El Gobierno resolvió no escalar por ahora el conflicto con la AFA y espera una definición de la Justicia para avanzar con la veeduría dispuesta por el Ministerio de Justicia. El Ejecutivo no evalúa por el momento solicitar fuerza pública para que los veedores ingresen a la sede de Viamonte, luego del intento frustrado de la semana pasada.

La decisión en la Casa Rosada es quedar a la espera de lo que resuelva la Justicia civil. En Balcarce 50 aseguran que la Cámara analiza la apelación presentada por la AFA contra la veeduría y que le otorgó efecto suspensivo, por lo que sostienen que no pueden avanzar con nuevos pasos operativos hasta que exista una habilitación judicial. “IGJ va a analizar bien y resolver”, expresan.

El Ministerio de Justicia —que encabeza Juan Bautista Mahiques— prefiere en esta etapa correrse de una escalada de alto voltaje institucional y reordenar la ofensiva por la vía administrativa y judicial. En el oficialismo consideran que una pulseada por el ingreso físico a la sede central del fútbol argentino, sin respaldo judicial consolidado, podría debilitar la estrategia en lugar de fortalecerla.

La veeduría fue impulsada por la Inspección General de Justicia como una intervención informativa para obtener y compulsar documentación sobre los estados contables y financieros de 2025, las operaciones con TourProdEnter LLC, el Grupo Sur Finanzas y todo lo vinculado a la creación de la denominada Universidad de la AFA “UNAFA”. La propia IGJ remarcó además que la medida no implica desplazar autoridades ni intervenir en la administración ordinaria de la entidad.

El Gobierno busca en paralelo sostener abierto el frente documental. La apuesta de Nación es que el foco se traslade ahora a las respuestas formales que entreguen la AFA y la Superliga a los requerimientos que dejaron los veedores, más que a una nueva escena de confrontación en la puerta de Viamonte.

Ese plazo vence este viernes. En el caso de la AFA, los veedores fueron la semana pasada junto con inspectores de la IGJ, no pudieron ingresar y dejaron un requerimiento de información. En la Superliga, en cambio, sí fueron recibidos por abogados de la entidad, que presentaron una nota ante el Ministerio de Justicia para impugnar la veeduría, manifestaron su disconformidad con la medida y anticiparon que apelarán dentro del plazo previsto.

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La ofensiva oficial sobre la AFA y la Superliga se apoya en una estrategia más amplia de control del Ejecutivo sobre balances, contratos y estructuras administrativas. En marzo, la IGJ pidió también veedores sobre la Superliga y sostuvo que esa asociación civil siguió registrando movimientos económicos incluso después de haber quedado desplazada por la Liga Profesional, con operaciones por un valor neto de US$348 millones entre 2020 y 2024, según la propia autoridad de control.

La avanzada sobre la AFA, además, atravesó cambios internos en el área de Justicia. La designación original de los veedores se produjo antes del recambio de autoridades y quedó envuelta en tensiones dentro del oficialismo por la salida del exinspector general Daniel Vítolo y la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio. En ese reordenamiento, la Casa Rosada buscó ratificar que mantendrá la estrategia de control sobre la conducción de Claudio Tapia pese al ruido interno.

En ese contexto también se dio la renuncia de Agustín Ortiz de Marco, el primer abogado designado como veedor junto al contador Miguel Pappacena. Ortiz de Marco dejó el cargo antes de asumir y obligó al oficialismo a nombrar en su reemplazo a Diego Coste, en una decisión que en Balcarce 50 leyeron como necesaria para evitar que la ofensiva administrativa quedara empantanada antes de empezar.

Ahora, la mesa chica del jefe de Estado pone la mira sobre dos cuestiones antes de volver a moverse sobre la AFA. La primera es la respuesta que deben presentar este viernes la AFA y la Superliga a los pedidos de información que dejaron los veedores. La segunda es la definición de la Justicia civil sobre la apelación que presentó la conducción de Claudio Tapia. Hasta que eso no ocurra, en el oficialismo aseguran que no avanzarán con nuevas medidas sobre la sede de Viamonte ni pedirán fuerza pública para intentar el ingreso.

Gobierno, AFA

El gobierno de la provincia de Buenos Aires recibió con los brazos abiertos la propuesta que lanzó hace casi un mes la Junta Electoral bonaerense, antes de que rote la presidencia del organismo: se trata de un anteproyecto de ley para ampliar los plazos electorales para las elecciones provinciales del año que viene. En lo formal el objetivo es que los cambios hechos a las apuradas en los comicios del año pasado queden efectivizados en una normativa firme, ante la posibilidad de que Kicillof vaya nuevamente a desenganchar las elecciones provinciales de las nacionales.

El respaldo de parte del Ejecutivo era esperable y también ancla a la discusión interna del peronismo, como se dio durante el año pasado. Ahora, para evitar sobresaltos y con un escenario incierto de si habrá elecciones Primarias o no, o si se votará con boleta única en papel los cargos provinciales —como sucederá para presidente y el resto de las candidaturas nacionales—, el organismo competente del proceso electoral provincial buscará tener un terreno ordenado.

“Nos parece interesante”, opinaron cerca de Kicillof sobre el anteproyecto que lleva la firma de la ya expresidenta de la Junta Electoral, Hilda Kogan, ante la consulta de Infobae. Sucede que, con el recambio de autoridades en la Corte bonaerense, quien preside también asume el control de la Junta. Desde el 19 de abril, el titular de la Corte y Junta Electoral es Sergio Torres. Que haya sido Kogan quien impulsó el anteproyecto de ley que fue remitido al Ministerio de Gobierno bonaerense tiene su propio componente. El vínculo entre la hoy ministra del máximo tribunal de Justicia bonaerense y Kicillof es conocido, bueno y fluido. Lo mismo con algunos de los ministros provinciales, como por ejemplo Carlos Bianco, con quien tuvo que coordinar el proceso electoral del año pasado cuando la provincia decidió desdoblar la elección.

Con Torres la relación es distinta. De hecho, semanas atrás el presidente de la Corte presionó fuerte para que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo avancen con las coberturas de las cuatro vacantes en la Corte y juntó a las presidencias del Senado bonaerense –Verónica Magario– y de Diputados –Alejandro Dichiara– para entregarles el proyecto de ley de autarquía judicial, en otro gesto de autonomía.

La posibilidad del desdoblamiento electoral explica parte del anteproyecto que se impulsó desde la Junta Electoral, un organismo que también integran otras figuras cercanas a Kicillof como el presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Thea, ex secretario general de Gobierno bonaerense. Kicillof no descarta, como sucedió el año pasado, llevar adelante un desdoblamiento electoral y que se elija su sucesión con anticipación a la elección nacional. ¿Qué hay detrás de esa estrategia? Su proyección nacional. Los intendentes que le responden tampoco ven con malos ojos esa alternativa que en términos provinciales fue efectiva el año pasado, aunque —con los resultados puestos— sin el mismo efecto en las elecciones a diputados nacionales. Esa decisión fue y continúa siendo una de las críticas que emanan desde el kirchnerismo hacia el mandatario provincial.

El anteproyecto de la Junta Electoral propone llevar a 80 días, como mínimo, el plazo entre la presentación de alianzas y la elección primaria. Actualmente es de 60 días. También sugiere modificar la brecha entre la presentación de candidatos y los comicios. Mientras que la normativa actual establece un plazo de 50, el texto impulsado por Kogan lo amplía a 60 días.

Como sucedió el año pasado cuando Kicillof decretó el desdoblamiento electoral, la Junta Electoral sostiene los mismos argumentos para ampliar plazos. Remarca que extender los plazos para la presentación de alianzas y listas de candidatos ayuda a fortalecer la estabilidad sistémica y a fomentar coaliciones sólidas. Además, ampliar el tiempo para la presentación y oficialización de listas facilita el principio de participación y previene la exclusión de candidaturas por errores de forma, considerando el gran volumen de trabajo administrativo que implica la oficialización. El organismo también remarca que “una ampliación de los plazos permitiría, por un lado, humanizar el trabajo de los empleados de la Junta atento a su extenso volumen; pero también y centralmente, garantizar que los partidos políticos cuenten con el tiempo suficiente para ejercer su derecho de defensa y puedan competir en la contienda electoral”.

Debate legislativo con la interna como trasfondo

Más allá de que la intención del Ejecutivo va en línea con lo que promovió la Junta Electoral, la definición pasará por la Legislatura bonaerense. Esa instancia, admiten en el gobierno de Kicillof, se presenta como una complejidad. “Lo deberá decidir la Legislatura; ya sabemos cómo es”, reconocen. En el terreno legislativo, Kicillof tiene escasa injerencia.

La interna del peronismo que desanda el cristinismo, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), suma capítulos semana a semana. Actualmente, se da por la composición en las comisiones, tanto en Diputados como en el Senado, donde hay un escenario apenas un poco más ordenado con la designación de quiénes integrarán cada comisión, aunque no así qué sector la presidirá. Esa discusión sigue.

Cuando el año pasado, la Junta Electoral pidió modificar plazos, se generó una fuerte reacción interna en el oficialismo bonaerense. La postura de La Cámpora y el sector identificado con el cristinismo se caracterizó en un principio por el escepticismo y la desconfianza, lo que profundizó las tensiones con el gobernador Axel Kicillof.

El pedido partió del propio Kicillof, quien argumentó la necesidad de una mayor flexibilidad para ordenar el proceso electoral. En este contexto, los principales referentes legislativos del kirchnerismo, Facundo Tignanelli (presidente del bloque de Diputados) y Teresa García (presidenta de Senadores, hoy diputada nacional), decidieron no asistir a la reunión clave convocada por la Junta Electoral Bonaerense. Su ausencia fue interpretada por el entorno del gobernador como una señal de resistencia interna. Sin embargo, luego el peronismo se mostró uniforme para modificar la ley electoral de manera excepcional y para las elecciones del 2025.

elecciones

El fueguino oficialista Agustín Coto recibió el visto bueno y llamó a debatir la Reforma Electoral tal como la propone la Casa Rosada: con la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento a los partidos políticos y las campañas electorales, modificaciones en la Ley de Boleta Única de Papel (BUP) y el proyecto de Ficha Limpia.

Se trata de un amplio proyecto de reforma electoral que la oposición dialoguista ya avisó que no va a acompañar en su totalidad.

Por tal motivo, los radicales liderados por Eduardo Vischi presentaron un proyecto para que las PASO sean optativas. Desde el PRO, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le hizo un guiño a la iniciativa de la UCR. Esta sería la postura de los senadores que encabeza el misionero Martin Goerling Lara.

El PRO y la UCR, junto a fuerzas provinciales, vienen conversando con la senadora Patricia Bullrich para abrir del proyecto la implementación de Ficha Limpia y tratarlo por separado en una iniciativa única, como fue el debate que naufragó el año pasado impulsado por la exdiputada macrista Silvia Lospenatto.

Pero por ahora, esos posibles acuerdos políticos entre Bullrich y los sectores dialoguistas del Congreso quedarían suspendidos mientras avanza la discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sin cambios para el Gobierno

Estas intenciones de la oposición de discutir en dos partes la Reforma Electoral contarían con el aval de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, pero no son avalados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien dio la orden de iniciar la discusión, pero sin cambios en el proyecto.

Tampoco desde la Cámara de Diputados, que encabeza Martín Menem, avalan el desdoblamiento del debate. La propuesta ya se la hicieron llegar al diputado Gabriel Bornoroni, jefe de la bancada del oficialismo en la Cámara alta, y a los bloques de Provincias Unidas y el Pro, presididos por Gisela Scaglia y Cristian Ritondo, respectivamente.

El oficialismo designó a Gisell Castelnuovo como interlocutora entre las cámaras legislativas y la Casa Rosada. Paralelamente, habrá diferentes reuniones de la Mesa Política de la Casa de Gobierno que lidera el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y conforman, entre otros Karina Milei y Patricia Bullrich, donde podrían adoptar una postura unificada sobre el proyecto.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos, modificaciones a la Boleta Única de Papel (BUP) y la implementación de Ficha Limpia.

La iniciativa, compuesta por 79 artículos, también elimina la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, que pasarían a ser designados de manera indirecta por el Congreso, respetando la representación proporcional de cada fuerza política.

El Gobierno sabe que cualquier modificación vinculada a leyes electorales requiere mayoría absoluta en ambas cámaras: al menos 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

El PRO y la Neuquinidad por Ficha Limpia

Dos sectores, a los que se les podría sumar la UCR en el Senado, el Pro y la Neuquinidad, la fuerza provincial del gobernador Rolando Figueroa proponen la discusión de Ficha Limpia y presentaron proyectos al respecto.

Desde el PRO, Martín Goerling Lara presentó un régimen de inhabilitación para personas con condenas confirmadas por delitos dolosos vinculados a la administración pública.

El objetivo, según explicó, es “garantizar la probidad en la función pública y resguardar la integridad del sistema democrático”.

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El proyecto abarca delitos como fraude contra la administración pública, cohecho, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y encubrimiento, entre otros.

Por su parte, la senadora de Neuquén, Julieta Corroza, propuso modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos comunes o federales cuando exista condena confirmada en segunda instancia o consentida por falta de apelación.

La inhabilitación regiría durante todo el tiempo que dure la condena y cesaría únicamente si la sentencia fuera revocada.

reforma electoral, Karina Milei, Patricia Bullrich