La pesca intensiva que viene llevando a cabo la flota extranjera anclada junto a la milla marina 201, y que de forma recurrente atraviesa ese límite para depredar el Mar Argentino, está a punto de generar un colapso irreversible en ese ecosistema. Así lo advierte otro tramo de un informe que, divulgado recientemente por iProfesional, señala que la «armada» foránea extrae de las aguas nacionales hasta cuatro veces más recursos que la industria pesquera argentina. La flota en cuestión, integrada en un 90% por embarcaciones chinas, pero también con una presencia creciente de navíos españoles y portugueses, ha hecho del calamar su principal objetivo de captura y eso mantiene a la especie al borde de la desaparición. Así, se señala que a partir de esta sobrepesca, en combinación con la afectación que sufre su área de distribución por la actividad de los buques, dicha especie podría quedar al borde de la desaparición en el lapso de un año.

De acuerdo al monitoreo realizado por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), la grave afectación que atraviesa el calamar también ha sido advertida por Environmental Justice Foundation (EJF), una organización internacional dedicada a investigar delitos ambientales, pesca ilegal, trabajo forzoso y explotación de recursos naturales.

La pesca ilegal y un saqueo que amenaza colapsar el Mar Argentino

En línea con eso, Raúl Cereseto, presidente de FULASP, declaró hace escasos días que el modelo de pesca que aplican los buques extranjeros es meramente extractivo: «el 70% de lo capturado se transfiere directamente en alta mar hacia los países de las flotas operadoras, el 10% pasa por Montevideo y apenas el 20% toca tierra en las islas».

«Se vende la cuota, los barcos vienen, pescan y se llevan el recurso. No hay industria, no hay agregado de valor, no hay generación de empleo local significativo», agregó.

Al mismo tiempo, FULASP menciona a la merluza común, la polaca, la merluza de cola y el bacalao de profundidad, como otras variedades también en riesgo de colapso.

«En 2024, las autoridades pesqueras de Malvinas suspendieron la segunda temporada de captura del calamar Loligo luego de que la biomasa estimada descendiera por debajo del umbral de conservación fijado en 10.000 toneladas«, ejemplificó la organización en su informe.

En paralelo, se señala que los volúmenes de extracción pesquera en la zona crecieron 65% entre 2019 y 2024. Al mismo tiempo, se informó que la flota china aumentó 85% su «esfuerzo» de extracción en ese mismo lapso.

Flotas extranjeras depredan Mar Argentino

Según el trabajo mencionado, mientras la pesca argentina desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales, las flotas internacionales llegan a capturar entre 1,5 y 3 millones de toneladas cada año. Los navíos en cuestión no dudan en atravesar el límite de la milla 200 para ya efectuar extracciones intensivas en el Mar Argentino.

En línea con lo anterior, Cereseto afirmó que «el verdadero problema no es solamente que se lleven más volumen que la pesca argentina. El daño más grave es biológico: muchas especies están siendo capturadas antes de completar su ciclo natural«.

Asimismo, el especialista explicó que en el corto plazo la discusión podría pasar de la pérdida económica al «agotamiento de recursos fundamentales para la pesca argentina y para todo el ecosistema del Atlántico Sur».

La mayoría de las capturas que llevan adelante los buques extranjeros corresponden «a calamar, merluzas y otras especies transzonales que migran permanentemente entre la plataforma continental argentina, el alta mar y las áreas actualmente explotadas por flotas internacionales».

Españoles y portugueses se suman a la flota china en el Sur

El predominio chino en la flota que, integrada por al menos 600 embarcaciones, saquea el Atlántico Sur al borde de la milla 201 sigue siendo contundente pero, a la par de esa masividad, también viene incrementándose la presencia de buques de otros países con la misma naturaleza depredadora.

En ese sentido, en lo que va del año Prefectura Naval Argentina también detectó y penalizó el ingreso ilegal a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de unidades de bandera española y portuguesa, en todos los casos efectuando maniobras coincidentes con la captura de especies marinas mediante redes de arrastre.

Se estima que la pesca ilícita en la ZEE, con foco en la captura del calamar, representa un negocio que alcanza cuanto menos los 1.000 millones de dólares.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el envío de un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal al Congreso. Tras el aviso, se conoció un borrador en el que el oficialismo propone una apertura para todos los contribuyentes. Al mismo tiempo que elimina los límites de ingresos y el patrimonio para ingresar al sistema. La tributarista Fernanda Laiún explicó en Infobae en Vivo A las Nueve que la reforma responde a una de las principales dificultades del esquema vigente.

Según señaló la especialista, la normativa actual dejabaa afuera a muchos contribuyentes por la forma en que calculaba los límites patrimoniales y de ingresos.

La medida propuesta por el Gobierno extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 la posibilidad de incorporar fondos al circuito formal bajo un esquema con beneficios fiscales. La iniciativa apunta a incentivar el uso de ahorros no incorporados al sistema y establece nuevas condiciones para quienes adhieran, aunque mantiene controles sobre el origen lícito del dinero.

En este sentido, la especialista sostuvo que el proyecto mantiene diferencias para los grandes contribuyentes nacionales, quienes podrán utilizar el régimen simplificado de información, aunque sin acceder a determinados beneficios previstos para el resto de los adherentes.

Laiún afirmó que la principal modificación consiste en la eliminación de los topes para ingresar al régimen. «No hay tope para entrar, vos podés entrar, no importa cuáles sean tus ingresos, no importa cuál sea tu patrimonio”, explicó.

Asimismo, la tributarista señaló que ese cambio reduce los conflictos de interpretación que existían con la normativa vigente. También remarcó que el único requisito general consiste en haber sido residente fiscal argentino durante todo el año correspondiente.

Además, explicó que los grandes contribuyentes nacionales podrán adherir al régimen simplificado, aunque no accederán a beneficios como el denominado efecto de “tapón”, previsto para otros casos.

La reforma también busca facilitar la incorporación de fondos al sistema financiero. Según explicó Laiún, el proyecto distingue dos cuestiones diferentes. Por un lado, simplifica la presentación de declaraciones juradas al reducir la información patrimonial y de consumos que debe informarse. Por otro, permite ingresar fondos al sistema hasta el 31 de diciembre de 2027 sin que ese hecho pueda utilizarse para determinar ventas omitidas o ganancias no declaradas.

“Mientras lo hagas en ese plazo, ARCA no va a poder usar eso como información para determinarte ventas omitidas o ganancias no declaradas”, sostuvo. Para la especialista, la redacción propuesta representa una apertura más amplia que la versión anterior porque busca generar un marco de mayor confianza para el contribuyente.

Sin embargo, aclaró que una inspección iniciada antes de la adhesión continúa su trámite normal y debe concluir con el procedimiento correspondiente. En esos casos, indicó que la norma prevé la condonación de multas si el contribuyente regulariza la situación.

Entre otras cosas, la especialista comparó entre el régimen de inocencia fiscal y un blanqueo tradicional. Laiún consideró que el concepto formal tiene otro objetivo porque procura modificar la relación entre el fisco y el contribuyente mediante una presunción de buena fe.

No obstante, agregó que la posibilidad de incorporar fondos al sistema sin cuestionamientos fiscales hasta fines de 2027 funciona como “una suerte de blanqueo, en definitiva, sin costo”.

La especialista explicó que el régimen exige que el contribuyente declare correctamente sus ingresos y gastos, con un margen de diferencia limitado respecto de la determinación impositiva.

Uno de los aspectos técnicos más relevantes del proyecto corresponde al umbral del 15%. Laiún explicó que ese porcentaje opera sobre la diferencia que ARCA pueda detectar en la determinación del impuesto. Si la diferencia supera ese límite y alcanza determinados montos mínimos, el organismo puede revisar la situación del contribuyente.

La tributarista precisó que también existe un piso de cinco millones de pesos y otro parámetro de cien millones de pesos para activar esos controles. Además, destacó otro cambio previsto en la propuesta. “Aun cuando venga el fisco y te diga: ‘te encuentro más del 15%’, vos tenés la opción de ir y pagar y seguir dentro de la inocencia”, afirmó.

Según su análisis, esa posibilidad fortalece la permanencia dentro del régimen y amplía los beneficios para quienes regularicen diferencias detectadas por la administración tributaria.

Al mismo tiempo, la especialista aclaró que la reforma no elimina los controles vinculados con actividades ilícitas. “Esto nunca está previsto para actividades ilícitas”, expresó al explicar que el régimen solo alcanza fondos provenientes de actividades legales.

También indicó que las facultades de la Unidad de Información Financiera y de las entidades financieras permanecen vigentes, por lo que los bancos pueden requerir explicaciones sobre el origen del dinero depositado.

En ese sentido, señaló que la adhesión al régimen constituye un antecedente favorable para esos análisis, aunque no reemplaza la necesidad de justificar la procedencia de los fondos cuando corresponda.

Por ese motivo, recomendó consultar previamente con un asesor antes de realizar depósitos importantes y recordó que las operaciones deben guardar una relación razonable con la actividad económica de cada contribuyente. Según explicó, esa coherencia puede resultar clave ante cualquier requerimiento sobre el origen del patrimonio, incluso cuando la situación no genere consecuencias tributarias.

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La merma que sigue mostrando la comercialización de electrodomésticos en la Argentina complica la actividad de las compañías del rubro, que atraviesan una instancia de «sobrestockeo» y serias dificultades para mantener en funcionamiento sus respectivas estructuras productivas. En ese contexto, Tierra del Fuego aparece como uno de los distritos más afectados por este complejo presente comercial y una muestra del impacto negativo que acumulan las electrónicas puede observarse, por ejemplo, en la quiebra informada por Aires del Sur, dueña de las marcas Electra y Fedder, y los cambios en el empleo aplicados por Solnik, la firma que fabrica celulares y tecnología del hogar para Xiaomi y LG, entre otras marcas. A esos nombres recientemente se les añadió BGH, que negocia frenar su actividad por un lapso en el próximo mes de julio y eso se hará sentir en la labor de al menos 1.000 trabajadores.

La medida en cuestión se negocia por estos días en Río Grande, a través de reuniones que representantes de la compañía vienen llevando a cabo con la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La intención del gremio es que el parate sea acotado y, en paralelo, BGH siga cubriendo la totalidad de los salarios de sus empleados.

BGH detendrá producción en julio

Fuentes ligadas a esas negociaciones afirman que el freno que discuten la empresa y la UOM local inicialmente totalizaría unos 10 días. Y que la medida en cuestión comenzaría a aplicarse a partir de la tercera semana de julio. Al mismo tiempo, el acuerdo que busca alcanzar el gremio apunta a garantizar la continuidad de todos los empleos que genera BGH al menos hasta diciembre de este año.

Los alcances de la medida que tendría vigencia en julio fueron anticipados por Oscar Martínez, secretario general de la UOM en Río Grande, quien señaló que «no habrá pérdida de salario y se está trabajando para asegurar también la estabilidad laboral en los próximos meses».

El dirigente declaró que el sindicato «rechazó alternativas como el banco de horas y las vacaciones anticipadas dentro de esas negociaciones, remarcando que cualquier acuerdo debe garantizar derechos y condiciones laborales vigentes».

Con relación al freno que impondrá BGH durante la segunda parte del mes próximo, Martínez declaró a medios fueguinos que «tiene que ver con una combinación de situaciones. En este caso particular, tienen un bache por ausencia de insumos o de producción. Atento a que hay una caída más que considerable del consumo y esto está atravesando a toda la industria nacional y en particular a la Tierra de Fuego».

Desde la UOM local advierten que el segundo semestre podría presentar un escenario más complejo para la electrónica en Tierra del Fuego, con caída de la producción, una menor demanda y probables afectaciones en el empleo.

«La apertura de importaciones, la caída del consumo y el bajo poder adquisitivo generan un contexto difícil. En Tierra del Fuego esto se siente con mayor intensidad», concluyó el dirigente.

Tierra del Fuego, golpeada por el menor consumo y las importaciones

La difícil situación que atraviesa la producción de electrónica en Tierra del Fuego viene acercando números por demás preocupantes en términos de actividad industrial y empleo.

La provincia más austral de la Argentina registra una pérdida del 20% de los puestos de trabajo sólo en lo que va del año y la producción de electrónica se redujo casi 55% interanual respecto del primer tramo de 2025.

Según datos de la Fundación Innovación Fueguina (FINNOVA), la ocupación en el ámbito fabril de ese distrito cayó 20,7% en la parte inicial de 2026 respecto de igual lapso pero del año pasado.

«Si se compara con diciembre pasado, cuando había 8.861 operarios, la pérdida supera el 21%. La industria electrónica, que concentra la mayor parte del empleo, es la más afectada: pasó de 7.317 puestos a 5.473 en apenas dos meses«, indicó la organización.

«Entre enero y febrero, la fabricación electrónica se contrajo un 54,8% interanual. La tendencia también se replica en otros rubros, como el textil, que retrocedió un 56,1%, y la confección, con una caída del 74,7% en unidades producidas», añadió.

Otra muestra de la merma que evidencia la producción de electrónica en ese territorio está en el consumo energético, que registra una baja interanual cercana al 27% y una demanda por parte de la industria que se ubica entre las más bajas desde 2015 a la fecha.