Un sector de la Unión Cívica Radical (UCR), encabezado por los históricos dirigentes Jesús Rodríguez, Mario Negri y Ernesto Sanz, se reunió este jueves bajo el lema “Radicales, estamos a tiempo” en un auditorio del centro porteño y planteó la necesidad de que el partido “salga de la irrelevancia” y se constituya como una alternativa al gobierno de Javier Milei –pero también al kirchnerismo– de cara a las elecciones de 2027.

Esto implica tanto la presentación de un candidato presidencial –aunque evitan los nombres propios– como la conformación de una coalición de centro y republicana con espacios afines –una suerte de reedición de Juntos por el Cambio–, según supo de uno de los armadores del espacio. Consideran que hay un universo de votantes “huérfanos” que se ubican “entre el populismo y la motosierra” al que pretenden representar.

“Así como está el radicalismo, vamos a la irrelevancia. Estamos fuera de la conversación de los ciudadanos. La UCR se encuentra en un estado de parálisis: hay que encontrar un relato que nos dé relevancia y nos conecte con la sociedad”, lanzó el mismo dirigente en los minutos previos al encuentro. Y agregó: “La UCR debe desacostumbrarse a no tener candidato [presidencial]”. En esta línea, se manifestaron a favor de las PASO.

Entre tanto, Negri planteó a que el espacio debe “convocar a la construcción de una coalición de centro democrático, republicana, con sentido de desarrollo social, productivo y federal. En ese contexto, el radicalismo debe tener candidato presidencial”.

La reunión no contó con la organización oficial de la UCR –aunque valoraron el debate–, ni con la participación de sus gobernadores –Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy), que dialogan y acompañan, con matices, a la Casa Rosada en el Congreso– ni de los legisladores nacionales, aunque argumentan que “la invitación fue abierta”. Sí participó del encuentro Inés Brizuela, vicepresidenta de la UCR nacional.

Con estos objetivos en mente, el sector de los históricos convocó a un panel de especialistas –comprometidos con el radicalismo– que realizaron un diagnóstico de la coyuntura política y económica nacional y del panorama internacional, con fuertes cuestionamientos al oficialismo.

En él participaron Alfonso Prat-Gay, exministro de Hacienda de Mauricio Macri; Ricardo Gil Lavedra, exministro de Justicia de Fernando de la Rúa; Carlos Pérez Llana, exfuncionario de De la Rúa y de Raúl Alfonsín; el politólogo Martín D’Alessandro y la socióloga Liliana De Riz.

Prat-Gay ensayó críticas al plan económico del gobierno nacional. Sostuvo que “la dinámica social del ajuste va en línea con otros programas de estabilización que no tuvieron éxito”, algo que se consigue si “enamora” a la gente y “genera crecimiento”. “Acá no vemos esto”, puntualizó el exministro.

Desde su visión, la gestión libertaria enfrenta un “malestar social” que está plenamente vinculado al nivel de los salarios –condicionados por el endeudamiento familiar–. “¿Qué herramientas tiene el Gobierno para revertir la pesada carga del ciclo económico frente a un año electoral? Da la impresión de que no tienen las herramientas, la empatía ni la capacidad”, sentenció Prat-Gay.

Y completó: “En un momento donde la sociedad pide más salario y más crecimiento, Milei le dice: ‘Te voy a dar menos inflación’. Ratifica la desconexión del Gobierno con el sentir de la mayoría de los argentinos”.

Por su parte, Gil Lavedra enfatizó la necesidad de “fortalecer las instituciones”. “La calidad institucional no es indiferente para el desarrollo económico con inclusión social. Sin ella, no lo hay”, afirmó.

Además, señaló la “mala situación” de la Justicia argentina y cuestionó la “judicialización absoluta de todo”. Por último, propuso revisar los métodos de designación de los jueces para que primen los criterios técnicos. “La función judicial debe relegitimarse: los jueces deben rendir cuentas y comportarse como jueces”, cerró.

Tanto en su intervención como en las de D’Alessandro y De Riz, apareció la idea de que la crisis que hoy vive el peronismo representa una ventana de oportunidad para que el radicalismo aparezca como una opción ante el electorado en 2027.

El politólogo sostuvo que el partido centenario tiene “una oportunidad para construir una alternativa para el año que viene porque la principal oposición al populismo de derecha gobernante es el peronismo; y el peronismo está en serios problemas, seguramente en el peor momento de su historia y, quizá, en proceso de suicidio o de descomposición”.

De manera sintética, D’Alessandro planteó que “hay una tendencia general a castigar a los oficialismos”, lo que abre la puerta a un triunfo de la oposición en 2027; aseguró que la UCR tiene la capacidad de articular democracia, modernización productiva e integración social, “tres problemas básicos” en la Argentina de hoy; destacó la militancia de “cuadros técnicos” con habilidad para “implementar respuestas a los desafíos”; y llamó a prepararse para llegar al poder, “porque es probable que más temprano que tarde el país nos vaya a necesitar una vez más”.

En tanto, De Riz sostuvo que “el mileísmo y el kirchnerismo son la misma familia política, pero con signos inversos”. En este sentido, la oposición tiene “una oportunidad única en ese enorme espacio de los que reclaman un cambio”, entre los que enumeró a los excluidos por la “crisis de Juntos por el Cambio”, por la incorporación de Patricia Bullrich al Gobierno y por las fugas que se produjeron en Pro, “que finalmente es un partido de experonistas”.

Por su parte, Pérez Llana ilustró brevemente el mapa internacional, al tiempo que valoró la relevancia del vínculo con Brasil para la Argentina –que hoy sufre una crisis diplomática tras los repetidos insultos de Milei a Luiz Inácio Lula da Silva–. Y sumó, en clave partidaria: “El nuestro es un espacio muy grande, pero falta liderazgo y organización”.

Por la tarde, se realizará un debate partidario liderado por los históricos dirigentes Jesús Rodríguez, Mario Negri, Ernesto Sanz, Walter Ceballos, Adolfo Stubrin, Lilia Puig y Facundo Suárez Lastra.

El Senado reanudó esta tarde la sesión que había pasado a cuarto intermedio el pasado 19 de julio y en la que está previsto que se discuta el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que llegará al recinto sin el polémico capítulo III que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeros.

No obstante, antes de entrar en el tema central el Senado decidió, a mano alzada y sin controversia, girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales los pedidos de los senadores Anabel Fernández Sagasti (PJ-Mendoza) y Flavio Fama (UCR-Catamarca) para participar de manera remota en la discusión y poder votar.

La senadora ultrakirchnerista cuyana cursa un embarazo de 32 semanas y por prescripción médica no puede viajar largas distancias, mientras que el radical norteño fue operado de una rodilla y tampoco puede movilizarse.

A pesar de que ambos casos fueron autorizados a participar y votar por sendos decretos de Victoria Villarruel ad referendum del cuerpo, la propuesta de enviar el tema a comisión que formuló la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, fue aprobada sin debate y con la anuencia del kirchnerismo.

A pesar de que no contará con el capítulo de extranjerización de tierras, caído por la pérdida de apoyos en la oposición dialoguista como consecuencia de la presión política y social que suscitó el tema en las últimas dos semanas, el proyecto de inviolabilidad privada tiene otros temas que prometen un acalorado debate en el recinto.

Uno de ellos es el capítulo relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.

Se trata del capítulo II del proyecto establece que todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.

A pedido de la oposición dialoguista, se estableció que el juez interviniente debe dar participación obligatoria a organismos de protección si hay menores o personas con discapacidad. Se establece un plazo de hasta 10 días para asegurar una alternativa habitacional antes del desalojo.

Ese mismo plazo de 10 días de intimación previa se aplicará para desalojos por falta de pago y se habilita que la notificación se haga en el domicilio electrónico constituido en el contrato.

El proyecto también modifica el régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad.

Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.

La indemnización se limita al valor objetivo (de mercado) y a los daños directos. El lucro cesante solo se reconoce si está debidamente acreditado y tiene un tope del 30% del valor del daño emergente, salvo prueba fehaciente de una afectación mayor.

Los montos se actualizarán por IPC más una tasa de interés. Para poder llevar a cabo ocupaciones temporales y anormales, se define estrictamente el “estado de necesidad”, limitándolas a 90 días con una única prórroga por igual plazo ante circunstancias graves.

Se incluye un capítulo de regularización dominial para inmuebles rurales, extendiendo el concepto de usucapión por 10 años contemplado en la denominada Ley Pierri a agricultores familiares para que puedan regularizar los inmuebles rurales donde residen y producen.

El proyecto también contempla modificaciones a la Ley del Manejo del Fuego sancionada por impulso del kirchnerismo en el gobierno de Mauricio Macri, eliminando las restricciones a la utilización y venta de pastizales y predios productivos afectados por incendios.

No obstante, se mantiene la prohibición de modificar el uso y destino en caso de incendio de bosques nativos y reservas forestales, tal cual está establecido en sus respectivas legislaciones.