El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz escuchó este jueves los testimonios de madres, esposas, hermanos e hijos de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017.

A pocas semanas del inicio de los alegatos, previstos para la semana del 22 de junio, las declaraciones estuvieron marcadas por el dolor y los cuestionamientos al estado operativo de la nave antes de la última misión.

El juicio se encuentra en su etapa final de producción de prueba y busca determinar la responsabilidad penal de cuatro exaltos mandos de la Armada Argentina, acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes de oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

Durante meses, el debate se centró en informes técnicos, pericias y reglamentos navales. Esta audiencia, sin embargo, dio lugar a las voces de los familiares, quienes relataron el impacto personal de la tragedia y expresaron dudas sobre las condiciones en que el submarino zarpó de Mar del Plata.

Susana Vizcarra, esposa del Suboficial Primero Walter Germán Real, recordó las preocupaciones que su marido le transmitía antes de la navegación. “Nunca voy a entender qué pasó, por qué salieron, por qué siguieron saliendo”, declaró. Según relató, su esposo le había dicho que “había que figurar que navegaban” y que la unidad no se encontraba en condiciones óptimas. “¿Me piden una reflexión? Reflexión tienen que hacer las personas que mandaron al submarino a navegar”, afirmó.

“Ellos no salieron a morir, salieron a trabajar”, agregó.

“Es la vida que se te rompe”

Jésica Gopar, viuda del Cabo Principal Fernando Gabriel Santilli, describió las secuelas que la pérdida dejó en las familias. “No es solo la pérdida de un familiar, es la vida que se te rompe”, expresó entre lágrimas. Reclamó una explicación definitiva sobre lo ocurrido y cuestionó el accionar de la Armada en los años posteriores al hundimiento.

Esther Rojas, madre del Cabo Principal Luis Alberto Niz, sostuvo que a su hijo “le arrebataron la vida cuando mandaron a navegar un submarino que no estaba en condiciones” y objetó algunas declaraciones de los acusados en audiencias recientes.

Uno de los testimonios más extensos fue el de Lucía Zunda Meoqui, hermana del Teniente de Fragata Adrián Zunda Meoqui, oficial de comunicaciones del submarino. Recordó la vocación de su hermano por la actividad submarina y cuestionó la tecnología utilizada durante la búsqueda, el tratamiento recibido por las familias y la falta de una explicación definitiva más de ocho años después.

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“La Armada debería aceptar los errores que cometieron y aprender a pedir disculpas”, dijo. También mencionó presuntas persecuciones, intervenciones sobre teléfonos celulares y mecanismos de manipulación de la información “para que nos calláramos”. “Todas las cosas que hicieron eran para dividirnos”, sostuvo.

Al finalizar su intervención, envuelta en una bandera con los rostros de los 44 tripulantes, pidió un minuto de silencio y nombró uno por uno a cada integrante de la dotación, respondiendo tras cada nombre: “Presente”.

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En una caótica sesión que se convirtió en carísima -por la falta de orden y control- para la Casa Rosada, el Senado pospuso la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La oposición dialoguista se la desplumó en comisiones a la jefa libertaria, Patricia Bullrich, a quien se la vio con poca reacción en el recinto y, ante reclamos de más cambios y en medio del encuentro de esta tarde, se decidió frenarla.

“Hoy nos dedicamos a perder”, reconoció ante Infobae un ofuscado legislador libertario. Desde otros despachos apuntaron a solicitudes de modificaciones realizadas a último momento por el radicalismo, aunque otros aliados se plegaron a la idea de dilatar el tratamiento, que quedará para otra sesión.

¿Qué ocurrió en el plenario de mayo pasado, cuando se dictaminó? Fueron varios los batazos. Los más conocidos apuntaron a la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que significó una dura derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el guiño a gobernadores para que definan -por su cuenta- el límite de venta de tierras a extranjeros, ahora observado; y la amortiguación del texto inicial de la Casa Rosada a la hora de desalojos exprés.

Durante el plenario de comisiones, Bullrich remarcó que, en el capítulo de expropiaciones, se incorporó un límite máximo sobre lucro cesante del 30 % -antes no había un porcentaje determinado-, excepto que el involucrado demuestre lo contrario. También se revisó la tasa de interés, que será IPC más la del Banco Nación a 30 días y, por último, la fecha para establecer el valor de un bien será la anterior a cualquier acto o hecho vinculado a la expropiación.

En cuanto a desalojos, se respetará la diferenciación de sujetos locatarios de usurpadores. Según explicó la porteña, “se ratificará que las condiciones ante una eventual falta de pago seguirán como las determinadas por las partes -si es habitacional- y, ante una intimación, el locador deberá hacerlo con un plazo de diez días”.

Sobre tierras rurales, la jefa oficialista confirmó el mayor poder a mandatarios provinciales, salvo la prohibición a favor de Estados extranjeros. Sin embargo, en zonas de frontera, habrá una intervención del distrito con autorización previa de Nación. Y, para el caso de la ley de fuego empujada por Máximo Kirchner en la gestión de su “compañero” Alberto Fernández, se dinamita el plazo de “60 años de prohibición de uso o cambio de dominio ante un incendio de bosques nativo o implantado”.

Durante esta tarde sí se votará, de lo poco que queda en pie, un acuerdo del Estado con dos holdouts que estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de USD 67 millones al primero y USD 104 millones, al segundo. En total, UDS 171 millones.

Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

En la sesión también se espera que avance la creación una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. También, una iniciativa sobre organización de Salas y la creación de un cargo de Juez de Cámara en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.