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ECONOMIA

El Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires llegaron a un acuerdo por la deuda de la coparticipación

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El acuerdo contempla la transferencia de bonos con vencimiento a siete meses para saldar la deuda acumulada el último año.

En medio de la tensiones en el plano político con el relanzamiento del PRO, el Ministerio de Economía y la Ciudad de Buenos Aires (caba) acordaron la cancelación de la deuda generada durante el último año por la Coparticipación Federal de Impuestos. Este entendimiento contempla la transferencia de una cartera de bonos con un vencimiento de siete meses, que regulariza los fondos pendientes y restablece la normalidad en las cuentas fiscales porteñas. Aunque los reclamos continuaran los pagos no realizados desde 2020.

El proceso de negociación entre el Gobierno y la Ciudad comenzó tras los retrasos en las transferencias que debían realizarse en cumplimiento del acuerdo alcanzado en septiembre de 2024. Ese pacto se produjo bajo la supervisión de la Justicia, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) reconociera a la Ciudad un coeficiente del 1,55 en la distribución de la coparticipación, sumando ese porcentaje al 1,4% ya transferido automáticamente. Así, el coeficiente total para la Ciudad ascendía al 2,95%.

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La CSJN dictó una medida cautelar a fines de 2022 que establecía la obligación del Gobierno Naciona de transferir estos fondos de manera diaria a través del Banco de la Argentina (BNA). Pese a esa orden, la administración de Alberto Fernández no realizó los pagos correspondientes en tiempo y forma. En esa instancia, la Ciudad había aceptado, a solicitud del Ejecutivo, que las transferencias se hicieran semanalmente desde el Tesoro nacional, aunque esa modalidad tampoco garantizó la regularidad de los envíos.

En los primeros meses posteriores al acuerdo de septiembre de 2024, el Gobierno cumplió con el pago de los fondos comprometidos. Sin embargo, a partir de julio, los pagos comenzaron a ralentizarse y se acumuló una deuda significativa por la que hasta este momento Jorge Macri reclamaba. Este atraso llevó a nuevas instancias de diálogo entre los equipos técnicos y políticos de ambas jurisdicciones.

La resolución de este conflicto se consolidó cuando el Gobierno nacional se comprometió a transferir a la Ciudad una cartera de bonos con vencimiento en siete meses, cubriendo así la deuda acumulada durante el último año. El acuerdo excluye la deuda anterior generada durante la gestión de Alberto Fernández, cuya cancelación sigue en disputa.

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El conflicto por la coparticipación tuvo su origen en septiembre de 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández dispuso, mediante el Decreto 735/2020, una reducción del porcentaje asignado a la Ciudad de Buenos Aires del 3,5% al 2,32%. Más tarde, el Congreso nacional sancionó la Ley 27.606, que redujo aún más ese coeficiente al 1,40% básico, sumando un monto fijo destinado a Seguridad.

Esta medida generó un reclamo inmediato de la Ciudad de Buenos Aires, que consideró inconstitucional la quita de recursos. La disputa escaló al ámbito judicial, hasta que la CSJN resolvió a favor de la Ciudad, estableciendo el coeficiente del 1,55%. No obstante, la administración nacional anterior no acató el fallo y no transfirió los fondos según lo dictado por la Justicia.

Jorge Macri - Luis Caputo
La Ciudad de Buenos Aires mantiene el reclamo por 6.000 millones de dólares vinculados a la reducción de la coparticipación desde 2020.

La normalización de la deuda actual forma parte del presupuesto 2026 de la Ciudad, que ya contemplaba la posibilidad de un acuerdo para regularizar los pagos atrasados. El entendimiento alcanzado ahora no incluye el pago de los USD 6.000 millones que la Ciudad reclama por la quita de recursos desde 2020. Este monto corresponde a fondos no transferidos tras la reducción intempestiva del coeficiente de coparticipación implementada por la gestión de los Fernández.

El acuerdo actual se limita exclusivamente al pasivo generado a partir de los retrasos en las transferencias posteriores al acuerdo de septiembre de 2024. La transferencia de una cartera de bonos con vencimiento a siete meses constituye el mecanismo elegido por el Gobierno nacional para cumplir con este compromiso. Las partes destacaron el carácter constructivo del diálogo que permitió arribar a esta solución en el corto plazo.

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La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, sigue evaluando alternativas legales y administrativas para obtener la cancelación total de la deuda acumulada desde la reducción de la coparticipación en 2020. El conflicto, que tuvo origen en una medida considerada inconstitucional por la administración porteña, permanece abierto en lo que respecta a los fondos anteriores a 2024.

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ECONOMIA

Luis Caputo explicó por qué hubo déficit fiscal en junio

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Pese a que el pago del medio aguinaldo influyó en las cuentas, el ministro de Economía hizo referencia a una medida oficial que causó impactó

17/07/2026 – 16:24hs

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El ministro de Economía, Luis Caputo, adjudicó a una decisión de política económica el déficit fiscal que se produjo en junio.

Luis Caputo explicó por qué hubo déficit fiscal en el mes de junio

«Esto es porque corrimos el vencimiento de ganancias de personas humanas de junio a julio»contestó el ministro sobre un posteo que hacía referencia a esta situación.

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La aclaración que publicó Luis Caputo sobre el déficit fiscal registrado en junio.

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La postergación se produjo a pedido de contadores y obedeció a la demorada discusión por las reforma en la Ley de Inocencia Fiscal.

Caputo recibirá este viernes nuevamente a los profesionales del área para terminar de acordar esos cambios.

El nuevo vencimiento opera el 27 de julio y hay expectativa por otra prórroga, pero esta medida impactaría otra vez en la recaudación y en las cuentas públicas.

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El Sector Público Nacional (SPN) arrojó un resultado negativo por $1.024.891 millones en el sexto mes, debido al resultado primario negativo de $696.843 millones y el pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $328.049 millones.

Sin embargo, el primer semestre del año terminó con un superávit financiero de 0,1% del PIB, equivalente a 0,6% de superávit primario. La meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de 1,4% del PIB en el frente primario.

Déficit fiscal mensual: el aguinaldo, entre las claves

El Sector Público Nacional (SPN) registró en junio un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones, en un resultado que el equipo económico ya tenía previsto debido al impacto estacional del pago del medio aguinaldo a los empleados públicos. A pesar del rojo mensual, el primer semestre de 2026 concluyó con saldo positivo en las cuentas fiscales.

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El dato fue informado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social X. Según explicó, el déficit financiero se produjo luego de afrontar pagos de intereses netos por $328.049 millones y estuvo además condicionado por una menor recaudación derivada de la postergación del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

El primer semestre terminó con superávit fiscal

Más allá del resultado de junio, el Gobierno destacó que el balance acumulado del año continúa siendo superavitario.

Entre enero y junio, el SPN alcanzó un superávit primario equivalente al 0,6% del PBI, mientras que el superávit financiero se ubicó en 0,1% del PBI, manteniendo el objetivo de equilibrio de las cuentas públicas.

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El Gobierno considera al superávit fiscal uno de los ejes centrales de su programa económico y busca sostenerlo durante la segunda mitad del año y de cara al escenario electoral de 2027. En ese marco, semanas atrás el Ministerio de Economía presentó su programa financiero para 2026 y 2027, en el que volvió a ratificar el compromiso de preservar el equilibrio de las cuentas públicas como principal ancla de la política económica.

Luis Caputo defendió el ajuste del gasto público

Al difundir los datos fiscales, Caputo remarcó que «el orden en las cuentas públicas es un pilar fundamental del programa económico» y sostuvo que ese objetivo se alcanzó «a través de una fuerte reducción en el gasto público».

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El ministro también afirmó que esa estrategia hizo posible avanzar con una reducción de impuestos nacionales acumulada desde 2024 equivalente a casi tres puntos del PBI.

El resultado de junio representó el primer déficit financiero mensual registrado en lo que va de 2026. Sin embargo, desde el Palacio de Hacienda atribuyeron el rojo principalmente a cuestiones estacionales, especialmente al pago del medio aguinaldo, además del efecto transitorio generado por la postergación del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

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ECONOMIA

Por qué el Gobierno apuesta a que Argentina “no sea barata” en dólares y qué impacto tiene esa estrategia en la economía

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El Gobierno busca dejar atrás los períodos de devaluaciones recurrentes y apuesta por la apreciación del peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Javier Milei apuesta a que la Argentina no sea “barata” en dólares. El equilibrio fiscal y el crecimiento de los sectores exportadores son los pilares de ese objetivo, aunque el encarecimiento en moneda extranjera produce diversos efectos en la economía y genera una nítida diferencia entre segmentos ganadores y perdedores en los sectores de la producción.

En declaraciones recientes, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la Argentina “dejará de ser un país regalado en dólares y eso es importante que así sea” ya que “la moneda es un reflejo de lo que es la economía”.

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El titular de la cartera económica planteó que “el tipo de cambio no es un capricho, es en función de cómo te está yendo en la economía”. “Un país regalado en dólares es un país con salarios miserables en dólares”, sentenció.

Un país regalado en dólares es un país con salarios miserables en dólares (Caputo)

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, fue en la misma línea al proyectar que el crecimiento de los sectores energético y minero podría generar un flujo de divisas más distribuido a lo largo del año, a diferencia del esquema tradicional concentrado en la temporada de cosecha gruesa del agro en el “trimestre de oro” que se extiende de abril a junio.

En una intervención en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente del BCRA consideró que “todavía existe una percepción muy arraigada sobre la estacionalidad del mercado de cambios, porque durante décadas la dinámica estuvo marcada por el impacto estacional de la cosecha gruesa”.

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El funcionario pronosticó un cambio estructural en la matriz exportadora de la Argentina: “El país está evolucionando y convirtiéndose en una economía más diversificada hacia la energía y, eventualmente, la minería. Entonces, empezaremos a ver un desempeño más equilibrado en nuestras reservas”.

La tesis del equipo económico abreva en que el fin de la emisión monetaria para la financiación del déficit fiscal, sumado a la mejora de los pasivos del BCRA y a un cambio en la matriz productiva-exportadora, fortaleció el peso de forma natural. Además, busca evitar las devaluaciones cíclicas que dominaron el escenario económico en los últimos gobiernos. Por eso, la apreciación del peso, según esa lógica, llegó para quedarse.

No obstante, el Gobierno todavía mantiene ciertas restricciones al libre movimiento de capitales. Si bien se incrementaron los giros de dividendos de empresas al exterior, aún persisten trabas para la salida de dólares que no estén vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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Más allá de la pata fiscal, la apreciación cambiaria también responde tanto al aumento del flujo de divisas generado por las exportaciones de los sectores agropecuario, minero y energético, como a la mejora en las condiciones financieras tras las elecciones de medio término de 2025, con una fuerte compresión del riesgo país. Esta recuperación poselectoral permitió que empresas locales y provincias retomaran el acceso al financiamiento en los mercados internacionales.

Desde entonces, las emisiones de títulos corporativos y sub-soberanos totalizan USD 17.400 millones: las compañías emitieron USD 13.730 millones, mientras que los distritos provinciales colocaron USD 3.650 millones, según cálculos de la consultora Romano Group. Los dólares obtenidos se liquidan en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y generan una oferta significativa, que en su mayor parte es absorbida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para fortalecer las reservas internacionales.

Vista aérea de un complejo industrial con minería, perforación, plantas de energía, paneles solares, aerogeneradores y barcos de GNL bajo un cielo con sol y nubes oscuras.
El RIGI es una herramienta clave para el oficialismo, en su búsqueda por cambiar la matriz productiva argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, el fortalecimiento del peso frente al dólar, que se movió 1,4% en lo que va del año frente a una inflación acumulada de 16,8%, impulsó el crecimiento de los salarios y las jubilaciones medidos en moneda extranjera, aunque también hizo crecer los precios en dólares.

De hecho, un informe de Fundar contrastó el costo de vida argentino con el de otras naciones de la región y exhibió que el país “ya es más caro que el promedio regional en 6 de los 11 grandes rubros de consumo relevados: Restaurantes, Indumentaria, Comunicaciones, Recreación, Equipamiento del hogar y, desde abril, también Transporte”.

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Fundar subrayó que “el país viene encareciéndose en dólares a un ritmo mayor que el promedio de los países de América Latina”. La organización puntualizó además que “mantiene niveles de precios inferiores a los de Uruguay, México y Chile, pero superiores a los de Brasil, Colombia y Paraguay”.

El país viene encareciéndose en dólares a un ritmo mayor que el promedio de los países de América Latina (Fundar)

Por otro lado, la apreciación del peso abarató las importaciones e incentivó las compras de insumos, tecnología y otros bienes de consumo vía courier. Esta metodología experimentó un salto interanual de 84,4% en mayo (último dato disponible) y el acumulado de 2026 escaló USD 518 millones, lo que se traduce en un salto de 113,2% respecto al mismo período del año anterior.

En diálogo con Infobae, el economista de la consultora Econviews Alejandro Giacoia analizó que lo que está detrás de Caputo y Bausili “es que al materializarse todo el potencial exportador (sobre todo en energía y minería), del cual ya estamos viendo una parte, el país va a tener una oferta de dólares más alta que va a permitir sostener un tipo de cambio real como el actual que es bajo en términos históricos (eso no significa que esté atrasado)”.

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Para Matías de Luca, jefe de Research de Parakeet, la idea de que Argentina abandona su estatus de país barato en dólares se debe a dos factores: la gestión económica y fiscal del Gobierno, y una nueva matriz productiva con fuerte basamento en los sectores exportadores.

Triptych de campo de trigo con cosechadora, plataformas petroleras y mina a cielo abierto con maquinaria pesada, superpuesto con un gráfico verde ascendente.
El agro, la energía y la minería son los principales sectores que traccionan la actividad económica (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Del lado de la gestión, el orden fiscal (equilibrio presupuestario), elimina los vicios que derivaban en más deuda o inflación que, consecuentemente, terminaban con un tipo de cambio más alto. En otras palabras, antes gastabas más, pero no producías más, por lo que el ajuste se terminaba dando por efecto precio: más dólar es igual a más empobrecimiento”, manifestó De Luca.

Coincidió en parte Federico Machado, economista de LLZ, al argumentar que “producto del boom de Oil&Gas y minería, Argentina va experimentar los próximos años una transformación bastante notable, que llevaría a una apreciación de su moneda”.

Según Giacoia, la sostenibilidad del plan libertario “depende en buena parte de que se concrete esa llegada de dólares, de cómo evoluciona la demanda de divisas con un país que empiece a crecer más fuerte y me parece que también hay que poner un ojo en la política”.

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La sostenibilidad del plan libertario depende en buena parte de que se concrete esa llegada de dólares, de cómo evoluciona la demanda de divisas con un país que empiece a crecer más fuerte (Giacoia)

Por su parte, De Luca hizo hincapié en la productividad del agro, la energía y la minería: “De acá a 2030 Argentina debería ser capaz de duplicar su superávit comercial, abandonando la escasez crónica de dólares (exportamos más cantidades, por lo que no hace falta un dólar más alto para compensar la demanda local de dólares). El segundo factor es que sin déficit fiscal, no hay demanda inflada’. Es decir, el nivel genuino de actividad es el actual. Eso, sumado a que la economía se va abriendo lentamente al mundo, hace que los negocios que no pueden competir desaparezcan (ganan las importaciones, se beneficia el consumidor local) y crezcan los que tienen ventajas comparativas”.

En tanto, Machado anudó la durabilidad del fenómeno a cuánto se pueda acompañar la apreciación cambiaria con reducción de costos y mayor productividad. “Un país no necesita un tipo de cambio alto para ser competitivo, necesita un tipo de cambio acorde a su estructura tributaria y productiva. Con el nivel de impuestos internos que tenemos y el Gobierno no ha modificado, y una industria que hace muchos años no crece con inversión, un tipo de cambio apreciado es lapidario”, concluyó.



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ECONOMIA

El Gobierno prepara otro cupo de 50.000 autos sin impuestos y hay malestar entre las terminales

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Hace dos años se puso en marcha el régimen de importación de vehículos híbridos o eléctricos sin arancel extrazona de 35%. La medida fue un éxito del Gobierno ya que generó fuerte interés de las distintas marcas, amplió la competencia e impulsó la baja de los precios de los 0km. Además, actualizó la oferta de modelos y posibilitó a los argentinos a acceder a vehículos más modernos, con mayor tecnología y seguridad. Modelos que, por el cepo importador que rigió en el anterior gobierno, no se vendían en el mercado local.

El sistema permite la importación de 0km sin ese recargo aduanero siempre que cumplan con la exigencia de contar con motorizaciones «ecológicas» y no superen los u$s16.000 de valor FOB. Este punto es importante ya que es el factor que motorizó a que el resto de los modelos tengan que ajustar sus precios para no quedar descolocados dentro del mercado.

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Para este régimen se estableció un cupo de 50.000 unidades anuales que se repartan entre las marcas que se presenten a la licitación. Hay 25.000 unidades para las automotrices asociadas a ADEFA y otras 25.000 para los integrantes de CIDOA. Hasta el momento se realizaron dos licitaciones, una en 2024 y la otra en 2025. En ambos casos, la demanda de unidades agotó el cupo previsto. El año pasado, la cantidad de vehículos pedidos para importar superó las 100.000 unidades, lo que muestra el interés de las empresas en participar.

Se viene la próxima licitación del cupo para importar autos híbridos o eléctricos sin arancel

Según pudo saber iProfesional, ya se puso en marcha el proceso para la licitación de este año que permitirá el ingreso de otras 50.000 unidades a partir de enero de 2027. Desde el Gobierno hicieron el primer movimiento para activar este proceso al solicitar a todas las marcas, hace unas semanas, que presenten en agosto el volumen estimado de unidades que solicitarán. Es una forma de medir si el interés de importar se mantiene y, de ser así, cuál sería el volumen aproximado de vehículos que se demandará cada una.

Por el momento, no hay una fecha definida para responder a ese pedido, pero las automotrices ya están analizando cuáles y cuántos autos solicitarán para presentar en el momento en que, desde la Secretaría de Industria, les fijen un plazo concreto. Se estima que la demanda va a ser alta. Una vez realizada esta etapa, se fijará la fecha para realizar la licitación formal que podría ser en septiembre.

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Malestar en marcas por el límite FOB que beneficia a autos chinos

Mientras tanto, desde algunas empresas dejan trascender su malestar por el monto máximo establecido de hasta u$s16.000 FOB para poder beneficiarse de la quita del impuesto. Un vehículo que ingresa con ese valor FOB termina vendiéndose al público, en general, a un precio de entre u$s32.000 y u$s34.000. Esta duplicación del valor tiene que ver con los otros impuestos que deben pagar más los márgenes del importador y de las concesionarias.

La queja que viene de estas empresas se debe a que el monto FOB es considerado demasiado bajo y sólo beneficia a marcas chinas, ya que los modelos que ellos venden apuntan a un segmento de mayor precio y no tienen vehículos a valores tan bajos. Las automotrices chinas, en cambio, son las principales productoras de vehículos híbridos o eléctricos y tienen una gama muy amplia desde los segmentos más chicos. Es por lo que tienen una oferta amplia a bajo precio para poder ingresar al régimen.

El otro elemento a favor de las marcas chinas, según aseguran las empresas que cuestionan ese monto, es que los precios con los que se manejan las automotrices de ese país no son transparentes. Concretamente, dicen que es muy difícil saber si los autos que se importan reflejan el costo real o tienen algún incentivo oficial para poder exportar dentro de la política de expansión de ventas al exterior que tiene el gobierno chino. Hay que recordar que el Estado de ese país participa directa o indirectamente de esas empresas a través de subsidios y no es fácil acceder a información confiable de sus precios de producción.

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Lo que plantean algunos importadores locales de marcas no chinas es que en los países de sus casas matrices – sea Estados Unidos, de Europa, Corea del Sur o Japón – no hay ninguna posibilidad de alterar los precios en origen como para poder llegar a menos de u$s16.000 FOB. De esta manera, quedan afuera del beneficio fiscal y deben importar pagando el arancel de 35%. Esto hace que queden descolocados en el mercado y pierdan ventas que se vuelcan a marcas chinas. La participación en las ventas de autos chinos ya representan entre 8% y 12% del mercado, según distintas formas de cálculos. Hasta hace dos años, no llegaban al 1%. Hoy, como adelantó iProfesional, 30% de las concesionarias locales ya son de marcas chinas.

Algunas de las automotrices que dejan trascender sus quejas piden que se establezcan distintas escalas de montos FOB para importar con aranceles diferenciales. Por ejemplo, si hasta u$s16.000 no pagan arancel, que se establezca una franja que supere ese monto (por ejemplo, entre u$s16.000 y u$s25.000) con un arancel menor al 35% (10% o 15%) que permitiría que puedan importar sus autos y que lleguen a un precio más cercano al que se venden los chinos.

Por el momento, no hay señales de que el Gobierno esté dispuesto a atender esos reclamos, como tampoco a aumentar el volumen de cupo anual por arriba de las 50.000 unidades, algo que algunas empresas piden para que haya mayor competencia y mejores precios en beneficio para los consumidores.

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