ECONOMIA
Caputo apaga aspiradora de pesos y prepara boom de créditos: qué alertan bancos con morosidad récord

La aspiradora de pesos durará unos meses más, pero el objetivo del gobierno es que en el segundo semestre vuelva el célebre «Punto Anker». Es decir, que ya Toto Caputo no sacará liquidez «sobrante» del mercado, sino que los pesos quedarán en los bancos, para que sean canalizados al crédito productivo. Es un plan que los ejecutivos del sistema financiero comparten, aunque no ocultan su escepticismo sobre que pueda haber un boom crediticio en el corto plazo, después del golpe que significó el récord de morosidad.
Puesto en números, lo que el Gobieno espera es que hacia fin de año el volumen de dinero prestado por los bancos al sector privado haya aumentado un 0,3% del PBI, lo que equivale a u$s21.000 millones o unos $30 billones.
Ese es el plan, según las definiciones del ministro y de algunos de sus funcionarios, como el secretario de Finanzas, Federico Furiase, así como de informes del Banco Central, como el que el vicepresidente Vladimir Werning presentó antes inversores extranjeros.
Y, en términos concretos, significa que cambiará la tónica de las licitaciones del Tesoro. En los últimos meses, el mercado se acostumbró a que Caputo no se contente con «rollear» el monto de la deuda que llega a su vencimiento, sino que además coloca bonos en exceso, para aspirar pesos. En la última licitación, ese sobrefinanciamiento fue del 27%, lo que implicó que se sacaron de la calle $2,1 billones.
Caputo había sido elocuente respecto de cuál era el motivo por el cual se preocupaba por sacar liquidez de la plaza: hay un temor a que la demanda de dinero por parte del público todavía no sea lo suficientemente firme. Y, en consecuencia, que los pesos que circulan puedan ir a presionar los precios o a buscar refugio en el dólar.
«Yo no puedo forzar a la gente a que se quede con pesos que no quiere tener en el bolsillo», fue su recordada definición, que usó para explicar por qué el botón a apretar en el tablero era el de ajustar la oferta monetaria.
Pero esa política es para el gobierno un arma de doble filo: en la parte positiva, muestra una cautela que el mercado celebra porque atenúa el temor a un desborde inflacionario; pero el efecto no deseado es que reafirma el pesimismo de quienes ven un panorama recesivo.
Y es para contrarrestar ese estado de ánimo -que se exacerbó tras la publicación del EMAE de febrero con su caída de 2,6% interanual-, que la palabra «crédito» está empezando a aparecer con mucho mayor frecuencia en los discursos y entrevistas de los funcionarios.
Un cambio de política
Hasta el año pasado, cuando el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefi) disparó una alta volatilidad de las tasas y una suba abrupta del dólar, el gobierno consideraba que era una situación deseable que los bancos no renovaran todos los vencimientos de deuda. Consideraban que eso era un síntoma de que la economía estaba en recuperación, y que el sistema financiero priorizaba canalizar la liquidez hacia el crédito para la producción y el consumo en vez de la compra de deuda pública.
La frase favorita de Caputo en ese momento era: «Hicimos que los bancos volvieran a trabajar de bancos». Era una alusión obvia a la diferencia con lo que había ocurrido durante la gestión peronista, en la que dos tercios de los activos del sistema bancario terminaban financiando al Tesoro.
Entre el ministro y sus funcionarios -casi todos provenientes de la consultora Anker-, solían celebrar que el mercado les diera la razón a sus proyecciones, y calificaban como «punto Anker» el momento en el que la liquidez del sistema dejaba de fluir hacia los bonos del Tesoro y cambiaba su dirección hacia el fondeo del crédito.
Pero hace mucho tiempo que el mercado se acostumbró a la situación contraria: no sólo hubo un impacto contra el crédito, sino que si, en alguna licitación, no se llegaba a «rollear» la deuda que se estaba venciendo, el BCRA emitía una regulación para forzar a los bancos a comprar bonos con los cuales cubrir mayores niveles de encaje.
El argumento del gobierno era que la forma de defender la estabilidad en un momento de incertidumbre política -el llamado «riesgo kuka»- consistía en, precisamente, cerrar la canilla de pesos. Hablando en plata, el resultado de esa política es que hoy el Tesoro tiene más de $9 billones depositados en su cuenta del BCRA.
Ese dinero es el producto de los superávits fiscales más la «aspiradora de pesos» activada mediante la colocación de títulos. Y esa liquidez se aplica a la compra de dólares cada vez que hay que cancelar vencimientos de la deuda externa.
Polémica por el «Plan Platita» libertario
Claro que al «Punto Anker» no le viene mal algún empujoncito para adelantar su regreso. Por ejemplo, los nuevos planes de tasa preferencial para pymes que se están implementando en el Banco Nación.
Es una situación que ha levantado otra vez el debate político, dado que la oposición no dejó pasar la oportunidad de usar la chicana sobre un «plan platita libertario». Mientras que desde la trinchera oficial se defienden con el argumento de que la situación actual no es comparable a la política de Sergio Massa, porque ahora el estímulo se produce en un contexto de equilibrio fiscal.
En cualquier caso, lo que los economistas están percibiendo es una preocupación en el gobierno por la caída de la actividad en los sectores menos competitivos de la economía, como la industria, que sigue usando apenas 53% de su capacidad instalada.
Pero, del otro lado del mostrador, los bancos privados se muestran cautelosos sobre el regreso del crédito. Los ejecutivos de las mayores entidades creen que para que una baja de tasas de interés sea visible, primero debe terminarse el proceso de depuración de los balances, afectados por la explosiva suba de la morosidad.
De hecho, algunos advierten que el gobierno debería ser cuidadoso en su afán de forzar una baja de las tasas, porque podría haber efectos colaterales indeseados. Por ejemplo, que la tasa pasiva -la que se paga a los depositantes- empiece a caer mucho más rápido que la tasa activa -la que se cobra por los créditos-. Si eso ocurriera, el spread de tasas se agrandaría, y habría un aliciente extra para que los ahorristas miraran con deseo al dólar.
Un agrandamiento del spread es una mala noticia, dado que actualmente la distancia entre las tasas ya es muy alta. Los ahorristas que llevan dinero a los bancos para colocarlos en plazo fijo reciben, en el mejor de los casos, una tasa efectiva anual de 25%. Pero si quieren solicitar un crédito a tasa fija, se encontrarán con un interés nominal de 120% que, con la capitalización de intereses más cargos administrativos llegan a un costo total de 300% anual.
¿Se aleja el fin del cepo?
El otro debate pasa por si es correcto el pronóstico del gobierno sobre una recuperación en la demanda de pesos. Los analistas están observando un cambio en la política del gobierno, que ya no tiene como meta el mantenimiento de la «base monetaria amplia» y que pasa a un esquema más tradicional.
La parte positiva es que hay menor volatilidad de las tasas, sobre todo desde que el Central reimplantó el «corredor» para manejar la liquidez de cortísimo plazo en el sistema financiero. Les toma a los bancos su caja sobrante a un 20% y les presta a un 25% a quienes tienen necesidad de liquidez.
El resultado es que mientras la base monetaria tradicional se mantiene relativamente estable desde inicios de año, la base «amplia» -que incluye los títulos de deuda pública- viene subiendo. Un reporte de la consultora Adcap marca que mientras la primera cayó 5% en un año, la segunda subió un 7%.
Y el detalle importante es que el gobierno había dicho que el cepo cambiario remanente recién sería eliminado cuando ambas bases confluyeran. Hoy ese momento luce lejano, pero la situación puede cambiar. Todo dependerá de que Caputo decida abrir la billetera y usar los pesos del Tesoro para cancelar deuda en dólares.
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ECONOMIA
Cómo cambiarán los subsidios de gas si se modifica el régimen de Zona Fría y cuánto aumentarán las tarifas

El proyecto para restringir el subsidio de gas en el régimen de Zona Fría está en pleno debate en el Congreso y obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados.
En caso de que se aprueben en el Senado las modificaciones a la norma que busca el Gobierno, se reduciría el alcance del subsidio, de manera que este se focalizará únicamente en regiones con clima severo y en ciertos hogares vulnerables. El objetivo es reducir el gasto público, con un ahorro fiscal estimado en $272.099 millones.
Según pudo saber Infobae, la norma vigente —que rige hasta 2031— genera actualmente un déficit de $485.000 millones. El régimen demanda transferencias del Tesoro Nacional debido a que, según la versión oficial, el fondo fiduciario nutrido por un recargo del 7,5% sobre el gas resulta insuficiente para cubrir los subsidios otorgados. Entonces, en caso de ser aprobada, la nueva norma modificaría el acceso al beneficio para 1,2 millones de hogares en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis, que quedarían excluidos del esquema preferencial habilitado por la ampliación de 2021.

La propuesta oficial, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, mantiene la bonificación plena solo en la Región Patagónica, el departamento Malargüe en Mendoza y la Puna. En el resto de las zonas sumadas en 2021, el subsidio continuará exclusivamente para usuarios residenciales que cumplan con los criterios de ingresos del Subsidio Energético Focalizado (SEF), es decir, ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales, poseedores del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas o titulares del Certificado Único de Discapacidad. Para la mayoría de los usuarios de la zona ampliada que no califiquen bajo estos requisitos, el beneficio será eliminado y recibirán la factura plena.
El cálculo de la bonificación también se modifica. En caso de sancionarse, el subsidio ya no abarcará toda la factura, sino solo el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que reduce su impacto. El actual descuento oscila entre el 30% y 50%, aunque varía dependiendo de la región.

La revisión excluye en concreto a 55 departamentos de Buenos Aires, 13 de Córdoba, 12 de La Pampa, 8 de San Luis y 8 de Santa Fe del régimen preferencial, una redefinición que —según IERAL— impacta principalmente en los hogares considerados de mayores ingresos en las regiones sumadas durante 2021. Para los usuarios de la zona fría histórica, en cambio, el subsidio persistirá, pero sobre una base menor, lo que igualmente implica un aumento, aunque más contenido que para el resto.
El informe modeló el efecto de la reforma con ejemplos de usuarios residenciales de categoría R2-2. En Bahía Blanca, por ejemplo, un hogar con consumo promedio de 118 m³ mensuales vería incrementarse su factura de $19.945 a $39.890, un salto del 100 por ciento. En el caso de los hogares que califiquen para el SEF bajo los nuevos criterios en esa misma ciudad, la suba sería del 22 por ciento. En la zona fría histórica, representada por ciudades como Neuquén, los aumentos anticipados serían del 20 por ciento. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el régimen nunca fue aplicado, las tarifas se mantendrán sin cambios.
Esta reestructuración segmenta a los usuarios en cuatro grupos:
- Usuarios vulnerables de la zona ampliada (que acceden al SEF): mantendrán una bonificación parcial, menor a la actual, ya que solo se aplicará sobre el PIST.
- Usuarios de la zona ampliada (que no acceden al SEF): experimentarán los mayores incrementos, llegando a duplicar el monto mensual abonado.
- Usuarios de la zona fría histórica: seguirán recibiendo el subsidio, pero sobre una base menor, lo que implica un aumento más moderado.
- Usuarios fuera de ambos regímenes: no tendrán cambios, ya que no reciben subsidio y su consumo promedio es menor.
El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 para compensar tarifariamente a quienes habitan en regiones de bajas temperaturas, facilitando el acceso al gas natural. La ampliación impulsada en 2021 por el diputado Máximo Kirchner, multiplicó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, lo cual representó casi la mitad de los usuarios de gas por red del país. El Gobierno actual, en su mensaje enviado al Congreso, juzgó que tal expansión abarcó zonas sin condiciones climáticas extremas, con Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe como casos ejemplares, y calificó el esquema como “fiscalmente insostenible”.
El proyecto en tratamiento persigue dos ejes: reducir el gasto del Estado y reformular los subsidios para que reflejen mejor los costos reales del sistema energético. Según el informe de IERAL, “la transición al nuevo régimen podría generar aumentos abruptos en las tarifas para algunos usuarios”, por lo cual se recomienda la implantación de mecanismos de gradualidad y reglas claras que acompañen a los grupos vulnerables. El estudio destaca la necesidad de combinar criterios de clima, ingresos y consumo a la hora de definir la elegibilidad, para evitar injusticias y exclusiones indebidas.
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ECONOMIA
El efectivo pierde terreno: por cada peso físico, ya se mueven $2,3 en pagos digitales

La economía argentina acelera su proceso de digitalización y el uso del efectivo pierde protagonismo a un ritmo cada vez más marcado.
Según un informe elaborado por COELSA, por cada peso que hoy circula en formato físico en la calle, se procesan $2,35 de manera digital, una relación que refleja el fuerte avance de las billeteras virtuales, las transferencias inmediatas y los pagos con QR.
El efectivo pierde terreno: crece el uso de billeteras virtuales y transferencias
El relevamiento muestra que los medios de pago electrónicos ya se consolidaron como la principal herramienta de consumo cotidiano para millones de argentinos, especialmente entre los más jóvenes. En paralelo, también crece la digitalización de las operaciones empresariales, impulsada por instrumentos como el E-CHEQ.
De acuerdo con el reporte, actualmente existen más de 339 millones de cuentas digitales en el país. Solo durante el primer cuatrimestre de 2026 se abrieron 17,8 millones de nuevas cuentas, de las cuales 2,8 millones corresponden a cuentas digitales en dólares.
El dato refleja no solo el crecimiento sostenido de las fintech y billeteras virtuales, sino también un cambio cultural en la forma de administrar el dinero. En un contexto en el que los consumidores buscan rapidez, practicidad y menores costos de operación, las herramientas digitales avanzan incluso en segmentos históricamente más ligados al efectivo.
El QR ya domina los pagos diarios
Uno de los fenómenos que más creció en el último año fue el uso de pagos mediante códigos QR. Entre enero y abril, COELSA procesó 931 millones de operaciones realizadas bajo esta modalidad, lo que representa un salto interanual del 70%.
El informe destaca además que el ticket promedio alcanzó en abril los $24.346, una cifra que evidencia que el QR dejó de ser una herramienta utilizada exclusivamente para micropagos y comenzó a emplearse también para consumos de mayor valor.
«El QR ya es parte del día a día. Gracias a la interoperabilidad y a una infraestructura cada vez más integrada, el crecimiento sostenido de usuarios, comercios y rubros confirma que el QR ya es un hábito instalado», señalaron desde la compañía.
Según el reporte, los momentos de mayor utilización coincidieron con períodos de alto movimiento económico, como viajes turísticos, el inicio de clases y las compras vinculadas a Pascuas.
Jóvenes y transferencias inmediatas, los motores del cambio
El estudio también muestra que la transformación digital del sistema financiero tiene un fuerte componente generacional. Siete de cada diez nuevas cuentas digitales fueron abiertas por usuarios pertenecientes a la Generación Z y los millennials, segmentos que lideran la adopción de nuevas tecnologías financieras.
En paralelo, las transferencias inmediatas continúan expandiéndose. Durante el primer cuatrimestre del año crecieron más de 15% respecto del mismo período de 2025.
Actualmente, los argentinos realizan en promedio 16 transferencias inmediatas por mes. Según COELSA, estas operaciones permiten mover dinero entre cuentas en apenas 198 milisegundos, una velocidad que explica parte del atractivo de este sistema frente al efectivo tradicional.
Empresas: el cheque también se volvió digital
La digitalización no solo avanza entre consumidores. El sector corporativo también acelera la adopción de herramientas electrónicas para sus operaciones diarias.
En ese contexto, el E-CHEQ se consolidó como uno de los instrumentos más utilizados por las empresas. Durante el primer cuatrimestre de 2026 se emitieron 11,9 millones de cheques electrónicos, con un promedio mensual de 2,9 millones.
Además, el 61% de los cheques presentados al cobro ya son digitales y más de 143.000 empresas utilizan esta modalidad. Entre las ventajas más destacadas aparecen la reducción de costos administrativos, una mayor trazabilidad y el menor uso de papel.
La distribución de usuarios muestra que el 79% de los E-CHEQ son emitidos por personas jurídicas, mientras que el 21% restante corresponde a personas físicas.
Para Atilio Velaz, el crecimiento de los pagos digitales refleja un cambio estructural en la economía argentina. «La transformación en los hábitos de uso y en la forma en que las personas y empresas interactúan con el sistema financiero es profunda», sostuvo el ejecutivo.
Desde la compañía remarcaron además que el avance de la infraestructura tecnológica, la interoperabilidad entre plataformas y las mejoras en seguridad serán claves para seguir profundizando la expansión de la economía digital en el país.
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ECONOMIA
Disparidad en el crédito: caen fuerte las tasas para empresas, pero se mantienen muy altas las líneas a las personas

La baja de la inflación y la mayor disponibilidad de liquidez de los bancos impactó favorablemente en las tasas que las entidades cobran para financiar a las empresas. En apenas dos meses, el descuento de cheques pasó de un promedio de 40% a 30% anual y en el caso de operaciones con compañías de primera línea se ubica incluso abajo del 27% anual.
Sin embargo, la realidad para el público es bien distinta. Debido al pico de morosidad de los últimos meses, las tasas nominales prácticamente no se ha movido. En el caso de las tarjetas de crédito, quienes quieran financiar al vencimiento deben pagar una tasa del 88%, casi tres veces la inflación anual (que está en el orden del 32%). Cuando se agregan impuestos y otros gastos administrativos esas tasas suben con comodidad arriba del 100 por ciento.
Algo parecido sucede con los préstamos personales, que tienen tasas del orden del 67% pero que también suben significativamente cuando se calculan todos los gastos. En este caso, el agravante es que se trata de líneas de un año como mínimo, lo que genera un estrés adicional para el tomador: mientras que la inflación se espera que baje al 24% en los próximos doce meses, el deudor queda “enganchado” con una tasa fija que no responde a esa disminución de la evolución inflacionaria.
Los principales ejecutivos de los bancos en la Argentina reconocen que las tasas para individuos siguen muy altas e incluso fue uno de los reclamos que realizó en público el ministro de Economía, Luis Caputo. Pero, por ahora, ninguno se animó a dar el primer paso.
Mantener muy alta las tasas de interés para prestar implica que en realidad se mantienen muy restrictivos y prefieren ir a lo seguro, aunque sea menos rentable: comprar bonos en pesos del Tesoro (por ejemplo Lecaps) o descontar cheques de empresas de primera línea aún cuando la tasa es prácticamente neutra o negativa en dólares.
Empezar a ver una baja de la morosidad será clave para que se note una disminución en la tasa de los préstamos a individuos. Por ahora, el camino va por otro lado: refinanciar las deudas impagas con mayores plazos y baja de tasas para los morosos para que puedan volver a pagar. Y crecer lentamente con la cartera de préstamos para comprobar que el mercado ya se encuentra más saneado.
La morosidad de préstamos a individuos superó el 11% en el sector bancario y en el caso de algunas fintech llegó al 25%, niveles que no se veían hace más de 20 años.
La baja de tasas puede sentirse de manera indirecta entre los individuos. Sucede que los comercios ahora tienen mayor flexibilidad para ofrecer cuotas sin interés, porque lentamente está bajando el costo financiero que deben asumir para trasladarle esa facilidad al público. “Si no ofrezco cuotas no vendo”, es una frase escuchada hace tiempo. En el caso de electrodomésticos o incluso indumentaria es la diferencia entre cerrar o no una venta.
Claramente los bancos no enfrentan problemas de fondeo, todo lo contrario. Por eso, la tasa de plazo fijo promedio ya se ubica por debajo del 20% anual, es decir son negativas en términos reales. Y la caída se profundizó en los últimos 60 días. Sin embargo, por ahora trasladan a cuentagotas ese menor costo de fondeo a las líneas de crédito.
El sistema financiero tiene además una gran liquidez en dólares. De los USD 40.000 millones de depósitos que hoy tienen los bancos solo prestaron USD 20.000 millones, la mayor parte en prefinanciación de exportaciones (corto plazo).
Existe, por lo tanto, un enorme volumen de dólares ociosos que no se prestan básicamente por falta de demanda, ya que los bancos solo pueden financiar en moneda dura e exportadores o a compañías que formen parte de la cadena de proveedores para la exportación, o sean que directa o indirectamente generen divisas.
Por las tasas de interés que pagan los bancos por tomar depósitos en moneda extranjera no pasa del 1% al 1,5% anual por plazos fijos a treinta días. “Hasta que no tengamos demanda robusta para prestar en dólares no tiene sentido que paguemos más”, aseguran los principales banqueros de Argentina.
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