La Ciudad de Buenos Aires introdujo una modificación en el esquema de Impuesto sobre los Ingresos Brutos que afecta directamente a la compraventa de criptomonedas. La medida estableció una base imponible diferente, que cambia la forma en que se calcula el tributo sobre estas operaciones. A partir de la nueva reglamentación, el impuesto se aplicará únicamente sobre el spread, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el de venta de los activos digitales, en lugar de hacerlo sobre el total de la transacción.

La resolución impacta de manera significativa en la carga fiscal para quienes participan en la compraventa de criptoactivos. Hasta el momento, el tributo se calculaba sobre el monto total de la venta, sin considerar si la operación arrojaba una ganancia real. Esto generaba una presión tributaria mayor y resultaba en un contexto poco atractivo para la formalización de empresas y operadores del sector.

Con la normativa anterior, una persona que adquiría un activo digital por 97 pesos y lo vendía por 100 pesos, tributaba el 6% sobre el total de la venta, lo que equivalía a 6 pesos, pese a que la ganancia efectiva era de solo 3 pesos. Ahora, el impuesto se fija sobre la diferencia obtenida, es decir, el 6% de los 3 pesos de ganancia, lo que reduce el tributo a 0,18 pesos.

“Esta iniciativa se inscribe dentro de una política pública orientada a acompañar el crecimiento de las economías digitales y promover la radicación de empresas tecnológicas”, señaló el gobierno porteño.

La administración de CABA aclaró que las cotizaciones utilizadas para calcular las operaciones deben provenir de mercados que operan en la compraventa de criptomonedas y que estén inscriptos en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). De este modo, la medida apunta también a fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la operatoria con activos digitales.

La modificación del régimen tributario se inscribe dentro de una política pública orientada a acompañar el crecimiento de las economías digitales y estimular la formalización y el desarrollo de nuevos negocios en el sector tecnológico. El gobierno local remarcó que esta iniciativa posiciona a la Ciudad de Buenos Aires entre las primeras jurisdicciones del país y de la región en adaptar su sistema impositivo a las particularidades de la economía digital.

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi, sostuvo: “El desarrollo de la economía digital es prioridad para la Ciudad. Queremos que Buenos Aires sea un hub regional de innovación y tecnología, y para eso necesitamos reglas claras, previsibilidad normativa, simplificación administrativa y un marco impositivo que acompañe el crecimiento del sector”.

Por su parte, el subsecretario de Inversiones, Augusto Ardiles, afirmó: “Además del impacto tributario, esta decisión envía una señal clara sobre el rumbo de la Ciudad: queremos ser el lugar donde las nuevas industrias puedan escalar con reglas acordes a su lógica de negocio. Adaptar el marco impositivo a la dinámica de los criptoactivos no es solo una mejora técnica, es una herramienta para atraer talento, capital y proyectos que hoy eligen dónde radicarse en función al marco regulatorio que se le ofrece”.

El titular de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Germán Krivocapich, agregó: “La reglamentación apunta a reducir la carga fiscal efectiva, brindar mayor previsibilidad normativa y simplificar el esquema tributario del sector, facilitando la formalización, la inversión y la radicación de empresas. Con estas medidas buscamos construir un marco más adecuado para el desarrollo del ecosistema cripto en la Ciudad”.

En los últimos meses, la Ciudad avanzó también en la actualización del nomenclador de actividades económicas para incorporar actividades vinculadas a criptoactivos y en la habilitación del pago de impuestos y trámites mediante criptomonedas. Estas acciones complementan el nuevo esquema tributario y forman parte de una estrategia integral para adaptar la normativa local a la evolución de las tecnologías digitales.

El sector de activos virtuales en la Ciudad de Buenos Aires experimenta un crecimiento sostenido y demanda regulaciones que acompañen su dinámica. La resolución busca generar incentivos concretos para la formalización de operadores y empresas, al reducir la carga fiscal y simplificar el cumplimiento tributario. La medida también se orienta a captar inversiones y proyectos internacionales, en un contexto donde muchas compañías eligen jurisdicción en función de las condiciones regulatorias.

Esta decisión oficial se presenta como una respuesta a los planteos del sector, que reclamaba un marco fiscal más equitativo y acorde con la lógica de los negocios digitales. El gobierno porteño sostiene que la adecuación del régimen de Ingresos Brutos a la compraventa de criptomonedas representa un paso clave para alinear la normativa local con las tendencias internacionales en materia tributaria.

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Epígrafes:

1. .2. El nuevo régimen exige que las operaciones se realicen en mercados inscriptos en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.3. Funcionarios porteños destacaron que la medida busca atraer inversiones y consolidar a Buenos Aires como un polo de innovación tecnológica.

La aspiradora de pesos durará unos meses más, pero el objetivo del gobierno es que en el segundo semestre vuelva el célebre «Punto Anker». Es decir, que ya Toto Caputo no sacará liquidez «sobrante» del mercado, sino que los pesos quedarán en los bancos, para que sean canalizados al crédito productivo. Es un plan que los ejecutivos del sistema financiero comparten, aunque no ocultan su escepticismo sobre que pueda haber un boom crediticio en el corto plazo, después del golpe que significó el récord de morosidad.

Puesto en números, lo que el Gobieno espera es que hacia fin de año el volumen de dinero prestado por los bancos al sector privado haya aumentado un 0,3% del PBI, lo que equivale a u$s21.000 millones o unos $30 billones.

Ese es el plan, según las definiciones del ministro y de algunos de sus funcionarios, como el secretario de Finanzas, Federico Furiase, así como de informes del Banco Central, como el que el vicepresidente Vladimir Werning presentó antes inversores extranjeros.

Y, en términos concretos, significa que cambiará la tónica de las licitaciones del Tesoro. En los últimos meses, el mercado se acostumbró a que Caputo no se contente con «rollear» el monto de la deuda que llega a su vencimiento, sino que además coloca bonos en exceso, para aspirar pesos. En la última licitación, ese sobrefinanciamiento fue del 27%, lo que implicó que se sacaron de la calle $2,1 billones.

Caputo había sido elocuente respecto de cuál era el motivo por el cual se preocupaba por sacar liquidez de la plaza: hay un temor a que la demanda de dinero por parte del público todavía no sea lo suficientemente firme. Y, en consecuencia, que los pesos que circulan puedan ir a presionar los precios o a buscar refugio en el dólar.

«Yo no puedo forzar a la gente a que se quede con pesos que no quiere tener en el bolsillo», fue su recordada definición, que usó para explicar por qué el botón a apretar en el tablero era el de ajustar la oferta monetaria.

Pero esa política es para el gobierno un arma de doble filo: en la parte positiva, muestra una cautela que el mercado celebra porque atenúa el temor a un desborde inflacionario; pero el efecto no deseado es que reafirma el pesimismo de quienes ven un panorama recesivo.

Y es para contrarrestar ese estado de ánimo -que se exacerbó tras la publicación del EMAE de febrero con su caída de 2,6% interanual-, que la palabra «crédito» está empezando a aparecer con mucho mayor frecuencia en los discursos y entrevistas de los funcionarios.

Un cambio de política

Hasta el año pasado, cuando el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefi) disparó una alta volatilidad de las tasas y una suba abrupta del dólar, el gobierno consideraba que era una situación deseable que los bancos no renovaran todos los vencimientos de deuda. Consideraban que eso era un síntoma de que la economía estaba en recuperación, y que el sistema financiero priorizaba canalizar la liquidez hacia el crédito para la producción y el consumo en vez de la compra de deuda pública.

La frase favorita de Caputo en ese momento era: «Hicimos que los bancos volvieran a trabajar de bancos». Era una alusión obvia a la diferencia con lo que había ocurrido durante la gestión peronista, en la que dos tercios de los activos del sistema bancario terminaban financiando al Tesoro.

Entre el ministro y sus funcionarios -casi todos provenientes de la consultora Anker-, solían celebrar que el mercado les diera la razón a sus proyecciones, y calificaban como «punto Anker» el momento en el que la liquidez del sistema dejaba de fluir hacia los bonos del Tesoro y cambiaba su dirección hacia el fondeo del crédito.

Pero hace mucho tiempo que el mercado se acostumbró a la situación contraria: no sólo hubo un impacto contra el crédito, sino que si, en alguna licitación, no se llegaba a «rollear» la deuda que se estaba venciendo, el BCRA emitía una regulación para forzar a los bancos a comprar bonos con los cuales cubrir mayores niveles de encaje.

El argumento del gobierno era que la forma de defender la estabilidad en un momento de incertidumbre política -el llamado «riesgo kuka»- consistía en, precisamente, cerrar la canilla de pesos. Hablando en plata, el resultado de esa política es que hoy el Tesoro tiene más de $9 billones depositados en su cuenta del BCRA.

Ese dinero es el producto de los superávits fiscales más la «aspiradora de pesos» activada mediante la colocación de títulos. Y esa liquidez se aplica a la compra de dólares cada vez que hay que cancelar vencimientos de la deuda externa.

Polémica por el «Plan Platita» libertario

Claro que al «Punto Anker» no le viene mal algún empujoncito para adelantar su regreso. Por ejemplo, los nuevos planes de tasa preferencial para pymes que se están implementando en el Banco Nación.

Es una situación que ha levantado otra vez el debate político, dado que la oposición no dejó pasar la oportunidad de usar la chicana sobre un «plan platita libertario». Mientras que desde la trinchera oficial se defienden con el argumento de que la situación actual no es comparable a la política de Sergio Massa, porque ahora el estímulo se produce en un contexto de equilibrio fiscal.

En cualquier caso, lo que los economistas están percibiendo es una preocupación en el gobierno por la caída de la actividad en los sectores menos competitivos de la economía, como la industria, que sigue usando apenas 53% de su capacidad instalada.

Pero, del otro lado del mostrador, los bancos privados se muestran cautelosos sobre el regreso del crédito. Los ejecutivos de las mayores entidades creen que para que una baja de tasas de interés sea visible, primero debe terminarse el proceso de depuración de los balances, afectados por la explosiva suba de la morosidad.

De hecho, algunos advierten que el gobierno debería ser cuidadoso en su afán de forzar una baja de las tasas, porque podría haber efectos colaterales indeseados. Por ejemplo, que la tasa pasiva -la que se paga a los depositantes- empiece a caer mucho más rápido que la tasa activa -la que se cobra por los créditos-. Si eso ocurriera, el spread de tasas se agrandaría, y habría un aliciente extra para que los ahorristas miraran con deseo al dólar.

Un agrandamiento del spread es una mala noticia, dado que actualmente la distancia entre las tasas ya es muy alta. Los ahorristas que llevan dinero a los bancos para colocarlos en plazo fijo reciben, en el mejor de los casos, una tasa efectiva anual de 25%. Pero si quieren solicitar un crédito a tasa fija, se encontrarán con un interés nominal de 120% que, con la capitalización de intereses más cargos administrativos llegan a un costo total de 300% anual.

¿Se aleja el fin del cepo?

El otro debate pasa por si es correcto el pronóstico del gobierno sobre una recuperación en la demanda de pesos. Los analistas están observando un cambio en la política del gobierno, que ya no tiene como meta el mantenimiento de la «base monetaria amplia» y que pasa a un esquema más tradicional.

La parte positiva es que hay menor volatilidad de las tasas, sobre todo desde que el Central reimplantó el «corredor» para manejar la liquidez de cortísimo plazo en el sistema financiero. Les toma a los bancos su caja sobrante a un 20% y les presta a un 25% a quienes tienen necesidad de liquidez.

El resultado es que mientras la base monetaria tradicional se mantiene relativamente estable desde inicios de año, la base «amplia» -que incluye los títulos de deuda pública- viene subiendo. Un reporte de la consultora Adcap marca que mientras la primera cayó 5% en un año, la segunda subió un 7%.

Y el detalle importante es que el gobierno había dicho que el cepo cambiario remanente recién sería eliminado cuando ambas bases confluyeran. Hoy ese momento luce lejano, pero la situación puede cambiar. Todo dependerá de que Caputo decida abrir la billetera y usar los pesos del Tesoro para cancelar deuda en dólares.

“No negamos que el dato de actividad de febrero dio mal, pero veníamos de números récord. Tenemos que saber de dónde veníamos”, afirmó Luis Caputo. El ministro de Economía disertó en la apertura del Congreso Económico Argentino que se lleva a cabo en el marco de ExpoEfi 2026.

“Estamos en récord de exportaciones. El agro está en un boom de 160 millones de toneladas. Eso no es casualidad es previsibilidad. Al agro cuando vos le das mejores perspectivas inmediatamente invierte. Vamos a seguir generando condiciones para que el campo tenga la renta que merece”, agregó.

Caputo estimó que “solamente en energía, entre este año y 2035, vamos a tener más de 350.000 millones de superávit. No se si se toma conciencia de los números que estamos hablando».

Con respecto a la inflación, Caputo señaló que la baja de interés en pesos “es lo que nos hace ser optimistas” sobre el proceso de desinflación, a pesar del dato de 3,4% que el Indec informó en marzo.

“Normalmente, cuando el tipo de cambio sube y la tasa de interés baja, hay inflación. Hubo una baja fuerte de la tasa de interés y todos los días el BCRA tiene que comprar dolares para que el peso no se aprecie más. Eso quiere decir que el proceso de desinflación se va a retomar. La inflación tuvo un pico en marzo pero a partir de abril empezará a ir hacia abajo”, afirmó Caputo.

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