentaron cruzar la frontera sin respetar los requisitos migratorios. En una publicación anterior en la red social X, la ministra había sido más explícita: “Si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera”.

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La estrategia no se limita a los controles en pasos fronterizos. Durante los meses previos al anuncio de los 14.000 casos, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron operativos en distintos sitios. Uno de ellos fue la feria de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza. Allí se identificó a 458 personas, de las cuales 369 resultaron ser extranjeras. El procedimiento abarcó galerías, locales y puestos callejeros.

Para la identificación de los presentes, los agentes utilizaron el sistema Morpho RAPID ID, un dispositivo biométrico portátil de verificación rápida, y cruzaron la información con bases de datos como el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el sistema SASI. El resultado arrojó 16 ciudadanos extranjeros en situación irregular, a quienes se les labraron actas de Declaración Migratoria y se les exigió regularizar su condición.

Alejandra Monteoliva anunció que el Gobierno argentino expulsó a 14.000 extranjeros en los últimos seis meses por antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales o incumplimientos migratorios

Aquel operativo también dejó al descubierto irregularidades en cuatro comercios de la feria. Dos de ellos infringían la Ley de Marcas número 22.362, y en los otros dos se comprobó la venta de teléfonos bloqueados por el ENACOM por tratarse de dispositivos denunciados como robados. Los agentes secuestraron 70 celulares, 50 remeras, 226 pares de zapatillas y 55 pantalones de marcas falsificadas.

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Como consecuencia del procedimiento, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 3 de Morón, a cargo del juez Leonardo Cano, ordenó la detención de cuatro ciudadanos bolivianos —tres mujeres y un hombre—, quienes quedaron a disposición de la justicia junto con los bienes incautados.

Monteoliva subrayó que el enfoque del Gobierno apunta a que “en la Argentina, el que viola la ley, debe hacerse responsable de sus actos”. Las autoridades sostienen que la combinación de tecnología biométrica en operativos urbanos y el refuerzo de la vigilancia en los principales puntos de acceso al país es lo que permitió alcanzar las cifras registradas en el período.

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La Justicia intimó a Cristina Kirchner por las manifestaciones alrededor de su casa y le advirtió que podrían revocarle la prisión domiciliaria

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El tribunal Oral Federal 2 intimó a Cristina Kirchner a cumplir con las restricciones impuestas para su prisión domiciliaria, tras un banderazo el pasado 14 de junio que provocó el corte de calles en la zona y un gran aglomeramiento de personas.

La militancia tenía previsto realizar otra concentración masiva el próximo 20 de junio.

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“Intímase a Cristina Kirchner para que, en lo sucesivo, se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta”, sostuvo el tribunal.

La Justicia remarcó que el episodio del fin de semana presentó características cualitativamente distintas a las manifestaciones periódicas que se vienen registrando desde que la exmandataria cumple arresto domiciliario.

En esta oportunidad, un grupo de militantes, en el marco de un acto organizado por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, extendió una bandera con la leyenda “De San José 1111 a la Rosada”, que cruzaba la calzada y el espacio aéreo público, sostenida por cables tensores.

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El viernes hubo hubo una gran movilización desde Lomas de Zamora hasta el departamento de Cristina Kirchner. (Foto: X @fotermin)

La resolución destacó que la expresidenta “participó activamente en el despliegue de la referida bandera, utilizando el balcón de su propio domicilio de arresto como punto de anclaje y sujeción, y hasta colaborando de propia mano con dicha acción”. Además, saludó a los presentes desde el balcón.

El juez enumeró tres aspectos que tornan reprochable la conducta: el riesgo ostensible para la integridad física de la propia condenada, transeúntes, conductores y peatones por la instalación de la estructura; la posible comisión de una contravención municipal por la falta de autorización para ocupar el espacio público, y “la perturbación objetiva de la tranquilidad del vecindario y la alteración de la convivencia pacífica”.

“La suma de los extremos señalados revela que la conducta verificada el 14 de junio pasado no es compatible con las obligaciones asumidas en el marco de la prisión domiciliaria concedida, ni con el estándar de comportamiento que el tribunal tuvo en miras al imponer las reglas de conducta oportunamente establecidas”, se lee en la resolución judicial.

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“La realización de tal actividad, de no haber contado con el permiso correspondiente, podría importar la comisión de una contravención”, añadió el juez.

Leé también: El Gobierno busca mostrar unidad en medio de la tensión por el futuro político de Adorni

Hasta ahora, las concentraciones de apoyo frente al edificio no habían derivado en una intimación judicial tan contundente. El tribunal consideró que en aquellos casos la expresidenta no había intervenido de manera directa ni había utilizado su domicilio como parte activa de la manifestación.

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En cambio, esta vez la participación personal y el despliegue de la bandera generaron una situación que, a criterio del juez, excede los límites tolerables.

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POLITICA

Se negó a declarar la “viuda negra” acusada del homicidio del gerente general de una empresa de Martín Menem

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Anabela Sabrina Olmedo, la sindicada “viuda negra” detenida por su presunta responsabilidad en la muerte de Daniel Osorio Peñaloza, CEO de la empresa Gentech, de la que es socio fundador el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, se negó a declarar ante la jueza nacional en lo Criminal y Correccional Paula González, que interviene en la investigación.

Olmedo, de 33 años, está imputada por el delito de homicidio. “La sospechosa dijo que, por el momento, no iba a declarar”, explicaron fuentes con acceso al expediente.

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Osorio Peñaloza fue hallado muerto el lunes 8 de junio en su departamento de Caballito. Ayer, detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad detuvieron a Olmedo, acusada de ser “la autora material del homicidio”.

La sospechosa fue arrestada a las 9.14 en la esquina de Serrano y Solís, en el partido de José C. Paz. Es señalada por los investigadores consultados como una “viuda negra”, modalidad delictiva protagonizada por mujeres que seducen a hombres y, en situaciones íntimas, los duermen con somníferos para sustraerles dinero y otros objetos de valor.

“El fiscal Eduardo Cubría le imputó a Olmedo el homicidio de Osorio Peñaloza. Según el dictamen del Ministerio Público, la víctima habría muerto después de ingerir una sustancia que Anabela Sabrina Olmedo habría puesto en una bebida”, explicaron las fuentes consultadas.

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Osorio Peñaloza había nacido en Venezuela el 22 de enero de 1980. La última vez que fue visto con vida fue el viernes 5 de este mes, cuando fue a un bar con un amigo colombiano, también vinculado a la firma Gentech, dedicada a la comercialización de suplementos deportivos.

Al salir del bar, los amigos se habrían ido cada uno a su domicilio. Osorio Peñaloza vivía en un departamento del octavo piso de un edificio situado en la avenida Díaz Vélez al 5500, en Caballito.

El sábado 6 al mediodía, Menem intentó comunicarse con Osorio Peñaloza, pero no obtuvo respuesta. Entonces llamó al amigo que había salido con él, quien le respondió que seguramente estaría durmiendo.

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Como con el paso de las horas seguía sin responder los mensajes, el amigo colombiano, que tenía llaves del departamento, fue a ver qué sucedía. Al ingresar se encontró con el cuerpo de Osorio Peñaloza sobre la cama. Estaba casi sin ropa, ya sin vida.

Poco después llegaron a la escena personal de la Policía de la Ciudad, una ambulancia y Menem, que estuvo en el hall del edificio.

“Quiero aclarar que tomé conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada telefónica en la que se me informó que Daniel habría sido hallado sin signos vitales. Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia. Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa”, sostuvo Menem en un posteo en su cuenta de X.

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El presidente de la Cámara de Diputados también dijo: “Fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía”.

Desde la empresa también se refirieron a la muerte del amigo y socio de Menem. “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Daniel Osorio Peñaloza. Su dedicación y aporte fueron fundamentales para el crecimiento y desarrollo de nuestra organización”, se sostuvo en un comunicado de prensa.

Tras el hallazgo del cuerpo, tomó intervención el fiscal Cubría. La causa comenzó con el objetivo de esclarecer lo que, hasta ese momento, era “una muerte dudosa”. Pero con el avance de la investigación y tras la reconstrucción de las últimas horas de vida de Osorio Peñaloza, emergió con fuerza la hipótesis de que se había tratado de un crimen de una “viuda negra”.

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Para avanzar en la identificación de la sospechosa fue clave el análisis de filmaciones de cámaras de seguridad instaladas en las cercanías del edificio donde vivía la víctima.

“La sospechosa fue identificada a partir de imágenes de cámaras de seguridad y la geolocalización de su teléfono celular”, sostuvieron fuentes de la causa.

“La sindicada ‘viuda negra’ podría ser indagada mañana (por el martes) o en horas de la mañana del miércoles próximo”, dijo a una fuente judicial.

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POLITICA

El Congreso reclama la salida de Manuel Adorni del Gobierno: “Ellos lo tienen que echar”

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La posición de Manuel Adorni, dentro del gobierno de Javier Milei, sigue generando rispideces tanto entre propios como en la oposición. Desde el bloque del peronismo en el Congreso buscan remover al jefe de Gabinete, con una moción de censura.

Algo que en las últimas horas, tentó a varios de los aliados de La libertad Avanza (LLA) en el Parlamento, de hecho desde el PRO, indicaron que podrían apoyar la maniobra para correr al funcionario si este no renuncia por sus propios medios.

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El PRO advierte que avalará la interpelación a Adorni si no renuncia al Gobierno

Lo que desató una nueva interna dentro del oficialismo y sus alienados políticos. Desde el sector que conduce Cristian Ritondo dentro de la Cámara de Diputados, expresaron: “No hay postura definida. Estamos instando a que el Gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días”.

Mientras que el diputado del Movimiento Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, indicó: “Hace cien días le pedí que diera un paso al costado. Después de cien días que todavía el jefe de Gabinete siga estando en su puesto de trabajo, la verdad es que no se puede entender”.

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“Están sumergidos en una interna enorme. La interna está en la mesa política y eso no deja ver el bosque atrás. Y atrás es el bosque de la Argentina. No queremos la caída de Javier Milei. Queremos ir por los que nos mienten, queremos ir por la transparencia y queremos ir por el cambio verdaderamente”, aseguró el ex libertario.

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A lo que agregó: “Ellos lo tienen que echar. No le vamos a dar la oportunidad para que nos acusen de querer un golpe. Vos sos el ejemplo para toda esa sociedad que hace bien las cosas y que creyó en un gobierno que venía a cambiar las cosas”.

 

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