POLITICA
El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude según las nuevas auditorías

El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por graves irregularidades, y sumó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, informó la decisión a traves de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.
El caso Tucumán
Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.
Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.
La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.
A ese esquema se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo señaló que estas conductas configuran un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.
El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal
El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J.C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.
Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.

El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.
La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a dar un paso adicional: promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.
Un patrón de fraude que investiga que se investiga desde 2014.

Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.
En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.

Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.
“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.
POLITICA
El Senado se prepara para votar otros 26 pliegos judiciales

El Senado podría volver a sesionar el 16 de julio para tratar al menos 26 pliegos judiciales ya dictaminados, en una nueva tanda del impulso que el Gobierno le imprimió a los nombramientos en la Justicia y que busca acelerar acuerdos antes de que algunos candidatos queden fuera por razones de edad o por la demora legislativa.
Ese paquete se sumaría a los 76 cargos que la Cámara Alta ya votó y de los que una parte fue publicada en el Boletín Oficial. Hasta ahora, el Ejecutivo completó el trámite de 46 jueces mediante decreto de nombramiento y su objetivo es llegar a 300 al final del mandato de Javier Milei, una cifra que lo convertiría en el presidente que más integrantes del Poder Judicial designó entre los últimos tres gobiernos.
Uno de los casos que el oficialismo quiere aprobar es el del juez Víctor Pesino. El magistrado dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica y firmó la aplicación plena de la Reforma Laboral, al rechazar las presentaciones judiciales impulsadas por los sindicatos.
Pesino cumple 75 años a fin de mes. Si no obtiene el acuerdo del Senado el 16 de julio, deberá jubilarse, porque los legisladores fijaron como alternativa volver a sesionar recién el 6 de agosto, después del receso invernal.
En el medio de esto, y a sabiendas que la sesión del 16 de julio podría no suceder, el magistrado de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que habilitó la Reforma Laboral, solicitó una medida cautelar urgente para no perder su cargo el 27 de julio, cuando cumplirá 75 años.
El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques negocia los pliegos que llegan al Congreso de la Nación. En esa discusión conviven nombres vinculados con la llamada familia judicial, intereses del Ejecutivo y reclamos de las provincias para cubrir cargos vacantes, en especial en juzgados ligados a las justicias electorales. En esa disputa, hasta ahora llevan ventaja los postulantes vinculados con el propio sistema judicial.
La próxima sesión, si el oficialismo consigue número para abrirla, incorporará como mínimo esas 26 carpetas ya habilitadas por comisión. La aceleración oficial apunta a sostener un ritmo de designaciones que ya dejó una primera tanda votada y otra en preparación.
Un expediente distinto es el de la magistrada María Verónica Michelli. El Ejecutivo intentó retirar su pliego del Senado cuando ya tenía dictamen de la Comisión de Acuerdos y lo hizo minutos antes de la sesión en la que iba a votarse su nombramiento.
La razón invocada fue su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, de quien es cuñada. Como el Gobierno no logró sacar el pliego a tiempo, luego la excluyó de la tanda de nombramientos publicada en el Boletín Oficial.
En el Ejecutivo sostienen que Michelli no puede asumir en el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata porque ese tribunal ni siquiera tiene edificio asignado. Otras fuentes, sin embargo, contraponen esa explicación con otra designación oficial: la de Ana Maria San Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, nombrada como jueza federal en Hurlingham, donde ese juzgado tampoco está creado.
Otro punto a tener en cuenta en el debate en la Cámara alta es que el peronismo no conformó la Comisión de Acuerdos y, aunque en general se presenta algún senador del PJ en la misma cuando se debaten los pliegos de los magistrados que tienen como destino las provincias, amenaza con no reconocer los nombramientos.
El Ejecutivo vía el ministro Mahíques sigue adelante con los nombramientos. La intención es la de alcanzar el número mágico de los 300 nombramientos, casi 30 más que los que hizo el ex presidente Mauricio Macri en la gestión de Cambiemos. En paralelo, modificó la forma de selección vía un decreto presidencial para que la entrevista personal a los candidatos pierda peso y restringir las instancias de audiencias públicas.
celeste salguero / comunicacion senado.
POLITICA
La metamorfosis de Jones Huala: el referente de la Resistencia Ancestral Mapuche, con notorios cambios en su imagen

El traslado de Facundo Jones Huala desde la cárcel de Rawson a la de Esquel, concretado el miércoles luego de una puja entre el Servicio Penitenciario y su defensa, puso en circulación una serie de fotos del líder mapuche que colocaron la atención sobre los cambios en su imagen.
Se trata de fotos o capturas que muestran al activista –condenado en Chile por un incendio y hoy investigado en el país– atravesando distintas etapas.
Una de ellas, que circuló tras el traslado, pero que fue tomada hace más de un año, muestra una imagen de Jones Huala que dista mucho de aquella que proyectaba no mucho tiempo atrás como uno de los referentes de la autodenominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
En ella se observa a un Jones Huala sin la barba rala que acostumbraba llevar y desprovisto del tradicional poncho en el que solía enfundarse. Pertenece a una audiencia del proceso judicial local que lo investiga por participar «en agrupaciones destinadas a imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor».
Desde su entorno señalaron que afeitarse no fue una decisión personal, sino una imposición de la cárcel de Rawson.
Otra captura, más actual, lo muestra algo desmejorado respecto a aquella versión previa, pero con el habitual paño alrededor de su cabeza. Es de una audiencia del mes de diciembre.
Los cambios en su imagen, sin embargo, no implicaron un giro en sus convicciones. “El motivo por el que estoy detenido -dijo en aquella audiencia- es luchar por los derechos de mi pueblo. Esas demandas siguen vigentes”.
“Que nos devuelvan la tierra de una vez por todas”, reclamó. Pidió por el “reconocimiento de una persecución política-judicial” en su contra y también reclamó que el conflicto encuentre una “solución política”, “no judicial ni represiva”.
Máxima seguridad
Hasta este miércoles y desde hacía más de un año, Jones Huala permanecía detenido en una cárcel de máxima seguridad en Rawson. Había denunciado las condiciones carcelarias en la que se encontraba y solicitado sin éxito su traslado a Trelew para poder estar cerca de su familia.
Para empujar su reclamo inició una huelga que primero fue liquida y luego seca, lo que implica un abandono total de la ingesta. No circularon nuevas imágenes suyas después de esa medida autoimpuesta.
“Costó muchísimo. Han puesto todos los obstáculos posibles”, dijo su abogado, Gustavo Franquet a Radio Chubut, respecto al traslado y apuntando contra el Gobierno y la fiscalía.
Otra foto emblemática fue tomada por la Policía de Río Negro, luego de haber sido detenido tras intentar abrir dos autos en el centro.
A Jones Huala hoy se lo investiga por su presunto rol dentro de RAM y por discursos públicos en los que la fiscalía entiende que habría reivindicado o promovido acciones violentas.
Fue denunciado por el Gobierno en febrero de 2025 y detenido en junio de ese mismo año. Se le achaca haber integrado una organización cuyo objetivo principal habría sido “imponer sus ideas por la fuerza y aterrorizar a la población local”, según la fiscalía.
Esa imputación fue ampliada a fines del mes pasado, cuando se prorrogó su prisión preventiva por 90 días, medida que se extenderá hasta el 30 de agosto.
Jones Huala contaba con una condena como precedente por el incendio de una vivienda en Río Bueno, Chile, en 2013, y por tenencia ilegal de un arma de fabricación artesanal. Recibió una pena de seis años por incendio y tres años por el arma, que ya fue cumplida.
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Patricia Bullrich dijo que las colectoras “deforman el sistema electoral” y puso reparos a la suspensión de las PASO

El oficialismo comienza a mostrar reparos a la intención de suspender las PASO y modificar el sistema electoral con la incorporación de colectoras. Fue la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien admitió que el Gobierno aún no cuenta con los apoyos suficientes en la negociación con los gobernadores, así como cuestionó una de las ideas para acercar a otros espacios políticos.
“Nosotros queremos que no haya PASO, porque es un sistema donde por ahí no compite nadie contra nadie”, planteó Bullrich este miércoles al salir del Senado ante periodistas acreditados.
La senadora fue crítica con la alternativa de las colectoras que estudia la Casa Rosada para atraer a los mandatarios provinciales. “Surgió la idea de las colectoras, que deforman el sistema electoral. Es retroceder y llevarse una parte de las PASO a la misma elección”, sostuvo la legisladora. Bullrich remarcó que prefiere pelear por la eliminación directa de las primarias antes que discutir una suspensión, como reclaman varios partidos provinciales. “No sirve, necesitamos una solución de fondo”, rechazó esa opción.
Al hacer un análisis ante los periodistas, Bullrich admitió que “el tema electoral está muy discutido”.
El proyecto de reforma electoral necesita mayorías agravadas de 37 votos en el Senado y 129 en Diputados. Las negociaciones las encabezan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores, y Bullrich con los legisladores “sin tierra” en el Senado. Con 21 legisladores propios y entre 7 y 9 senadores aliados, La Libertad Avanza necesita no solo el apoyo de los gobernadores dialoguistas, sino también del PRO y la UCR.
En la UCR gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Alfredo Cornejo (Mendoza) defienden mantener las PASO provinciales, mientras que Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) podrían acompañar al oficialismo. En el PRO, Mauricio Macri sostiene la misma postura que los radicales díscolos, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tampoco respalda anular las internas abiertas.
Leer más: Con la mira en las elecciones, el Gobierno afirmó que busca impulsar el crédito pero descartó implementar un “plan platita”
Bullrich reconoció que en la mayoría de los capítulos de la reforma “hay un acuerdo tácito”, salvo en la forma de selección previa de los candidatos, donde no se vislumbra una mayoría clara. Por ahora, las negociaciones siguen trabadas en la comisión de Asuntos Constitucionales, y no habría avances hasta después del receso invernal.
Como anticipó TN este miércoles, la Casa Rosada pone en duda un acuerdo macro con gobernadores para 2027 y planea competir con candidatos propios en varias provincias. En el Gobierno descartan por ahora una coalición general con los mandatarios aliados y advierten que las negociaciones electorales serán “mano a mano”, según el peso de cada distrito, los votos legislativos y la conveniencia política de La Libertad Avanza.
En ese marco, este jueves el gobernador de de Jujuy, el radical Carlos Sadir, se manifestó en contra de eliminar las PASO, aunque indicó que la UCR podría considerar “suspenderlas” el próximo año, según dijo en radio Rivadavia.
“Hemos hablado bastante de ese tema (con Santilli) pero, obviamente no hay una definición. Dependerá del Congreso. Sobre todo, me parece, que demanda hablar más entre los gobernadores y también con los legisladores para tener una definición clara. Pensaría que podríamos suspender otra vez, como ya ocurrió, pero no eliminarla”, concluyó Sadir.
Patricia Bullrich, Elecciones, reforma electoral
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