POLITICA
El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude según las nuevas auditorías
El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por graves irregularidades, y sumó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, informó la decisión a traves de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.
El caso Tucumán
Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.
Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.
La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.
Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.
A ese esquema se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo señaló que estas conductas configuran un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.
El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal
El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J.C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.
Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.
El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.
La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a dar un paso adicional: promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.
Un patrón de fraude que investiga que se investiga desde 2014.
Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.
En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.
“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.
POLITICA
Milei recibirá a representantes de los laboratorios en medio de la disputa por el tratado de patentes que impulsa Estados Unidos
Javier Milei recibirá este viernes a representantes de laboratorios en medio de la disputa por el tratado de patentes que pidió Estados Unidos dentro del acuerdo comercial con la Argentina.
Según la agenda confirmada, el Presidente participará el jueves a las 12 del Latin Economic Forum en Parque Norte; el viernes a las 10 mantendrá una reunión con el empresario británico Maurice Ostro en Casa Rosada; y a las 12 recibirá al presidente de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), Gastón Domingues Caetano.
El encuentro se da en un momento sensible para la Casa Rosada. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) ya obtuvo dictamen de mayoría en Diputados, pero el Gobierno evita fijar una fecha para llevarlo al recinto. En el Ejecutivo reconocen que el expediente sigue trabado por la tensión entre laboratorios internacionales, que impulsan la adhesión, y laboratorios nacionales, que reclaman cambios para limitar su impacto sobre la competencia, los genéricos y el mercado interno.
El PCT es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. No crea una patente internacional ni obliga a la Argentina a conceder automáticamente derechos sobre invenciones extranjeras, sino que permite presentar una única solicitud internacional de patente y luego decidir en qué países continuar el procedimiento. Cada Estado conserva la facultad de examinar, observar, conceder o rechazar la patente según su legislación nacional.
El debate no es solo jurídico, sino también económico y productivo. Los sectores que impulsan la adhesión sostienen que el PCT puede “facilitar la protección internacional” de desarrollos locales, “reducir costos” para investigadores, universidades, startups y pymes, y dar una señal de previsibilidad para inversiones en investigación clínica, biotecnología y economía del conocimiento. También remarcan que la Argentina es “el único país del G20” que no forma parte del sistema.
CAEME, que agrupa a laboratorios internacionales, respalda la agenda de nuevos estándares de propiedad intelectual incluida en el entendimiento comercial con Estados Unidos. En sus presentaciones, la cámara plantea que un marco más alineado con estándares internacionales puede favorecer la “innovación”, la “inversión en investigación y desarrollo” y el “acceso a innovación médica”.
La posición de los laboratorios nacionales es distinta. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos reclama que, si la Argentina adhiere al PCT, lo haga con reserva del Capítulo II. Ese capítulo permite solicitar un examen preliminar internacional sobre la patentabilidad de una invención. Para la industria local, aunque ese examen no sea formalmente vinculante, puede generar presión sobre el INPI y favorecer estrategias de extensión de patentes sobre medicamentos mediante cambios incrementales.
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La diferencia técnica tiene impacto económico. Bajo el Convenio de París, los solicitantes cuentan con 12 meses para avanzar en otros países. El PCT extiende esa ventana a 30 meses y permite diferir decisiones y costos. Para sus defensores, eso mejora la planificación de inventores y empresas argentinas que buscan proteger desarrollos afuera. Para sus críticos, también facilita el ingreso de más solicitudes extranjeras al sistema local y puede tensionar la competencia en sectores sensibles como el farmacéutico.
El dictamen en Diputados expuso esa disputa. El oficialismo consiguió mayoría en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, con 57 firmas entre 91 presentes. En La Libertad Avanza defendieron que el tratado no concede patentes internacionales ni limita la soberanía argentina. En representación del Ejecutivo, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, lo presentó como parte de una política de integración comercial y alineamiento con reglas internacionales de propiedad intelectual.
La oposición y algunos aliados marcaron reparos. La Coalición Cívica cuestionó el peso del lobby farmacéutico en la discusión y Unión por la Patria sostuvo que el tratamiento responde a compromisos asumidos con Estados Unidos dentro del acuerdo comercial. En paralelo, los laboratorios nacionales empujaron la reserva del Capítulo II, lo que obligaría a que el texto vuelva al Senado si Diputados lo aprueba con modificaciones.
El tratado es uno de los puntos más sensibles del acuerdo comercial con Washington. El capítulo de propiedad intelectual es seguido de cerca por Estados Unidos a través del informe Special 301, que evalúa la protección y el cumplimiento de derechos de propiedad intelectual en sus socios comerciales. En el Gobierno destacan que la Argentina mejoró su clasificación en ese monitoreo tras la derogación de criterios restrictivos de patentabilidad farmacéutica, pero admiten que Washington seguirá mirando el tratamiento del PCT.
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Es por eso que la reunión de Milei con CAEME no aparece como una actividad sectorial aislada. Se produce mientras el Gobierno intenta sostener señales de alineamiento con Estados Unidos, avanzar en compromisos comerciales y administrar una disputa doméstica con fuerte impacto sobre medicamentos, innovación, genéricos, competencia e industria nacional. En Balcarce 50 mantienen el proyecto en agenda, pero todavía no confirman cuándo intentarán votarlo.
La demora también responde al calendario legislativo. El oficialismo busca reactivar el Senado la semana que viene con pliegos judiciales, el paquete de Propiedad Privada y el acuerdo con holdouts, mientras en Diputados todavía debe ordenar la agenda de proyectos enviados en los últimos días. En ese marco, el tratado de patentes quedó con dictamen, pero sin fecha cerrada de recinto.
Javier Milei, Laboratorios, Patentes
POLITICA
El Gobierno busca avanzar con su plan para achicar el Estado y prepara cambios en los sectores inmobiliario, financiero y de seguros
A pocos días de entregar su declaración jurada con el objetivo de aclarar su situación patrimonial, Manuel Adorni retomó este miércoles las reuniones con los ministros del Gabinete para planificar la agenda del periodo 2026/2027.
Esta vez, el turno fue de Federico Sturzenegger y todo su equipo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conversaron con el jefe de Gabinete sobre los hitos de la cartera y los proyectos de trabajo para el año en curso.
Durante la reunión de trabajo, los funcionarios debatieron sobre los procesos de achique de la estructura y dotación del Estado, la racionalización de organismos públicos y las iniciativas destinadas a fortalecer la profesionalización del empleo público.
Además, “se analizaron los próximos proyectos de ley vinculados a las desregulaciones necesarias para seguir consolidando un Estado más eficiente, moderno y orientado a simplificarle la vida a los argentinos”, según comunicaron en la Jefatura de Gabinete.
Según pudo saber TN, también se abordaron digestos de normas de sectores productivos, es decir, leyes consideradas redundantes u obsoletas como las que fueron incluidas en la Ley Hojarasca.
Respecto al resto de los proyectos bajo elaboración, fuentes al tanto de la reunión aseguraron a este medio que las iniciativas se irán anunciando a medida que estén listas. Sin embargo, entre ellas aparece un paquete de desregulación que apunta a reducir costos, aumentar la competitividad y facilitar el acceso a nuevos actores para una serie de actividades económicas.
El paquete incluirá puntos que van desde una reforma a la Ley de Cabotaje para garantizar la libre navegación fluvial hasta cambios en el mercado inmobiliario, el sector de seguros y el financiero.
Manuel Adorni recupera protagonismo a días de presentar su declaración jurada
La última vez que Adorni había recibido a un ministro en su despacho para conversar sobre la gestión había sido a principios de mayo, cuando se reunió con Diego Santilli.
Desde entonces, el funcionario protagonizó una serie de apariciones públicas, incluida una conferencia de prensa con los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), para anunciar el envío de un proyecto de super-RIGI y anunciar avances en materia de la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, si bien el tema desescaló respecto a semanas atrás, Adorni todavía no logró dejar atrás la presión, tanto interna como externa, alrededor de su investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. En ese sentido, según anticipó TN, el Gobierno espera que el ministro coordinador presente su declaración jurada los primeros días de la semana que viene para esclarecer el asunto.
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Tal como lo dijo el presidente Javier Milei, en Casa Rosada insisten en que Adorni tiene cómo justificar su patrimonio, y adelantan que el funcionario apelará a una herencia de su padre y a ingresos previos de su esposa para respaldar parte de los fondos investigados por la Justicia.
Con la presentación, el oficialismo apunta a lograr pasar la página sobre el asunto y así poder recuperar la iniciativa perdida durante los últimos meses. Para ello, el Gobierno enfoca toda su atención en una batería de proyectos de ley que actualmente tramitan en el Congreso, ayudados también por la cercanía del Mundial, que se llevará buena parte de la atención pública.
Manuel Adorni, Federico Sturzenegger, declaración jurada
POLITICA
Suspendieron a los hermanos que trabajaban en el Consejo de la Magistratura y se dedicaban a secuestrar delincuentes
Un chofer del Consejo de la Magistratura y su hermano, que hacía tareas de vigilancia en el organismo, fueron suspendidos en sus funciones porque están presos acusados de integrar una banda que se dedicaba a secuestrar a narcotraficantes y delincuentes a los que les cobraban como rescate el botín que obtenían en sus actividades ilegales.
El padre de ambos, que era un expolicía jefe del Área de Choferes del Consejo de la Magistratura, fue removido de su cargo y trasladado mientras es investigado. Se sospecha que uno de los secuestros de un menor de edad, hijo de un delincuente preso en la cárcel de Villa Devoto, se realizó con una camioneta blanca Volkswagen Amarok que pertenece a la flota oficial del Consejo de la Magistratura, dijo a una fuente del caso.
Los dos empleados del Consejo de la Magistratura suspendidos tras un estudio del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial son Matías Nahuel Más y Juan Jesús Más, según la resolución 28 de 2023 firmada por la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura Agustina Diaz Cordero. En esa misma decisión se cita que ambos detenidos fueron acusados por el fiscal federal de Morón Sebastián Basso de integrar una asociación ilícita, secuestro extorsivo agravado por el cobro del rescate y la participación de tres o más personas; robo agravado por haberse cometido en banda y con armas, y secuestro agravado de un menor de edad.
Uno de los hermanos era chofer del Consejo, el otro monitoreaba cámaras de seguridad. Ambos están presos y fueron ahora suspendidos. El padre de ambos, Sebastián Más, entre diversas funciones vinculadas a la seguridad de los edificios judiciales, era el responsable del Área de Choferes del Consejo de la Magistratura, como titular de la Oficina de Enlace. Ahora fue trasladado al área de Recursos Humanos.
El juez federal de Morón Jorge Rodríguez debe decidir sobre la situación de los hermanos, involucrados en una organización integrada por la menos 10 personas.
“Nos encontramos ante imputaciones penales de delitos graves, pluriofensivos en los que respecta a los bienes jurídicos lesionados y que, a más del carácter de funcionarios públicos de las dos personas detenidas, exhiben una línea de investigación jurisdiccional enderezada a determinar el probable empleo en al menos uno de los hechos de un vehículo oficial de este Consejo de la Magistratura”, dice el informe de Díaz Cordero.
Los investigadores del caso relataron el origen insólito de esta investigación, que puso al descubierto a una organización de secuestradores que robaba a ladrones y a narcos en el entendimiento de que entre miembros del hampa no iban a ser denunciados.
La causa se inició en enero cuando se produjo un robo mediante una “entradera” en una casa en la ciudad de Buenos Aires. La policía comenzó a investigar e identificó a los tres delincuentes, y logró dar con uno de ellos. Pero uno de los dos prófugos, en su huida, fue secuestrado por una banda que buscaba sacarle dinero. Así, pagó un rescate de 45.000 dólares y fue liberado. Una vez que recuperó la libertad, la policía lo detuvo por la entradera en la casa porteña.
La banda de secuestradores tenía información privilegiada sobre el botín que había en la casa, por lo que esta vez secuestraron al hijo menor de edad de uno de los ladrones que estaba preso en la cárcel de Villa Devoto. Ningún miembro de la banda hizo la denuncia, pero sí los vecinos que vieron el secuestro.
La policía empezó a investigar, hizo seguimientos, controló imágenes de cámaras de seguridad y logró la autorización judicial para intervenir teléfonos, entre ellos los de los empleados del Consejo de la Magistratura ahora detenidos. Con toda esa información cayó sobre los secuestradores, luego del pago del rescate, que fueron otros 45.000 dólares. Eso permitió además liberar al hijo del delincuente.
Ahora, la fiscalía de Basso sigue investigando a la organización, ante la sospecha de que hay personas implicadas en esta banda. Entienden que para robar a otros delincuentes no solo hay que tener potencia de fuego y ser “pesados”, sino contar además con información privilegiada sobre los negocios ilegales de los secuestrados. Información que tienen los delincuentes o los policías, y hacia allí se encamina la pesquisa.
una banda,La justicia electoral retiró tres listas que iban a competir en las PASO de la Ciudad por el Congreso y la Presidencia,Hernán Cappiello,Consejo de la Magistratura,Justicia Federal,secuestro extorsivo,Conforme a,,De bajo perfil. Quiénes son los operadores políticos todoterreno que trabajan con Sergio Massa,,Secretos de campaña. Elecciones 2021: un drenaje de cinco millones de votos que partió al Frente de Todos y selló la suerte de Alberto Fernández,,Los 70. El atentado contra José Alonso, un blanco sindical de los Montoneros,Consejo de la Magistratura,,¡Los dólares o le corto un dedo! Trabajaban en el Consejo de la Magistratura e integraban una banda de secuestradores,,Qué dice el texto. El Consejo de la Magistratura avanza con un nuevo Código de Ética para los jueces,,Clave en los casos de corrupción. El Gobierno logró avanzar en el concurso para reemplazar a dos jueces de la Cámara Federal
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