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El Gobierno refuerza los controles migratorios ante la posibilidad de que barras viajen para ver el partido contra Inglaterra

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El Gobierno puso en marcha un operativo especial de seguridad para la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, que se disputará el miércoles en Atlanta.

La preocupación está centrada en la posibilidad de que barras argentinos intenten viajar a Estados Unidos para asistir al encuentro, por lo que se decidió reforzar los controles y coordinar acciones con las autoridades estadounidenses y británicas.

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Como parte del dispositivo habrá una reunión de coordinación en la que participarán representantes del FBI, la Policía del estado de Georgia, la Policía de Miami, enlaces de la Policía del Reino Unido, el comisario mayor de la División de Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires y Franco Berlín, titular del programa Tribuna Segura, quien se encuentra en Estados Unidos desde antes del inicio del Mundial.

Según pudo saber TN, el Gobierno recomendará incrementar la presencia policial en los alrededores del estadio, reforzar los controles de ingreso, aumentar la cantidad de efectivos afectados al operativo y sumar más personal de seguridad privada dentro del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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Además, se informó que toda persona que genere disturbios en el estadio será incorporada al Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión.

La preocupación oficial se vio reforzada por distintas publicaciones que comenzaron a circular en redes sociales en las que se impulsa el viaje de barras argentinos para el partido frente a Inglaterra. Ese escenario llevó a las autoridades a declarar el estado de alerta máxima del sistema “Alertas Halcón”.

Se trata de un mecanismo del Ministerio de Seguridad Nacional que funciona en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones y permite detectar cuando una persona alcanzada por el derecho de admisión abandona el país.

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El funcionamiento del sistema cambió especialmente para este partido. Hasta ahora, cuando una persona con derecho de admisión salía de Argentina, la decisión sobre permitirle o no el ingreso a Estados Unidos quedaba exclusivamente en manos de las autoridades de ese país.

En esta oportunidad, cada vez que una persona incluida en esa base de datos salga del país se emitirá una alerta automática que llegará a Franco Berlín. A partir de esa notificación, el funcionario pondrá la información a disposición de las autoridades estadounidenses para advertir que se trata de una persona con restricciones para ingresar a los estadios en Argentina.

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Berlín permanece en Estados Unidos desde antes del comienzo del Mundial y mantiene contacto permanente con las autoridades locales cada vez que la Selección juega en una ciudad diferente para coordinar los operativos de seguridad.

Toda persona que genere disturbios en el estadio será incorporada al Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión. (Foto: Reuters)

Como parte de ese trabajo, el Gobierno argentino ya entregó a las autoridades estadounidenses una nómina de unas 35.000 personas que tienen derecho de admisión en Argentina. Entre ellas figuran integrantes de distintas barras bravas, personas con antecedentes penales y deudores de cuotas alimentarias.

Esa información no implica automáticamente que esas personas no puedan ingresar a Estados Unidos ni asistir a los partidos. La decisión final corresponde exclusivamente a las autoridades norteamericanas, que utilizan esos datos para evaluar cada caso.

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La estrategia busca evitar que se repitan antecedentes registrados en otros Mundiales.

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Uno de ellos fue Qatar 2022, donde con el correr del torneo comenzaron a aparecer en las tribunas barras e hinchas caracterizados de distintos clubes argentinos. Durante esa competencia también circularon versiones sobre un supuesto financiamiento para facilitar esos viajes, aunque nunca existieron confirmaciones oficiales.

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El otro antecedente es el de Sudáfrica 2010, cuando la agrupación Hinchadas Unidas Argentinas organizó el viaje de barras de distintos clubes. Aquella experiencia terminó con varios de ellos deportados.

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La lista entregada por Argentina a Estados Unidos incluye integrantes de barras de numerosos clubes del fútbol argentino. Entre los casos con mayor cantidad de personas alcanzadas aparecen Boca Juniors, con 59; San Lorenzo, con 55; Almirante Brown, con 40; Independiente, con 39; Vélez, con 16; Estudiantes y Gimnasia La Plata, con 15; River Plate, con 10; All Boys, con 10; Racing, con 4; Godoy Cruz, con 3; Huracán, con 3; y Platense, con 1.

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Entre los nombres incluidos figuran integrantes de La 12, como Rafael Di Zeo, Carlos “Skelethor” Pascual, Fernando Gatica y Fabián Kruger. También aparecen miembros de Los Borrachos del Tablón de River Plate, entre ellos Ariel Fernando Calvici, Hugo Ezequiel Iñiguez, Lucas David Mujica e Ismael Jonathan David Cabrera.

Mundial 2026, Barrabravas, Estados Unidos

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Gobernadores del norte presionan para que en noviembre esté operativo el subsidio eléctrico a zonas cálidas

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Para aprobar la reducción de los subsidios al gas a las «zonas frías», el gobierno nacional consiguió los votos de legisladores del Norte Grande. A cambio, prometió fijar para esas provincias un criterio «zonas cálidas» en las tarifas eléctricas durante la temporada estival. El entendimiento se cerró en la 24° Asamblea del bloque que reúne a las 10 provincias del NEA y del NOA.

La decisión no se establecería por una ley, como pasó en el caso de la subvención al gas, sino por una resolución de la Secretaría de Energía. La normativa aún no salió y en el Gobierno nacional mantienen la reserva sobre cuándo se conocerá. Pese a esto, un grupo de gobernadores la dio como un hecho. Hasta pusieron fecha de inicio, noviembre, y parámetros de otorgamiento.

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Entre ellos están los mandatarios de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de Chaco, Leandro Zdero y de Misiones, Hugo Passalacqua. Los dos primeros hicieron especificaciones técnicas de la medida esperada y generaron expectativa en sus poblaciones. El tercero llegó a hacer públicos una plataforma para adherir al beneficio.

Anuncios y expectativas

El gobernador de Corrientes calculó que alrededor de 185.000 familias de su provincia accederán a la tarifa eléctrica diferenciada

Valdés fue el primero en agitar la bandera. El viernes 25 de septiembre, horas después de que se modificara «zonas frías», anticipó: “Se cumplió la parte de la ley. Ahora la semana que viene debería salir la resolución así los correntinos podemos tener tarifas diferenciadas en electricidad. Son cerca de 185.000 familias las que se van a ver beneficiadas”, evaluó.

El gobernador correntino precisó que la subvención alcanzará a los meses de mayor consumo. Contemplará hasta 500 kWh subsidiados entre noviembre y abril. Durante los otros seis meses, el límite sería de 300 kWh. Días después, dijo en un discurso que ahora la pelea pasará por convertir en ley la resolución.

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“Todavía no hay nada”, fue la respuesta corta que emitió la Casa Rosada ante la consulta de Infobae sobre la medida.

Lo cierto es que «la semana que viene» se convirtió ahora en «la semana pasada» y la resolución no apareció. Valdés fue parte de la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a París en esos días. La capital europea fue sede de una nueva edición de la Argentina Week.

El chaqueño Zdero también participó de esa misión comercial en busca de inversores. Desde la Ciudad Luz, el mandatario se expresó en el mismo sentido que Valdés: “El beneficio va a llegar a partir de noviembre. Se mantendrá en diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Van a estar cubiertos los meses más calurosos”, describió.

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El esquema previsto en Chaco contempla una bonificación del 50 por ciento para consumos de hasta 550 kWh mensuales de noviembre a abril

El diputado nacional chaqueño Guillermo Aguero (UCR) fue más allá. Llegó a detallar que el esquema contempla un bloque de hasta 550 kWh mensuales con un subsidio de 50% durante seis meses. Esto significa que los primeros 550 kWh del consumo mensual en el período noviembre/abril tendrán la bonificación. La energía que supere ese límite será abonada a tarifa plena.

Luego, puntualizó que el beneficio está destinado a hogares cuyos ingresos netos familiares totales sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del Indec. La CBT se ubicó en agosto en $1,6 millones. Es decir que el límite sería de $4,8 millones.

Operativo en marcha

Misiones anunció la entrada en vigencia del esquema y los topes a fines de la semana pasada. A través de la empresa estatal de electricidad, informó incluso las etapas que deben seguir los usuarios para acceder al beneficio.

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El parte oficial detalló: “La incorporación de Misiones al esquema diferencial responde a las gestiones realizadas por la Provincia ante Nación”. El objetivo fue que se reconozcan “las condiciones climáticas y las necesidades particulares de consumo eléctrico del Norte argentino” dentro del régimen nacional de subsidios.

La empresa Energía de Misiones instruyó a los usuarios sobre cómo verificar en la factura el subsidio energético focalizado

“El planteo fue sostenido por Passalacqua y ratificado en agosto durante la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, realizada en Posadas”, agregó.

Energía de Misiones indicó a sus usuarios cómo gestionar el beneficio. “El primer paso es revisar la factura de electricidad. Allí figura la situación del usuario frente al subsidio mediante las leyendas «CON SEF (subsidio energético focalizado)» o «SIN SEF»”.

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En el primer caso, el hogar ya cuenta con la subvención nacional. Por lo tanto “queda comprendido en el nuevo esquema diferencial que comenzará a aplicarse en noviembre, de acuerdo con las condiciones establecidas por el régimen”. De lo contrario, el usuario deberá entrar a www.argentina.gob.ar/subsidios, donde podrá hacer el trámite correspondiente, agregó la empresa.

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La Cámara de Casación analiza si reabre la causa contra Mauricio Macri y Luis Caputo por la toma del crédito con el FMI en 2018

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La Cámara Federal de Casación Penal tiene a estudio la causa archivada donde se investigó al expresidente Mauricio Macri y al ahora ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, entre otros, por haber tomado un crédito con el Fondo Monetario Internacional de 57.100 millones de dólares en 2018.

Ahora, quienes deben resolver si reabren el caso o dejan firme el archivo son los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.

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En ese expediente, que viene cerrado desde la primera instancia y con recursos de los fiscales para seguir investigando, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación es Raúl Pleé.

El funcionario solicitó hoy un plazo de cinco días para decidir si mantiene el recurso de queja contra el archivo, al igual que hicieron sus colegas de anteriores instancias, o si por el contrario, lo desiste.

El juez de Casación Mariano BorinskyNicolás Suárez

Si lo mantiene, la Cámara Federal de Casación podría reabrir el análisis del caso, pero si lo desiste, la causa contra Caputo, Macri y Federico Sturzenegger, que en aquel entonces estaba en la Secretaría de Finanzas, quedaría cerrada.

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Se trata de la investigación relacionada con el acuerdo stand by celebrado con el FMI en 2018, por el cual la Argentina obtuvo inicialmente un financiamiento de USD 50.000 millones, luego ampliado a USD 57.100 millones.

El juez de Casación Gustavo Hornos entiende en la causaRicardo Pristupluk

La investigación comprendió a Macri y a distintos exfuncionarios de su gobierno y del Banco Central y procuró determinar, entre otras cuestiones, si el proceso de negociación, contratación y utilización de esos fondos podía configurar delitos contra la administración pública.

La investigación tuvo entre sus objetivos establecer si, a partir de la suscripción del acuerdo, se profundizó un proceso de endeudamiento externo destinado, según la hipótesis fiscal, a sostener la formación de activos externos y eventualmente beneficiar indebidamente a funcionarios o terceros.

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También el caso trata de determinar si durante la negociación, la suscripción y la ejecución del acuerdo se produjeron incumplimientos de las normas que regulaban este tipo de operaciones. En esta etapa, la Sala IV deberá decidir si corresponde habilitar la intervención de Casación para revisar el archivo de la causa.

El juez de Casación Javier CarbajoRicardo Pristupluk

Ese archivo fue dispuesto por la jueza María Eugenia Capuchetti y luego confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

Frente a esa decisión, el fiscal Franco Picardi primero recurrió, y el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe interpuso un recurso de Casación, que fue declarado inadmisible, por lo que acudió directamente en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.

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Por lo tanto, Borinsky, Carbajo y Hornos deberán resolver la admisibilidad de la queja fiscal y definir si corresponde que Casación revise el archivo de la investigación.

El fiscal Raúl Pleerodrigo-nespolo-10977 –

La fiscalía viene objetando pasos administrativos en la concesión del crédito que, para la jueza Capuchetti, tras cinco años de investigación, no constituyen un delito culposo. Las objeciones coinciden con el dictamen de la mayoría de la Auditoría General de la Nación.

Pero la Cámara Federal dijo que no había delito doloso en esas cuestiones. Bertuzzi y Llorens consideraron que la investigación estaba agotada y ratificaron el cierre dispuesto por Capuchetti.

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Para los camaristas, las irregularidades no implican necesariamente delitos. “El delito de abuso de autoridad exige que el funcionario dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes con dolo específico de violar la norma”, que exige un ejercicio “manifiestamente arbitrario o abusivo” de la función.

Eso es lo que analiza ahora el fiscal Pleé: si, como sostiene Agüero Iturbe, esas falencias prueban un delito intencional o si no hay delito y el caso debe permanecer archivado.




Hernán Cappiello,Mauricio Macri,FMI,Conforme a

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El Gobierno anunció la llegada de una unidad regional de EE.UU. contra el crimen organizado

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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este lunes la próxima instalación en la Argentina de una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de los Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. El área contará con US$7,5 millones para equipamiento, capacitación y proyectos de seguridad.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, el Gobierno estadounidense aprobó formalmente un fondo total de US$13,35 millones para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. De ese monto, US$7,5 millones se destinarán a proyectos de cooperación en la Argentina y otros US$5,85 millones financiarán iniciativas para toda la región, en las que el país también participará.

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Desde la cartera indicaron que los recursos permitirán profundizar los proyectos conjuntos y adquirir equipamiento para reforzar las capacidades operativas. “Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben. Con Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad”, subrayó Monteoliva a través de un posteo en sus redes, donde celebró la llegada de la entidad dependiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La INL, la oficina especializada en narcotráfico y aplicación de la ley, tendrá una nueva base en el país “multiplicando por diez la inversión en cooperación”, remarcó la funcionaria. Y agregó: “Frente a organizaciones criminales transnacionales que no reconocen fronteras, trabajamos junto a nuestros socios para proteger a las familias y combatir al crimen organizado en toda la región. Ley y orden”.

La unidad regional norteamericana apunta a reforzar el combate al narcotráfico, tanto en la Argentina como en Latinoamérica. (Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación)

Desde el Ministerio destacaron que la instalación de la unidad es un nuevo paso en el trabajo estratégico entre ambos países, frente a organizaciones criminales que operan con un alcance transnacional cada vez mayor. A su vez, explicaron que la Argentina y Estados Unidos profundizaron el vínculo con intercambio de información, inteligencia criminal, capacitación, asistencia técnica y operativos conjuntos, y que esa articulación permitió avanzar en la desarticulación de rutas usadas para el tráfico de drogas.

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La presencia de la INL en el país no es una novedad. Según un posteo de la propia oficina de abril, las unidades antinarcóticos que apoya junto a la DEA en la Argentina secuestraron durante 2025 más de 1.260 kilos de cocaína y detuvieron a 35 narcotraficantes.

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