“El exsenador argentino tiene para un rato largo todavía en Paraguay. Al menos un año o dos más. La condena por tentativa de contrabando será apelada. Y además tiene pendiente un juicio, que recién comienza, por lavado de dinero”. Así describió la situación de Kueider una alta fuente de la Justicia paraguaya consultada por Infobae.

Al ex representante de Entre Ríos en el Congreso de la Nación lo está esperando la Justicia Federal. La titular del juzgado de San Isidro pidió su extradición hace casi un año. La Fiscalía paraguaya dio luz verde. Pero puso como condición que antes cierre su cuenta con la Justicia del vecino país.

Arroyo Salgado lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Hay una causa paralela en la localidad entrerriana de Concordia. La Corte tiene en sus manos el conflicto de competencia.

La Cámara Federal de San Martín, instancia superior de la magistrada, confirmó hace unos días el rechazo a la eximición de prisión que había presentado Kueider. Esto significa que el día en que pise territorio argentino, irá a parar a una cárcel.

El exsenador nacional entrerriano adelantó que su defensa apelará la decisión del Tribunal especializado en delitos económicos de Asunción, que el lunes lo condenó a dos años y dos meses de prisión condicional. Esto significa que no irá a la cárcel por haber querido entrar a Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar. A su pareja, Iara Guinsel, le impusieron una sanción de un año y diez meses.

Por qué Kueider seguirá con arresto domiciliario

La determinación del Tribunal contempló, además, el mantenimiento de las medidas cautelares vigentes y la imposición de reglas de conducta para ambos condenados. En concreto, esto implica que Kueider seguirá cumpliendo la detención domiciliaria con uso de tobillera electrónica.

Esta medida había sido dictada por el juez Humberto Otazú en la causa por los USD 200 mil. Cuando se inició el expediente de extradición solicitado por Arroyo Salgado, Rolando Duarte Martínez, el juez interviniente, le impuso las mismas condiciones: prisión domiciliaria y uso de tobillera. Como este proceso aún está en marcha, las medidas siguen vigentes.

A esto deben agregarse las importantes sumas de dinero y propiedades que hay comprometidas en las fianzas de Kueider y Guinsel. Solo en la causa por contrabando, el abogado Ricardo Preda del Puerto puso USD 300 mil. A estos se suma un inmueble localizado en una localidad cercana a Asunción que se colocó como fianza en el expediente por la extradición. El terreno es propiedad de otro de los abogados de Kueider. Su valor ronda los 500 millones de guaraníes, unos 83 mil dólares.

Ysrael Villalba, el fiscal que intervino en el juicio, indicó al medio paraguayo El Observador que el dinero secuestrado y la Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaban habían sido incautados. “Se dispuso el decomiso. Cuando la decisión quede firme en sede administrativa, pasarán a las arcas del Estado. Al vehículo se lo rematará”, detalló.

La otra causa

En junio de este año, el exsenador por Entre Ríos fue procesado en Paraguay por lavado de activos. Esta causa es más grave que la de contrabando. A diferencia de aquella, no sería una tentativa sino un hecho consumado. Las penas en expectativa, dependiendo del criterio que se utilice, podrían ir de los 5 a los 10 años de prisión.

Según la Fiscalía del país vecino, Kueider y Guinsel habrían introducido dinero en negro producto de ilícitos para «blanquearlo» a través de operaciones inmobiliarias de compra – venta.

En la maniobra estarían involucrados dos ciudadanos paraguayos, Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat. Estas personas habrían comprado la empresa Goldsur. La firma le extendió poderes plenipotenciarios a Guinsel. La sospecha es que, en realidad, los socios que figuran son testaferros.

La operatoria incluye, hasta ahora, seis departamentos en el lujoso complejo «Las Mercedes» de Asunción con sus correspondientes cocheras. Estos inmuebles fueron embargados por la Justicia. La investigación está a cargo de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez y del juez Rodrigo Estigarribia Benítez.

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El presidente Javier Milei firmó la designación de Ana María Cristina Juan como jueza federal, una decisión que permitirá reforzar el funcionamiento de la Justicia Federal en el oeste del conurbano bonaerense, donde los juzgados federales de Moreno y Morón continúan vacantes y son atendidos mediante un régimen de subrogancias. La medida fue oficializada este miércoles a través del Decreto 589/2026, publicado en el Boletín Oficial y refrendado también por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Según pudo saber Infobae, la decisión fue adoptada tras un pedido formal del presidente de la Cámara Federal de San Martín, Juan Pablo Salas, al Ministerio de Justicia. En esa presentación, el magistrado solicitó avanzar con la designación de Ana María Juan -esposa del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi– para atender la situación de los dos juzgados federales que permanecen sin titulares y son cubiertos de manera provisoria por otros jueces de la jurisdicción.

En la nota remitida a Mahiques, Salas explicó que tanto el Juzgado Federal de Moreno como el de Morón continúan siendo subrogados, una situación que obliga a otros magistrados federales a asumir, además de sus propios despachos, la conducción temporal de esos tribunales.

Ese esquema de funcionamiento se mantiene desde hace tiempo y genera una sobrecarga para los jueces que intervienen en esas dependencias, en una de las jurisdicciones federales con mayor volumen de expedientes de la provincia de Buenos Aires.

No se trata de juzgados de escasa actividad. Moreno y Morón concentran investigaciones por algunos de los delitos más complejos de competencia federal. Entre ellos figuran causas por narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando, evasión tributaria, delitos contra la administración pública, crimen organizado y otras investigaciones vinculadas con organizaciones criminales que operan en el oeste del conurbano bonaerense. Esa realidad fue uno de los argumentos expuestos por la Cámara Federal de San Martín para solicitar el refuerzo de la estructura judicial de la jurisdicción.

Fuentes judiciales explicaron a Infobae que las subrogancias constituyen una solución transitoria, pero que la acumulación de causas y la complejidad de las investigaciones hacen necesaria la cobertura de las vacantes con jueces titulares. En muchos casos, los magistrados deben atender simultáneamente expedientes de alta sensibilidad institucional, medidas urgentes de investigación y audiencias, además de las responsabilidades propias de sus juzgados de origen.

Frente a ese escenario, la Cámara Federal de San Martín impulsó la incorporación de Ana María Juan, quien ya contaba con el acuerdo del Senado para ocupar el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Sin embargo, ese tribunal todavía no fue puesto en funcionamiento, por lo que la magistrada permanecía a la espera de asumir funciones.

La propuesta elevada por Juan Pablo Salas consistió en aprovechar esa circunstancia para incorporar a la magistrada al fuero federal y aliviar la situación de Moreno y Morón mientras continúa pendiente la apertura efectiva del nuevo juzgado de Hurlingham.

La firma del decreto presidencial completa ahora el procedimiento constitucional previsto para su nombramiento y permitirá su incorporación al fuero federal mientras continúa pendiente la puesta en funcionamiento de ese tribunal.

Qué dice el decreto

El Decreto 589/2026 fue firmado por Milei y Mahiques y establece en su artículo primero: “Nómbrase Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, a la doctora Ana María Cristina Juan”.

Ana María Juan es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8 de Comodoro Py. Su pliego había sido aprobado previamente por el Senado y únicamente restaba la firma del Poder Ejecutivo para formalizar el nombramiento.

Fuentes judiciales señalaron que la incorporación de la magistrada permitirá aliviar el funcionamiento de los tribunales federales de Moreno y Morón hasta que entre en funcionamiento el juzgado para el que fue designada. De esa manera, la Cámara Federal de San Martín busca reducir el impacto que producen las vacantes existentes en ambos tribunales y fortalecer la capacidad de respuesta frente a investigaciones complejas.

La decisión se inscribe además en el proceso de cobertura de cargos vacantes que impulsa el Ministerio de Justicia desde la llegada de Juan Bautista Mahiques a esa cartera. En los últimos meses, el Gobierno aceleró el envío de pliegos al Senado y comenzó a completar cargos que ya habían obtenido acuerdo parlamentario, con el objetivo de reducir el número de tribunales federales que actualmente funcionan mediante subrogancias.

El nombramiento de Juan también se produce mientras permanece sin resolución otra designación judicial aprobada por el Senado: la de María Verónica Michelli.

El 4 de junio pasado, la Cámara alta aprobó el pliego de Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata. La postulación obtuvo 44 votos afirmativos y 18 negativos, pese a que previamente la Casa Rosada había intentado retirar esa candidatura del Congreso.

Como informó Infobae, el Gobierno mantenía objeciones respecto de esa postulación y procuró sin éxito evitar que el Senado avanzara con la votación. Finalmente, la Cámara alta otorgó el acuerdo constitucional, aunque el procedimiento todavía no fue completado.

A diferencia de lo ocurrido con Ana María Juan, cuyo nombramiento quedó formalizado este miércoles mediante el decreto presidencial, el Poder Ejecutivo aún no firmó el decreto correspondiente a Michelli, por lo que su incorporación al Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata permanece pendiente.

En ámbitos judiciales señalan que ambos casos responden a situaciones diferentes. Mientras la designación de Juan fue impulsada por una necesidad operativa planteada por la Cámara Federal de San Martín para cubrir vacantes concretas en Moreno y Morón, la situación de Michelli continúa bajo análisis del Poder Ejecutivo luego de la controversia política que rodeó el tratamiento de su pliego en el Senado.

Con la publicación del Decreto 589/2026, Ana María Juan quedó formalmente incorporada a la Justicia Federal. Su designación permitirá reforzar el funcionamiento de una jurisdicción estratégica para la investigación de delitos federales complejos, mientras continúa pendiente la puesta en marcha del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, creado para ampliar la estructura judicial en el oeste del conurbano bonaerense.