La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves su adhesión al sistema nacional de Revisiones Técnicas Obligatorias (RTO) que el Gobierno nacional modificó el 3 de junio a través de la Resolución 32/2026, y por la cual se modifican los plazos y se autoriza a talleres particulares o concesionarias a realizar estas inspecciones técnicas si cumplen con la reglamentación correspondiente.

Apenas 15 días después, tras su trato en comisión, el proyecto de dictamen para modificar la Ley 2.265 referida a Verificación Técnica Vehicular (VTV) en su jurisdicción llegó al recinto -como adelantó Infobae oportunamente- y fue aprobado para su puesta en vigencia.

De este modo, la ciudad de Buenos Aires modificó el régimen y desde ahora la primera VTV podrá hacerse a los cinco años del patentamiento del vehículo, en lugar de los cuatro actuales. En cuanto a los plazos siguientes, la revisión seguirá teniendo una vigencia de 24 meses (2 años) hasta que se cumplan los 10 años de antigüedad de la unidad, cuando comenzará a exigirse la inspección técnica anualmente. Hasta ahora, ese segundo período de revisiones cada dos años solo era hasta los 8 años de antigüedad de los vehículos.

Pero la gran novedad para los porteños que tengan sus automotores radicados en CABA es que las RTO dejarán de hacerse únicamente en las plantas habilitadas por el Gobierno de la Ciudad y desde esta modificación también podrán realizarla talleres mecánicos, concesionarios oficiales e importadores autorizados que cumplan con los requisitos técnicos exigidos por la reglamentación.

Habilitar un taller particular o un concesionario para efectuar verificaciones técnicas requiere que los prestadores se inscriban en un Registro Único de Talleres habilitados y cumplan con las exigencias de la norma, tanto a nivel de equipamiento como de control, ya que el nuevo sistema incluye instancias de fiscalización que aseguren que cada VTV se realice bajo estándares uniformes de seguridad vial y calidad.

Además, esta desregulación abre la competencia del servicio a nivel tarifario, ya que dejará de existir un precio regulado para las VTV y cada prestador podrá determinar su propia tarifa. De este modo, las concesionarias oficiales podrán incluirla en el costo de un service oficial, por ejemplo.

Todavía no se dieron a conocer los plazos de implementación, los cuales se sabrán una vez promulgada la ley. Actualmente, hay una gran cantidad de usuarios que deberían realizar la VTV de acuerdo con el esquema de vencimientos actual por número de patente y los plazos se modificaron hacia adelante. La implementación de los talleres particulares demandará 30 días a partir del plazo de inscripción en el registro correspondiente.

“Terminamos con el monopolio de la VTV y desregulamos el sistema: extendimos a 5 años el plazo de la primera revisión y ahora va a haber libertad para hacerlo en el taller o concesionaria que se quiera. Nuestro objetivo es abrir el juego para que el servicio sea más accesible, eficiente y enfocado en facilitarles la vida a los vecinos”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

“Modernizamos un sistema que necesitaba actualizarse, incorporamos más oferta y hacemos que cumplir con la VTV sea más fácil, manteniendo las garantías de seguridad vial que todos necesitamos”, afirmó Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura.

• El plazo de la primera verificación pasa de 4 a 5 años.
• Las siguientes tres inspecciones se realizaban en los años 4, 6 y 8. Ahora serán al año 5, al 7 y al 9.
• La quinta VTV era en el noveno año, ahora será al cumplirse los 10 años de antigüedad del vehículo. Desde entonces será anual.
• Se abre el mercado de las plantas verificadoras y la VTV se podrá hacer en concesionarios y talleres habilitados técnicamente. No habrá límite de cantidad de establecimientos habilitados.
• La nueva VTV no tendrá precio regulado, sino que el precio lo definirán los prestadores del servicio en un esquema de libre competencia. El valor del trámite incluirá la oblea identificatoria y el certificado correspondiente.

Asimismo, se informó que se mantiene la exención del pago de la VTV a jubilados, pensionados o mayores de 65 años y a personas con discapacidad que posean un vehículo con o sin adaptaciones especiales. En caso que la persona con discapacidad sea propietaria de más de un vehículo, el beneficio de exención del pago será sólo para una unidad.

Los controles del cumplimiento de la exigencia de circular con VTV al día los continuarán haciendo los Agentes de Tránsito de la Ciudad. Quienes no tengan la VTV serán multados por un monto de 400 UF ($379.996). En la ciudad de Buenos Aires, el valor de la UF es actualmente de $949,99.

El Gobierno nacional adjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como la hidrovía Paraná-Paraguay, al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus. Ambas empresas celebraron la decisión oficial y conformaron Vía Navegable Argentina (VNA), la firma que estará a cargo de la operación.

El anuncio oficial confirmó que Jan De Nul, empresa de origen belga, junto con Servimagnus, conformarán la nueva sociedad Vía Navegable Argentina (VNA), que tendrá a su cargo la operación, el mantenimiento y la modernización del corredor fluvial por los próximos 25 años. Las compañías aseguraron que su propuesta se sustenta en la inversión privada, el uso de equipamiento propio y la incorporación de tecnología avanzada.

En un comunicado, Wim Bosteels, apoderado de Jan De Nul, expresó: “Recibimos esta ratificación con satisfacción, pero sobre todo con una profunda responsabilidad. Somos plenamente conscientes de la importancia que tiene la Vía Navegable Troncal para la competitividad de la Argentina y para el desarrollo de sus cadenas productivas. Nuestro compromiso es poner al servicio del país las mejores capacidades técnicas, humanas y tecnológicas para seguir fortaleciendo una infraestructura estratégica para las próximas décadas”.

Por su parte, Marcos De Vincenzi, gerente general de Servimagnus, remarcó que la adjudicación representa el resultado de “un compromiso histórico con el desarrollo de la infraestructura logística de la Argentina”. En su declaración, enfatizó: “Presentamos una propuesta sumamente sólida, sustentada en la inversión privada, la utilización de equipamiento propio, el cuidado del ambiente, un equipo profesional altamente calificado, y una inédita transferencia tecnológica. Nuestro propósito es brindar a los usuarios y al Estado las garantías operativas necesarias para contar con una vía navegable moderna, transparente y competitiva a nivel global”.

El proyecto, que impulsará la conformación de la Vía Navegable Argentina (VNA), tiene previsto generar empleo directo e indirecto para más de 600 familias. Las empresas destacaron la relevancia del corredor fluvial para el desarrollo económico nacional y para el fortalecimiento de la competitividad argentina en los mercados internacionales.

En el comunicado conjunto, las compañías subrayaron que los trabajos de profundización y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal durante los últimos 30 años contribuyeron al crecimiento de la producción nacional, la expansión de la superficie sembrada y el aumento de los volúmenes de exportación. Afirmaron: “Durante los últimos 30 años, los trabajos de profundización y mantenimiento ejecutados en la Vía Navegable Troncal han contribuido decisivamente al crecimiento de la producción nacional, la expansión de la superficie sembrada, el aumento de los volúmenes exportados y la generación de divisas para la Argentina”.

Respecto a los próximos pasos, Jan De Nul y Servimagnus anunciaron que pondrán a disposición su experiencia y recursos para la ejecución de las obras, el mantenimiento y la operación de la vía. En la nueva etapa, anticiparon la incorporación de tecnología de última generación, con estándares occidentales de calidad, seguridad y desempeño ambiental. Según el comunicado, la VNA trabajará para “impulsar una vía navegable más moderna, eficiente y sustentable, incorporando tecnología de última generación bajo los más altos estándares occidentales de calidad, seguridad y desempeño ambiental con el objetivo de fortalecer la competitividad del sistema logístico argentino, reducir los costos asociados al comercio exterior y contribuir al crecimiento de las exportaciones y al desarrollo económico del país”.

Las empresas insisten en que el proyecto busca no solo mantener la operatividad sino también modernizar la infraestructura, con el objetivo de garantizar una vía navegable transparente y eficiente en el largo plazo. La sociedad que administrará la concesión desarrollará una política de generación de empleo y transferencia tecnológica, priorizando el impacto positivo sobre la economía local y regional.

En sus declaraciones, los responsables del consorcio enfatizaron la importancia estratégica de la hidrovía para la economía nacional y para las cadenas productivas ligadas a la agroindustria y la exportación. Jan De Nul y Servimagnus remarcaron que su gestión se basará en la aplicación de recursos propios y en la implementación de innovaciones tecnológicas que permitan dar un salto de calidad en el funcionamiento del corredor fluvial.

El proyecto implica la creación de una nueva sociedad, Vía Navegable Argentina, que asumirá la gestión integral del sistema. La iniciativa prevé mejoras en la infraestructura, el uso de tecnologías de última generación y la aplicación de estándares internacionales en materia de seguridad y protección ambiental. Según los responsables del consorcio, el modelo de gestión elegido permitirá “brindar a los usuarios y al Estado las garantías operativas necesarias para contar con una vía navegable moderna, transparente y competitiva a nivel global”.

El anuncio de la adjudicación de la concesión y la conformación de la nueva sociedad recibió respaldo por parte de los actores involucrados, quienes consideran que la continuidad y modernización del corredor fluvial representa una oportunidad para consolidar el crecimiento económico y la inserción internacional de la Argentina.

El año electoral que se avecina no es solo un desafío político para la administración de Javier Milei. También será una prueba financiera de magnitud: los vencimientos de deuda en moneda extranjera previstos para 2027 son lo suficientemente elevados como para exigir una estrategia de pre-financiamiento activa, según advierte el banco JP Morgan en su último informe sobre la economía argentina.

El diagnóstico del banco de inversión más grande de EEUU reconoce avances en el frente fiscal, pero pone el foco en la magnitud de las obligaciones que se acumulan el año próximo y en la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento para hacerles frente.

El dato central que expone J.P.Morgan es contundente: para todo el año 2027, los requerimientos de divisas del sector público ascienden al 3,7% del PBI. Pero esa cifra sube al 5,3% del PBI si se incorpora el servicio de deuda del Banco Central, que incluye los Bopreal y los repos con bancos internacionales.

En términos absolutos, el banco calcula que, asumiendo una renovación total de la deuda en pesos, la brecha de financiamiento en dólares para 2027 se ubica en torno a los USD 9.000 millones, equivalente al 1,4% del PBI. Ese número se reduce a cerca de USD 4.000 millones bajo el escenario en que el BCRA logra renovar sus repos con bancos del exterior. En cualquiera de los dos casos, la brecha es significativa para una economía que todavía trabaja en la reconstrucción de sus reservas.

Para cubrir esa brecha, J.P.Morgan señala dos caminos posibles: la emisión de deuda en los mercados internacionales —“siempre que el Gobierno esté dispuesto a convalidar los rendimientos de mercado vigentes”— o el recurso a fuentes alternativas de financiamiento. La elección entre uno y otro dependerá, en gran medida, de las condiciones que ofrezca el mercado a medida que avance el calendario electoral.

Ante ese panorama, J.P.Morgan destaca que las autoridades ya trabajan proactivamente para prefinanciar las necesidades de 2027. La estrategia apunta a lo que el banco describe como construir “antifragilidad”: fortalecer la posición financiera antes de que la incertidumbre electoral genere turbulencias en el mercado de deuda.

En ese marco, la entidad contempla en sus proyecciones la colocación de USD 2.500 millones adicionales en Bonares durante el segundo semestre de este año, por sobre USD 4.000 millones ya comprometidos para 2026. Esto es, una estrategia de acumulación de fondos que se anticipe a los vencimientos de 2027, de modo de reducir la exposición a la volatilidad que suele acompañar a los períodos preelectorales en Argentina.

El banco subraya que “la escala de las obligaciones en moneda extranjera en 2027 y más allá subraya la necesidad de complementar la acumulación de reservas con opciones de financiamiento diversificadas”. En esa línea, J.P.Morgan identifica tres pilares para sostener la consistencia del programa financiero en el mediano plazo: “la disciplina fiscal sostenida, la gestión activa de pasivos y una revinculación gradual con los mercados internacionales”.

Para el tramo que resta de 2026, el diagnóstico de JP Morgan es más tranquilizador. El banco estima que las necesidades de financiamiento en moneda local entre junio y diciembre equivalen al 6,9% del PBI, y las de moneda extranjera al 1,6% del PBI.

Estas últimas, según el informe, “deberían ser manejables” incluso bajo el escenario en que solo se renueve el 80% de la deuda en pesos, gracias a los ingresos provenientes de emisiones de deuda doméstica en dólares, préstamos externos respaldados por organismos multilaterales y fondos esperados de privatizaciones.

En el frente en pesos, la tabla de usos y fuentes elaborada por JP Morgan muestra que las amortizaciones de deuda en moneda local previstas para 2027 ascienden a 110.000 millones de pesos —unos USD 60.600 millones al tipo de cambio proyectado—, con fuentes que incluyen depósitos del Tesoro en el Banco Central y nuevas colocaciones de deuda. La brecha en pesos para ese año se estima en 34.347 millones de pesos, equivalente al 3,3% del PBI.

El otro costado del análisis de JP Morgan refuerza la solidez del esquema macroeconómico. El banco señala que “el compromiso de la administración Milei con el equilibrio fiscal permanece intacto”, pese a la caída de los ingresos registrada en lo que va del año.

En mayo, el superávit primario superó las estimaciones del propio banco, con un resultado positivo de USD 1.400 millones que llevó el acumulado del año al 0,8% del PBI. El resultado global —que incluye el pago de intereses— también arroja superávit, en este caso del 0,2% del PBI, en línea con el nivel registrado en el mismo período del año anterior. Medido en los últimos doce meses, el superávit primario corre al 1,4% del PBI.

Para todo 2026, JP Morgan proyecta un presupuesto equilibrado. El banco estima que un superávit primario del 1,5% del PBI será suficiente para cubrir los pagos de intereses. Por el lado de los ingresos, espera una suba de 0,5 puntos del PBI, impulsada principalmente por ventas de activos estatales —equivalentes al 0,3% del PBI— y una recuperación de los ingresos vinculados a la actividad en el segundo semestre. Ese incremento quedaría compensado, en parte, por un mayor gasto social, con nuevos compromisos que incluyen mayores transferencias para el financiamiento universitario.

JP Morgan advierte que, a medida que se consolide el impulso de la actividad económica, la estrategia de consolidación fiscal tenderá a virar: pasará de centrarse en la contención del gasto hacia una mayor movilización de ingresos. En términos de nivel, el gasto primario todavía se ubica un 29% por debajo del promedio de 2017-2019, con caídas particularmente pronunciadas en subsidios económicos —60% menos— y en inversión pública —76% por debajo de aquel período.