La devaluación del bolívar, la moneda de Venezuela, se intensificó en el mercado oficial tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. En esa fecha, el dólar se cotizaba a 617,63 bolívares, cifra que dos semanas después alcanzó los 700,22, según la tasa vigente este jueves.

Durante este período, el bolívar perdió un 11,7% de su valor frente a la moneda estadounidense, que sigue siendo la principal referencia para establecer precios en el país, donde también se utiliza el euro.

El precio del dólar en el mercado oficial registró un incremento del 13,3%.

Entre miércoles y jueves, el dólar subió un 2%, es decir, 14,28 bolívares, hasta situarse en 700,22, de acuerdo con las cotizaciones publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV).

El organismo emisor anunció que el viernes la tasa vigente será de 709,69 bolívares.

El economista Asdrúbal Oliveros declaró a la agencia de noticias EFE que, en las dos semanas posteriores a los terremotos, “se ha observado una aceleración de la depreciación del bolívar, principalmente en el mercado oficial”.

Además, indicó que la emergencia provocó “presiones adicionales sobre el gasto público y las expectativas, lo que también incide en el mercado cambiario”.

A pesar de que el BCV ha aumentado sus intervenciones cambiarias, estas “han sido insuficientes para contener completamente esas presiones”, añadió Oliveros.

La cotización del dólar lleva más de 20 meses en aumento sostenido, desde octubre de 2024, en detrimento del bolívar, con el que todavía se pagan servicios básicos y salarios, que han perdido poder adquisitivo debido a la devaluación.

Especialistas advierten que el alza del dólar también repercute en los precios, por la relación directa entre estos y la moneda estadounidense, cuya adopción no oficial en Venezuela comenzó durante el período de hiperinflación entre 2017 y 2021.

El país petrolero, impactado este año por la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, acumuló una inflación del 102% en los primeros cinco meses.

Venezuela enfrenta una emergencia por los terremotos que dejaron al menos 3.899 muertos, 16.740 heridos y más de 17.900 personas sin vivienda.

El comercio ilícito ya mueve en la Argentina el equivalente al 5% del Producto Bruto Interno (PBI), genera una pérdida fiscal estimada en USD 2.300 millones al año y tiene a los teléfonos celulares, los cigarrillos, los textiles y la cerveza entre los mercados más afectados. Así lo reveló un estudio regional que analizó la situación en seis países de América Latina y puso el foco en las particularidades del caso argentino.

El trabajo, elaborado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), analizó la situación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú y buscó medir el impacto del comercio ilícito en la región, además de identificar las características particulares de cada mercado. Además de cuantificar el peso económico de estas actividades, el informe examinó los productos más afectados, las formas de comercialización, la percepción social sobre la compra de mercadería ilegal y las principales herramientas para combatir el fenómeno.

En el caso argentino, el estudio identificó una combinación de factores que favorecen la expansión del comercio ilícito. Entre ellos, aparecen la elevada penetración del comercio electrónico, la existencia de fronteras consideradas vulnerables para el ingreso de mercadería de contrabando y la creciente presencia de productos falsificados en distintos canales de venta. También señaló que el fenómeno ya no se limita a las ferias informales o al comercio callejero, sino que ganó espacio en plataformas digitales y redes de comercialización que amplían el alcance de estos productos.

El informe destacó que el contrabando constituye una de las principales puertas de entrada de mercadería ilegal al mercado argentino, aunque aclaró que el comercio ilícito es un concepto más amplio, que también incluye la falsificación de marcas, la piratería y otras prácticas que vulneran los derechos de propiedad intelectual y generan competencia desleal para las empresas que operan dentro del marco legal.

Uno de los principales aportes del relevamiento consistió en dimensionar el tamaño económico de esta actividad. Según las estimaciones presentadas, el comercio ilícito moviliza recursos equivalentes al 5% del PBI argentino, una proporción que refleja la magnitud alcanzada por estas operaciones dentro de la economía local.

El estudio también calculó el impacto sobre las cuentas públicas. La pérdida fiscal derivada de estas actividades ronda los US$2.300 millones, producto de impuestos que dejan de recaudarse por operaciones realizadas al margen de los circuitos formales.

El relevamiento identificó cuatro sectores donde la penetración de productos ilegales resulta especialmente significativa.

El primer lugar corresponde a los teléfonos celulares, donde el comercio ilícito representa el 31% del mercado. De acuerdo con el informe, el alto valor de estos equipos, la fuerte demanda y la facilidad para su comercialización los convierten en uno de los principales objetivos de las redes dedicadas al contrabando y la falsificación.

En segundo lugar aparecen los cigarrillos, con una incidencia del 17%. El estudio explicó que buena parte de esos productos ingresa desde países vecinos sin cumplir con los controles aduaneros ni las obligaciones tributarias, lo que genera una competencia desigual frente a las empresas que producen y comercializan dentro del circuito formal.

Los productos textiles ocupan el tercer puesto, con una participación estimada del 16%. En este segmento conviven tanto el ingreso irregular de mercadería como la falsificación de marcas, dos modalidades que afectan a fabricantes, importadores y comercios que cumplen con las normas vigentes.

El cuarto lugar corresponde a la cerveza, donde el informe calculó una participación del 12% para los productos comercializados por canales ilegales.

El estudio remarcó que estos rubros concentran buena parte del problema, aunque aclaró que el fenómeno también alcanza a otras categorías de bienes de consumo.

Uno de los aspectos que el informe identifica como un cambio relevante es la transformación de los canales de comercialización.

Según el relevamiento, el crecimiento del e-commerce amplió las posibilidades de distribución de productos ilegales. Las plataformas digitales, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería facilitaron el contacto entre vendedores y compradores y permitieron que mercadería de origen irregular llegara a consumidores de distintas provincias. El estudio sostuvo que las organizaciones dedicadas al comercio ilícito combinaron los canales tradicionales con herramientas digitales, una estrategia que aumentó la velocidad de distribución y dificultó las tareas de control.

En ese contexto, el documento formuló recomendaciones específicas para la Argentina. Entre ellas propuso fortalecer acuerdos con plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, para agilizar el retiro de publicaciones de productos falsificados y mejorar los mecanismos de trazabilidad en línea. También planteó reforzar la capacitación de distribuidores oficiales en provincias fronterizas como Misiones, Formosa y Salta, consideradas puntos sensibles para el ingreso de mercadería de contrabando.

El informe incluyó un análisis comparativo entre seis países latinoamericanos. Aunque cada mercado presenta características propias, los autores concluyeron que el crecimiento del comercio ilícito constituye un problema regional y que las modalidades utilizadas muestran patrones similares. En Brasil, también alcanza al 5% del PBI, mientras que en México escala al 8 por ciento.

En todos los casos aparecen como factores comunes el uso creciente de canales digitales para la venta de productos ilegales, la expansión de la falsificación de marcas y la necesidad de fortalecer los controles sobre las cadenas de distribución.

Para cada país, el estudio propuso medidas específicas de acuerdo con sus principales vulnerabilidades. En el caso argentino, las recomendaciones estuvieron orientadas a reducir la brecha de precios entre productos legales e ilegales, mejorar la trazabilidad, reforzar la cooperación con plataformas digitales y fortalecer los controles en zonas fronterizas.

A nivel regional, el documento también planteó la necesidad de combinar distintas herramientas para enfrentar el comercio ilícito. Entre ellas mencionó el fortalecimiento del control fronterizo, políticas anticorrupción, campañas educativas para desalentar la compra de productos ilegales, incorporación de tecnologías de trazabilidad en las cadenas de suministro, sanciones judiciales más eficaces y reformas regulatorias destinadas a reducir los incentivos económicos para el contrabando.

El estudio se presentó durante un seminario organizado por el Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, encuentro que reunió a representantes del sector privado, especialistas en propiedad intelectual y funcionarios vinculados al comercio exterior.

Durante la jornada se analizaron las distintas modalidades que adoptó el comercio ilícito en América Latina y el impacto que estas prácticas generan sobre la recaudación fiscal, la competitividad de las empresas y la protección de la propiedad intelectual.

“Nuestro país viene de gobiernos que hicieron una política muy laxa en el tema de los controles”, precisó el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman. En la misma línea, reconoció que el Gobierno está tratando de dotarse de herramientas para tratar el flagelo, pero al mismo tiempo admitió que “controlar una frontera tan grande no es fácil”.

Grinman destacó el crecimiento desmedido del comercio ilegal de celulares. Al respecto, María Eugenia Mayans, gerente senior de Relaciones Gubernamentales de Lenovo, confirmó que el contrabando trae uno de cada tres celulares -lo que representa alrededor de 3 millones al año- y la venta de estos dispositivos se ubica entre el 5% y 15% del comercio ilegal total.

A su vez, en Latinoamérica, tres de cada diez cigarrillos que se consumen son ilegales, según el gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris Argentina, Juan José Benítez. “El cigarrillo es el bien legal más contrabandeado”, especificó.

“El rol de las cámaras es muy importante para el Estado porque no podemos llegar a todas las empresas del país”, señaló, por su parte, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, al tiempo que explicó que el Estado argentino no logra cubrir los 9.300 kilómetros de frontera ni los 250.000 comercios de cercanía.

A su vez, Diego Figueroa, asesor de la Dirección General de Aduanas, analizó la problemática desde la perspectiva del organismo, y describió que la Aduana trabaja sobre tres ejes: la desregulación, la modernización de normas y sistemas para mejorar la competitividad -sumado al control del tráfico de mercaderías- y señaló que esas acciones se enmarcan en los lineamientos definidos por el Ministerio de Economía.

Por último, el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, indicó que el país se encuentra ante “un cambio de paradigma en la forma en la que el Estado entiende el delito complejo”. “Debemos comprender que hoy las economías criminales son cada vez más sofisticadas. El ingreso de mercadería criminal pone en crisis la industria nacional, socava el empleo formal y utiliza las mismas redes que nutren el narcotráfico“, advirtió. Y aseguró que “el compromiso es seguir avanzando en combatir la criminalidad organizada”. “Cuando protegemos el comercio legal, protegemos a los trabajadores, a los consumidores y a los emprendedores”, concluyó.

Camilo Tiscornia, economista y director de la consultora C&T, reveló que desde su firma presagian que el próximo número del IPC será de 1,9%

11/07/2026 – 19:19hs

El debate sobre la evolución de los precios y el rumbo de las principales variables macroeconómicas en la Argentina sumó un pronóstico alentador por parte del sector privado. El economista y director de la consultora C&T, Camilo Tiscornia, analizó el próximo dato de inflación correspondiente a junio y anticipó un escenario de desaceleración que consolidaría las metas del Palacio de Hacienda. De acuerdo con las proyecciones técnicas de su firma, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del sexto mes del año se ubicará en torno al 1,9%, un registro que confirmaría la tendencia bajista y quebraría la barrera de los dos puntos por primera vez en un extenso período, aunque aclaró que dicha medición específica aplica para la región del Gran Buenos Aires (GBA).

«Hay bastantes chances de que la inflación quede por debajo del 2%», afirmó Tiscornia en declaraciones radiales a Splendid AM 990. En ese mismo sentido, el especialista precisó que los meses que poseen una estacionalidad marcada suelen arrojar números «parecidos» en las distintas mediciones metodológicas, trazando un paralelismo con el índice que difunde de forma autónoma la Ciudad de Buenos Aires.

Según su análisis, el fenómeno inflacionario reciente debe explicarse en dos tramos temporales bien diferenciados: el primero -comprendido entre mayo y octubre de 2025- contó con el impacto previo a las elecciones legislativas; mientras que el segundo -desde noviembre en adelante- combinó severos factores alcistas como la suba en el precio de la carne, el turismo veraniego y el aumento del petróleo a nivel internacional.

Pasado este segundo tramo, que contenía elementos de carácter transitorio, la dinámica de los precios minoristas retomó su sendero de moderación. El director de C&T remarcó el comportamiento actual del indicador al señalar que «la tendencia es a la baja. No quiere decir que vaya a ser lineal y sistemática. Podría ocurrir que la de julio sea más alta que la de junio (por cuestiones de estacionalidad), pero no va a cambiar el fondo de la cuestión».

El impacto de la suba del dólar y las proyecciones para la actividad económica

Al ser consultado sobre el comportamiento del mercado cambiario, el economista se refirió al aumento superior al 5% que registró el tipo de cambio durante junio, un movimiento influenciado por diversos factores que terminó superando a la inflación prevista para el mismo período. Tiscornia evaluó que todavía no se ha manifestado el denominado carry trade, proceso en el cual el avance de la divisa estadounidense se traslada directamente a los precios de los bienes y servicios, y adelantó que ese impacto se sentirá con mayor nitidez en julio o en los meses subsiguientes.

Respecto de la conducta de los agentes económicos frente a las variaciones cambiarias, el analista financiero analizó las distorsiones de la plaza local:

• Comportamiento del mercado: Afirmó que es lógico que el tipo de cambio suba según las tensiones financieras, pero consideró contraproducente que esa variación se traslade de forma inmediata a rubros que no dependen de insumos importados.
• La distorsión local: «Lo que no es lógico es que por la suba del tipo de cambio un peluquero, por poner un ejemplo, tenga que aumentar su servicio un 5%. Solo pasa en la Argentina por el descontrol que ha habido siempre», criticó.
• Crecimiento sostenido: En materia de actividad, adelantó que sus mediciones estiman una expansión del PBI del 3% para 2026. Si bien advirtió que es una tasa menor a la registrada en 2025, destacó que acumular dos años seguidos de crecimiento es «bastante poco común» en la historia reciente del país. Concluyó señalando que existe un cambio estructural donde algunos sectores se adaptan con mayor facilidad y a otros les cuesta más, en un proceso que va a continuar.

El escenario político y financiero de cara a las elecciones presidenciales de 2027

En otro tramo de la entrevista, el director de C&T vaticinó el escenario macroeconómico en el que llegará el país de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el año entrante, período en el cual la administración de Javier Milei mantiene la firme intención de buscar la reelección para profundizar sus reformas de mercado. El especialista se mostró optimista al respecto y consideró que la economía llegará mejor preparada debido a que se van dando factores alentadores durante este año, ponderando la acumulación favorable de reservas internacionales en las arcas del Banco Central (BCRA) y la presentación formal del programa financiero plurianual 2026-2027.

Sin embargo, Tiscornia advirtió que la estabilidad financiera de la última etapa del mandato estará estrictamente ligada a la confianza de los ahorristas y a las expectativas de continuidad política. «Es imposible que una economía no se vea alterada si el año que viene los argentinos salimos a comprar US$30.000 millones. Esperemos que no pasemos por eso», puntualizó respecto de eventuales dolarizaciones de carteras preelectorales. El analista concluyó que la paz cambiaria responderá a la percepción de lo que haya después de los comicios: «La estabilidad está muy asociada a que el Gobierno continúe, con lo cual, cuantas mayores las chances del Gobierno de reelegir, menores van a ser los problemas financieros. Si eso empieza a dudar, habrá que ver qué proponen los candidatos».