El mercado neoyorkino tuvo su mejor mes desde la salida de la pandemia. En abril el índice Nasdaq (que agrupa a las acciones tecnológicas) rebotó 15% y el S&P 500 otro 11 por ciento. En ambos casos tocaron nuevos máximos y dejaron atrás el cimbronazo que habían sufrido en marzo por efecto de la guerra. Sin embargo, para las acciones y bonos locales esta mejora en el humor de los inversores pasó de largo.

El S&P Merval acumuló en el mismo período una caída de casi 8 por ciento. Hubo un castigo mayor a las acciones bancarias, mientras que las de energía también cayeron pero en una proporción mucho menor.

A los valores actuales, el índice de acciones líderes del mercado porteño se ubica en un equivalente de 1.850 dólares, alejándose de la zona de 2.000 dólares que los analistas consideraban un piso. En el mejor momento del 2024, en medio de un gran rally en el primer año de Javier Milei, llegó a niveles de 2.400. Esto significa que el mercado debería subir 30% para volver a aquellos valores.

Haciendo foco en los principales sectores, los ADR de los bancos argentinos que cotizan en Wall Street sufrieron caídas significativas. En los últimos 30 días, Macro cayó 10% y Galicia casi 14 por ciento. Supervielle la pasó todavía peor y cae 17,5% siempre en dólares para el mismo plazo.

Estas pérdidas fueron solo parcialmente compensadas por el sector de energía, que en realidad había subido fuerte en marzo por el aumento del barril del petróleo en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. YPF se mantuvo cerca de los USD 45, casi sin cambios en el último mes, Vista acumulo una suba de 4,5% y se mantiene arriba de USD 70, mientras que Pampa perdió casi 10% (es una compañía que tiene hoy más peso en el sector eléctrico y gas que en petróleo).

Con los bonos en dólares sucedió algo parecido. Ayer el riesgo país tuvo un nuevo repunte y quedó en niveles de 558 puntos básicos. Y durante abril no lograron sostener la mejora que habían tenido luego del anuncio de garantías del Banco Mundial para ayudar al financiamiento del Gobierno en los próximos meses.

Una de las explicaciones por las cuales el mercado local no logró acoplarse a Wall Street va más allá del contexto interno. En realidad, los emergentes en general quedaron rezagados y no pudieron acoplarse a esa suba del mercado neoyorkino. Es evidente que los inversores aprovecharon las caídas que habían sufrido muchas empresas por la guerra para retomar posiciones. Los buenos balances en especial en tecnología le dieron un impulso adicional al sector en las últimas ruedas de abril.

Pero aún así el mercado local estuvo más castigado que el resto. Como siempre sucede en estos casos, no hay una sola causa sino varias detrás de esta debilidad. La caída de más de 2% de la actividad en febrero y el pico inflacionario de marzo fueron datos negativos que jugaron en contra tanto de acciones como de bonos. El aumento de la mora a más de 10% del total de la cartera del sistema, uno de los síntomas de sectores con problemas de ingresos, afectó de manera directa a los bancos.

Esta debilidad trajo aparejada además caídas de los índices de confianza del consumidor y del Gobierno, que son seguidos de cerca por los inversores. Y esto trae al mismo tiempo las dudas respecto a lo que podría suceder en las elecciones presidenciales.

La incertidumbre política también se siente en los bonos, como quedó de manifiesto en las últimas colocaciones del Tesoro en el mercado local. Mientras que el Bonar 2027 se colocó a un rendimiento de solo 5,1% anual en dólares, el Bonar 2028 (es decir que vence solo un año después) salió al 8,7% anual. La diferencia en este caso es la incertidumbre por el proceso electoral del año que viene.

La mirada de los inversores estará puesta ahora en los datos económicos. Una reactivación más fuerte de la economía, baja de la inflación y disminución de la mora en los próximos meses serían fundamentales para la recuperación del mercado, tanto acciones como bonos. Claro que se trata de una mejora que quedó todavía a mitad de camino luego de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre pasado.

El Gobierno nacional puso en marcha el lunes la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), un sistema incorporado en la Ley N° 27.802, aprobada en marzo, que busca incentivar el empleo formal en el sector privado. La medida se oficializó mediante el Decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial, que definió los parámetros necesarios para su aplicación.

La reglamentación establece los principales lineamientos para el uso del régimen, incluyendo quiénes pueden acceder, los procedimientos administrativos y los beneficios otorgados. El decreto detalla requisitos, plazos y condiciones, además de la manera en que se aplicarán las reducciones en las contribuciones patronales que prevé la ley.

Los empleadores que quieran adherir deberán registrar a los trabajadores bajo el nuevo esquema ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. Ese será el período en el que se podrá hacer uso del régimen.

El RIFL está disponible para todos los empleados inscriptos, pero si el alta se realiza a partir del 10 de diciembre de 2025, la empresa sólo podrá incluir hasta el 80% de su plantilla dentro de este régimen. Si la contratación se efectuó antes, no existen restricciones en cuanto a la proporción de empleados.

En cuanto a los trabajadores que podrán ser incorporados bajo este esquema, la reglamentación contempla: personas sin empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, quienes hayan estado desempleados durante los seis meses previos a la contratación, monotributistas y empleados del sector público en cualquiera de sus niveles. El texto aclara que los trabajadores pueden tener ingresos de otras actividades, ya sea en el régimen general o el simplificado, sin perder los beneficios.

• Quienes no tenían una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025.
• Quienes estuvieron desempleados durante los seis meses previos a la contratación.
• Personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributistas).
• Personas que se desempeñan en el sector público, ya sea nacional, provincial o municipal.

Uno de los principales atractivos del RIFL es la reducción de las contribuciones patronales, que suelen ubicarse entre el 18% y el 20,4% según el tipo de empresa. Ahora, todas tributarán un 5% durante los primeros 48 meses desde el inicio de la relación laboral. De ese porcentaje, el 2% se destinará al SIPA, el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, mientras que el 3% restante irá al subsistema del INSSJP (Ley N° 19.032).

Aún resta que ARCA defina los procedimientos específicos para el alta de los nuevos empleados bajo este régimen. Sí se especifica que no podrán incluirse trabajadores que hayan estado en la misma empresa y se desvincularon dentro de los últimos doce meses.

El decreto mantiene los aportes adicionales para determinados sectores, como el petrolero y el eléctrico, que deberán seguir abonando un 2% extra en contribuciones. También confirmó que la contribución al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) seguirá siendo obligatoria: 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes. Este fondo debería comenzar a regir el 1 de junio, aunque existe la opción de retrasar su implementación hasta 180 días. Para quienes sean dados de alta bajo el RIFL, el aporte al FAL no se deducirá de las contribuciones patronales y deberá pagarse por separado.

El régimen prevé que si se detectan incumplimientos o causales de exclusión, los empleadores perderán los beneficios y deberán regularizar las contribuciones omitidas, con los intereses y sanciones que correspondan. ARCA será responsable de los controles y de la instrumentación de los mecanismos de recomposición.

A diferencia de antiguos programas, el RIFL no está pensado para regularizar empleo no registrado de manera masiva. En caso de que una empresa intente blanquear a un trabajador completamente en negro, podría perder el beneficio si se detecta la infracción.

Dentro de la reforma laboral se incluyó un apartado específico para fomentar el registro formal de trabajadores. Este segmento está contemplado a partir del artículo 168° y los artículos siguientes, y establece medidas orientadas a regularizar vínculos laborales que presentan irregularidades en su registración. A diferencia del RIFL, este capítulo de la reforma sí apunta directamente a normalizar situaciones de empleo con deficiencias registrales. Por el momento, este apartado no fue reglamentado, por lo que aún no se encuentra operativo.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) estimó este lunes que el sector alcanzaría exportaciones por u$s9.000 millones en 2026 bajo una perspectiva conservadora. Roberto Cacciola, titular de la entidad, explicó en un encuentro con la prensa que si la tendencia de precios internacionales se mantiene estable, el ingreso de divisas podría incrementarse en otros u$s1.000 millones adicionales, situando el horizonte exportador en el umbral de los u$s10.000 millones para el año.

La industria minera en la Argentina consolidó un cambio de tendencia al cerrar un 2025 con exportaciones por u$s6.056 millones, lo que representó un máximo histórico y el 7% del total de los despachos nacionales al exterior. Este desempeño, que significó un crecimiento del 30% respecto al año anterior, marca el inicio de una etapa de expansión según el directivo.

Este crecimiento exponencial se explica fundamentalmente por la maduración de los proyectos de litio, que representan la realidad más dinámica de la actividad en la Argentina. El sector pasó de producir 35.000 toneladas de Carbonato de Litio Equivalente (LCE) en 2022 a 116.000 toneladas para 2025, lo que permitió que el mayor volumen de producción compensara las fluctuaciones de precios. Para 2026, las proyecciones indican que el litio aportará más de u$s2.400 millones a la balanza comercial.

En paralelo, la minería metalífera tradicional de oro y plata experimentó una mejora sustancial en sus valores de exportación debido al alza de las cotizaciones internacionales, a pesar de enfrentar desafíos operativos en los yacimientos existentes. Cacciola advirtió que la caída en la producción de oro es una tendencia que persiste desde el fin del proyecto Alumbrera y que, a valores de 2022, muchas minas actuales no serían operativas.

El peso de la minería en las provincias

La relevancia económica de la actividad es crítica en términos federales, ya que la minería define el perfil exportador de las provincias donde se asienta con una incidencia que supera el 80% en la mayoría de los casos. En Catamarca, el sector representa el 93,2% de sus ventas externas, mientras que en Santa Cruz llega al 85,8% y en San Juan al 85,4%, demostrando que la minería no es solo un motor nacional, sino el sustento principal de las economías regionales del NOA y la Patagonia.

Pero el directivo destacó que este impacto trasciende las fronteras provinciales tradicionales, integrando ahora a distritos como Córdoba y Santa Fe a través de sus clústeres de proveedores industriales.

En cuanto al mercado laboral, la minería genera más de 100.000 puestos de trabajo con una tasa de informalidad casi nula y salarios que promedian 2,5 veces el sueldo del sector privado registrado. Cacciola señaló que por cada empleo directo se crean dos indirectos, y subrayó que si los grandes proyectos de cobre avanzan hacia su fase de construcción, el sector se convertirá en un generador de empleo masivo.

La proyección hacia 2032 contempla alcanzar los 200.000 trabajadores totales, siempre que se potencien los recursos humanos y la capacitación local para cubrir la demanda técnica que vendrá. Esas cifras de desarrollo implican a la vez el desafío de capacitar a los futuros trabajadores calificados de la industria, para no generar un cuello de botella de los recursos humanos.

El motor del RIGI para la industria

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue un catalizador para acelerar las decisiones de inversión en el país. Hasta el momento, se presentaron 13 proyectos mineros bajo este marco normativo, los cuales representan una inversión global de u$s42.000 millones. Siete de estos proyectos ya obtuvieron su aprobación oficial, sumando compromisos por u$s7.948 millones en provincias como Salta, San Juan, Jujuy y Catamarca, abarcando principalmente emprendimientos de litio, cobre, oro y plata.

La exploración minera también muestra signos vitales positivos al triplicar su presupuesto en la última década hasta alcanzar el séptimo puesto en el ranking mundial de destinos exploratorios. En 2025, la inversión en esta etapa temprana fue de u$s430 millones, una cifra significativamente superior a los u$s124 millones registrados en 2015. El desafío actual reside en consolidar nuevos proyectos de oro y plata para revertir el déficit de descubrimientos recientes y mantener la competitividad del sector en el largo plazo.

Desde la conducción de CAEM, se enfatizó que el desarrollo minero debe ir acompañado de una infraestructura inteligente que no se limite a la coyuntura actual. Cacciola remarcó que muchos proyectos saldrán por Chile debido a la logística, pero instó a pensar en una minería para los próximos 100 años que aborde los desafíos de transporte y energía con visión estratégica.

La coordinación entre el gobierno nacional y los gobernadores, independientemente de su color político, es vista como una fortaleza institucional necesaria para garantizar la seguridad jurídica de estas inversiones. Un punto de debate central es la carga tributaria y los derechos de exportación, que actualmente afectan al litio y la plata con una alícuota del 4,5%.

La industria considera que estos gravámenes tienen un fin meramente recaudatorio y envían un mensaje equívoco a los inversores internacionales, especialmente cuando afectan la rentabilidad de los proyectos de menor margen. Existe una expectativa en el sector para que el gobierno resuelva pronto estas inconsistencias legales y avance hacia un esquema fiscal que priorice la producción y la inversión genuina.

Finalmente, la minería se propone como un aliado estratégico para la industria nacional a través de la Mesa Federal Minera, buscando evitar un «compre local» indiscriminado pero también una apertura que desproteja a los proveedores nacionales. Cacciola concluyó que la aceptación social de la minería depende de que el crecimiento sea visible en el país, fortaleciendo a las miles de empresas proveedoras que participan en las distintas etapas de construcción y operación de un proyecto.