POLITICA
El horno digital no está para bollos libertarios
La conversación digital de los argentinos sobre la protesta social empieza a marcar un punto delicado para el gobierno de Javier Milei.
La protesta advertida en la conversación pública está dejando de manifestarse como un episodio sectorial y comienza a organizarse como una categoría estable de interpretación del presente argentino.
En ese desplazamiento aparece un dato político central.
En tiempos libertarios, la discusión en redes sociales fue dejando de debatir sobre piquetes o cortes de calle para focalizar en temas como la universidad, el trabajo, la salud, la educación, las condiciones de vida y la relación entre la sociedad y el Estado.
La protesta de los argentinos deja de ser una escena de tránsito y se convierte en una escena de época.
Para un gobierno como el de Milei, que construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de ordenar el caos, contener a los intermediarios y sostener el ajuste como camino inevitable, este crecimiento del clima de protesta abre una zona de riesgo.
El oficialismo todavía conserva iniciativa política, pero empieza a convivir con un malestar más capilar, menos encapsulado y más difícil de administrar con la lógica clásica de la polarización.
Tiempos calientes
El último informe de Monitor Digital revela un interés en aumento por la protesta social en redes y en la web.
La evolución mensual de menciones de los argentinos en plataformas muestra una serie muy volátil desde junio de 2023, con picos intensos asociados a momentos de mayor conflictividad pública.
Sin embargo, el tramo reciente resulta especialmente relevante: durante 2026 se advierte una meseta alta de interés digital por distintos reclamos, con registros cercanos o superiores a 800 mil menciones en varios meses.
El comportamiento de los últimos meses sugiere que la protesta social dejó de ser un evento excepcional para convertirse en un componente estable de la agenda digital.
Si analizamos el fenómeno en la Web, el dato resulta más elocuente.
El ciclo libertario muestra los niveles de interés más elevados de los últimos 20 años por la protesta social, en contraposición a un declive marcado de las consultas sobre piquetes y cortes de calle, fenómeno que refiere a uno de los méritos políticos más importantes del actual gobierno en materia de control de la calle.
La mesura ante la “calentura”
En un contexto de tensión social en aumento, la pregunta es hasta qué punto conviene seguir calentando el debate público.
La estrategia de confrontación permanente le dio rédito al mileísmo.
Le permitió ordenar identidades, señalar adversarios, sostener cohesión interna y evitar que la oposición le impusiera agenda.
Pero una cosa es tensar el debate cuando la sociedad discute ideas, privilegios o modelos de país, y algo muy distinto es tensarlo cuando el malestar empieza a apoyarse sobre experiencias concretas de deterioro de la calidad de vida, con ingresos ajustados, servicios resentidos, universidades movilizadas y expectativas sociales en retroceso.
En ese contexto, cada gesto de sobreactuación discursiva del oficialismo libertario puede devolver menos capital político y producir más desgaste.
La lógica amigo-enemigo funciona bien cuando el conflicto queda organizado alrededor de actores nítidos, pero opera peor cuando la conversación se federaliza, se diversifica y empieza a expresar incomodidades múltiples.
Allí, la protesta ya no necesita un único sujeto conductor: circula como clima general.
Paradoja libertaria
Para no perder centralidad frente a la oposición, el oficialismo puede verse tentado a subir el volumen, radicalizar el relato y presentar cada reclamo como una maniobra política contra el cambio que pregona.
Pero esta respuesta corre el riesgo de transformar demandas sociales heterogéneas en una misma superficie de impugnación.
La motosierra puede ordenar la narrativa; el termómetro social, no tanto.
Cuando la temperatura social empieza a subir, discutir con el artefacto que la mide suele ser una pésima política pública.
El presente crítico de Milei no se define sólo por la cantidad de protestas, sino por el modo en que la protesta empieza a ganar densidad simbólica.
El reclamo social aparece como una señal de advertencia sobre los límites de tolerancia del ajuste: todavía no necesariamente como ruptura, pero sí como acumulación; no como estallido, pero sí como incomodidad persistente; no como derrota política, pero sí como erosión posible.
Por eso, el mayor desafío del Gobierno no pasa únicamente por resistir la presión opositora, sino por leer a tiempo cuándo la confrontación deja de ordenar y empieza a dañar.
La comunidad argentina de redes sociales mantiene una conversación persistentemente negativa, contexto en el cual cada chispa discursiva puede servir para fidelizar al núcleo propio, pero también para ampliar el perímetro del malestar.
Leé también: Los riesgos de la obstinación política en tiempos de ebullición social
El mileísmo gobierna sobre una tensión evidente: necesita conservar épica, pero también necesita evitar que esa épica se transforme en obstinación.
Necesita sostener el capital político que le dio origen, pero también necesita advertir que la sociedad no procesa el ajuste sólo como una discusión ideológica: lo vive en carne propia.
Ese es el borde sensible del momento actual: la protesta social deja de expresarse como ruido opositor, para transformarse en síntoma de una tolerancia social bajo presión.
Redes Sociales
POLITICA
Luis Caputo celebró el sobreseimiento de sus hermanos por el presunto financiamiento de Revolución Federal
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este lunes el sobreseimiento de sus hermanos Flavio, Hugo y Rosana en la causa que investigó un presunto financiamiento familiar a Revolución Federal y cuestionó al kirchnerismo, al que acusó de montar una “persecución ridícula” en su contra.
“Años gastando plata de los contribuyentes (Arca, IGJ, Policía, etc) en la persecución más ridícula de la historia”, cuestionó el ministro en sus redes, luego de que la Justicia descartara un vínculo entre sus hermanos y el grupo antikirchnerista que había sido vinculado al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
En ese contexto, Caputo acusó “la complicidad de una buena parte del periodismo” y apuntó contra la actual oposición por buscar “hacer daño” para “sacar algún rédito político”.
“En el medio, las personas no importan. Lo importante es hacer daño. Así opera el kirchnerismo cuando está en el poder. Usa todo el aparato estatal para perseguir y dañar a los que ellos decidan”, sentenció el funcionario. Y agregó: “Lo curioso es que para algunos, lo preocupante son los ‘modos’ de este gobierno”.
Los fundamentos del sobreseimiento
Luego, Caputo compartió los principales argumentos del juez Marcelo Martínez de Giorgi para fundamentar el sobreseimiento. Los hermanos del ministro -dueños de la firma Caputo Hermanos- eran investigados para determinar si habían financiado encubiertamente a la agrupación Revolución Federal, procesada por “incitación a la violencia colectiva” por liderar marchas contra el kirchnerismo y repartir amenazas públicas contra sus dirigentes.
Finalmente, la Justicia nunca probó que el grupo tuviera algo que ver con el atentado contra la expresidenta, pero el kirchnerismo mantuvo la hipótesis en la querella y acusó a la familia del ministro de Economía de disimular pagos para impulsar sus actividades.
Según los argumentos que compartió Caputo, el juez sostuvo que la obra por la que sus hermanos contrataron a Morel “existió y fue real”: remitos, facturas, transferencias e informes de AFIP y de entidades bancarias comprobaron que el edificio Espacio Añelo se construyó y que los muebles encargados se fabricaron, entregaron e instalaron efectivamente allí.
Para el magistrado, la secuencia comercial —búsqueda de proveedores, presupuestos, facturación y pagos— sigue un orden compatible con un trabajo genuino y no con una maniobra para canalizar fondos hacia Revolución Federal. A eso sumó que el vínculo entre Rosana Caputo y el líder del grupo era anterior a la creación de la agrupación, en mayo de 2022, lo que para el juez debilita la hipótesis de un pago encubierto por su activismo. Tampoco encontró pruebas de que la familia conociera la militancia de Morel al momento de contratarlo ni de que los desembolsos estuvieran condicionados a su actividad política.
El fallo también descartó que hubiera sobreprecios: el Cuerpo de Peritos Contadores no logró determinar un aumento real en los valores facturados, ya que comparaba productos hechos a medida con otros estandarizados, parámetros que consideró no equiparables. A esto se agregó un dato procesal que, según el juez, le resta sustento a la teoría de un financiamiento organizado: en cámara, Revolución Federal fue recalificada como un grupo de menor entidad, encuadrado en el artículo 212 del Código Penal —incitación a la violencia colectiva— y no en el 213 bis, que tipifica la asociación ilícita.
Con esos elementos, Martínez de Giorgi concluyó que no existían indicios suficientes para sostener la imputación y dispuso el sobreseimiento de los tres hermanos por inexistencia del hecho investigado.
El trasfondo político del caso
La causa había sido impulsada en parte por la querella de Cristina Kirchner, que buscó unificarla con el expediente que terminó con las condenas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el ataque a la expresidenta.
POLITICA
Ishii criticó a Kicillof luego de un cambio en la cúpula policial de José C. Paz, decidido en La Plata
El senador provincial bonaerense e intendente de José C. Paz en uso de licencia, Mario Ishii, le pidió al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, “que se ponga a laburar” y que deje “de hacer política”. Los cuestionamientos del exjefe comunal se conocieron luego de que el gobierno bonaerense relevó a la cúpula policial del distrito, días después del conmocionante crimen de David Elías Ojeda Vázquez, quien fue asesinado por delincuentes que le robaron su moto, un caso que derivó en una marcha en reclamo de justicia en las calles del municipio que Ishii controla políticamente casi desde su fundación en 1995.
“El gobernador se tiene que poner a laburar. El que pone los comisarios, la policía en los cargos es el Ministerio de Seguridad; el municipio no pone ni saca policías. Le aconsejo que se ponga a laburar, que la gente esta muy mal en la provincia. Que deje de hacer política, es momento de gobernar, la política va a venir después. El resultado que tenga gobernando, va a ser el resultado que va a tener en la política”, dijo Ishii en declaraciones que reprodujo el canal A24.
Los dichos del exintendente (dejó la función el año pasado, para asumir una banca como senador bonaerense por la primera sección electoral) contra Kicillof llegaron luego de que el Ministerio de Seguridad provincial, que conduce Javier Alonso, relevó a la cúpula policial de la Jefatura Departamental José C. Paz, tras el asesinato de Ojeda Vázquez y la marcha que realizaron amigos de la víctima, quienes denunciaron que las calles del distrito son “tierra de nadie”.
El Ministerio de Seguridad provincial designó al comisario inspector Sergio Gustavo Torres al frente de la Jefatura Departamental de José C. Paz, en reemplazo de Mario Villares. Torres se desempeñaba en la Subdivisión Departamental de Investigaciones de Pilar. También fue nombrado el comisario Gabriel Francisco Chamorro, proveniente de la Comisaría Segunda, de Pilar, como titular de la Unidad Policial de Prevención local. Y el subcomisario Víctor Daniel Benítez (que cumplía tareas en la División Autopistas Sur) es el nuevo jefe del Comando de Patrulla.
“La política puede esperar, la gente no puede esperar. La provincia está con severos problemas y no está atendida. Tenemos problemas de educación, de salud, de alimentos y de seguridad, que cada vez avasalla más los distritos. Los municipios no son los encargados de dar seguridad, la Provincia es la encargada de dar la seguridad. Se tienen que hacer responsables y no transferir los problemas a los municipios, que apenas pueden pagar los sueldos. Al gobernador le aconsejo que se ponga a laburar. No se sale si no se trabaja”, remarcó Ishii.
El movimiento de recambio policial que cuestionó Ishii se precipitó tras el crimen de Ojeda Vázquez, que fue asesinado el 8 de septiembre, cuando llegaba a su casa, en Polonia, entre Piñero y Matheu, luego de ir a entrenarse a un gimnasio. Lo abordaron dos delincuentes, uno de ellos con una mochila similar a la que usan los repartidores, y le dispararon por la espalda, para obligarlo a detenerse. Se llevaron su moto y el joven fue trasladado al Hospital Mercante, donde falleció. Días después del crimen, amigos del joven encabezaron una marcha para reclamar justicia, en la que declararon a que la zona es “tierra de nadie”.
El 10 de septiembre, el municipio emitió un comunicado crítico y le pidió asistencia a Kicillof. “Ante la gravedad de lo sucedido, exigimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y, en especial, en nuestro distrito”, planteó la intendencia en un comunicado.
El trasfondo político
Ya sea con él en el poder o con algún delfín político, Ishii gobierna en José C. Paz desde 1999. Su distrito existe desde 1994, fruto de la división del antiguo partido de General Sarmiento en tres distritos (Malvinas Argentinas, San Miguel y José C. Paz). En 1995, tuvo a su primer intendente electo, Rubén Glaría, elección en la que Ishii encabezaba la lista de concejales ganadora. Fue presidente del Concejo.
Ishii ganó las elecciones locales, como candidato a intendente, en 1999, 2003 y 2007. En 2011, se impuso su alfil Carlos Urquiaga. En 2015, Ishii volvió a ganar, y repitió sus triunfos en 2019 y 2023. En 2025, ganó una banca de senador bonaerense y dejó a cargo de la intendencia a Lorena Espina, exconcejala.
Desde la banca en el Senado, Ishii se erigió en fuerte crítico de Kicillof, en medio de la interna del gobernador con Cristina y Máximo Kirchner. Pidió que en la provincia se declare la emergencia alimentaria y nutricional, un dardo contra el gobernador. Ishii es vicepresidente del Senado provincial, cargo al que llegó apuntalado por el cristinismo.
Durante la presidencia de Alberto Fernández, Ishii fue de los intendentes más cercanos al por entonces jefe del Estado. En 2020, además, protagonizó un escándalo cuando se difundió un video en el que afirmaba que tuvo que “cubrir la venta de falopa” que empleados de salud del municipio harían en ambulancias del distrito.
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POLITICA
Un fiscal impulsó una denuncia del Gobierno contra una petrolera que explora en las Malvinas
El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó formalmente una investigación contra la petrolera británica Desire Petroleum Limited por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que se desarrollan en el área de la plataforma continental próxima a las islas Malvinas, sin permiso de la Argentina.
En el requerimiento ante el juzgado, que está interinamente a cargo del juez Ariel Lijo, el fiscal pidió una batería de medidas de prueba que incluye un exhorto al Reino Unido para reconstruir la estructura societaria de la compañía, sus autoridades desde 2012 y el modo en que obtuvo las licencias que explota en el área en disputa.
Stornelli reclamó información bancaria de la empresa y de las personas físicas que hayan actuado en su nombre o beneficio.
La causa se abrió a partir de la denuncia del canciller Pablo Quirno, sobre la base de la ley 26.659. La norma sanciona las actividades hidrocarburíferas “clandestinas” en la plataforma continental, pues dice que la explotación se realiza mediante una “licencia ilegítima”.
La presentación formó parte de la ofensiva judicial que el Gobierno amplió la semana pasada y que alcanzó a una veintena de ejecutivos y directivos de las compañías que participan de los proyectos petroleros en la zona. Hay casi media docena de denuncias en tribunales contra petroleras y empresas proveedoras de servicios.
El Estado ya sancionó dos veces a esta compañía. La Secretaría de Energía declaró ilegales sus actividades mediante la resolución 130/2012 y la calificó de clandestina por operar sin habilitación de las autoridades argentinas.
Un año después, la resolución 457/2013 la inhabilitó por 20 años para desarrollar actividades en el país, al tener por acreditado que se valía de una licencia ilegítima de exploración otorgada por las autoridades británicas instaladas en las islas.
Pese a esos antecedentes y al cambio de nombre, la empresa seguía figurando en marzo de este año entre las sociedades vinculadas a licencias otorgadas por Londres, junto a otras compañías del grupo Rockhopper.
El detalle de esa participación está en el dictamen: 32% en las licencias PL003a y PL003b; 30% en PL004a, PL004b (Área 1) y PL004c (Área 2); y 35% en PL005. Todas están ubicadas en las aguas de las inmediaciones de Malvinas.
Stornelli dijo que se violó la ley 26.659, que extiende la responsabilidad a las personas humanas que integran las sociedades y a las controlantes y controladas.
La escala prevé penas de 5 a 15 años de prisión, según se trate de exploración o de extracción.
Pero el fiscal dejó abierta la puerta a otras calificaciones. Tal como lo sugirió el funcionario denunciante, no descartó que el avance de la instrucción derive en delitos contra el medio ambiente, en infracciones aduaneras y en el lavado de activos provenientes de esas actividades.
Entre las diligencias, Stornelli solicitó a la Secretaría de Energía la remisión completa de los expedientes en los que se dictaron las resoluciones de 2012 y 2013, incluidos los trámites del Ministerio de Planificación y de la Cancillería, junto con todo informe o acta que documente los actos concretos de exploración, con sus circunstancias de modo, tiempo y lugar.
También pidió que la Jefatura de Gabinete informe si existen denuncias o expedientes por actividades peligrosas para el medio ambiente atribuidas a la empresa desde 2012 hasta hoy, y que el Ministerio de Seguridad releve si alguna de las fuerzas bajo su órbita labró actuaciones vinculadas a las operaciones en la zona.
También requirió que se establezca si hay actuaciones en trámite en la Procuración del Tesoro y en la Procuración General de la Nación.
Por último, el fiscal ordenó verificar si hay otras causas que tramitan ante el juzgado interinamente a cargo de Julián Ercolini.
Según la Cancillería, ambos expedientes están vinculados, pues allí está la denuncia anterior sobre el proyecto Sea Lion, el más avanzado de los desarrollos petroleros en el área.
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