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POLITICA

Ordenan seguir investigando a un histórico socio de los Kirchner por la compra de un hotel con supuesto dinero ilícito

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El empresario Osvaldo José Sanfelice, histórico socio de la familia Kirchner, recibió un revés judicial en la causa donde estaba siendo investigado por supuesto lavado de dinero.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió admitir a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el caso y mandó a revisar el sobreseimiento del empresario al aceptar el trámite de un recurso de la agencia especializada antilavado.

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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió dos recursos vinculados en la causa seguida contra Sanfelice.

Cristóbal López y Sanfelice, en el mausoleo de Néstor KirchnerArchivo

En ambos pronunciamientos, el tribunal hizo lugar, por mayoría, a los planteos de la UIF, revocó las decisiones de la Cámara Federal que habían limitado su intervención y ordenó que se le reconozca su continuidad procesal como querellante.

Sanfelice se encuentra mencionado en distintas investigaciones como socio de Máximo Kirchner.

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El expediente donde se lo investiga se vincula con la compra del Hotel Waldorf, en la ciudad de Buenos Aires, en abril de 2009, por 1,2 millones de dólares al contado.

Pero lo hizo “en comisión”, es decir, para un tercero a quien nunca especificó. Tiempo después, en los papeles, el socio de los Kirchner inscribió el establecimiento a su nombre.

Lo mismo había sucedido con Hotesur, en Santa Cruz, unos meses antes: en noviembre de 2008, Sanfelice pagó 3,1 millones de dólares en efectivo por el Alto Calafate, “en comisión”. Pero en ese caso, tiempo después, fue Néstor Kirchner quien puso el hotel patagónico a su nombre.

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Una de las líneas de investigación apunta a la posibilidad de que haya existido lavado de dinero mediante operaciones simuladas con huéspedes para inflar la recaudación del Waldorf.

La entonces diputada del GEN Margarita Stolbizer, con el patrocinio de la abogada Silvina Martínez, mencionó que el hotel fue aumentando su facturación ejercicio tras ejercicio. Antes de su adquisición por parte de Sanfelice, la empresa era deficitaria. Pero al poco tiempo logró revertir su situación económica.

Se investigaba si detrás de esa operación podían encontrarse otros beneficiarios reales y si el hotel pudo haber sido utilizado para canalizar fondos de origen ilícito.

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La primera sentencia resuelta por la Casación analizó si correspondía mantener el apartamiento de la UIF como querellante. Es que Javier Milei firmó el decreto 274/2025, que prohíbe a la UIF ser querellante y delega esa facultad en los fiscales.

La Cámara de Casación revocó esa decisión por mayoría y resolvió que debía mantenerse la calidad de querellante que se le había reconocido a la UIF. La mayoría fue integrada por los camaristas Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Mariano Borinsky votó en disidencia.

La segunda sentencia trató sobre la apelación de la UIF contra el sobreseimiento de Sanfelice en este caso.

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La Cámara Federal había declarado mal concedida la apelación de la UIF contra el sobreseimiento de Sanfelice, por considerar que el organismo ya no podía recurrir como querellante.

La Cámara Federal de Casación también revocó esa resolución y ordenó remitir las actuaciones a la Cámara Federal para que se dé adecuado tratamiento al recurso de apelación.

La mayoría volvió a estar conformada por Hornos y Carbajo, con disidencia de Borinsky.

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Borinsky, en cambio, sostuvo que la decisión que apartó a la UIF debía ser confirmada. Consideró que el Decreto 274/2025 había derogado el anterior para que la UIF actuara como querellante.

En su voto, remarcó que la derogación respondió a razones institucionales vinculadas con las recomendaciones del GAFI, la autonomía operativa de la UIF y la necesidad de evitar superposición de funciones con el Ministerio Público Fiscal, titular de la acción penal.

Sobre esa base, concluyó que la UIF carecía en la actualidad de facultades legales para continuar como parte querellante, sin afectar la validez de los actos ya cumplidos.

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En el segundo pronunciamiento, Borinsky mantuvo esa misma posición: si la UIF ya no estaba legitimada para actuar como querellante, tampoco podía sostener la apelación contra el sobreseimiento. Por ello, propuso declarar inadmisible su recurso de casación.

El juez Hornos sostuvo la posición contraria. Afirmó que la derogación del decreto 2226/2008 de Milei no podía implicar la pérdida automática de legitimación de la UIF en causas iniciadas con anterioridad a su dictado, especialmente cuando el organismo ya había sido admitido como parte y había intervenido en actos relevantes del proceso.

Hornos diferenció la situación de nuevos procesos de las causas en trámite. Según su criterio, el decreto 274/2025 podía suprimir hacia adelante la posibilidad de que la UIF asumiera el rol de querellante, pero no podía privar de eficacia a actos cumplidos con anterioridad, ni desconocer una situación procesal consolidada.

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Por ese motivo, propuso hacer lugar al recurso de la UIF, revocar su apartamiento y mantener la decisión que le había reconocido la calidad de querellante. En el segundo fallo, en coherencia con ese criterio, propuso revocar la declaración de recurso mal concedido y ordenar que la apelación contra el sobreseimiento fuera tratada por el tribunal de origen.

El juez Carbajo adhirió a la solución propuesta por Hornos en ambos casos. En el primer pronunciamiento, compartió sustancialmente que correspondía reconocer la continuidad de la UIF como querellante.

De tal modo, se restituyó la intervención de la UIF como querellante en el caso y se ordenó que se tramite la apelación que el organismo había interpuesto contra el sobreseimiento.

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Hernán Cappiello,Máximo Kirchner,Néstor Kirchner,Conforme a,Máximo Kirchner,,Cinco años de demora. La Casación podría obligar al tribunal de Hotesur a ponerle fecha de inicio al juicio contra Cristina y Máximo Kirchner,,»Parotídeo bilateral». Nuevo parte médico de Máximo Kirchner tras su cirugía: cómo evoluciona su salud,,En una cirugía programada. Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral, el tumor benigno por el que operaron a Máximo Kirchner

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Cautela y preocupación en el Gobierno por la lenta negociación para suspender las PASO

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La suspensión o eliminación de la PASO se transformó en una obsesión para Karina Milei, que está convencida de que las primarias podrían transformarse en el principal obstáculo para la reelección de Javier Milei. Sin embargo, en la más reciente “mesa política”, ayer, a diferencia de los encuentros de los últimos meses, el tema ni siquiera se conversó, o al menos eso es lo que dejaron trascender en la Casa Rosada.

“No fue por nada en especial, no surgió. Ya se había hablado la semana pasada”, dijo un funcionario nacional.

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Desde el poroteo de hace siete días al de ayer hubo un sinfín de conversaciones y reuniones políticas vinculadas con el tema. Y el eje PASO estaba prácticamente fijo en el temario de la mesa política desde la era Adorni. Pero ayer, en el segundo encuentro sub-liderado por Diego Santilli junto a Karina Milei, ni siquiera se mencionó. Y si bien en el oficialismo no se muestran preocupados, sí se muestran cautos.

Esperan llevar la reforma política al recinto en agosto, después del Mundial. Y los más optimistas se basan en las declaraciones on the récord de los referentes de las provincias brindando distintos grados de apoyo. Citan, primero, al aliado catamarqueño del PJ, Raúl Jalil, como uno de los que se mostraron a favor del proyecto con mayor ímpetu.

Jalil fue el más explícito al calificarlas de “una encuesta muy cara” que “no fortalece a los partidos políticos”, aunque marcó distancia del esquema de colectoras. En la misma línea se ubicaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que remarcó el ahorro fiscal que implicaría; y Claudio Poggi (San Luis), que ratificó su respaldo tras una reunión con Diego Santilli. Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), que ya anticiparon su acompañamiento. A ellos se suman Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Marcelo Orrego (San Juan), favorables a la reforma tal como la plantea Casa Rosada, y Martín Llaryora (Córdoba), que no objeta el cambio porque el peronismo local siempre rechazó ese sistema.

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Milei junto a los mandatarios provinciales en Tucumán

Pero en el oficialismo admiten que aún no alcanza. “Le falta al tema, le falta…”, dijeron en el Gobierno. Por ahora no están los números, reconocen, a pesar de las fotos con los gobernadores en Tucumán por el 9 de Julio y la importante asistencia de los mandatarios “amigables” con el poder central a la jura de Santilli como jefe de Gabinete.

Por lo pronto, aseguran que no se rinden. Puertas afuera, Santilli seguirá con la convocatoria a gobernadores. Anteayer recibió a Claudio Poggi de San Luis. Ayer, a Claudio Vidal, de Santa Cruz. Y el viernes será el turno del pampeano Sergio Ziliotto, ferviente opositor a quien, de todos modos, no creen que podrán convencer.

Después de cada encuentro, en Balcarce 50 deslizan que hubo manifestaciones de apoyo. Pero después, en el Congreso, las buenas señales de los mandatarios no se traducen siquiera en promesas.

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A priori, reina la prudencia: “Nadie promete nada. El espíritu es que hay que trabajar mucho”, dijo un importante armador legislativo de La Libertad Avanza. En el bloque confesaron: “Es difícil ir narrando una negociación a varias bandas. No es fácil medir el grado de avance”, en referencia a la cantidad cada vez mayor de de referentes, gobernadores y operadores con los que hablan los delegados del Gobierno. Principalmente, Santilli y los Menem, que introdujeron el tema de las colectoras hace dos semanas con la esperanza de que sirviera para sumar adhesiones.

Hoy ese capítulo es un misterio, y en las provincias siguen analizándolo. Está en marcha como posibilidad en el oficialismo, que deja todas las puertas abiertas con tal de que se suspendan las Primarias y Milei pueda evitar que una gran encuesta negativa dos meses antes de la elección general condicione sus posibilidades de reelegir.

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El Gobierno oficializó el ascenso judicial de Ana Juan, la esposa del juez del caso $LIBRA

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Unas horas antes del partido entre la Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial de Fútbol, el Gobierno designó a Ana María Cristina Juan como titular del juzgado federal de Hurlingham.

La decisión está marcada por dos circunstancias: Juan, de largo recorrido en la Justicia de Comodoro Py, es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez que instruye el expediente $LIBRA, una causa de máxima sensibilidad para el Gobierno. La otra es que su nombramiento quiebra, además, la lógica del oficialismo de no designar magistrados para tribunales que todavía no están constituidos.

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Ese fue el argumento utilizado para evitar el nombramiento como jueza de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que llevó adelante distintas investigaciones sobre el Gobierno.

Las suspicacias alrededor de su designación, sin embargo, encuentran una trayectoria de más de tres décadas en la Justicia federal y la obtención de un cómodo primer lugar en el orden de mérito del concurso en el Consejo de la Magistratura.

En los tribunales federales de Comodoro Py, donde se desempeña, la esposa de Martínez de Giorgi es también “Ana Juan”, una secretaria letrada expeditiva, de carrera extensa y ascendente.

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Recibida en la Universidad de Buenos Aires hace 34 años, doctora en Derecho por la Universidad de Palermo, Juan es desde hace largo tiempo funcionaria de la Cámara Federal de Comodoro Py, un lugar estratégico donde se revisa todo lo actuado en la etapa de instrucción de las causas que más preocupan al poder.

Su carrera allí comenzó en los 90. Fue auxiliar, escribiente, prosecretaria y finalmente secretaria letrada, cargo que ocupa hace más de una década. Ese recorrido le permitió observar recambios completos en las dos salas que conforman la Cámara.

A su inventario de facultades, Ana Juan sumó nuevas responsabilidades el año pasado, al ser designada como titular de la “oficina judicial” de la Cámara, un órgano del nuevo sistema acusatorio que, si bien todavía no ha sido inaugurado oficialmente, ya fue puesto en marcha.

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Marcelo Martínez de Giorgi, el juez del caso $LIBRA; su esposa, Ana Juan fue designada por el Gobierno para ocupar un juzgado en HurlinghamEnrique Garcia Medina

Hay quienes no dudan en afirmar que, por detrás de los jueces, Ana Juan es hoy la persona más poderosa del segundo piso de Comodoro Py, donde se emplaza la Cámara.

Sobre ella recaen la organización de audiencias y cuestiones de superintendencia, además del manejo de una de las palancas más sensibles: es la responsable de los sorteos que definen en qué juzgado de Comodoro Py tramitarán las denuncias; a veces electrónicos, a veces con bolillero, siempre vistos de reojo.

“Ella opera en el corazón del sistema”, la describía un funcionario judicial que la valora, en alusión al lugar que ocupa dentro del engranaje judicial. “Es una judicial de toda la vida”; “lo tiene merecido hace tiempo”; “se lo ganó”, opinaban en Comodoro Py cuando su pliego había sido remitido al Congreso.

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Camino a Hurlingham

Voces judiciales de ayer y de hoy le asignan a Ana Juan un estilo “directo” y “eficaz”, que la dejan, sostienen o dan a entender, en “sobradas” condiciones de hacerse cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham.

Se trata de una sede judicial nueva, creada en 2015, que aguarda para constituirse un juez titular y un trámite formal de la Corte. Según la descripción que ofreció la propia Ana Juan cuando concurrió al Senado en noviembre de 2023 se trata de una jurisdicción atravesada por las drogas, la falsificación de datos y algunas controversias medio ambientales.

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El argumento esgrimido por el Gobierno para impulsar su designación es que la funcionaria fue convocada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para subrogar en los tribunales de Morón y Moreno que necesitan cubrir vacantes de manera urgente.

Su nombre ya había sido incluido en los pliegos enviados a la Cámara alta por el expresidente Mauricio Macri, en 2018, pero retirado luego por Alberto Fernández, junto a otros 130 aspirantes más, en 2019. En mayo de 2023, fue enviado una vez más por Fernández y vuelto a retirar por Javier Milei, en diciembre de ese mismo año. Y luego, remitido por última vez en abril de este año.

Madre de dos hijos adultos, en su corta exposición ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Ana Juan destacó lo difícil que es para las mujeres llegar a esa instancia de la selección, y dijo: “Estas capacidades que tenemos las mujeres de ser organizadas (por eso somos grandes secretarias y nos eligen siempre como secretarias dentro de la administración de justicia) y esa fuerza de trabajo que hace que volvamos a casa y sigamos trabajando, quisiera poder desarrollarlas en mi tarea como magistrada, de manera tal que formemos un juzgado eficiente, en el que se valoren las diferencias y se respeten los derechos”.

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POLITICA

Edgardo Kueider no regresará a la Argentina hasta cerrar sus cuentas con la Justicia paraguaya

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“El exsenador argentino tiene para un rato largo todavía en Paraguay. Al menos un año o dos más. La condena por tentativa de contrabando será apelada. Y además tiene pendiente un juicio, que recién comienza, por lavado de dinero”. Así describió la situación de Kueider una alta fuente de la Justicia paraguaya consultada por Infobae.

Al ex representante de Entre Ríos en el Congreso de la Nación lo está esperando la Justicia Federal. La titular del juzgado de San Isidro pidió su extradición hace casi un año. La Fiscalía paraguaya dio luz verde. Pero puso como condición que antes cierre su cuenta con la Justicia del vecino país.

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Arroyo Salgado lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Hay una causa paralela en la localidad entrerriana de Concordia. La Corte tiene en sus manos el conflicto de competencia.

La Cámara Federal de San Martín, instancia superior de la magistrada, confirmó hace unos días el rechazo a la eximición de prisión que había presentado Kueider. Esto significa que el día en que pise territorio argentino, irá a parar a una cárcel.

El exsenador nacional entrerriano adelantó que su defensa apelará la decisión del Tribunal especializado en delitos económicos de Asunción, que el lunes lo condenó a dos años y dos meses de prisión condicional. Esto significa que no irá a la cárcel por haber querido entrar a Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar. A su pareja, Iara Guinsel, le impusieron una sanción de un año y diez meses.

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Por qué Kueider seguirá con arresto domiciliario

La determinación del Tribunal contempló, además, el mantenimiento de las medidas cautelares vigentes y la imposición de reglas de conducta para ambos condenados. En concreto, esto implica que Kueider seguirá cumpliendo la detención domiciliaria con uso de tobillera electrónica.

Esta medida había sido dictada por el juez Humberto Otazú en la causa por los USD 200 mil. Cuando se inició el expediente de extradición solicitado por Arroyo Salgado, Rolando Duarte Martínez, el juez interviniente, le impuso las mismas condiciones: prisión domiciliaria y uso de tobillera. Como este proceso aún está en marcha, las medidas siguen vigentes.

A esto deben agregarse las importantes sumas de dinero y propiedades que hay comprometidas en las fianzas de Kueider y Guinsel. Solo en la causa por contrabando, el abogado Ricardo Preda del Puerto puso USD 300 mil. A estos se suma un inmueble localizado en una localidad cercana a Asunción que se colocó como fianza en el expediente por la extradición. El terreno es propiedad de otro de los abogados de Kueider. Su valor ronda los 500 millones de guaraníes, unos 83 mil dólares.

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Ysrael Villalba, el fiscal que intervino en el juicio, indicó al medio paraguayo El Observador que el dinero secuestrado y la Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaban habían sido incautados. “Se dispuso el decomiso. Cuando la decisión quede firme en sede administrativa, pasarán a las arcas del Estado. Al vehículo se lo rematará”, detalló.

La otra causa

En junio de este año, el exsenador por Entre Ríos fue procesado en Paraguay por lavado de activos. Esta causa es más grave que la de contrabando. A diferencia de aquella, no sería una tentativa sino un hecho consumado. Las penas en expectativa, dependiendo del criterio que se utilice, podrían ir de los 5 a los 10 años de prisión.

Según la Fiscalía del país vecino, Kueider y Guinsel habrían introducido dinero en negro producto de ilícitos para «blanquearlo» a través de operaciones inmobiliarias de compra – venta.

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En la maniobra estarían involucrados dos ciudadanos paraguayos, Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat. Estas personas habrían comprado la empresa Goldsur. La firma le extendió poderes plenipotenciarios a Guinsel. La sospecha es que, en realidad, los socios que figuran son testaferros.

La operatoria incluye, hasta ahora, seis departamentos en el lujoso complejo «Las Mercedes» de Asunción con sus correspondientes cocheras. Estos inmuebles fueron embargados por la Justicia. La investigación está a cargo de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez y del juez Rodrigo Estigarribia Benítez.

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