POLITICA
El oficialismo despliega su estrategia en el Congreso para acelerar el tratamiento de los nuevos proyectos
El Gobierno envió al Congreso los proyectos sobre Ludopatía, Etiquetado Frontal, Regulación del Lobby y el super-RIGI
Este último será una de las prioridades para La Libertad Avanza y, junto con el de Lobby, ingresaron por la Cámara de Diputados. El debate de las otras dos propuestas empezará por el Senado nacional.
Esta semana, el Gobierno intentó mostrar distensión en la interna y volver a una agenda de gestión activa en el Congreso. Es por esto que el lunes, Milei encabezó una reunión de Gabinete luego del Tedeum y el martes se vieron por primera vez cara a cara y sin el Presidente los protagonistas de los cruces libertarios.
Pese a que los tuiteros libertarios siguen generando ruido, el Ejecutivo busca dar por superada la fricción e intenta enfocarse en la estrategia parlamentaria. El oficialismo en el Congreso buscará el apoyo de aliados y hace cuentas para darle celeridad al tratamiento de las iniciativas que le importan a la Casa Rosada.
Senado con mayoría violeta
La Casa Rosada sabe que en la Cámara alta el oficialismo logró una construcción de mayorías que le permite sumar voluntades a la hora de avanzar con sus proyectos. Y ya lo demostró con las sanciones alcanzadas en el período de sesiones extraordinarias, como la Ley de Reforma Laboral, y en las ordinarias a partir del pasado 1 de marzo.
Es que, a sus 21 senadores, se les suman, casi de manera automática, los tres del Pro que lidera Martín Goerling Lara, y la mayoría de los diez legisladores radicales.
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A pesar de algunos momentos críticos de Mauricio Macri con el gobierno de Javier Milei, el partido fundado por el expresidente le votó todo lo que propuso el Ejecutivo. Mostró una disciplina mayor a la presentada por los libertarios que en estos tres años sufrieron quiebres de la bancada oficialista.
Mientras que los radicales muestran en algunas discusiones sus opiniones contrarias, y cierta independencia de criterio, como el bonaerense Maximiliano Abad, el pampeano Daniel Kroneverger y el catamarqueño Mario Fama. El resto, encabezado por el correntino Eduardo Vischi, acompañan al Gobierno nacional. Entre ellos, los mendocinos que responden al mandatario Alfredo Cornejo, que tiene a la vez una alianza electoral con La Libertad Avanza, ellos son Mariana Juri y Rodolfo Suarez; y la santafecina Carolina Losada.
Esas alianzas parlamentarias entre el oficialismo, el Pro, la UCR y algunas fuerzas provinciales, por ahora, los acerca a los 37 votos a favor, y a veces a superarlos, para sancionar los proyectos y asegurarse el quórum reglamentario para abrir el recinto del Cuerpo.
Esa mayoría deja sin maniobras políticas al bloque Justicialista de José Mayans, además de sumar, en algunas discusiones, el acompañamiento del bloque peronista Convicción Federal, que encabeza la vicepresidenta del Senado, Carolina Moisés.
En X, Adorni enumeró los cambios que introducirá, de ser sancionado, el nuevo paquete de leyes enviado al Congreso de la Nación:
- Ley de Ludopatía, para combatir a las plataformas ilegales de apuestas online en pos de reforzar la protección de los menores de edad.
- Super-RIGI, para incentivar proyectos de inversión dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas en el país.
- Etiquetado Frontal, para derogar la ley actual, suprimir los octógonos, eliminar las restricciones al uso de personajes infantiles y avanzar hacia un sistema de información nutricional más preciso, adaptable y técnicamente consistente.
- Ley de Lobby, para ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con qué funcionarios y en beneficio de quién.
En Diputados, mayores negociaciones
La Cámara de Diputados, encabezada por Martín Menem, le dio recientemente a Javier Milei la sanción de los proyectos de Ley Hojarasca y los cambios a la Ley de Zonas Frías, con un margen importante de mayorías y con el acompañamiento de varios mandatarios provinciales que, por estas horas, son aliados al Gobierno nacional.
Pero también es el espacio donde se concentran las mayores voces críticas del Parlamento. Unión por la Patria (UxP), el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, los radicales críticos y el socialista Esteban Paulón, entre otros.
Desde la Cámara baja surgieron las primeras voces que cuestionaron los anuncios del jefe de Gabinete. “No te alcanza con corrupto. Sos chanta también. Aprobamos con 140 votos en el 2024, sin el apoyo de ustedes y aliados, la media sanción de prevención de ludopatía, apuestas online y prohibición de publicidad. Ustedes no querían esas prohibiciones, igual que los satélites políticos decadentes. No les importó la salud mental de jóvenes y familias. Dejen de provocar. Renuncia impresentable”, posteó la lilita Mónica Frade, coordinadora fundamental para que Diputados apruebe en 2024 el proyecto de Ludopatía, que hasta fines de noviembre de este año tiene estado parlamentario.
Otro de los diputados críticos fue el radical Pablo Juliano: “¿Una ley de Ludopatía? Hace dos años que Diputados le dimos media sanción y el Senado la tiene cajoneada en comisiones que maneja LLA. Qué raro es el país de Milei”.
El Super RIGI
Esta iniciativa busca ser, para el Poder Ejecutivo, un complemento de uno de los capítulos de la Ley Bases, el RIGI, Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, y busca ampliar beneficios para inversiones en la industria tecnológica con el objetivo de reactivar la economía. Como en el RIGI habrá una reducción de tasas impositivas como en el impuesto a las ganancias, el esquema prevé una alícuota de Ganancias del 15%, contra el 25% del RIGI vigente, además de una amortización acelerada del 60% el primer año, un 20% el segundo y un 20% el tercero. Habrá exenciones de aranceles de importación para bienes vinculados a la producción y derechos de exportación en cero desde el inicio. Prohibirán la creación de tasas impositivas en provincias y municipios donde se instalen las actividades a desarrollar.
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Ley de Ludopatía
El proyecto fue aprobado en 2024 por 140 votos a favor y 36 en contra, el rechazo de La Libertad Avanza y la abstención del Pro y la UCR, y buscó combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciberapuestas, estableciendo fuertes restricciones a la publicidad para fomentar el juego de azar y la promoción de las casas de apuestas, especialmente en casos en que influencers o figuras del deporte fomenten su uso. También se prohíben los auspicios de casas de apuestas en el ámbito deportivo.
En la iniciativa, que está inmovilizada en el Senado, queda prohibido el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios de apuestas on line, y mayores penas para los titulares de casas de apuestas que incumplan la ley.
El Gobierno libertario ahora establece que quiere legislar ante el crecimiento de las plataformas digitales de juego, la publicidad en redes sociales y el acceso de adolescentes a sistemas de apuestas.
Etiquetado Frontal
Como adelantó TN el Gobierno quiere derogar la Ley de Etiquetado Frontal, sancionada por el Congreso en 2021 con el objetivo de advertir a los consumidores sobre el contenido nutricional de los alimentos. Bloques oficialistas y aliados ya presentaron un proyecto para eliminar la norma, mientras que la nueva iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo, busca adecuar el sistema argentino a estándares del Mercosur.
La ley vigente obliga a las empresas alimenticias a incluir octógonos negros en los envases para advertir sobre excesos de grasas, sodio, azúcares y calorías y la Casa Rosada lo quiere eliminar. El oficialismo busca reemplazarla por un nuevo esquema.
Ley de Lobby
Como en los EE. UU. o en la Comunidad Europea, esta iniciativa busca establecer reglas de transparencia sobre reuniones, audiencias y contactos entre funcionarios, legisladores, empresas, cámaras empresarias, organizaciones y otros actores que intervienen en la discusión de políticas públicas.
debates, Congreso de la Nación, Javier Milei
La reforma laboral de Javier Milei sigue plenamente vigente a partir de un reciente fallo judicial que rechazó una cautela de la CGT para frenar la aplicación de la norma.
La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo que había dejado sin efecto la medida cautelar que suspendía 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral (27.802), se supo este miércoles. La central obrera deberá esperar ahora a que la Justicia se expida sobre el fondo del planteo de inconstitucionalidad.
La resolución lleva la firma de los jueces Rogelio Vicenti y Jorge Morán, quienes rechazaron la apelación que había presentado la CGT contra el fallo de la jueza Macarena Marra Giménez, dictado en mayo, que ya había levantado la suspensión de la ley.
El conflicto judicial por la reforma laboral se inició en marzo, cuando el juez laboral Raúl Ojeda dictó una medida cautelar que suspendió el núcleo de la reforma: artículos referidos a antigüedad, subcontratación, despidos, vacaciones, período de prueba y banco de horas extra, entre otros. El Gobierno apeló esa decisión y logró que la Cámara del Trabajo la revirtiera y que, luego, el expediente pasara al fuero Contencioso Administrativo Federal.
Allí, la jueza Marra Giménez dejó sin efecto la cautelar en mayo, al considerar que el reclamo de la CGT abarcaba demasiados puntos como para resolverse por esa vía: “Dada su complejidad y extensión, el planteo requiere un examen profundo sobre los derechos involucrados, que no puede ser merituado a título cautelar”, sostuvo la magistrada en su momento.
Ahora, la Sala IV avaló ese criterio. Los camaristas sostuvieron que la CGT “no pretende conservar el estado de cosas, cuya modificación podría tornar infructuosa la sentencia, sino que pide un anticipo de esta última porque su tardanza le ocasionaría daños irreversibles” a los trabajadores que representa. Y agregaron que “tampoco se advierte la configuración de un perjuicio en cabeza de la parte actora y de la clase a quien representa, que revista una magnitud y probabilidad de ocurrencia que justifique la alteración del orden normal del pleito”.
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El tribunal remarcó además que examinar el pedido de inconstitucionalidad para resolver una suspensión provisional “significaría adelantar una decisión sobre el fondo del asunto”, algo que excede el marco de una medida cautelar. En ese sentido, señaló que “otorgar una medida como la solicitada por la CGT sólo corresponde cuando existen indicios serios y graves sobre la ilegitimidad de una norma” y que, en este caso, “tales indicios no se pudieron demostrar en esta etapa preliminar”.
Los jueces aclararon que la jueza de primera instancia “no se pronunció aún sobre la inconstitucionalidad” de la norma, sino solo sobre la procedencia de la cautelar. También destacaron que “la razonable proximidad del dictado de la sentencia definitiva evidencia la falta de configuración del requisito de peligro en la demora”, en referencia a los plazos breves que rigen para este tipo de juicios.
Con este fallo, la jueza Marra Giménez queda en condiciones de resolver sobre el fondo del reclamo: si la Ley de Modernización Laboral es o no constitucional, mientras la norma sigue aplicándose. La Cámara remarcó que el juicio colectivo tendrá sentencia “en plazos cortos” y que los trabajadores que consideren afectados sus derechos pueden iniciar acciones individuales mientras tanto.
reforma laboral, CGT
A horas de reencontrarse nuevamente con el presidente Javier Milei en el acto oficial por el 9 de Julio en la provincia de Tucumán, la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó nuevas críticas al Gobierno y contrapuso que los próceres de la Independencia “no buscaron enriquecerse en la función pública”.
Mediante una nota de opinión publicada en el diario tucumano La Gaceta, Villarruel manifestó que los argentinos debían demostrar que mantienen intacta “la capacidad de conducir su propio destino”.
“Asumamos el mandato de la historia con la certeza de que otro país es posible si tenemos la audacia y las virtudes necesarias para hacerlo realidad”, expresó.
A su vez, planteó que en el siglo XXI la Argentina atraviesa una “encrucijada histórica” que reedita “el mismo dilema político de 1816″ y señaló que “la libertad no es una abstracción”, sino que se encarna en “la soberanía concreta de la Nación sobre sus decisiones y sus recursos”.
“Difícilmente podamos hablar de una verdadera libertad si nuestra agenda legislativa se limita a subordinar el diseño de nuestro marco jurídico a normativas o intereses foráneos”, dijo, en alusión implícita a los vínculos que el Gobierno tejió con Estados Unidos.
Tras la renuncia del Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete ante el avance de la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, Villarruel contrapuso que los próceres de la Independencia “no buscaron enriquecerse en la función pública, sino darlo todo por amor a la patria”.
“Por eso, este 9 de julio, la encrucijada argentina nos exige abandonar la resignación y la improvisación. No podemos eludir nuestra responsabilidad histórica ni delegar las decisiones estratégicas de la Nación bajo la falsa premisa de una eficiencia sin rostro”, aseveró.
Villarruel hizo un llamado a “evocar las reservas de patriotismo” del pueblo a los técnicos, científicos, trabajadores, empresarios y jóvenes con el objetivo de “volver a concebir el esfuerzo cotidiano como la forma más alta de defensa nacional”.
“Seamos capaces, como los hombres de Tucumán, de escuchar esa voz imperiosa de la Patria que supera todo cálculo transaccional. Construyamos entre todos un orden legal soberano y valiente que ponga los recursos al servicio del desarrollo de nuestras familias y del suelo sagrado que habitamos”, convocó.
También se refirió a los próximos desafíos, indicó que la sociedad se enfrenta a un cambio de época “antropológico” y, en línea con la encíclica del papa León XIV, resaltó que el avance tecnológico debía estar “al servicio de la persona humana y el bien común”.
“En el plano económico y social, esto implica que la innovación debe tener como norte el desarrollo humano integral, la producción nacional y la creación de fuentes de trabajo digno para nuestro pueblo”, afirmó.
Por otro lado, destacó la hazaña del Congreso de Tucumán de 1816 al considerar que fueron hombres que se reunieron en “circunstancias críticas” y que sintieron el llamado de “la voz silenciosa, pero imperativa de la Patria”.
“Al firmar el acta, no solo rompieron vínculos con España, sino que añadieron una cláusula imperecedera que resuena con más fuerza a medida que transcurre el tiempo: la exigencia de ser independientes “de toda otra dominación extranjera”. Aquel congreso demostró, que en situaciones críticas, la política debe ser el arte de hacer posible lo imposible“, concluyó.
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POLITICA
Reservistas militares: qué son, para qué sirven y por qué Argentina lleva casi 40 años sin implementar el sistema previsto por la ley
La Argentina mantiene desde hace cuatro décadas una deuda pendiente en materia de defensa. Si bien la Ley de Defensa Nacional reconoce la existencia de reservistas militares, el país nunca avanzó con la legislación que debía establecer cómo movilizarlos y organizarlos frente a una situación de emergencia.
Esa omisión, advirtió Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía, responde a una combinación de falta de decisión política, demoras burocráticas y ausencia de consensos sobre una herramienta que, según explicó, forma parte del funcionamiento habitual de las Fuerzas Armadas en numerosos países.
“Es una deuda que lleva ni más ni menos que cuarenta años”, resumió el especialista, al señalar que el problema es “burocrático, legislativo” y refleja la falta de interés para avanzar sobre decisiones “claves para que el Estado pueda cumplir algunas de sus funciones fundamentales, como asegurar el resguardo de la soberanía y de los intereses nacionales”.
Una ley incompleta
Serbin Pont explicó que la figura del reservista no está ausente del marco jurídico argentino. El problema, sostuvo, es que nunca se completó el esquema previsto por la propia Ley de Defensa Nacional.
Según detalló, la normativa vigente establece la existencia de elementos de reserva, pero ordena además que el Consejo de Defensa Nacional impulse una ley específica de movilización nacional para definir el procedimiento mediante el cual esos ciudadanos pueden ser convocados en caso de necesidad. “Eso nunca ocurrió”, sintetizó, y esa ausencia impide contar con un sistema institucionalizado para incorporar personal cuando las circunstancias lo requieren.
Como consecuencia, explicó, las Fuerzas Armadas no disponen de un mecanismo transparente, permanente y accesible para organizar, capacitar y movilizar reservistas.
En ese contexto, señaló que actualmente existen grupos de reservistas distribuidos en distintas unidades del Ejército, aunque funcionan principalmente gracias a la iniciativa de sus propios integrantes. “Hoy hay unidades de reservistas en diferentes puntos, pero son, en buena parte, a pulmón, por el esfuerzo de los propios reservistas que deciden organizarse y coordinar con el Ejército”, describió.
Para el analista, eso implica depender de un recurso humano voluntario sin que exista una política pública que ordene su incorporación, capacitación y eventual convocatoria.
Una herramienta habitual en el mundo
Lejos de tratarse de una excepción, Serbin Pont remarcó que los sistemas de reservas constituyen uno de los pilares sobre los que se organizan muchas Fuerzas Armadas modernas.
“Esto existe en un montón de países. No es un invento argentino; al contrario, es la base con la que funcionan muchas fuerzas armadas alrededor del mundo, porque sostener un ejército permanente es caro”, explicó.
Para ilustrarlo, recordó el caso de Israel durante la guerra de Yom Kipur. Allí, señaló, el país logró movilizar en apenas 72 horas a unos 400.000 ciudadanos que no integraban el plantel profesional de las Fuerzas Armadas, sino que desarrollaban normalmente sus actividades civiles y fueron convocados cuando estalló el conflicto.
También mencionó el modelo suizo, donde el Estado entrega a los reservistas su uniforme y equipamiento básico una vez finalizada la instrucción militar. De esa manera, explicó, permanecen disponibles para ser convocados con rapidez cuando las circunstancias lo exigen.
Como ejemplo más reciente, Serbin Pont recordó lo ocurrido en Ucrania al comienzo de la invasión rusa en 2022. Según indicó, el gobierno movilizó a miles de reservistas que ya contaban con entrenamiento previo, mientras que otros ciudadanos recibieron instrucción acelerada para cumplir funciones de apoyo. “Los puntos de combate de alta intensidad los llevan los militares profesionales, pero los reservistas cumplen funciones complementarias”, explicó, al destacar que este tipo de esquemas permite ampliar rápidamente las capacidades del Estado sin depender exclusivamente del personal permanente.
Más efectivos y una mayor integración con la sociedad
Durante la columna, el especialista sostuvo que un sistema de reservas no solo incrementa la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, sino que también fortalece el vínculo entre la institución militar y la sociedad civil.
A modo de ejemplo, explicó que si el Estado conoce con precisión cuántos efectivos permanentes posee y cuántos reservistas capacitados puede convocar, dispone de una base mucho más sólida para planificar distintos escenarios. “Si las Fuerzas Armadas saben que tienen 80 mil efectivos, pero pueden movilizar otros 80 mil, entonces los planes de contingencia se elaboran sobre una capacidad potencial de 160 mil personas y no únicamente sobre la dotación permanente”, señaló.
Consultado acerca de si existe disposición de la ciudadanía para integrar un sistema de estas características, Serbin Pont respondió que el país ya cuenta con antecedentes de voluntariado que demuestran ese compromiso. Mencionó el caso de los cerca de 40.000 bomberos voluntarios que funcionan en la Argentina y sostuvo que miles de personas dedican tiempo y recursos propios para prestar un servicio a la comunidad. “La voluntad existe; lo que falta es un Estado que la organice”, afirmó.
En ese intercambio, la periodista Maru Duffard reconoció que desconocía que cualquier ciudadano pudiera acercarse voluntariamente a una unidad militar para integrar la reserva. La observación dio pie a una aclaración del especialista, quien explicó que pueden formar parte de ese sistema quienes pasaron por las Fuerzas Armadas, desde soldados voluntarios hasta oficiales retirados. Sin embargo, consideró que el esquema podría ampliarse para incorporar también a personas sin experiencia militar previa, siempre que reciban una instrucción básica que les permita integrarse de manera ordenada.
Para Serbin Pont, completar finalmente el marco legal pendiente desde hace cuarenta años no implica únicamente resolver una cuestión administrativa. Significa, sostuvo, dotar al Estado de una herramienta estratégica para responder ante situaciones excepcionales, aprovechar capacidades que hoy permanecen dispersas y fortalecer el vínculo entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas. Esa discusión, concluyó, continúa pendiente pese a que la propia legislación la contempló hace ya cuatro décadas.
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