POLITICA
El peronismo impulsó un acto con el embajador de Palestina en la provincia de Buenos Aires y hubo fuertes críticas
El Concejo Deliberante de la ciudad de Zárate fue escenario el pasado miércoles de un encuentro entre un grupo multisectorial con el embajador de Palestina en la Argentina, Riyad Alhalabi, bajo la consigna “Alto al Genocidio en la Palestina Ocupada por el Sionismo Israelí”. La cumbre generó fuertes críticas contra el peronismo en la provincia de Buenos Aires por organizar la charla.
La exposición estuvo abierta a todo el público y contó con la participación de distintas organizaciones sindicales, políticas, sociales y culturales de Zárate que integran la multisectorial. Todo fue impulsado por el escritor argentino-palestino Gustavo Rojana y recibió el respaldo del presidente del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad bonaerense, Leandro Matilla, referente del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Axel Kicillof.
Durante su intervención, Alhalabi abordó el contexto histórico de la cuestión palestina: la Nakba de 1948, la ocupación israelí de 1967 y las posteriores políticas de colonialismo, apropiación de tierras y desplazamiento forzoso. El diplomático apuntó que los crímenes que se cometen actualmente en la Franja de Gaza y Cisjordania no pueden desvincularse de décadas de ocupación.
En declaraciones recogidas por el medio local El Debate, el embajador afirmó que “Israel tiene quien lo proteja: Estados Unidos” y que la nación conducida por el primer ministro Benjamin Netanyahu suele comportarse como el “hijo malcriado de la comunidad internacional”. Exigió además “solucionar el conflicto de raíz y terminar con los asentamientos de colonos israelíes, que expulsan y carcomen también a los territorios de Gaza y Cisjordania”. A lo largo del encuentro, Alhalabi proyectó material audiovisual sobre la destrucción y las consecuencias del conflicto en la Franja de Gaza, una situación que calificó como un genocidio contra la población palestina.
El diplomático subrayó que, aun bajo un escenario de cese del fuego, la población civil continúa sufriendo graves carencias. Advirtió especialmente sobre la situación de niños y mujeres, la falta de alimentos y agua, y las dificultades para que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan. Finalmente, destacó la importancia del papel de las instituciones de la sociedad civil argentina en el apoyo a la causa palestina, afirmando que la solidaridad entre los pueblos constituye una parte fundamental de la defensa de la justicia y los derechos humanos.
El evento tuvo un antecedente de tensión antes de realizarse. Semanas atrás, Rojana había solicitado al intendente Marcelo Matzkin un espacio municipal para llevar a cabo el encuentro, proponiendo distintas alternativas. Según relató el propio organizador, el Ejecutivo municipal no otorgó ninguno de los espacios solicitados. Fue entonces cuando Matilla aceptó recibir al representante diplomático en el Salón de Sesiones del Concejo.
En declaraciones al canal NOVA, Rojana expresó su enojo por la ausencia de funcionarios de la Intendencia y consideró que, por una cuestión protocolar, las autoridades municipales deberían haber participado de la recepción. Atribuyó esa ausencia a diferencias políticas y lamentó que esas discusiones condicionaran una actividad vinculada con la representación internacional y la realidad humanitaria del pueblo palestino.
El acto no tardó en generar repudios públicos. La diputada Sabrina Ajmechet cuestionó en su cuenta de X la colocación de la bandera palestina en el lugar principal del recinto: “En el Concejo Deliberante de Zárate, ponen en el estrado principal la Bandera Palestina. En el lugar principal de todo el Concejo, donde solo debería poder estar la bandera Argentina, ponen un símbolo Palestino. Estos son los mismos que después nos dicen a los judíos que no defendemos a la Argentina”, escribió la legisladora.
Por su parte, el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro fue más categórico en su condena: “Mi más absoluto repudio al acto antiisraelí y antisemita del PJ de Zárate, que utilizó el Honorable Concejo Deliberante de esa ciudad y lo disfrazó de Hamás. Kicillof puede intentar camuflarse de moderado, pero la realidad de su PJ es otra”, publicó en la misma red social.
POLITICA
Kicillof deberá aguardar por el avance de dos proyectos propios en el Senado: se votarán la próxima sesión
El Gobierno bonaerense aún no puede avanzar en la Legislatura con la votación de dos proyectos de ley propios destinados a la integración del sistema de salud bonaerense y la puesta en marcha de un laboratorio de producción de medicamentos, a partir de la creación de una sociedad anónima con mayoría accionaria estatal. Es que este martes, el Senado bonaerense llevó adelante su cuarta sesión ordinaria y si bien los proyectos contaban con dos despachos de comisión, el peronismo no logró juntar los dos tercios necesarios para votar sobre tablas dichas iniciativas.
No es la primera vez que el oficialismo trabaja sobre estos proyectos e intenta aprobarlos. El año pasado, las mismas iniciativas perdieron estado parlamentario luego de haber sido aprobadas en Diputados. Este martes, para avanzar con los proyectos se requerían los dos tercios para habilitar el tratamiento, un número que en la previa se sabía que no alcanzaría. Entonces lo que se acordó previamente fue que los textos fueran ingresados en el orden del día de la siguiente sesión. Allí, con mayoría simple, los proyectos sí podrían avanzar. Sin embargo, la dilación genera cierto tedio en el Poder Ejecutivo. Asoman algunas garantías de que cuando se vuelva a sesionar en la Cámara alta, los proyectos avancen con los votos del peronismo. En principio, Fuerza Patria tiene quórum propio.
Sin la votación de los dos proyectos de ley referidos a la agenda de salud, el Senado aprobó este martes la Ley Ema con modificaciones que obligarán a una nueva votación en la Cámara de Diputados. Además, convirtió en ley la incorporación de la educación emocional en las escuelas, otorgó una licencia a Guillermo Montenegro para que deje su banca y vuelva a la intendencia de Mar del Plata, y giró a Diputados un proyecto para garantizar el suministro prioritario de gas natural comprimido (GNC) a servicios esenciales.
En principio, la Ley Ema crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, denominado Programa EMA. El texto unificó las iniciativas de las legisladoras de Fuerza Patria, Laura Clark y Mayra Mendoza, tras el trabajo de las comisiones de Educación y de Legislación General. El proyecto tuvo modificaciones y volvió a Diputados para su sanción definitiva. La propuesta surgió por impulso de Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk, la adolescente de Longchamps que tenía 15 años y se quitó la vida 24 horas después de que un compañero de escuela difundiera un video íntimo suyo sin consentimiento. El proyecto apunta a prevenir situaciones similares con mecanismos de detección, acompañamiento y formación dentro del sistema educativo.
Clark explicó que el acuerdo con la familia de Ema, la autora del proyecto y su equipo permitió reunir las dos iniciativas en un solo dictamen. “Queremos que la Ley Ema trascienda en la provincia de Buenos Aires y que se apruebe lo más completa posible”, sostuvo. Como el Senado introdujo cambios, Diputados deberá revisar nuevamente la redacción antes de la sanción definitiva. El tratamiento avanzó tras un entendimiento entre el peronismo y los bloques opositores para acelerar expedientes que ya contaban con media sanción en alguna de las cámaras. Como contó Infobae, el acuerdo se definió en una reunión organizada por Sergio Berni, titular del bloque peronista en la Cámara alta, para evitar que los proyectos quedaran demorados.
El articulado aprobado este martes incorpora el objetivo de garantizar una convivencia digital segura y suma contenidos de ciudadanía digital a la Ley de Educación bonaerense. También prevé la actualización de protocolos y capacitaciones para intervenir ante situaciones que afecten a estudiantes.
La norma define como violencia digital a las conductas realizadas mediante tecnologías que provoquen daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales contra niños, niñas y adolescentes.
La capacitación para docentes, personal no docente, directivos y equipos de orientación escolar será obligatoria y continua, con el propósito de facilitar la detección temprana y una intervención adecuada. Durante el debate, Clark afirmó que el caso de Ema expuso la falta de recursos para las instituciones y las familias. “Ella fue víctima de violencia digital de género y de la difusión no consentida de imágenes íntimas. Ni la escuela, ni la familia, ni Ema tuvieron herramientas para poder acompañar”, señaló.
Clark también señaló que la aplicación de la ley no tendrá impacto en el presupuesto provincial, ya que coordinará acciones y recursos previstos en normas y dispositivos vigentes, como la Educación Sexual Integral, la Ley de Protección y Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la guía escolar para situaciones conflictivas y de vulneración de derechos.
La senadora bonaerense Mónica Macha, impulsora de un proyecto de Ley Ema en el Congreso, recordó que su iniciativa pasó por dos comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, aunque permanece en la comisión de Presupuesto. También destacó que, antes de la redacción de la norma, se elaboró una guía de prevención para escuelas y clubes. “No tiene una instancia punitivista; hay una sanción, pero debe estar en la línea de las políticas reparatorias y construirse de modo comunitario”, expresó.
El Senado también convirtió en ley el proyecto de la diputada del Frente Renovador Luciana Padulo para incorporar educación emocional en los niveles inicial, primario y secundario. La norma modifica los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Provincial de Educación 13.688. Diputados le había dado media sanción en noviembre de 2025.
La legislación suma contenidos sobre autoconocimiento, autorregulación emocional, habilidades sociales y empatía. En primaria se incorporarán recursos vinculados con el autoconocimiento, las habilidades sociales y la empatía. Para secundaria, la norma prevé herramientas destinadas a potenciar las competencias emocionales, con atención especial a la salud mental de los adolescentes. La Dirección General de Cultura y Educación deberá definir los lineamientos pedagógicos para aplicar la ley. Durante la sesión, la senadora del Frente Renovador Malena Galmarini pidió una implementación rápida y sostuvo que la escuela debe continuar como “segunda casa” para los estudiantes, ante los índices de suicidio adolescente.
La Cámara alta también giró a Diputados un proyecto del senador Marcelo “Chuby” Leguizamón, del bloque Hechos, para garantizar el suministro continuo y prioritario de GNC a vehículos de servicios esenciales. La propuesta incluye la creación de carriles preferenciales de acceso y carga rápida en las estaciones de servicio que expendan ese combustible. La prioridad alcanzaría a ambulancias públicas y privadas, transportes de bomberos estatales o voluntarios, patrulleros de las fuerzas de seguridad provinciales, transportes escolares registrados, colectivos del servicio público de pasajeros, taxis y remises habilitados. También podrán acceder otros vehículos que, en situaciones de contingencia, sean considerados esenciales.
El proyecto dispone que los vehículos beneficiados cuenten con obleas o calcomanías oficiales para facilitar su identificación. Las estaciones de servicio tendrán un plazo de 90 días desde la reglamentación de la eventual ley para implementar el carril preferencial y colocar señalización visible. “Del abastecimiento rápido de estos vehículos depende, por ejemplo, la respuesta inmediata de una ambulancia ante un llamado de urgencia o el patrullaje preventivo de las fuerzas policiales”, afirmó Leguizamón.
Con la licencia de Montenegro, su banca será ocupada por María Luján Fiego, dirigente de Tandil vinculada al presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. Integró la lista libertaria por la Quinta sección electoral en 2025 y quedó como primera suplente después de que la nómina obtuviera tres de las cinco bancas en disputa.
Verónica Magario,Senado de la provincia de Buenos Aires,sesión legislativa
POLITICA
La Cámpora difundió una protesta contra la Corte Suprema y el fiscal Luciani en la Facultad de Derecho
Una particular protesta estudiantil tuvo lugar este martes contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el juez Julián Ercolini en reclamo de la “libertad” de la exmandataria Cristina Kirchner y contra el fallo del máximo tribunal sobre la lay de Tierras.
La intervención de los estudiantes tuvo lugar durante el acto de entrega de los Premios Quorum que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Rosatti, Ercolini y el fiscal Diego Luciani, quien tuvo a su cargo la causapor la que Fernández de Kirchner resultó condenada, fueron sorprendidos en el auditorio por estudiantes que lanzaron papeles con la inscripción “Cristina Libre” y colgaron una bandera con la insignia “La tierra no se vende, la Corte sí”.
Por los videos que trascendieron pudo verse cómo los jóvenes irrumpían en el recinto al canto de “La Patria no se vende”, mientras los organizadores pedían orden en la sala. Después, los militantes procedieron a arrojar papeles desde el palco superior.
Las imágenes de la protesta fueron difundidas por la cuenta de Twitter ‘Cristina Libre’, relacionada a La Cámpora y que mantiene vigente el pedido de “libertad” de la exmandataria, condenada a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.
Pero no fue la única protesta del día contra la Corte. Sectores del PJ, la izquierda, gremios y piqueteros se manifestaron este martes frente al edificio del máximo tribunal contra el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras incluida en un decreto del presidente Javier Milei.
Los manifestantes, vinculados a organizaciones sindicales kirchneristas y de izquierda, llevaron a cabo la concentración, que se agrupó sobre una Plaza Lavalle, en el centro porteño.
Frente al edificio de los tribunales se montaron dos escenarios, uno ocupado por los sindicatos más cercanos al kirchnerismo y otro por las agrupaciones de izquierda que convocaron a la protesta.
La convocatoria no alcanzó a cubrir la Plaza Lavalle, aunque la instalación de los escenarios y el despliegue de manifestantes sobre Talcahuano generaron que se interrumpiera el tránsito en esa arteria, entre Tucumán y Lavalle.
El fallo de la Corte
El 30 de septiembre, el máximo tribunal dictó un fallo que, en la práctica, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al restituit un artículo del megadecreto de Milei de 2023.
Ese artículo, que derogaba la ley de Tierras y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros, había sido frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Los excombatientes alegaron que estaban legitimados en tanto defensores de la soberanía nacional, pero ese argumento fue rechazado por la Corte Suprema. En su fallo, el máximo tribunal fue muy críticó al advertir a los tribunales inferiores sobre reconocerles capacidad de iniciar acciones colectivas a actores que no tienen esa representatividad.
Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que derogaba la ley de tierras. Pero la Corte revocó ese fallo.
se manifestaron este martes frente al edificio del máximo tribunal contra el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras,dictó un fallo que, en la práctica, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros,Corte Suprema de Justicia,Ley de tierras,Cristina Kirchner,Conforme a
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó una nueva serie de agravios del presidente Javier Milei contra periodistas, columnistas y directivos de medios de comunicación a través de publicaciones en la red social X.
En los últimos días, el Presidente volvió a utilizar sus cuentas en redes sociales para insultar a profesionales de la prensa a raíz de sus entrevistas, análisis, opiniones o publicaciones periodísticas.
ADEPA lamenta tener que volver a destacar algo que ha sostenido desde siempre. Quien gobierna, y es objeto de crítica, o considera que la información de un acto de gobierno es errónea, incorrecta o incluso puede evaluarla como sesgada, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano de nuestra república: ejercer su crítica, aclaración o desmentida, incluso en tono enérgico y vehemente.
Lo que erosiona el debate público y el diálogo democrático son el insulto y el agravio, que afectan no solo al destinatario identificado, sino al conjunto del cuerpo social.
La libertad de expresión protege especialmente la circulación de opiniones sobre quienes ejercen el poder. La réplica ha sido concebida para responder, pero no para avalar los ataques personales.
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