POLITICA
El juez Mario Fera: “La reforma laboral redujo fuertemente los costos de despido”

Mario Fera lleva casi cuarenta años dentro del Poder Judicial y veinte como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Vio cambiar el mercado laboral, las formas de contratación, fue testigo del impacto de la tecnología y también de las nuevas leyes que regulan el vínculo entre trabajadores y empleadores. En marzo, la Ley de Modernización Laboral volvió a modificar las reglas del trabajo y abrió discusiones en torno al costo de despedir a una persona, qué puede negociar individualmente un trabajador con su empleador, qué lugar conservan los sindicatos, cómo reducir la informalidad laboral y qué ocurrirá con el fuero laboral porteño. Entonces, ahora a Fera le toca atravesar una de las transformaciones más profundas del derecho laboral argentino de las últimas décadas.
En esta nueva entrega de Sr. Juez, un ciclo dedicado a explorar las experiencias, pasiones y dilemas que moldean el pensamiento de los jueces más importantes de la Argentina, Fera niega la existencia de una “industria del juicio”, explica qué cambió con la reforma laboral y reflexiona sobre el futuro del trabajo a partir de la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV.
—En este momento, el gran tema, no solo en Argentina sino también en el mundo, es el futuro del trabajo. Se plantea un escenario en el que hay dos velocidades: un trabajo que empieza a moverse al ritmo de un mundo hiperacelerado y, a la vez, la Justicia como una dinámica que tiende a llevar sus tiempos. ¿De qué manera pueden equipararse las dos velocidades?
—Es un gran desafío. Primero, porque la evolución que está teniendo el trabajo a nivel mundial en las últimas décadas, y año tras año de una manera cada vez más acelerada, es un tema de estudio a nivel mundial y de asombro también. Ya desde algunas décadas se viene alertando sobre los cambios vertiginosos y la posibilidad de que se produzca el fin del trabajo, como se decía algunas décadas atrás en algún libro emblemático.
La regulación del trabajo para proteger los derechos de las personas que trabajan, para que puedan vivir dignamente, es lo que dio origen al derecho del trabajo, que es una rama del orden jurídico y del conocimiento jurídico que se ocupa de las personas que trabajan fundamentalmente en relación de dependencia y que obtienen un salario que les permite vivir dignamente.
Y a los jueces laborales, a quienes tenemos vocación de trabajar en los temas sociales y laborales, tanto individuales como colectivos, se nos asigna la responsabilidad de poder guiar los derechos de las personas para que puedan vivir dignamente, insertarse en el mundo, producir, sentirse útiles y también sentirse parte de lo que es la creación. Quienes somos creyentes interpretamos que los seres humanos, en el transcurso de la vida, contribuimos a la labor creadora de Dios y eso nos hace seres humanos con mayúsculas. Todos tenemos derecho a poder vivir en la humanidad.
La responsabilidad de la Justicia del Trabajo en tiempos de tantos cambios creo que es fundamental, en la medida en que nos permite, desde el límite que tenemos, que es resolver conflictos individuales y a veces colectivos, establecer los derechos de las personas para que puedan vivir dignamente. A la vez, hacerlo en un contexto en el que, cuando declaramos un derecho, en una sociedad capitalista como es en la que vivimos, haya quien pueda pagarlo por deber ese derecho.
A la vez que uno reconoce un derecho, también está reconociendo una obligación de parte de quien forma parte del sistema social y es, en general, parte de un emprendimiento empresario por el que trata de obtener ganancias.
Con lo cual, el rol de la Justicia Laboral en un mundo de cambios vertiginosos es cómo poder llevar adelante el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras, a la vez que reconocer que el obligado sea quien pueda solventar, pagar esos derechos y también vivir y tener una ganancia por el fruto de su emprendimiento.
—Lo escucho y me es inevitable pensar en los dichos del papa León XIV en la encíclica Magnifica Humanitas. ¿Cree que esa perspectiva puede ser una guía respecto al futuro del trabajo?
—Por supuesto. Es un tema crucial el que me decís, porque justamente yo estoy leyendo la riqueza que tiene este documento, esta encíclica de León XIV, que creo que viene a iluminar un aspecto de la vida actual que estamos atravesando, que es el de los cambios que produce en los seres humanos el desarrollo de la inteligencia artificial.
Con un gran desafío hacia el futuro, que es el dominio del ser humano sobre la tecnología. Creo que es uno de los grandes dilemas, si no el más importante, que atraviesa la humanidad en este momento.
Me parece que poner al ser humano en el centro del universo y apuntar, a través de todas las políticas de los Estados y de cada persona que tenga una responsabilidad pública, a mantener los valores de la humanización del mundo va a ser crucial en esta etapa, para que la cultura que se está viviendo de cambios tremendos no nos lleve a perder los valores que ponen al ser humano en el centro del universo.
Realmente me parece una encíclica que tiene una muy evidente inspiración en todo lo que es la doctrina social de la Iglesia, que fue siguiendo los distintos cambios que la humanidad fue teniendo. Desde la encíclica Rerum Novarum hasta nuestros días, a través de los distintos documentos que la Iglesia fue planteando con la interpretación de los temas sociales. Sabemos que hay una gran sabiduría en todo el camino que la Iglesia fue haciendo en los documentos que fueron marcando la doctrina social.
Llevando estos valores que hoy iluminan de una manera muy particular porque, como sostiene la misma encíclica, estamos frente a un dilema en el cual el ser humano, con una herramienta tan poderosa como es la que proporciona la inteligencia artificial, tiene, según los criterios éticos que estén detrás del desarrollo, la posibilidad de lograr un gran bienestar para los seres humanos, pero también con el riesgo de que la humanidad vuelva a caer en el endiosamiento de determinadas herramientas que siempre tienen que ser un medio y nunca un fin en sí mismo.
—¿La Justicia y las leyes argentinas están en condiciones de enfrentar un mundo signado por la inteligencia artificial?
—Yo creo que hoy ninguna sociedad en el mundo está preparada para el embate que representa el desarrollo tan vertiginoso de la tecnología y, en particular, de la llamada inteligencia artificial.
En Argentina estamos viviendo un contexto político, económico y cultural muy particular. Sabemos que el tema del trabajo fue y es objeto de preocupación, no solo de este gobierno sino de los gobiernos de los últimos años, y probablemente lo sea de los que siguen.
Este gobierno se encargó de promover una reforma que fue aprobada con cambios, pero que es muy significativa porque modifica el derecho del trabajo de los últimos cincuenta años en dos textos normativos que fueron aprobados: la llamada Ley de Bases, en el año 2024, y la llamada Ley de Modernización, este año, en marzo.
Producen cambios fuertes en el derecho del trabajo, tanto en la faceta individual, que es la que vincula a un trabajador con un empleador, como en el derecho colectivo, que es la que organiza a todas las asociaciones sindicales y regula la relación entre ellas, con los empleadores, con las asociaciones de empleadores y con el Estado.
Esto nos pone de cara a un desafío social que la Justicia del Trabajo afronta también. En Argentina, como país federal, tenemos veinticuatro organizaciones judiciales que tienen temas laborales, entre ellas la Nacional y Federal, que fue objeto también de modificación por la ley.
Vamos a enfrentar —ya estamos enfrentando— en los próximos meses y años una transformación también de quienes recurran a la Justicia para hacer valer sus derechos del trabajo, porque va a haber una modificación, en particular en la Capital Federal, donde se está creando por ley y se están concursando cargos para una Justicia Laboral local en la Ciudad de Buenos Aires.
De alguna manera, siguiendo el mandato que la Constitución de 1994, según lo interpretó la Corte Suprema, entiende que tiene que existir una Justicia Laboral en la Ciudad de Buenos Aires.
Esto va a coexistir por un tiempo con la actual Justicia Nacional del Trabajo, de la que formo parte, y va a haber un tiempo de transición.
Al día de hoy, los conflictos laborales siguen resolviéndose como se resolvían hasta ahora. La Justicia Nacional del Trabajo es la única competente para entender en los temas laborales. Cualquier persona que tenga hoy un conflicto laboral que no pueda resolver o autocomponer con su empleador recurre a la Justicia Nacional del Trabajo, que recibe miles de demandas por año. Estamos resolviendo una cantidad de trabajo incesante porque, además, somos menos de los jueces que deberíamos ser y estamos llevando adelante una tarea con mucha responsabilidad.
—Me detengo en los cambios. Llevémoslo a la calle. Si tuviera que explicar de la manera más simple posible qué cambia en términos de legislación laboral con la modernización laboral, ¿cómo lo explicaría?
—Hoy hay algunos cambios que introdujo la ley que son muy concretos y precisos. Tanto la llamada Ley de Modernización como la llamada Ley de Bases, que son los dos instrumentos normativos vigentes de este gobierno, lo que hicieron fue reducir fuertemente los costos del despido porque bajaron todas las indemnizaciones agravadas que venían vigentes desde décadas en Argentina.
Entonces, hoy es para un empleador mucho más barato, en términos económicos concretos, poder despedir sin justa causa a una persona trabajadora.
Este es uno de los puntos fundamentales, porque era un tema que preocupaba mucho: la superposición de indemnizaciones que había cuando se declaraba injusto un despido.
Por otro lado, la llamada Ley de Modernización viene a introducir como muy novedoso en el derecho del trabajo argentino la posibilidad de renegociar o negociar dentro del contrato de trabajo institutos que tradicionalmente no era posible cambiar: horarios, vacaciones, jornada.
—¿Negociaciones individuales o colectivas?
—Individuales. Lo cual es sensible y delicado, porque el derecho del trabajo es una construcción jurídica sobre la base de la vulnerabilidad negocial de la persona trabajadora.
Y eso hace que el orden jurídico, las leyes, prevean determinados pisos por debajo de los cuales no se puede negociar individualmente.
—En síntesis, no están en la misma condición el empleador que el empleado.
—Exactamente. Esto es la esencia por la cual nació el derecho del trabajo como rama autónoma del orden jurídico y del conocimiento jurídico: el estado de vulnerabilidad negocial.
Hoy el término vulnerabilidad es un término moderno que se utiliza para designar determinados colectivos de personas que están en condiciones de debilidad por alguna razón. Se habla así de las personas discapacitadas, de las personas ancianas, de todas las personas que tengan algún factor que las hace socialmente vulnerables.
En el derecho del trabajo lo que se produce es una vulnerabilidad en un aspecto, que es el aspecto negocial, tanto para pactar un contrato de trabajo como para renegociar dentro del contrato de trabajo en desarrollo.
Esta vulnerabilidad negocial hace que la ley proteja a la persona trabajadora y no permita que negocie por debajo de determinados mínimos que son inderogables o irrenunciables para la ley.
En esto, la llamada Ley de Modernización 27.802, vigente desde hace pocos meses en Argentina, lo que trata es, en algunos institutos, de equiparar a las partes, crear una especie de autonomía en la persona trabajadora para que pueda negociar.
Lo hace sobre la base, justamente, de lo que conversábamos: los cambios acelerados que se producen en el trabajo a nivel mundial hacen que las personas trabajadoras hoy, a diferencia de otras épocas en las que los esquemas de vida eran mucho más tradicionales, puedan querer trabajar menos horas más días, o más horas menos días, o tomarse vacaciones en determinados momentos o fraccionar sus vacaciones.
Entonces, en pos de esto, la ley abre la posibilidad de negociar. Y esto es un arma de doble filo porque, como se sabe que el trabajador es una persona vulnerable dentro de la relación negocial, puede dar lugar a abusos.
Esto es un desafío que, en parte, las instituciones del derecho del trabajo —trabajadores, empleadores, asociaciones sindicales, asociaciones de empleadores y la misma Justicia del Trabajo— van a tener que ir analizando casuísticamente, para que se mantengan los valores que hacen a la construcción jurídica del derecho del trabajo y de toda persona trabajadora, que es concretamente no ser abusada en la relación de vulnerabilidad negocial.
Pero, por otro lado, permitirle a esa persona gozar de los beneficios cuando ella misma decida, por ejemplo, modificar el régimen vacacional, la jornada de trabajo, trabajar desde su casa, etcétera, que hasta hoy la ley, por su rigidez, no lo permitía.
Es un desafío que plantea la ley, porque quienes estamos en el derecho del trabajo desde hace muchas décadas vemos con cierta desconfianza la posibilidad de negociar, porque sabemos que la persona trabajadora está en condiciones de vulnerabilidad.
Algunos más y otros menos, porque el derecho del trabajo se construyó históricamente sobre la base de un modelo rígido, donde antes se planteaba que una persona ingresaba en un trabajo, trabajaba toda su vida, hacía carrera y lo hacía durante un determinado tiempo del día y determinados días de la semana.
Hoy la cultura del mundo cambió muchísimo por diversos factores que hacen que el derecho del trabajo tenga que resignificarse, manteniendo esos valores de protección de la persona vulnerable en la negociación, pero a la vez tratando de captar todas las nuevas realidades culturales y llevarlas al derecho de una manera que permita equilibrar la dignidad de la persona con las posibilidades de cambio para que el mundo sea más moderno y nos permita convivir en armonía.

—¿Siguen teniendo sentido los sindicatos?
—Por supuesto. Justamente hablábamos de la encíclica papal, Magnifica Humanitas, y es uno de los aspectos que señala como muy importantes en la sociedad actual y en la que se viene: el sostenimiento de las instituciones intermedias.
En general, en el desarrollo de dos principios que las encíclicas de la Iglesia sostienen desde hace muchos años: los principios de subsidiariedad, en función del cual el Estado tiene que permitir el juego de las instituciones intermedias para representar a las personas en todo aquello que las personas por sí solas no puedan hacerlo, y el principio de solidaridad, que permite que, dentro del manejo de esta concepción estatal, sin invadir a las personas, genere las condiciones que permitan el bien común y que todas las personas puedan desarrollar un sentimiento de agruparse, compartir valores y sentirse en un espacio común.
Esto no es novedoso dentro de la doctrina de la Iglesia. Ya lo venía diciendo también el papa Francisco en la Fratelli y en la Laudato si’, donde hablaba de la casa común. La importancia que tienen la solidaridad y la subsidiariedad.
Dentro de este contexto, el sindicato, el sindicalismo, las asociaciones sindicales vienen a cumplir un rol esencial en el desarrollo de los derechos del trabajo, que es tomar todos aquellos aspectos que la persona trabajadora aisladamente no puede desarrollar y necesita socializar con sus pares para que los intereses comunes que tengan en el ámbito laboral puedan desarrollarse a través de una representación sindical que les dé fuerza.
Esto tiene que trascender necesariamente las coyunturas que nosotros muchas veces ponemos como vidrieras para opacar determinadas instituciones. No hay que confundir a la institución sindical y su valor con la interpretación que nosotros hacemos a partir de algunos ejemplos personalizados.
Muchas veces se demonizan determinadas instituciones porque hay determinadas personas contra las cuales se apunta y se las pone en un rol de subestimación o de reproche, y entonces se reprocha a las instituciones sindicales.
No se puede juzgar a las instituciones solamente por las personas ni por algunas personas. Hay que valorar las instituciones, resignificarlas y saber que los seres humanos podemos equivocarnos, podemos desarrollar una vida de mayor o menor virtud, pero eso no opaca el sentido más profundo de las instituciones.
Y esto no solo pasa a nivel sindical, sino también a nivel político. Cuando muchas veces se habla de la casta política, hoy es una cuestión muy de moda en Argentina porque fue una de las razones que permitió a este gobierno lograr una mayoría para asumir.
La política también es una herramienta que hace al bien de la sociedad, bien utilizada, y es absolutamente necesaria para permitir que las instituciones democráticas funcionen.
Cuando se habla de la casta política en un sentido peyorativo, es evidente que de lo que se está hablando es de los excesos de la política para beneficiarse individualmente o egoístamente y dejar de perseguir los verdaderos valores de la política.
Esto mismo pasa con las instituciones sindicales. Tenemos que revalorizarlas, resignificarlas y, por supuesto, controlarlas de la manera en que la ley nos permita y que las instituciones democráticas funcionen a través del sistema de frenos y contrapesos.
—¿Hace cuántos años es juez del fuero laboral?
—Hace veinte años que soy juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y ocupé también un rol como secretario letrado de la Corte con anterioridad, durante diez años, y fui empleado y funcionario de la Justicia Nacional del Trabajo.
Mi carrera judicial tiene más o menos cuarenta años. Voy a cumplir, en el año 2027, cuarenta años entre la experiencia que tuve en la Justicia Nacional del Trabajo y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
—En esos cuarenta años vio un mundo laboral, un mercado laboral, que cambió enormemente. ¿Cómo ve que cambió el trabajo en Argentina en estas últimas cuatro décadas?
—Los cambios en Argentina… Uno tiene una percepción individual y personal y también, inevitablemente, desde la función, una visión institucional.
La verdad es que, en lo personal, a mí lo que más me impacta de los cambios en Argentina es la influencia de la tecnología y diría también la evolución que tuvo la visibilización, a nivel social, de los problemas de discriminación y todo lo que se relaciona con la discriminación.
Creo que en eso hubo una evolución cultural muy importante en Argentina: toda la percepción de los problemas, la influencia de la tecnología y los cambios que produjo la concientización acerca de los colectivos discriminados.
Hoy creo que los desafíos más importantes para nuestro país tienen que ver con la inclusión social. Desde el punto de vista del trabajo, me preocupa ver colectivos excluidos.
Creo que, siguiendo las enseñanzas de la Iglesia, sería muy importante el desarrollo de políticas inclusivas que permitan reducir los niveles de desempleo o de subempleo, o el trabajo informal o clandestino.
Eso es un tema que me preocupa mucho desde el presente hacia el futuro, en parte por el desarrollo de las tecnologías, que son excluyentes de las personas no calificadas.
Por eso creo que la promoción de políticas de empleo acompañadas de políticas educativas que se introduzcan en la formación, en los programas de estudios formales de la educación, son claves para la gobernanza del presente y del futuro en Argentina.
Creo que en esto hay que reconocer que las leyes promovidas por este gobierno tienden a la formalización de la economía, aun cuando uno pueda no compartir las categorías conceptuales en base a las cuales se procura la formalización.
Esto me parece un elemento importante porque nuestra sociedad tiene un flagelo muy grande, que es la economía clandestina, que se da en el mundo de las relaciones laborales, y eso genera todo tipo de discriminaciones y abusos.
Cuando hay trabajo clandestino se pueden producir todo tipo de abusos en aquellos aspectos en los que nuestra cultura es reprobable. Por eso el tema de la visibilización de la discriminación me parece un factor importante.
Y después, el desarrollo del manejo de la gobernanza en materia tecnológica me parece fundamental.
Sobre esto también alerta la OIT en un documento muy importante. La Organización Internacional del Trabajo produjo en el año 2019 una declaración sobre el futuro del trabajo, donde exhorta a los gobiernos a desarrollar políticas —lo que llama la gobernanza del trabajo— laborales que tiendan a captar los cambios más importantes que se están dando en el mundo y llevarlos a las normas para que esto ayude a la dignificación y a la inclusión de las personas, a lo que la OIT llama el trabajo decente.
Me parece muy importante en Argentina poder trabajar en pos de estos valores.
Esto es un poco lo que, tal vez desarticuladamente, estoy respondiendo a esta pregunta que me hiciste, porque me resulta muy difícil pensar qué pasó en estos cuarenta años en Argentina en el trabajo.
Los niveles de litigiosidad judicial fueron crecientes. Obviamente, la conflictividad judicial muchas veces tiene que ver casi directamente con la conflictividad social.
Argentina es un país donde yo percibo mucha conflictividad no resuelta y, en parte, esto es un problema en el que el sistema judicial creo que tiene una deuda pendiente con la sociedad: juicios más rápidos, respuestas más rápidas para que las personas puedan resolver sus conflictos y no estén con conflictos pendientes, porque eso también socialmente hace que seamos una sociedad muy susceptible frente a cualquier problema.
—¿Hay tal cosa como una industria del juicio?
—No, de ninguna manera.
Lo que hay son, por supuesto, como en todos los ámbitos judiciales, abusos de la posibilidad de reclamar frente a situaciones que objetivamente no dan para hacer un reclamo.
Pero esto puede pasar tanto en el derecho del trabajo como en el derecho civil o en otras ramas del orden jurídico.
Yo, en mis cuarenta años de experiencia en el fuero laboral y mis veinte años de juez de Cámara, creo que la expresión “industria del juicio” es muy fuerte. Un mote muy fuerte como para que, sospechosamente, no haya generado ninguna acción judicial para que se identifique dónde está esa industria, quién la realiza.
Esto no existe.
Obviamente que hay situaciones de abuso que nosotros vemos muchas veces en el fuero, en la Justicia, y cuando advertimos una situación que puede ser abusiva, enseguida investigamos y determinamos las consecuencias.
Por ejemplo, cuando se reclama dos o tres veces por una misma causa en distintos juzgados o en distintas jurisdicciones.
Pero el sistema judicial tiene sus propios mecanismos de percepción, de investigación y de castigo, y muchas veces se han detectado situaciones de abuso y se han castigado.
Lo que sucede es que muchas leyes en Argentina se hicieron sobre la base de la desconfianza en la persona reclamante y eso también, indirectamente, invita muchas veces al litigio porque, al generarse sobre la desconfianza, lo que hacen las leyes es muchas veces dejar vacíos o generar problemas interpretativos que necesariamente son susceptibles de una respuesta judicial. Entonces no queda otra situación que el litigio.
Nosotros en la Justicia vemos muy claramente cientos de temas que no deberían estar en el sistema judicial y deberían haberse resuelto autocompuestos o compuestos por un método de resolución de conflictos alternativo al judicial.
Y eso en Argentina es uno de los temas tal vez flojos.
—Pienso en la legislación nueva. ¿Qué otras estrategias podrían encontrarse para enfrentar este exceso de conflictividad judicial? ¿Hay algo que se haga en otros lugares del mundo que sirva como parámetro? ¿Cree que la legislación nueva puede ayudar en esa dirección?
—Yo soy un fuerte defensor de los mecanismos de solución de conflictos conciliados, prejudiciales, antes de la instancia judicial, mediante la profesionalización del método conciliatorio, que en el derecho del trabajo creo que es fundamental y funciona en otros países del mundo.
En Argentina tenemos un sistema de conciliación laboral en la Capital Federal y también en muchas provincias que lo desarrollan. Es un sistema que creo que debe ser perfeccionado, mejorado, más profesionalizado.
Creo que eso puede disminuir drásticamente la cantidad de conflictos que después derivan en el sistema judicial y creo que en eso hay que trabajar mucho.
Se viene trabajando. Por lo menos me consta porque fui convocado para una comisión en la que se designaron los últimos conciliadores hace algunos años.
Creo que hay que trabajar mucho en eso desde un nivel mucho más profesional, porque funciona en otras partes del mundo.
También hay que trabajar en una cultura jurídica mucho menos conflictiva. Nosotros tenemos quizás un defecto en la formación de la abogacía en Argentina, que es la cultura adversarial.
Los abogados y abogadas, normalmente, cuando nos formamos, nos formamos para el litigio y no tanto para el avenimiento de las partes.
Creo que esto es un método que debería ser parte de los planes de estudio con mucha más fortaleza en la carrera de Abogacía y también del desarrollo de posgrados o de saberes especializados que permitan desarrollar conocimientos multifacéticos, interdisciplinarios, que no solo analicen temas jurídicos sino también de tipo psicológico.
Porque el conflicto en sí mismo es parte de la psicología humana natural, pero cuando esto se entrelaza con cuestiones jurídicas e intereses económicos, se complejiza.
Y muchas veces los tribunales no tenemos las herramientas suficientes para entender la complejidad y lo multifacético de los conflictos.
Nos ayudaría muchísimo la profesionalización y las herramientas que nos den elementos psicológicos para sobrellevar un conflicto.
De hecho, en mi tribunal tratamos de recurrir permanentemente a los métodos conciliatorios, aun cuando los expedientes llegan ya con una sentencia dictada y una posibilidad de revisión, porque creemos que la solución que las partes pueden darse a un conflicto es mejor incluso que la que le puede dar el sistema judicial.
Nunca, en la psicología humana —y esto creo que está estudiado por la ciencia—, es bueno que un tercero venga a poner solución a un conflicto que dos o más partes iniciaron.
Lo mejor es que las propias partes sean adultas para resolver lo que ellas mismas generaron.
Pero el sistema judicial tiene que estar para resolver todo aquello que no puedan autocomponer las partes. Y más en un derecho como el del trabajo, que muchas veces tiene aspectos que son indisponibles, irrenunciables y que solamente un tribunal los puede determinar.
—¿Cómo le explicaría a los argentinos qué impacto tendría el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué significa y qué cambia?
—Se trata de la creación de una Justicia Laboral en la Ciudad de Buenos Aires.
Argentina tiene, sabemos, veintitrés provincias y cada una tiene una Justicia Laboral. La Ciudad de Buenos Aires es un Estado autónomo al que le dio una autonomía particular la reforma constitucional de 1994, pero no tiene ni Justicia Civil, ni Justicia Laboral, ni Justicia Comercial. Tiene una Justicia Penal y Contravencional y Contencioso Administrativa local.
La idea, el criterio de la Corte Suprema en su evolución sobre cómo debe ser completada la reforma constitucional, es que también la Ciudad de Buenos Aires tenga una Justicia Laboral.
Y la Ley 27.802 de Modernización Laboral aprobó la creación de una Justicia Laboral en la Ciudad y la transferencia de competencias.
Esto hace que hoy haya un proceso de transición.
Hasta que la Justicia Laboral de la Ciudad se cree y entre en funcionamiento, que probablemente ocurra en el año próximo o en los próximos tiempos, va a haber una especie de convivencia entre dos organizaciones judiciales, lo cual va a ser un poco complejo.
Yo trataría de explicarlo en términos simples, pero lo cierto es que es un proceso institucional complejo.
Hoy, quien tiene un juicio, un problema laboral, trabaja en la Capital Federal —aun cuando viva en la provincia de Buenos Aires o en otra provincia—, pero su lugar de trabajo es en Capital Federal, el tribunal competente al que tiene que recurrir es la Justicia Nacional del Trabajo, porque es la única Justicia existente.
Ahora está en proceso de creación la Justicia Laboral de la Ciudad de Buenos Aires.
Por un tiempo va a haber una convivencia hasta un momento de corte en el cual los juicios se van a iniciar en la Justicia Laboral de la Ciudad, para los juicios individuales del trabajo.
Porque la Justicia Nacional del Trabajo tiene justificación, además de histórica, porque además de juicios individuales de trabajo entre un trabajador y un empleador, tiene juicios de carácter colectivo donde se involucran asociaciones sindicales que muchas veces tienen ámbito territorial nacional.
Y por eso la Justicia Nacional del Trabajo tiene una justificación territorial de todo el país.
Con la Ley 27.802 lo que se procura es que los juicios individuales del trabajo, a partir de la creación de la Justicia de la Ciudad, tramiten en la Justicia de la Ciudad.
Y los juicios colectivos, según lo plantea la ley, serían de competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal, lo cual, desde mi perspectiva, va a generar alguna conflictividad y creo que tal vez no es lo mejor desde el punto de vista de lo que se avanzó en Argentina y se consolidó, que es la especialidad del fuero laboral.
Entonces, la Justicia Nacional del Trabajo, que está planteada como una Justicia de transición, quizá debería resignificarse y tomar todos los juicios que sean de carácter colectivo, de carácter interjurisdiccional.
Es decir, por ejemplo, una persona que vive en una provincia y trabaja en otra o en la Capital Federal. Los casos laborales que tengan componentes que abarquen distintas jurisdicciones territoriales.
Y también, quizás, los temas federales que involucran al Estado nacional. Esta es la justificación que me parece que debería tener.
Todo lo cual es dentro de un marco institucional y político complejo.
Si hoy tuviera que decirle a una persona que es trabajador o trabajadora de la Ciudad y tiene que iniciar un juicio, hoy el único tribunal existente para resolver un juicio laboral es la Justicia Nacional del Trabajo.
Y probablemente en los próximos tiempos lo sea la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que todavía está en un plano incipiente de creación, porque hoy la Justicia Nacional del Trabajo tiene ochenta juzgados y diez salas, mientras que la Justicia de la Ciudad se creó con diez juzgados y apenas dos salas, con lo cual es muy reducida como para captar hoy la conflictividad actual que tiene el mundo del trabajo en la Capital Federal, que es el principal distrito del país en cuanto a cantidad de conflictos y a radicación de las empresas más importantes del país.
Esto va a ser un tema en el que probablemente tengamos que trabajar a través de un diálogo institucional para lograr una armonía y que esto no perjudique tanto a las personas que van a buscar una respuesta al sistema judicial como a los profesionales de la abogacía que litiguen.
Hoy estamos viviendo una situación de transición y es ciertamente problemática.
Pero así como digo esto, también digo que estamos haciendo un gran esfuerzo desde la Justicia Nacional del Trabajo, en las dos instancias, para poder llevar adelante con la mayor rapidez la resolución de los miles de conflictos judiciales que hoy tenemos a estudio.
—Hace un ratito habló del aspecto psicológico del conflicto. ¿Hace terapia?
—Sí, hago terapia. Desde hace muchos años y me ayuda mucho en la interpretación de los temas individuales que tengo, vivenciales, y también en la percepción de mi función, que es muy compleja y que me excede en cantidad, en calidad, y también a lograr los equilibrios para desarrollar sanamente y resolver muchas veces cosas que uno trae aparejadas de su historia y que tiene que visibilizar, identificar y resolver.
Me ayuda mucho y es una gran profesional a quien realmente le agradezco ese seguimiento.
—¿Diría que hacer terapia lo hace ser mejor juez?
—Yo creo que todo lo que uno hace para mejorar su calidad humana repercute en el mejor desarrollo de la función.
Así que sí, debería ser así. Espero que lo sea realmente, porque lo hago porque soy consciente de la responsabilidad que tengo en la función, de la cual estoy agradecidísimo a la sociedad argentina de que me dé esta posibilidad.
Yo creo que la labor judicial, que para mí es algo vocacional, es una gran oportunidad de devolver a la sociedad todo aquello que pueda hacer a una distribución más justa de los bienes.
Y en esa responsabilidad trato de andar cuando trabajo cotidianamente cada expediente, cuando tengo que formar equipos de trabajo para que puedan entender también la función judicial.
Se trabaja en equipo, se delegan muchas cosas, se conversan muchos temas y eso también hace a la riqueza de lo que es la carrera judicial, que yo fomento mucho en mi ámbito.
—¿Siempre supo que se iba a dedicar a esto? Porque tengo entendido que tal vez existía la posibilidad de que fuera periodista.
—Cuando tuve que optar por mi carrera universitaria, me inscribí en las dos carreras, en Periodismo y en Abogacía, ambas con vocación de justicia.
En el Periodismo porque tenía la firme vocación de hacer periodismo de análisis que me permitiera investigar y lograr transmitir a la sociedad mayor transparencia.
Y cuando finalmente decidí estudiar Derecho, porque no podía con las dos carreras a la vez, creo que la misión principal de mi desarrollo profesional fue lograr la condición de juez, que no creí que iba a lograr.
—¿Por qué?
—Porque me parecía algo muy difícil y que estaba reservado solamente para algunas personas que tenían algún don especial.
Realmente, crecer en la carrera y haber tenido la posibilidad de llegar a la magistratura fue algo por lo que tengo agradecimiento, desde la fe a Dios y, desde lo humano, a mi familia que me apoya, a mi mujer y a mis hijos.
Trato de devolverlo en la función que me toca cumplir, de la que me siento muy agradecido.
Siempre traté de hacer el doble de lo que la función me exigía y eso me permitió ir ascendiendo rápidamente en la carrera judicial.
Dedicando mucho más tiempo del que quizás tenía que dedicar formalmente o por las normas, eso me permitió lograr muchas de las cosas de las que hoy me siento muy agradecido y trato de devolver permanentemente a la sociedad.
—Con cuarenta años de carrera judicial, ¿sigue dedicándole ese tiempo o tiene algo de tiempo libre?
—Trato ahora de hacer tiempo libre para dedicarme a algunas actividades un poco más lúdicas.
—¿Como por ejemplo?
—Estoy jugando al tenis, entrenando también porque humanamente lo exige y porque además me siento muy bien haciéndolo.
Trato de compartir esas actividades en familia y con amigos, y también de dedicar un poco de tiempo a la lectura, al ocio y a la vida familiar, que para mí es fundamental.
Y también en la vida social incluye el fútbol, que es algo que me gusta mucho. Habitualmente voy a la cancha.
—¿A ver a…?
—A Independiente, del cual soy socio, soy hincha y sigo la carrera. Para mí también es un espacio importante de vida.
POLITICA
Un diputado libertario reivindicó la dictadura militar y la comisión terminó en un escándalo

Por segunda semana consecutiva, la reunión del plenario que debate la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional terminó otra vez con un duro cruce entre oficialistas y opositores. Los protagonistas del tenso intercambio fueron esta vez Beltrán Benedit (La Libertad Avanza) y Germán Martínez (PJ). Sobre el cierre del encuentro, el libertario reivindicó a la última dictadura militar, lo que provocó la reacción del jefe de bloque peronista, que le recriminó haber formado parte de la comitiva de legisladores que visitó a represores en la cárcel de Ezeiza, en 2024.
“Hemos callado mucho tiempo por lo que hoy hemos mencionado acá y es hora de poner verdad sobre tanta mentira”, abrió el entrerriano Benedit su exposición. Previamente, el diputado Aldo Leiva, del PJ, lo acusó de haber organizado las visitas a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza para reunirse con exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad. Entre ellos, Alfredo Astiz, condenado en el país y en Francia a cadena perpetua.
Fue en ese momento que Benedit reivindicó el accionar de la dictadura y provocó la reacción de Martínez, que tuvo un exabrupto: “Es para cagarlo a trompadas”. El diputado del PJ se levantó y se retiró, entre gritos y cruces. “Vos sos el que fuiste a visitar a genocidas”, le remarcó, antes de irse.
“No se vaya Martínez, no teatralice”, contestó el libertario. Y continuó con su exposición: “Se ha instalado la palabra genocidio y hasta donde yo sé, no hay ningún ciudadano condenado por genocidio. Hubo un plan de las fuerzas subversivas terroristas y lo quiso llevar adelante el señor Mario Santuccio [líder del ERP, asesinado el 19 de julio de 1976], que para perpetuarse en el poder dijo que iban a matar a un millón de argentinos”.
Con la sala convulsionada, Benedit continuó con su defensa y justificó la visita a los represores: “Visitar a los enfermos, visitar a los presos y ayudar a los necesitados es una cuestión de fe”.
En 2024, una comitiva de legisladores oficialistas visitó la cárcel de Ezeiza y se reunió con exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad. La difusión de la imagen fracturó al bloque libertario, que sufrió las salidas de Lourdes Arietta y Rocío Bonacci tras el episodio. Quienes participaron de aquella visita, que fue criticada por el resto de diputados de LLA y bloques opositores, fueron: Benedit, Arrieta, Guillermo Montenegro, Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo. El grupo se encontró en Ezeiza con Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti, entre otros represores.
“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, había explicado Benedit, el organizador del evento, a través de un mensaje de WhatsApp que se viralizó en las redes sociales y que ratificó a . Rocío Bonacci sugirió que la visita contaba con el aval de la Casa Rosada y del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aunque este luego lo desmintió. En tanto, la mendocina Arrieta aseguró que fue “engañada” para asistir y que a algunos de los presentes no los conocía. “Tuve que googlearlos”, manifestó.
Una comisión marcada por la tensión
En la misma comisión, la semana pasada, hubo un tenso cruce entre Juan Grabois y dos diputados libertarios.
El plenario de comisiones en Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas terminó antes de lo previsto en medio de agresiones, gritos e insultos entre diputados del oficialismo y la oposición. El telón de fondo fue el fallo de la Corte Suprema conocido ayer, que restableció la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros.
La tensión terminó de quedar expuesta esta tarde, cuando diputados de la oposición y el oficialismo se cruzaron a los gritos y con insultos en pleno debate. El episodio se desató a partir de la intervención de Grabois para defender a Myriam Bregman.
En un encendido discurso, la diputada del FIT intentaba exponer sus diferencias con el proyecto oficialista, mientras era increpada por el santacruceño oficialista Jairo Guzmán que cuestionaba su posición.
En ese momento, Grabois se levantó, caminó hasta donde estaba Guzmán y lo encaró. El episodio, rápidamente replicado en redes sociales, incluyó forcejeos e insultos.
Pero el conflicto escaló cuando, desde la otra punta de la sala, se levantó a los gritos el tucumano Gerardo Huesen, quien acusó de “cagón” al legislador de Unión por la Patria.
Huesen era dirigente de Fuerza Republicana y ladero de Ricardo Bussi, el hijo del dictador que fue gobernador de Tucumán.
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POLITICA
Operativo por el DNU 70: una decisión de la Corte le daría aire al Gobierno para poder evitar la sesión opositora

El Gobierno no quiere que exista margen para que el DNU 70/23 se trate en la Cámara de Diputados. La oposición convocó la semana pasada a una sesión para el 15 de octubre que tiene en agenda debatir sobre ese megadecreto y otras iniciativas sensibles como la Emergencia en Discapacidad y Morosidad, que buscan apalancar las adhesiones de distintos bloques para conseguir quórum. Si aquello se produce, podrían tratar la medida más importante de desregulación económica que tiene en su haber la administración de Javier Milei.
“Creemos que tenemos los votos para que la oposición no voltee el DNU en el caso de que se trate, pero no queremos que exista la posibilidad siquiera de que se trate”, afirma una fuente importante del bloque de La Libertad Avanza. En términos explícitos, afirman que el objetivo de las negociaciones que se vienen desarrollando en los últimos días es “tumbar la sesión por completo”.
Al menos dos despachos de la Casa Rosada celebraron ante Infobae una decisión reciente que provino de la Corte Suprema que, según afirman, les daría “más aire” para poder negociar con los aliados que se ven presionados socialmente por la Ley de Tierras, pero que no consideran necesario tener que voltear el DNU 70.
La Corte Suprema convocó este martes a dos conjueces para intervenir en el debate sobre el artículo 154 del DNU que derogó la Ley de Tierras Rurales, después de que sus cuatro integrantes no alcanzaran una decisión unánime sobre una demanda ambiental que cuestiona la eliminación de restricciones para adquirir predios rurales. La intervención de conjueces permite completar la integración necesaria para resolver el expediente.
El sorteo de los magistrados suplentes se realizó ayer y salieron Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. La participación de ambos será determinante para definir la respuesta judicial al planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie.
La nueva presentación fue promovida por Árbol de Pie, una organización que invocó el derecho constitucional a la protección del ambiente para impugnar el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia. Su presentación no fue tratada por la Justicia federal de Bariloche, donde fue iniciada, ni por la Cámara Federal de La Plata, que recibió luego el expediente.
El caso llegó al máximo tribunal después de que este rechazara, la semana anterior, una cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas, conocido como CECIM. La Corte consideró entonces que la agrupación carecía de legitimación para promover ese reclamo. Pero los integrantes de Árbol de Pie todavía no conocen si esa interpretación les aplica a ellos.
La novedad es que existe la posibilidad de que dos de los tres jueces estén dispuestos a reconocer la legitimación de la asociación ambiental para litigar sobre ese punto. También creen que uno de los dos conjueces también avalaría esa presentación.
Los negociadores del oficialismo se agarran de ese escenario para hablar con los aliados y pedirles que no den quórum para la sesión del próximo 15 de octubre.

El tratamiento del expediente de Árbol de Pie sigue el régimen de procesos colectivos, que agrupa las demandas sobre una misma materia. El rechazo de la presentación del CECIM habilitó el análisis de la causa siguiente en ese orden, vinculada directamente con la derogación cuestionada. La cuestión de fondo sobre la Ley de Tierras y el decreto permanece pendiente de una definición.
Infobae pudo confirmar de fuentes legislativas que la idea no es incluir la Ley de Tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La consideran una propuesta que quedó desprovista de sentido político después del desguace que sufrió en su tratamiento en el Senado. Algunos la consideran “invotable”. De prosperar una alternativa, la más probable es que se pueda incluir en el proyecto de Soberanía Nacional que contiene iniciativas vinculadas a la Causa Malvinas.
El expediente laboral de la CGT también quedó listo para resolver
La Corte Suprema quedó además en condiciones de resolver la impugnación de la Confederación General del Trabajo contra el capítulo laboral del DNU 70/2023, luego del dictamen emitido por el procurador general Eduardo Casal.
La Cámara Nacional del Trabajo había declarado inconstitucional el título IV del decreto, comprendido entre los artículos 53 y 97, tras una acción de amparo de la CGT contra el Estado Nacional. El Gobierno apeló esa resolución ante el máximo tribunal.
El tribunal laboral reconoció la legitimación de la central sindical para defender derechos individuales y colectivos de los trabajadores. También sostuvo que no existían las circunstancias excepcionales exigidas para dictar un decreto de necesidad y urgencia: la imposibilidad de reunir al Congreso o una situación que no admita esperar el procedimiento legislativo ordinario.
La Cámara consideró que las medidas laborales no respondían a una situación coyuntural, sino que modificaban leyes permanentes sancionadas por el Congreso. La eventual decisión de la Corte en ese expediente podría establecer un criterio sobre las condiciones que debe cumplir el Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia.
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POLITICA
Caso Andis: las empresas investigadas recibieron $192.000 millones y se quedaron con el 40% de los pagos por medicamentos e insumos

El 40% de los pagos que la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) realizó para la compra de medicamentos e insumos fueron destinados a las empresas investigadas en la causa por presunta asociación ilícita durante la gestión de Diego Spagnuolo. Las cifras surgen del quinto anexo de la auditoría que revisó los números internos del organismo y otros dos informes oficiales que el Gobierno remitió a la Justicia con los presuntos sobreprecios.
La auditoría, que analizó todo 2024 y el período de 2025 con fecha de corte al 21 de agosto (hasta la salida de Spagnuolo), contabilizó que los “pagos realizados por la compra de medicamentos e insumos” totalizó $479.500 millones. El 40% de esa porción, unos $192.000 millones, terminó en las cuentas de Suizo Argentina, Droguería Génesis, Artrobone Ortopedia, Droguería Profarma, Indecomm, Ortopedia Bernat, Expo Trauma, Neurosalud, Droguería Floresta y Droguería New Farma.
Las diez últimas forman parte de los informes elaborados por el Gobierno y un dictamen de la Procuraduría de Investigación Administrativas (PIA) que señalan presuntos sobreprecios. La primera de la lista, Suizo Argentina, no se encuentra mencionada en esos reportes, pero está incluida en la investigación judicial sobre presunta asociación ilícita que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo.
Precisamente, Suizo Argentina es la empresa que más fondos percibió, según el Anexo V de la auditoría. Fueron $108.200 millones correspondientes a la categoría “Pacbi Medicamentos”. Absorbió algo más de un quinto del gasto en este rubro. Vale aclarar, las siglas Pacbi significan “prestaciones de alto costo y baja incidencia”.
A propósito de la investigación judicial, fuentes cercanas a la droguería de la familia Kovalivker señalaron: “Suizo es una empresa centenaria que realiza sus múltiples actividades comerciales de forma lícita y de acuerdo a altos estándares. No tiene nada que ver con los hechos investigados en la causa”.
La segunda empresa que más pagos recibió es Droguería Génesis, con $15.100 millones. En el informe de la PIA se menciona un proceso de compra del medicamento Macitentan, recetado para pacientes con hipertensión arterial pulmonar. El reporte sostiene que se le adjudicó en abril de 2025 una compra por un “valor unitario de $2.145.363,20″, mientras que a otro proveedor, “en el mismo período también tal medicamento” se lo contrató por $464.508 la unidad. La compañía, en su descargo ante la Justicia, dijo que “carece de todo sustento fáctico y normativo” la hipótesis sobre el “abultamiento de precios”.
Esta postura es la que se repite en varios de los investigados en la causa. Pero podría sumarse otra perspectiva: el abogado de Pablo Atchabahian, señalado en el expediente como uno de los presuntos jefes de la asociación ilícita que habría operado sobre la Andis, adelantó que el lobista está preparando su declaración para explicar “el tema de las licitaciones”
Profarma recibió pagos que sumaron $11.500 millones, según la auditoría. A esta firma se adjudicó, por ejemplo, la compra de la droga Burosumab por un valor unitario de $45,1 millones, mientras que el mismo medicamento, pero con otro proveedor, tuvo un costo de $25 millones por unidad. La PIA destaca en su relevamiento que el lapso transcurrido entre la fecha de inicio y la fecha tope o de apertura en el proceso de compra a Profarma “fue de tan solo de horas, exactamente de 5.30 hs. (fecha inicio: 23/06/25 10:27 h y fecha apertura ofertas: 23/06/25 16 h)”.
Neurosalud es una de las empresas mencionadas en los informes que el exinterventor Alejandro Vilches remitió a la Justicia. Esta firma acumuló pagos por $9,5 millones durante el período auditado. En los reportes del exfuncionario se habla de “una brecha considerable en los valores abonados” entre la Andis y el PAMI a esta firma por el mismo producto. En el escrito se cita que el organismo de Discapacidad compró un neuroestimulador implantable de batería no recargable por $132.465.000 en abril. “Es decir un 219% más caros que la referencia de PAMI”, menciona el escrito al argumentar que el instituto previsional lo adjudicó a $41,5 millones en marzo de ese año.
Otro caso de comparación involucra a Farma Salud, que totalizó pagos por $9500 millones. El informe de abril de este año habla de “desvíos notables”. Menciona la adjudicación de una endoprótesis aortobílica junto con la endoprótesis ilíaca bifurcada a un valor de “más de 19 veces” que el adjudicado por el PAMI.
Un caso similar es el de Droguería Floresta. Percibió pagos que totalizan $8300 millones. En uno de los reportes remitidos a la Justicia, fechado en octubre de 2025, se señala que el precio promedio que se le abonó por implantes cocleares Nucleus ascendió a US$62.613. Otro proveedor que también le facturó al Estado adjudicó por un valor unitario de US$12.125 y el informe oficial reconoce un valor de referencia de precio de venta público de US$16.975 por unidad.
En el escalafón de pagos contabilizados en la auditoría interna sigue Indecomm, una firma adjudicada a Miguel Calvete, quien recibió el mensaje de las “ofrendas” enviado por un exfuncionario de Andis y que contenía información sobre empresas y cifras. En el caso de esta compañía, los pagos que percibió sumaron $8000 millones. El informe de octubre de 2025 detectó que la ex-Andis le pagó dos veces la misma factura (B 00001- 00000958).
Otra droguería, New Farma, alcanzó los $7500 millones en pagos recibidos, según la auditoría. El informe de la PIA reiteró observaciones relacionadas a la compra del Macitentan. Sobre esta empresa, indicó que llegó a venderlo por $8,2 millones, mientras que en otras adjudicaciones “se adjudicó siempre por un precio promedio” de 500.000 pesos. “La droguería se encontraba prácticamente vacía, con poca documentación, pero alguna referida a facturación a la Andis”, agregó el reporte sobre el allanamiento realizado en su sede.
Las cuatro restantes firmas que conforman el grupo de las 11 que fueron destinatarias del 40% de los pagos por medicamentos e insumos son Expo Trauma ($5800 millones), Ortopedia Bernat ($4300 millones) y Artrobone ($3900 millones). Las tres aparecen en el informe firmado en abril de este año sobre insumos ortopédicos, tales como andadores y sillas de ruedas.
En ese reporte se incluyó una factura por un andador con un presunto sobreprecio del 4239%. Desde la Ortopedia Bernat indicaron a , semanas atrás, que al menos hasta mayo la factura estaba impaga y relataron una situación puntual respecto a este insumo: “Se contempló algo mucho más sofisticado y que se terminó entregando algo más sencillo, pero el circuito operativo continuó y se terminó facturando el mismo valor que lo adjudicado. Y no lo entregado”.
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