La aspiradora de pesos durará unos meses más, pero el objetivo del gobierno es que en el segundo semestre vuelva el célebre «Punto Anker». Es decir, que ya Toto Caputo no sacará liquidez «sobrante» del mercado, sino que los pesos quedarán en los bancos, para que sean canalizados al crédito productivo. Es un plan que los ejecutivos del sistema financiero comparten, aunque no ocultan su escepticismo sobre que pueda haber un boom crediticio en el corto plazo, después del golpe que significó el récord de morosidad.

Puesto en números, lo que el Gobieno espera es que hacia fin de año el volumen de dinero prestado por los bancos al sector privado haya aumentado un 0,3% del PBI, lo que equivale a u$s21.000 millones o unos $30 billones.

Ese es el plan, según las definiciones del ministro y de algunos de sus funcionarios, como el secretario de Finanzas, Federico Furiase, así como de informes del Banco Central, como el que el vicepresidente Vladimir Werning presentó antes inversores extranjeros.

Y, en términos concretos, significa que cambiará la tónica de las licitaciones del Tesoro. En los últimos meses, el mercado se acostumbró a que Caputo no se contente con «rollear» el monto de la deuda que llega a su vencimiento, sino que además coloca bonos en exceso, para aspirar pesos. En la última licitación, ese sobrefinanciamiento fue del 27%, lo que implicó que se sacaron de la calle $2,1 billones.

Caputo había sido elocuente respecto de cuál era el motivo por el cual se preocupaba por sacar liquidez de la plaza: hay un temor a que la demanda de dinero por parte del público todavía no sea lo suficientemente firme. Y, en consecuencia, que los pesos que circulan puedan ir a presionar los precios o a buscar refugio en el dólar.

«Yo no puedo forzar a la gente a que se quede con pesos que no quiere tener en el bolsillo», fue su recordada definición, que usó para explicar por qué el botón a apretar en el tablero era el de ajustar la oferta monetaria.

Pero esa política es para el gobierno un arma de doble filo: en la parte positiva, muestra una cautela que el mercado celebra porque atenúa el temor a un desborde inflacionario; pero el efecto no deseado es que reafirma el pesimismo de quienes ven un panorama recesivo.

Y es para contrarrestar ese estado de ánimo -que se exacerbó tras la publicación del EMAE de febrero con su caída de 2,6% interanual-, que la palabra «crédito» está empezando a aparecer con mucho mayor frecuencia en los discursos y entrevistas de los funcionarios.

Un cambio de política

Hasta el año pasado, cuando el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefi) disparó una alta volatilidad de las tasas y una suba abrupta del dólar, el gobierno consideraba que era una situación deseable que los bancos no renovaran todos los vencimientos de deuda. Consideraban que eso era un síntoma de que la economía estaba en recuperación, y que el sistema financiero priorizaba canalizar la liquidez hacia el crédito para la producción y el consumo en vez de la compra de deuda pública.

La frase favorita de Caputo en ese momento era: «Hicimos que los bancos volvieran a trabajar de bancos». Era una alusión obvia a la diferencia con lo que había ocurrido durante la gestión peronista, en la que dos tercios de los activos del sistema bancario terminaban financiando al Tesoro.

Entre el ministro y sus funcionarios -casi todos provenientes de la consultora Anker-, solían celebrar que el mercado les diera la razón a sus proyecciones, y calificaban como «punto Anker» el momento en el que la liquidez del sistema dejaba de fluir hacia los bonos del Tesoro y cambiaba su dirección hacia el fondeo del crédito.

Pero hace mucho tiempo que el mercado se acostumbró a la situación contraria: no sólo hubo un impacto contra el crédito, sino que si, en alguna licitación, no se llegaba a «rollear» la deuda que se estaba venciendo, el BCRA emitía una regulación para forzar a los bancos a comprar bonos con los cuales cubrir mayores niveles de encaje.

El argumento del gobierno era que la forma de defender la estabilidad en un momento de incertidumbre política -el llamado «riesgo kuka»- consistía en, precisamente, cerrar la canilla de pesos. Hablando en plata, el resultado de esa política es que hoy el Tesoro tiene más de $9 billones depositados en su cuenta del BCRA.

Ese dinero es el producto de los superávits fiscales más la «aspiradora de pesos» activada mediante la colocación de títulos. Y esa liquidez se aplica a la compra de dólares cada vez que hay que cancelar vencimientos de la deuda externa.

Polémica por el «Plan Platita» libertario

Claro que al «Punto Anker» no le viene mal algún empujoncito para adelantar su regreso. Por ejemplo, los nuevos planes de tasa preferencial para pymes que se están implementando en el Banco Nación.

Es una situación que ha levantado otra vez el debate político, dado que la oposición no dejó pasar la oportunidad de usar la chicana sobre un «plan platita libertario». Mientras que desde la trinchera oficial se defienden con el argumento de que la situación actual no es comparable a la política de Sergio Massa, porque ahora el estímulo se produce en un contexto de equilibrio fiscal.

En cualquier caso, lo que los economistas están percibiendo es una preocupación en el gobierno por la caída de la actividad en los sectores menos competitivos de la economía, como la industria, que sigue usando apenas 53% de su capacidad instalada.

Pero, del otro lado del mostrador, los bancos privados se muestran cautelosos sobre el regreso del crédito. Los ejecutivos de las mayores entidades creen que para que una baja de tasas de interés sea visible, primero debe terminarse el proceso de depuración de los balances, afectados por la explosiva suba de la morosidad.

De hecho, algunos advierten que el gobierno debería ser cuidadoso en su afán de forzar una baja de las tasas, porque podría haber efectos colaterales indeseados. Por ejemplo, que la tasa pasiva -la que se paga a los depositantes- empiece a caer mucho más rápido que la tasa activa -la que se cobra por los créditos-. Si eso ocurriera, el spread de tasas se agrandaría, y habría un aliciente extra para que los ahorristas miraran con deseo al dólar.

Un agrandamiento del spread es una mala noticia, dado que actualmente la distancia entre las tasas ya es muy alta. Los ahorristas que llevan dinero a los bancos para colocarlos en plazo fijo reciben, en el mejor de los casos, una tasa efectiva anual de 25%. Pero si quieren solicitar un crédito a tasa fija, se encontrarán con un interés nominal de 120% que, con la capitalización de intereses más cargos administrativos llegan a un costo total de 300% anual.

¿Se aleja el fin del cepo?

El otro debate pasa por si es correcto el pronóstico del gobierno sobre una recuperación en la demanda de pesos. Los analistas están observando un cambio en la política del gobierno, que ya no tiene como meta el mantenimiento de la «base monetaria amplia» y que pasa a un esquema más tradicional.

La parte positiva es que hay menor volatilidad de las tasas, sobre todo desde que el Central reimplantó el «corredor» para manejar la liquidez de cortísimo plazo en el sistema financiero. Les toma a los bancos su caja sobrante a un 20% y les presta a un 25% a quienes tienen necesidad de liquidez.

El resultado es que mientras la base monetaria tradicional se mantiene relativamente estable desde inicios de año, la base «amplia» -que incluye los títulos de deuda pública- viene subiendo. Un reporte de la consultora Adcap marca que mientras la primera cayó 5% en un año, la segunda subió un 7%.

Y el detalle importante es que el gobierno había dicho que el cepo cambiario remanente recién sería eliminado cuando ambas bases confluyeran. Hoy ese momento luce lejano, pero la situación puede cambiar. Todo dependerá de que Caputo decida abrir la billetera y usar los pesos del Tesoro para cancelar deuda en dólares.