POLITICA
El Gobierno se prepara para encarar una compleja negociación con los aliados por la reforma electoral
La reforma electoral figura en los planes del Gobierno Nacional desde hace meses, tal como anticipó Infobae, y a pedido de los sectores que cuestionaron el timing en 2025 el presidente Javier Milei busca impulsarla este año, en el que no se celebrarán elecciones, con intención de modificar el sistema democrático en la previa a las presidenciales de 2027. Sin embargo, los ambiciosos cambios que contempla suponen un desafío complejo para los alfiles libertarios que deberán convencer a varios sectores aliados que -a priori- anticipan que no prestarán apoyo.
La modificación que más complica los planes del oficialismo es la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). No obstante, configura uno de los puntos más importante del proyecto que diseñó el Poder Ejecutivo y que firmó el presidente Javier Milei durante la tarde del miércoles en la previa a ser enviado al Congreso para ser tratado en el Senado.
“La eliminación de las PASO es lo que presenta mayor dificultad, pero vamos a conseguir los votos, sino no la hubiéramos mandado”, expresó a este medio una fuente que trabaja en la tarea. Lo cierto es que en Balcarce 50 aseguran que el envío se dio sin un detallado poroteo previo por lo que el oficialismo realiza por estas horas las primeras aproximaciones en materia de apoyos.
Tras el mensaje en X de Milei, en el que anunció que tratarían la reforma que contempla además cambios en el sistema de financiamiento de los partidos, modificaciones en los requisitos legales para presentar lista, busca suspender la elección directa de parlamentarios del Mercosur, e incluye Ficha Limpia, varios sectores aliados al Poder Ejecutivo manifestaron sus diferencias y por estas horas se muestran reticentes a acompañar.
El PRO, principal socio legislativo y electoral de La Libertad Avanza, sostiene que las primarias configuran un “mecanismo de participación ciudadana que no debe descartarse a la ligera”, y advierten que no van a votar nada que no se haya debatido en profundidad. Un planteo similar tiene la Unión Cívica Radical que necesita la herramienta para resolver sus propios debates internos.
En Casa Rosada no preocupan las incipientes diferencias y se muestran optimistas en la búsqueda, ya activa, por la conquista de las voluntades. “El proceso va a ser parecido al de la reforma laboral. Va a llevar un tiempo, vamos a negociar con los gobernadores, en particular con los aliados, pero además va a suponer bastante debate”, confesó una fuente oficial en tema a este medio.
El escenario es complejo: incluso algunos aliados, como el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se oponen, aunque algunas voces oficiales no ven factible que no acompañe de acordar un competencia provincial. En los últimos días, el radical se dejó fotografiar en un intercambio con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem; y el ministro del Interior, Diego Santilli, que incluyó además a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), aún sin posición definida. La posición no desalienta al oficialismo, que evalúa alternativas y confía en revertir posturas en diálogo con los representantes provinciales.
“La eliminación de las PASO no solo supone el ahorro de millones, sino que además recorta al menos seis meses de campaña electoral, lo que da lugar a potenciar la gestión”, explicaron desde la mesa política que designó Milei a este medio.
Si bien hay un consenso generalizado de ir por la de máxima y no ceder en la voluntad de eliminar las primarias, existe un sector del reducido círculo que rodea al libertario que admite la complejidad de la tarea y piensa variantes. “Es muy probable que el grueso de los aliados no vayan a apoyarla. Veremos si podemos suspenderlas o en tal caso, hacerlas no obligatorias”, planteó uno de los integrantes de este segundo anillo ante este medio.
Por los pasillos de Balcarce 50 piden darle celeridad al tratamiento, y detectan “guiños” en el articulado del proyecto que beneficiarían a los gobernadores como el casillero que se incluye en la boleta para tildar la lista completa, lo que permitiría enganchar las listas locales a las nacionales, y la decisión de vetar la idea de virar hacia un sistema de “circunscripciones uninominales”.
“Cuanto más tiempo demoremos, más lejos estamos de que salga”, aseveró una voz del ecosistema libertario.
Con el proyecto en la Cámara de Senadores, el equipo legislativo integrado por Diego Santilli; la jefa de bloque de LLA Patricia Bullrich, “Lule” y Martín Menem; y el subsecretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, deberá aceitar el mecanismo desplegado durante las extraordinarias. “Primero se recaba las impresiones de cada bloque o actor político. Se deja que decante y, a partir de ahí, empezarán las negociaciones”, enumeró un funcionario al tanto del proceso.
El viernes, la mesa política que los contempla se reunirá en Casa Rosada al mediodía para dar curso a los nuevos objetivos fijados por el Poder Ejecutivo que incluye además la batería de leyes pensadas en defensa de la Propiedad Privada y el primer informe de gestión que deberá brindar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados el 29 de abril. Será cuestión de tiempo determinar la administración libertaria repite la performance que marcó el receso veraniego o las tensiones internas complican -una vez más- los planes.
POLITICA
El Senado convocó audiencias para tratar 25 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos
El Senado de la Nación convocó a dos audiencias públicas para analizar 25 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo destinados a cubrir cargos en la Justicia nacional y federal. Las reuniones se realizarán los días 4 y 5 de agosto en el Salón Azul de la Cámara alta y comprenderán postulaciones para jueces, fiscales, defensores públicos y vocales de cámaras de apelaciones en distintos puntos del país.
La convocatoria fue comunicada por la Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación mediante dos publicaciones oficiales. Según se informó, entre el 20 y el 26 de julio cualquier persona podrá presentar preguntas u observaciones sobre las calidades, antecedentes y méritos de los aspirantes, l procedimiento previsto por el Reglamento del Senado.
La primera audiencia se llevará a cabo el martes 4 de agosto, a las 14, y abarcará 15 expedientes. Entre ellos se encuentran las propuestas para designar defensores públicos oficiales en Formosa, Santiago del Estero y La Rioja, un fiscal federal para Gualeguaychú y magistrados para juzgados nacionales, tribunales federales y cámaras de apelaciones.
En esa jornada también se tratarán los pliegos para cubrir cargos en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 41 de la Capital Federal, el Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, entre otros organismos judiciales.
Además, figura un pedido de acuerdo para posibilitar un nuevo nombramiento de la vocal de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Matilde Evangelina Ballerini, una situación que se diferencia del resto de los expedientes, orientados a designaciones en cargos vacantes.
La segunda audiencia tendrá lugar el miércoles 5 de agosto, a las 11, y comprenderá otros 10 pliegos. En esa instancia se analizarán postulaciones para defensorías públicas, fiscalías generales y juzgados nacionales en lo civil, además de cargos en tribunales orales y cámaras federales.
Entre las propuestas incluidas para esa fecha figuran las designaciones de una defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, un defensor público de menores e incapaces ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Capital Federal, dos fiscales generales ante los tribunales orales en lo penal económico y un juez de cámara para un tribunal oral en lo criminal y correccional.
También integran el temario los pliegos para cubrir tres juzgados nacionales de primera instancia en lo civil de la Capital Federal y un cargo de vocal en la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Las dos audiencias se desarrollarán en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación. Los postulantes podrán presentar sus antecedentes dentro del plazo fijado entre el 20 y el 26 de julio.
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POLITICA
Cómo seguirá la situación judicial de Edgardo Kueider tras haber sido condenado en Paraguay por intentar ingresar US$200.000 sin declarar
La condena dictada este lunes por la Justicia de Paraguay no puso fin a la complicada situación judicial de Edgardo Kueider. Aunque el exsenador fue condenado a dos años de prisión por contrabando en grado de tentativa, la pena fue impuesta con suspensión de la ejecución, por lo que no será trasladado a una cárcel y continuará bajo prisión domiciliaria en Asunción.
La misma resolución alcanzó a su exsecretaria, Iara Guinsel, quien recibió una condena de un año y diez meses, también con suspensión de la ejecución de la pena. Ambos fueron encontrados culpables por intentar ingresar a Paraguay más de US$200.000 sin declarar en diciembre de 2024.
Kueider y Guinsel cumplen prisión domiciliaria desde hace alrededor de un año y medio. Si la sentencia queda firme, ese tiempo empezará a ser descontado de las condenas impuestas, por lo que -en principio- solo les restarían algunos meses para completar la pena, aunque el plazo definitivo será determinado por la Justicia paraguaya.
Las causas que enfrenta en la Argentina
Más allá de la condena de este lunes en Paraguay, el exsenador continúa involucrado en distintas investigaciones judiciales en la Argentina.
Junto con Guinsel, está procesado por presunto lavado de activos en una causa que investiga la compra de seis departamentos y sus respectivas cocheras en un edificio de lujo de Asunción.
Además, enfrenta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito. Uno tramita en el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia, en Entre Ríos, y el otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro.
La extradición sigue pendiente
En paralelo, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó la extradición de Kueider para que responda ante la Justicia argentina. El pedido ya fue autorizado por las autoridades paraguayas, pero su ejecución todavía no se concretó.
La definición quedó supeditada a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver qué tribunal argentino tendrá competencia para continuar con las investigaciones en su contra.
Mientras esa cuestión permanece abierta, Kueider seguirá bajo prisión domiciliaria en Paraguay, donde comenzará a cumplir la condena impuesta por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción.
Edgardo Kueider, Paraguay, Justicia, condena
POLITICA
La Justicia habilitó el cierre del programa Volver al Trabajo y el Gobierno avanzará con los vouchers de capacitación laboral
La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar la meóida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el programa “Volver al Trabajo”, sucesor del Potenciar Trabajo, abriendo paso al cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto. La decisión, dictada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, deja sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios en todo el país.
El tribunal de alzada anuló la resolución original del Juzgado Federal de Campana, que había ordenado sostener los pagos del programa hasta la implementación de una política pública alternativa. Los magistrados consideraron que mantener la transferencia constituía “un adelantamiento del veredicto final en favor de los demandantes”, permitiendo al Gobierno nacional avanzar con el reemplazo del plan por un sistema de vouchers de capacitación laboral.
Los beneficiarios del programa, representados, entre otros por Andrea Liliana Ledesma, solicitó la medida cautelar para que el Estado Nacional mantuviera la vigencia de las prestaciones económicas o estableciera un dispositivo equivalente, hasta que se implementara de manera efectiva una política sustitutiva que garantizara niveles de protección iguales o superiores tanto en ingresos como en inclusión socio-laboral. Argumentaron que la suspensión del programa los privaba de un ingreso mensual, lo que generaba un perjuicio actual, concreto e inminente de orden patrimonial y social.
También sostuvieron que no reclamaban un derecho individual exclusivo, sino la protección de derechos individuales homogéneos, derivados de la decisión de finalizar el programa sin prever continuidad para los beneficiarios.
El juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar bajo los siguientes fundamentos principales:
- Reconoció la existencia de una causa fáctica común, es decir la extinción del programa “Volver al Trabajo”, como hecho único que afectaba a todos los incluidos en el padrón.
- Consideró que la acción colectiva era el medio idóneo para garantizar la tutela judicial efectiva, dada la dificultad para que los afectados accedieran individualmente a la justicia.
- Señaló que la finalidad del programa era promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares con mayor exclusión y vulnerabilidad social, por lo que el cese abrupto de la prestación generaba un riesgo de daño irreparable.
- Enfatizó que, ante el peligro de un daño de extrema gravedad e irreparable, los requisitos para dictar medidas cautelares pueden flexibilizarse.
- Destacó que la continuidad del programa debía mantenerse hasta que existiera una política pública sustitutiva real y comprobable, no considerándose suficiente la sola declaración de futuros reemplazos.
El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, apeló esa resolución, y la Cámara de Apelaciones de san Martín le dio la razón. Entre los puntos principales los camaristas sostuvieron:
- Revocación de la medida cautelar que ordenaba al Estado Nacional continuar con los pagos del programa “Volver al Trabajo”.
- Reconocimiento de la facultad del Poder Ejecutivo para definir y concluir programas sociales, sin que exista un derecho adquirido a la continuidad por parte de los beneficiarios.
- Presunción de legitimidad de los actos estatales, lo que refuerza la autonomía del Gobierno en la gestión de fondos y políticas públicas.
- Falta de cumplimiento de los requisitos legales para la admisión de una medida cautelar en este caso, por no haberse acreditado peligro en la demora ni verosimilitud en el derecho invocado.
- Existencia de un nuevo programa alternativo presentado por el Gobierno, que sustituye al anterior esquema asistencial.
- Impacto presupuestario: la Cámara consideró que la continuidad obligatoria de los pagos afectaría recursos públicos y alteraría el diseño de políticas oficiales.
Según la resolución, el programa “Volver al Trabajo” carecía de derecho adquirido para sus beneficiarios, ya que su vigencia estaba limitada a dos años.
La Cámara remarcó que las medidas cautelares no pueden interferir en la definición y ejecución de políticas públicas adoptadas por el Poder Ejecutivo, y subrayó que los requisitos legales para dictar una tutela provisoria no se hallaban satisfechos en este caso.
La decisión, a favor del recurso presentado por el Gobierno, argumenta que la continuidad forzada del programa representaba una intromisión judicial y consolidaba la permanencia de un sistema asistencialista bajo control de organizaciones sociales. Con este fallo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, recupera la potestad presupuestaria para reorientar los fondos y avanzar con el rediseño de las políticas sociales.
El nuevo esquema diseñado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Julio Cordero, redireccionará los recursos hacia empresas, centros formativos provinciales y organizaciones responsables de los talleres profesionales, en lugar de transferencias monetarias individuales.
Ante la decisión de los jueces, la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) difundió un comunicado en el que sostiene que: “La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario”.
Desde la Casa Rosada afirman que los fondos liberados del programa financiarán la extensión de la doble jornada escolar en escuelas primarias situadas en zonas de mayor vulnerabilidad social.
La resolución de la Cámara se dictó “con costas por su orden”, lo que significa que cada parte asumirá sus propios gastos judiciales, atendiendo a la complejidad y naturaleza del debate.
La anulación de la cautelar tendrá un efecto inmediato: desde agosto, los trabajadores de la economía popular empadronados dejarán de percibir la asignación mensual, impactando de manera directa en sectores informales de todo el país.
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