El conferencista Dante Gebel se refirió al escándalo judicial que rodea al jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y sostuvo que si estuviera en el lugar de Milei le diría “hacete un paso al costado”. Sus declaraciones fueron adelantadas del programa “Luis Novaresio Entrevista”.

Gebel aclaró que su postura era un ejercicio de “lo que pensamos los ciudadanos respecto a cualquier episodio confuso” y que no implicaba un juicio de valor sobre la culpabilidad de Adorni: “Ni siquiera hay que hacer juicio de valor si es culpable porque la inocencia, hasta que se demuestre lo contrario, sigue siendo un derecho.”

El comunicador y conductor, que además suena como posible candidato a Presidente, no se limitó a hablar del jefe de Gabinete, sino que también se refirió a otros políticos. “No lo conozco, nunca lo vi en la vida”, sostuvo al respecto del ex ministro de Economía, Sergio Massa. Además, cuando Novaresio le preguntó si se sentía más cerca de Cristina Kirchner o Javier Milei, aseguró que “de ninguno”.

“Novaresio”:
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En cuanto al caso Adorni, el conferencista también argumentó que “la gente no tiene problemas con el corrupto porque sabe que existe” sino con “qué hace el líder de ese corrupto”.

Consultado sobre si Milei debería haberle pedido el apartamiento, respondió: “No quiero ser dogmático sobre qué tendría que haber hecho porque todos con el diario del lunes somos profetas”, aunque agregó que si se tratara de un “íntimo amigo” en esa situación, le diría “hacete un paso al costado”.

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Dante Gebel se define como un empresario del entretenimiento antes de decir que es un pastor evangélico. Se jacta de facturar millones de dólares en Estados Unidos con shows y conferencias que se transmiten por sus redes sociales. Nacido en la Argentina, pero radicado en California desde 2008, Gebel está desde ayer y hasta el viernes en Buenos Aires para un raid fugaz y furtivo con empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos y religiosos para explorar si es viable lanzarse como candidato presidencial en 2027 para suceder a Javier Milei.

Gebel decidirá después del Mundial de fútbol, que termina el 13 de julio próximo, si se involucra activamente en la política. Su familia se resiste y prefiere quedarse en Estados Unidos. Mientras tanto, habilita a empresarios y sindicalistas a avanzar con un armado propio cuyo financiamiento es hasta ahora confuso y poco claro.

Este miércoles los senadores nacionales Nadia Márquez y Pablo Cervi, junto a los diputados nacionales Gastón Riesco, Soledad Mondaca y Gabriela Muñoz, y el concejal por la capital de Neuquén, Nicolás Montero, mantuvieron una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli.

Durante el encuentro, los funcionarios neuquinos abordaron los principales desafíos que enfrenta la Provincia en el actual contexto, así como el rol clave que tendrá el Congreso de la Nación en esta nueva etapa política.

“Estamos frente a una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar. Argentina necesita orden, reglas claras y un Estado que no asfixie a quienes producen y trabajan. Desde el Congreso acompañamos las reformas del Ejecutivo porque son necesarias para que el cambio sea real y duradero. Neuquén y todo el país van a crecer, y en ese sentido estamos avanzando”, destacó la senadora Nadia Márquez.

La Oficina del Presidente compartió un comunicado donde compartió los detalles del proyecto de ley de Reforma Electoral y dijo que busca “corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”.

Señaló que la iniciativa incluye la eliminación de las PASO, la elevación de los pisos de afiliación para registrar un partido y los pisos de votos para mantener la personería, la incorporación de la filiación digital, la eliminación total del régimen de espacios cedidos y la incorporación de la ficha limpia.

“El sistema electoral argentino tiene un problema de fondo: es caro, opaco, empuja al financiamiento con plata negra y subsidia sensatamente a la dirigencia política. Es un sistema hecho a medida para que la política se proteja a sí mismo. El presidente Milei fue electo con el mandato claro de terminar con los privilegios de la casta política, y esta reforma es un paso crucial en este camino”, sostuvo.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 22, 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la caída del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que cayó 2,1% interanual en febrero de 2026 y 2,6% con respecto a enero.

El titular de la cartera se mostró optimista en su cuenta de la red social X. “Más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m. Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida”.

Luego, explicó a qué se debió la cifra: “En 2026, el mes contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general”.

✅ El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una variación negativa de 2,6% m/m en la serie desestacionalizada y de 2,1% interanual.

✅ Más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose…

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— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 22, 2026

Dada la ola de amenazas en instituciones educativas, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba implementó un nuevo Protocolo de Recupero y Resarcimiento que exige a los padres o adultos responsables de alumnos identificados e imputados judicialmente por generar falsas amenazas en escuelas afrontar los costos de los operativos policiales y de emergencia desplegados ante tales situaciones. Localidades como Santa Fe, Corrientes y Mar del Plata ya habían anunciado una medida de características similares.

En Córdoba, la medida fue oficializada tras la firma de la resolución correspondiente, en el marco de una política provincial orientada a proteger a la comunidad educativa y resguardar los recursos públicos.

Las amenazas de tiroteo, intimidaciones públicas o falsas alarmas en establecimientos educativos obligan a movilizar personal policial, brigadas especiales, bomberos, áreas de investigaciones criminales y otros recursos estatales. Por tal motivo, el Ministerio de Seguridad de Córdoba informó que, desde ahora, además de las consecuencias penales, quienes resulten responsables deberán enfrentar el pago de los gastos operativos generados por dichas intervenciones.

Alcances y justificación del nuevo protocolo

Según el comunicado oficial, el Estado provincial intimará el pago de los costos a los padres o tutores de los menores involucrados, una vez que la Justicia logre identificarlos. El procedimiento administrativo contempla la cuantificación de recursos humanos y materiales utilizados en cada operativo, incluyendo tiempo operativo, tecnología y personal sustraído de otras funciones de prevención del delito y seguridad.

El Ministerio de Seguridad remarcó que este tipo de conductas no se consideran hechos menores, ni simples travesuras. Son consideradas acciones graves que alteran el funcionamiento escolar, generan angustia en la comunidad educativa y requieren una respuesta estatal inmediata.

La cartera enfatizó: “Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, pone en marcha un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”.

Procedimiento y coordinación interinstitucional

El protocolo prevé la intervención conjunta del Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y áreas administrativas pertinentes. Cada caso será evaluado para calcular los recursos asignados y, posteriormente, se procederá con la intimación extrajudicial de pago o, si corresponde, acciones judiciales adicionales. El Ministerio de Seguridad destacó que la Provincia mantendrá una política clara: quien altere el orden y comprometa recursos públicos deberá asumir las consecuencias.

A su vez, se informó que el Ministerio continuará trabajando con la Justicia, autoridades educativas y familias para prevenir estas conductas, fortalecer la convivencia escolar y garantizar entornos seguros para los estudiantes.

En distintas localidades del país se decidió implementar una medida similar para que las familias de los menores que realicen amenazas en escuelas abonen los gastos vinculados a los operativos de seguridad. El gobierno de Santa Fe cuantificó el impacto financiero de cada despliegue: entre cinco y seis millones de pesos por procedimiento, según datos difundidos por el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Pablo Cococcioni.

La alarma se genera debido a que durante la semana pasada la provincia registró la semana pasada 65 denuncias por amenazas en un solo día en establecimientos educativos, un pico sin precedentes que acentuó la preocupación oficial.

El Ministerio de Seguridad de Córdoba estableció el “Protocolo de Recupero y Resarcimiento”, disponiendo la reclamación directa a los padres de los gastos generados por los operativos ante amenazas comprobadas. En ese marco, cada caso implica la movilización de efectivos, vehículos, recursos tecnológicos y tiempo institucional, todo ello restado de otras funciones de prevención y seguridad.

En Corrientes, la Jefatura de Policía advirtió mediante un comunicado que aplicará el artículo 149 bis del Código Penal Argentino, contemplando la imputación por intimidación pública. Además, los padres serán civilmente responsables de los daños ocasionados por los menores, conforme al artículo 1.754 del Código Civil y Comercial, que estipula: “Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos”.

El jefe de la policía correntina, Miguel Ángel Leguizamón, aseguró a Infobae que “la gravedad de cada caso determinará la aplicación de sanciones en los ámbitos penal, civil o contravencional”, y enfatizó que la edad de los involucrados —en la mayoría de los casos, menores— no los exime de consecuencias legales ni a ellos ni a sus padres. Leguizamón subrayó que la policía sostiene una política de “tolerancia cero” frente a amenazas o incitaciones a la violencia escolar.

Finalmente, en Mar del Plata, la Justicia, a través del fiscal general Fabián Fernández Garello, determinó que los padres de los estudiantes identificados como responsables deberán afrontar tanto los costos de los operativos como eventuales daños registrados en los establecimientos. Hasta el momento, se registraron al menos diez episodios y un menor de 17 años ya fue imputado formalmente por el delito de intimidación pública. La Justicia investiga si existe vinculación con retos virales difundidos en redes sociales.