POLITICA
Milei recibirá a representantes de los laboratorios en medio de la disputa por el tratado de patentes que impulsa Estados Unidos
Javier Milei recibirá este viernes a representantes de laboratorios en medio de la disputa por el tratado de patentes que pidió Estados Unidos dentro del acuerdo comercial con la Argentina.
Según la agenda confirmada, el Presidente participará el jueves a las 12 del Latin Economic Forum en Parque Norte; el viernes a las 10 mantendrá una reunión con el empresario británico Maurice Ostro en Casa Rosada; y a las 12 recibirá al presidente de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), Gastón Domingues Caetano.
El encuentro se da en un momento sensible para la Casa Rosada. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) ya obtuvo dictamen de mayoría en Diputados, pero el Gobierno evita fijar una fecha para llevarlo al recinto. En el Ejecutivo reconocen que el expediente sigue trabado por la tensión entre laboratorios internacionales, que impulsan la adhesión, y laboratorios nacionales, que reclaman cambios para limitar su impacto sobre la competencia, los genéricos y el mercado interno.
El PCT es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. No crea una patente internacional ni obliga a la Argentina a conceder automáticamente derechos sobre invenciones extranjeras, sino que permite presentar una única solicitud internacional de patente y luego decidir en qué países continuar el procedimiento. Cada Estado conserva la facultad de examinar, observar, conceder o rechazar la patente según su legislación nacional.
El debate no es solo jurídico, sino también económico y productivo. Los sectores que impulsan la adhesión sostienen que el PCT puede “facilitar la protección internacional” de desarrollos locales, “reducir costos” para investigadores, universidades, startups y pymes, y dar una señal de previsibilidad para inversiones en investigación clínica, biotecnología y economía del conocimiento. También remarcan que la Argentina es “el único país del G20” que no forma parte del sistema.
CAEME, que agrupa a laboratorios internacionales, respalda la agenda de nuevos estándares de propiedad intelectual incluida en el entendimiento comercial con Estados Unidos. En sus presentaciones, la cámara plantea que un marco más alineado con estándares internacionales puede favorecer la “innovación”, la “inversión en investigación y desarrollo” y el “acceso a innovación médica”.
La posición de los laboratorios nacionales es distinta. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos reclama que, si la Argentina adhiere al PCT, lo haga con reserva del Capítulo II. Ese capítulo permite solicitar un examen preliminar internacional sobre la patentabilidad de una invención. Para la industria local, aunque ese examen no sea formalmente vinculante, puede generar presión sobre el INPI y favorecer estrategias de extensión de patentes sobre medicamentos mediante cambios incrementales.
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La diferencia técnica tiene impacto económico. Bajo el Convenio de París, los solicitantes cuentan con 12 meses para avanzar en otros países. El PCT extiende esa ventana a 30 meses y permite diferir decisiones y costos. Para sus defensores, eso mejora la planificación de inventores y empresas argentinas que buscan proteger desarrollos afuera. Para sus críticos, también facilita el ingreso de más solicitudes extranjeras al sistema local y puede tensionar la competencia en sectores sensibles como el farmacéutico.
El dictamen en Diputados expuso esa disputa. El oficialismo consiguió mayoría en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, con 57 firmas entre 91 presentes. En La Libertad Avanza defendieron que el tratado no concede patentes internacionales ni limita la soberanía argentina. En representación del Ejecutivo, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, lo presentó como parte de una política de integración comercial y alineamiento con reglas internacionales de propiedad intelectual.
La oposición y algunos aliados marcaron reparos. La Coalición Cívica cuestionó el peso del lobby farmacéutico en la discusión y Unión por la Patria sostuvo que el tratamiento responde a compromisos asumidos con Estados Unidos dentro del acuerdo comercial. En paralelo, los laboratorios nacionales empujaron la reserva del Capítulo II, lo que obligaría a que el texto vuelva al Senado si Diputados lo aprueba con modificaciones.
El tratado es uno de los puntos más sensibles del acuerdo comercial con Washington. El capítulo de propiedad intelectual es seguido de cerca por Estados Unidos a través del informe Special 301, que evalúa la protección y el cumplimiento de derechos de propiedad intelectual en sus socios comerciales. En el Gobierno destacan que la Argentina mejoró su clasificación en ese monitoreo tras la derogación de criterios restrictivos de patentabilidad farmacéutica, pero admiten que Washington seguirá mirando el tratamiento del PCT.
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Es por eso que la reunión de Milei con CAEME no aparece como una actividad sectorial aislada. Se produce mientras el Gobierno intenta sostener señales de alineamiento con Estados Unidos, avanzar en compromisos comerciales y administrar una disputa doméstica con fuerte impacto sobre medicamentos, innovación, genéricos, competencia e industria nacional. En Balcarce 50 mantienen el proyecto en agenda, pero todavía no confirman cuándo intentarán votarlo.
La demora también responde al calendario legislativo. El oficialismo busca reactivar el Senado la semana que viene con pliegos judiciales, el paquete de Propiedad Privada y el acuerdo con holdouts, mientras en Diputados todavía debe ordenar la agenda de proyectos enviados en los últimos días. En ese marco, el tratado de patentes quedó con dictamen, pero sin fecha cerrada de recinto.
Javier Milei, Laboratorios, Patentes
POLITICA
Una jueza de Río Grande ordenó a 19 empresas que dejen de pescar en aguas de Malvinas sin permiso argentino
La Justicia federal de Río Grande ordenó a doce empresas pesqueras con domicilio en España y a siete sociedades mixtas hispano-isleñas que se abstengan de pescar en aguas argentinas sin habilitación de la autoridad nacional, y la orden incluye expresamente el mar que rodea a las islas Malvinas. La jueza Mariel Borruto dictó la medida cautelar el 6 de noviembre, en el expediente FCR 16446/2026, promovido por la Fundación Agustina Lerena.
La cautelar fue firmada el viernes pasado y alcanza tanto al mar territorial como a la Zona Económica Exclusiva, incluidas las aguas que rodean a las islas Malvinas. Es provisoria, no llega a la alta mar y deja afuera, por ahora, a bancos, astilleros y aseguradoras. La notificación se dará a las empresas a través de Cancillería. “Es un hecho de absoluta relevancia”, aseguró el especialista Daniel Guzmán.
El fallo no declara culpable a nadie: la propia jueza aclara que no es un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas, pero fija una prohibición concreta y, sobre todo, una determinada interpretación jurídica del conflicto: para la magistrada, lo que se pesca alrededor de las islas no es un asunto aparte, sino parte del mismo ecosistema que la Argentina administra.
En este sentido, mientras no obtengan un permiso de la autoridad de aplicación de la Ley Federal de Pesca, las empresas alcanzadas deberán abstenerse, por sí o mediante buques que armen, operen, fleten o gestionen, de capturar o extraer recursos vivos marinos, con cualquier arte de pesca; procesar a bordo las capturas obtenidas en esos espacios; transbordar o descargar esas capturas; e iniciar nuevas mareas o temporadas, o incorporar nuevos buques para esas actividades.
Las firmas españolas tienen sede en Vigo, Marín, Cangas y Moaña, en Galicia. Las sociedades mixtas figuran en la resolución con vehículos societarios domiciliados en Puerto Argentino-Stanley, como South Atlantic Squid, Petrel Fishing Company o Golden Touza.
Además, deberán informar bajo juramento, en diez días judiciales desde que sean notificadas, qué buques operan en esas aguas, con qué licencias, cuánto capturaron desde 2023, qué descartes registran, a qué puertos descargan y cuál es su estructura societaria. También deberán preservar toda la documentación: partes de pesca, diarios y registros satelitales.
Consultado sobre la medida, Guzmán del portal Agenda Malvinas dijo que “es de una importancia trascendental que apunta a empresas que operan en aguas circundantes a Malvinas y cuyos registros fueron publicados, es su propia información la que sirve de prueba. Tiene la relevancia de la documentación propia de los que están robando”.
El argumento: un mismo mar
La jueza parte de una premisa jurídica: la Disposición Transitoria Primera de la Constitución ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos. Por eso, sostiene, que las empresas sean extranjeras o actúen con licencias de la administración isleña “no enerva (debilita) la plena vigencia del derecho argentino”. La Ley de Pesca exige un permiso argentino para pescar en esos espacios.
En una aclaración que es política además de técnica, el fallo advierte que cuando los informes oficiales hablan de “aguas en disputa” o de la “ZEE disputada con el Reino Unido”, esas expresiones no alteran la condición jurídica de esas aguas.
Para acreditar la verosimilitud del reclamo la jueza se apoyó en informes y datos del Instituto Nacional de Investigación Pesquera (INIDEP). Entre ellos, que desde 1989, la administración isleña otorga licencias de pesca que le dejan ingresos promedio de más de 20 millones de libras anuales, con unas 230 licencias por año desde 2013. Los principales adjudicatarios, según el INIDEP, son España, Gran Bretaña con puerto de asiento en las islas, Corea del Sur y Taiwán.
Las capturas de buques de bandera española en ese sector pasaron de 59.001 toneladas en 2013 a 34.036 en 2017. Las de buques británicos con puerto en las islas fueron de 60.474 toneladas en 2013 y 63.859 en 2017. Las capturas de merluza común en ese sector subieron de 14.681 toneladas en 2014 a 62.829 en 2022.
Finalmente, se detalla que, en la temporada de calamar de 2026, el INIDEP estimó 110 poteros extranjeros operando en la zona económica exclusiva, frente a 84 poteros de bandera argentina. En 2025 hubo hasta 108 buques extranjeros por semana.
El tribunal subrayó otro punto: la Argentina no recibe partes de pesca ni declaraciones de captura de esa actividad, no embarca observadores ni inspecciona. El INIDEP debe estimar lo que se pesca a partir de imágenes satelitales y de rendimientos de buques argentinos. Esa falta de datos, razonó la jueza, impide fijar capturas máximas y cuotas realistas, y debilita las vedas que sí cumple la flota nacional.
Hay además un argumento de calendario. El calamar es una especie “cuya abundancia poblacional se renueva totalmente cada año”, según el INIDEP: lo que se extrae en una temporada reduce los reproductores que deberían asegurar la siguiente.
Para la jueza, esperar la sentencia definitiva implicaría que la pesca continúe temporada tras temporada sobre las mismas poblaciones.
Demanda colectiva por daño ambiental
La Fundación Agustina Lerena, que preside César Lerena, promovió una demanda colectiva por daño ambiental. Su patrocinante es el constitucionalista Eduardo Barcesat.
La fundación reclama la recomposición del daño y una indemnización que la fundación estima en US$26.465 millones por capturas entre 1989 y 2025.
Ese monto es una estimación de la parte demandante. La jueza había reconocido la competencia del juzgado y la legitimación de la fundación el 2 de noviembre. El fiscal federal se había pronunciado a favor de la admisibilidad de la acción y de la cautelar.
La medida es provisoria: cuando las demandadas se presenten, la jueza deberá revisarla, y podrá mantenerla, ampliarla, modificarla o levantarla. La notificación a las empresas, incluidas las radicadas en el exterior, queda a cargo de la fundación, que deberá hacerlo por la vía que corresponda en cada caso. La efectividad práctica de la orden sobre sociedades extranjeras dependerá de esas notificaciones y de los mecanismos jurídicos aplicables, advirtió la prensa regional.
El fallo incluye una pieza que puede pesar más adelante: la carga de la prueba. Como los datos sobre buques, licencias y capturas están en manos de las mismas empresas, la jueza dispuso que, si alguna niega pescar en esas aguas o invoca un permiso argentino, deberá respaldarlo con documentos.
Sol Agusti,Conforme a
Apenas concluida la visita de León XIV -potente por el mensaje y por la respuesta masiva que generó a cada paso-, el oficialismo expuso sin disimulo la interna del poder. Dedicó algo de tiempo a ensayar lecturas parciales y forzadas de los dichos del Papa, un ejercicio parecido al del kirchnerismo en la otra vereda, como si la realidad social y económica les fuera ajena por completo. El eco nítido del paso del Papa por el país hizo más contrastante la reposición pública del tema doméstico. No se trató sólo de un más que sugerente gesto de Javier Milei en redes sociales, sino de una movida más amplia que alimenta y expone las tensiones con Patricia Bullrich, en la mira de Karina Milei.
El Gobierno parece moverse sin considerar los efectos más extendidos de sus disputas, que superan los límites de la política y son anotados especialmente en el mundo de la economía. Las reacciones, según la magnitud de cada entrega de la interna, tienen registro inmediato en el tablero financiero, pero importan además para el cálculo de mediano plazo en materia de inversiones.
Tal vez eso explique algunas expresiones contradictorias. De un lado, los mensajes hacia el circuito empresarial -por la vía de los trascendidos y también en boca de operadores- que buscan minimizar los alcances de las pulseadas y dicen que el ruido irá disminuyendo en la medida que avance el plan reeleccionista de Milei. Y del otro, la evidencia de que el foco en el interior libertario se corrió definitivamente hacia las tensiones entre Olivos y Bullrich, por ahora sin un cierre efectivo.
La cuestión de fondo -también para la lectura económica- es que no se trata de un simple cambio de protagonistas en la cartelera de las peleas violetas. Lo que se modificó de manera sustancial es la naturaleza de la interna. Queda en segundo plano la competencia por espacios de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo, y lo que emerge con final abierto es una disputa por el poder encarnada por Bullrich, con vaivenes como los de estas horas. Dicho de otra forma: no se discute centralmente quién pesa más en el entorno presidencial, sino hasta qué punto puede escalar un proyecto diferente del que sostiene al Presidente. Y eso aumenta en la medida que se acercan las definiciones electorales para el 2027.
Por eso mismo, la señal de Milei resultó más que sugerente. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”, fue el mensaje compartido por el Presidente en redes sociales. Ocurrió en las últimas horas de la visita del Papa, pero, de hecho, creció después en repercusión. Fue amplificado por fuentes del oficialismo que lo destacaron como respuesta directa a la jefe del bloque de senadores de LLA, a pesar de que no es mencionada expresamente.
Sin exagerar el análisis, la frase trasmite que Olivos le estaría atribuyendo a Bullrich más capacidad de daño que de construcción propia. Como sea, está lejos de asomar como elemento único. Al contrario, fue acompañado por muestras práctica de la intención de limar a la ex ministra en respuesta a sus gestos de diferenciación. Y eso mismo refuerza la impresión de que los cruces importan más por lo que representan que por lo que dicen formalmente.
En la superficie, Bullrich operó del mismo modo. Con un tuit, se mostró a tono con el clima marcado por el Papa, que por estas horas desarrolla en Perú la última etapa de su gira regional. Destacó en X que el Senado tiene todo listo para convertir en ley el proyecto sobre discapacidad, aprobado por mayoría infrecuente en Diputados luego de que el oficialismo cediera en sus posiciones iniciales por presión de aliados y para no perder una batalla de esta magnitud con la oposición. Y remató: “El país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.
Suficiente el texto para su interpretación en clave de interna. Con un añadido nada menor en esa atmósfera: de hecho, fijó la prioridad de tratamiento para la ley de discapacidad casi al mismo tiempo que el Gobierno insistía con su propia prioridad, es decir, la reforma electoral como objetivo central del Senado. Fijar agenda fue para Olivos una manera de presionar efectivamente sobre Bullrich, como jefa del bloque de LLA.
El proyecto del Ejecutivo -reducido como interés real a la eliminación de las PASO-, llegó al Senado hace seis meses y nunca avanzó. Bullrich hace tiempo transmitió la dificultad para reunir la mayoría exigida en esta materia -la mitad más uno de los senadores- y, en rigor, la negociación fundamental quedó planteada fuera de la Cámara alta. Las tratativas con los gobernadores están a cargo de Diego Santilli, pero una pieza clave sigue siendo Luis Caputo. Como se sabe, son dos los rubros de negociación: acuerdos electorales y plata.
El Gobierno decidió decir que está todo dado para avanzar. Y sobre todo, transmitió -y dejó trascender- el mensaje a Bullrich para que avance con el tema. La intención es tratar el proyecto en comisión, el martes próximo, y llevarlo al recinto la semana siguiente. No está claro si están asegurados los votos o si la intención es meter presión poniendo en marcha el trámite. Se verá.
Por lo pronto, resulta evidente la intención de marcarle el terreno a la ex ministro. Del mismo modo, como parte de la pelea, fue interpretado su tuit sobre el proyecto de discapacidad, que llegaría al recinto el jueves que viene junto a otro asunto que provocó costos al oficialismo: el texto sobre inviolabilidad de la propiedad privada que incluye la restitución de la ley de tierras.
Si hacía falta otro síntoma de la interna, lo expuso un ingrediente original. Los plazos que plantea el Gobierno para avanzar con la reforma electoral en el Senado fueron anticipados por el presidente de la Cámara de Diputados. Llamativo. Martín Menem lo vistió como si fuera un cálculo personal, casi una expresión de deseo, pero resultó claro que fue motorizado desde las oficinas de Karina Milei.
Desde las cercanías de la secretaria General de la Presidencia, venían avisando que después de la partida del Papa, llegaría el momento de redefinir la relación con Bullrich. Las especulaciones fueron variadas, algunas extremas, sobre un final abrupto. El desenlace está en construcción y no parece que dependa de una única voluntad. En cualquier caso, asoman un par de elementos muy visibles. Uno: la realidad económica, que demandaría evitar ruido político. Y dos, lo más significativo: creer que el efecto de la visita de León XIV se agotó cuando embarcó rumbo a Lima.
South America / Central America,Religion / Belief
POLITICA
Alberto Núñez Feijóo: “Es imprescindible para España reestablecer una relación seria y estable con Argentina”
MADRID.- “Si tuviera un segundo pasaporte sin dudas sería argentino”, reconoció el año pasado Alberto Núñez Feijóo después de una larga conversación informal con corresponsales extranjeros. El líder del Partido Popular (PP) y principal candidato a ser el próximo presidente del gobierno de España tiene una simpatía especial por Argentina que se forjó tras innumerables viajes a Buenos Aires cuando era presidente de la Xunta de Galicia. Los gallegos que viven del otro lado del Atlántico, unas 165.000 personas, fueron clave en cada una de las cuatro elecciones que ganó. Para la política española, Buenos Aires es “la quinta” provincia gallega.
“Argentina y España somos países hermanos”, asegura en una entrevista con . Núñez Feijóo había recibido dos veces a los corresponsales extranjeros en la sede central del PP para conversar informalmente sobre política local e internacional durante los últimos meses. Este político nacido en Ourense en 1961 es mucho más formal cuando se enfrenta a un micrófono. En plena campaña, el máximo favorito para las elecciones del 29 de noviembre respondió por escrito las preguntas enviadas por este diario sobre la relación bilateral con Argentina tras la irrupción de Javier Milei en la campaña electoral y su tormentosa relación con el socialista Pedro Sánchez.
“La presencia del presidente argentino es bienvenida en España porque representa a un país hermano, insisto. En la próxima etapa de gobierno nos tocará restablecer los contactos institucionales para defender mejor los intereses compartidos y las oportunidades mutuas que debemos aprovechar. Nuestra relación debe estar basada en el respeto y en el diálogo, y eso es lo que promoveré desde el gobierno de España”, aseguró. Los viajes de Milei a España no se destacaron por el respeto institucional: ninguno fue una visita de Estado y, durante sus días en Madrid, el Presidente atacó reiteradamente a Sánchez.
A pesar de expresar públicamente su oposición al gobierno socialista, Milei tampoco forjó una relación con Feijóo. Viajó ocho veces a España como presidente argentino, pero el libertario priorizó otras reuniones bilaterales, como las que mantuvo con Isabel Díaz Ayuso, referente del PP en Madrid. Ni siquiera se conocen personalmente con Feijóo. El líder opositor, por su parte, aprovechó la última Cumbre Iberoamericana para juntarse con el presidente de Chile, José Antonio Kast. Según pudo saber , ninguno de los equipos de Feijóo y Milei buscaron una reunión en los últimos viajes.
Fuentes del PP aseguran que el partido se siente identificado en Argentina con Pro y recuerdan las estrechas relaciones que mantuvieron Mariano Rajoy y Mauricio Macri cuando ambos eran presidentes. Feijóo se reunió con Macri en 2017, cuando viajó a España en visita de Estado, y se volvieron a juntar en 2019, cuando lo recibió en la residencia de Olivos. En esa misma línea, Feijóo recibió en enero a Jorge Macri durante una gira del jefe de Gobierno porteño por la capital española.
Feijóo, sin embargo, no cree que el Gobierno sea un obstáculo para normalizar las relaciones entre ambos países “He visitado en numerosas ocasiones Argentina y creo en el carácter estratégico de nuestra relación bilateral. Es imprescindible restablecer una relación seria y estable. Compartimos historia, lengua y una forma de entender la vida. También compartimos nuestro compromiso con la libertad, la democracia y la prosperidad. Hay que restablecer el diálogo a todos los niveles y en todos los ámbitos: político, económico, académico. Tenemos una agenda en positivo que debemos aprovechar”, reflexionó.
Pero más allá del factor humano, España es el segundo país con mayor inversión directa en Argentina, sólo por detrás de Estados Unidos. Por eso, Feijóo remarcó la importancia para España de las relaciones comerciales que puedan mantener las empresas de capitales españoles en Argentina. “Debemos hablar de cuestiones bilaterales, regionales, de la relación con la Unión Europea. El objetivo principal debe ser generar oportunidades para los ciudadanos y las empresas de ambos países y garantizar la seguridad jurídica para favorecer las inversiones. Muchas compañías españolas tienen una presencia importante en Argentina y muchas argentinas en España. Daremos seguridad y continuidad a esa relación y facilitaremos la movilidad del talento”, afirmó.
Favorito en las encuestas
A dos semanas de las elecciones españolas, las encuestas coinciden en ubicar a Feijóo como el principal candidato que obtenga los votos que le permitan formar un nuevo gobierno. Pero los sondeos indican también que el PP no llegaría sólo a La Moncloa, sino en alianza con Vox, el partido de ultraderecha, que podría obtener un crecimiento inédito en las urnas. Santiago Abascal, referente de Vox, reafirmó durante los últimos meses su discurso antiinmigración, especialmente después de la crisis en Ceuta.
¿Qué consecuencias podría acarrear la llegada de Vox al gobierno de España para la comunidad argentina?, preguntó . Oficialmente los argentinos que viven en España se acercan a medio millón, pero los números no oficiales que manejan las autoridades ubican esa cifra muy por encima. Feijóo minimizó el impacto de las propuestas antiinmigración de Vox. “Los argentinos y los españoles somos familia. Existe una amplia comunidad argentina en España desde hace años y está perfectamente integrada en la sociedad de una manera natural y ejemplar. Los argentinos estudian, trabajan, forman familias aquí: aportan a España”, respondió.
Por último, el candidato comparó la gran migración española a Argentina de los siglos XIX y XX (unos 2 millones de personas) con las nuevas oleadas de argentinos que llegaron a España después de la pandemia por el Covid-19. “Argentina acogió a generaciones de españoles y hoy España acoge a muchos argentinos que enriquecen nuestra sociedad. Así va a seguir siendo: Argentina es un país hermano”, aseguró.
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