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POLITICA

El primer ministro británico y el presidente de Chile hablaron sobre Malvinas

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Un comunicado oficial de Downing Street, informó sobre una charla telefónica que mantuvieron hoy el primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente de Chile, José María Kast, donde hablaron de “fortalecer los vínculos de cooperación y desarrollo en ámbitos relacionados con la defensa, la seguridad, la ciencia y el comercio”. El tema Malvinas estuvo en la conversación cuando Burnham le pidió apoyo a su par trasandino para garantizar que los habitantes de las Islas Malvinas conserven la capacidad de ejercer el derecho a la autodeterminación.

Según el comunicado del gobierno británico, “los dos líderes dialogaron sobre los crecientes vínculos culturales, científicos y entre los pueblos de ambos países, y el impacto positivo que esto ha tenido en las oportunidades de inversión e infraestructura. Reconocieron las oportunidades comerciales aún sin explotar entre las dos naciones y coincidieron en la necesidad de estrechar los lazos comerciales”.

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Chile’s President Jose Antonio Kast speaks during the 81st session of the United Nations General Assembly at United Nations headquarters, Tuesday, Sept. 22, 2026. (AP Photo/Heather Khalifa)Heather Khalifa – FR172147 AP

El diálogo directo entre Burnham y Kast llega una semana después de que, como anticipó , el embajador británico en Chile, David Concar, recorriera Punta Arenas junto al alcalde Claudio Radonich para destacar “la cooperación entre la Armada británica y la Armada de Chile”, y respaldar la infraestructura antártica combinada, pero también, como una manera de oficializar la ruta marítima comercial Punta Arenas-Puerto Argentino, encargada a la empresa naviera Eastern Island.

Medios británicos revelaron, además, que Burnham mantuvo una conversación en idéntico sentido con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien le remarcó la importancia de “respetar el derecho de los habitantes del archipiélago a desarrollar sus recursos naturales”.

De esa manera Burhman busca contener las presiones impulsadas por la Argentina en el Tribunal del Mar de Hamburgo, y alertar sobre la sombra de inseguridad jurídica que tendrían las empresas estadounidenses que podrían ser sancionadas por Argentina por cooperar directa o indirectamente con la explotación petrolera en Sea Lion, más allá de las encargadas del negocio, como son el consorcio israelí Navitas Petroleum y su socio británico Rockhopper Exploration.

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Engineer Andres Montero speaks during the Falklands Islands–Punta Arenas Business Fair, in Punta Arenas, Magallanes Region, Chile on September 28, 2026. Businesspeople from Chile and the Falklands Islands meet in Punta Arenas, southern Chile, to finalize details for a new commercial shipping route scheduled to open between November and December 2026. (Photo by Claudio MONGE / AFP)CLAUDIO MONGE – AFP

La sintonía entre ambos gobiernos se vio reflejada esta semana, cuando el canciller chileno Pérez Mackena visitó Londres. Allí mantuvo distintas reuniones con funcionarios del Reino Unido, de las que se llevó una propuesta de colaboración para que Chile fabrique fragatas de guerra en la región de Magallanes.

La oferta existió y fue confirmada por medios especializados chilenos y fue realizada por la compañía británica Babcock International Group, que ofreció a Chile transferir tecnología para comenzar a construir en el país fragatas de combate Arrowhead 140. La oferta de fragatas pesadas comenzó a edificarse a principios de mes cuando el exvicealmirante de la Royal Navy y director ejecutivo de Babcock Marine, Nick Hine, visitó Chile para ofrecer formalmente la construcción de esas naves en los astilleros de Asmar.

Todo el tema genera preocupación en la Argentina. Hace unos días el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, habló de “dos siglos de soberanía en las islas de parte de un país amigo como es el Reino Unido”, y nunca utilizó el término “colonialismo”. Días después, Barros, anunció una especie de relanzamiento y desarrollo para la región de Magallanes, confirmando la relación comercial con las islas Malvinas, restableciendo la ruta marítima y comunicando que su gobierno va a duplicar el presupuesto de defensa para la región, elevándolo a 2.885 millones de dólares.

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La estrategia de seducción de parte del Reino Unido sobre Chile, ofreciendo desarrollo militar y económico en el pacífico sur, está relacionada con la necesidad de tener un socio continental que sirva de apoyo a los intereses de las Islas Malvinas, mucho más si la explotación petrolera offshore en Sea Lion no se frena en los próximos meses.



Daniel Santa Cruz,Conforme a

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El Senado sancionó el Tratado de Patentes y la ley de propiedad privada con tope a venta de tierras a extranjeros

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El Senado sancionó este jueves, con 47 votos -22 en contra-, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que la Cámara alta aprobó en 1998, y que Diputados devolvió en agosto pasado, en segunda revisión. Además, durante el convite en el recinto obtuvo luz verde -42 adhesiones y 26 rechazos- la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que reincorpora la norma de 2011 del kirchnerismo, con el 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y un 30% por nacionalidad, más el límite de 1.000 hectáreas en zona núcleo.

PCT

La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). El Gobierno quiso acelerar el articulado original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios locales y, antes de llegar al recinto, se dejó “en reserva” el capítulo II, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia, por 20 años, en todos los países miembros. Fue un generoso guiño.

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Desde el sector advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes -sin aportar mejoras terapéuticas reales- para extender, de forma artificial, un eventual monopolio y bloquear la competencia.

Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.

“El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es una herramienta que simplifica los trámites internacionales. Permite que una pyme o una ‘start up’ tecnológica puedan proteger su propiedad intelectual a nivel global y con una sola solicitud”, explicó el miembro informante y titular de la comisión de Relaciones Exteriores, el libertario Francisco Paoltroni (Formosa).

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El libertario y titular de la comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni (Gustavo Gavotti)

Desde Convicción Federal, el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca) expresó que, con el convenio, “los investigadores van a tener que hacer menos trámites, van a poder incorporarse al mundo con su patente con una ventanilla única, pero la Argentina seguirá teniendo la soberanía para decidir si esa patente es útil o no”. En tanto, la peronista disidente Flavia Royón (Salta), sostuvo que el tratado que “con una sola solicitud en el INPI se pueda proteger el invento en los 159 países que están en el sistema”, algo a favor del “sistema científico y tecnológico”.

No pensó igual el jefe kirchnerista, José Mayans (Catamarca), quien metió varios temas en su discurso -suele hacerlo- y advirtió: “Como parte del tratado de libre comercio con los Estados Unidos -aún no tratado por el Congreso-, la Argentina le levanta aranceles a 233 productos, le garantiza tierras raras y le garantiza así también sus intereses a las farmacéuticas estadounidenses”.

Propiedad privada

La ley reincorpora la norma de 2011 del kirchnerismo, con 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y 30% por nacionalidad, más 1.000 hectáreas máximo en zona núcleo. En cuanto a expropiaciones, en el articulado se apunta a “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”.

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Sobre la última cuestión se agrega: “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

En ese sentido, la “indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”; y “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.

La salteña Flavia Royón (Prensa Senado)

La indemnización en cuestión “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. Sobre este punto, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.

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Otro ítem de ese capítulo manifiesta que “gozarán de los beneficios los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.

Para los desalojos, “si es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”, se plantea. Esto preocupó a algunas bancadas durante el trámite del proyecto, en ambas Cámaras.

Seguido a ello, se suma que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.

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“Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario”, enfatiza el articulado.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger (RS Fotos)

En un debate no tan extenso como discapacidad, Mayans alertó por el “desastre legislativo que ha sido puesto en marcha por -el ministro de Desregulación, Federico– Sturzenegger”.

Ley Joaquín

El proyecto activa la “obligatoriedad de medidas de seguridad relativas a la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y todo otro elemento deportivo o juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados, destinados a prácticas deportivas y/o recreativas, para prevenir accidentes y resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes y de toda persona que haga uso de dichos elementos”. Se sancionó por unanimidad, con 68 votos.

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La norma lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años de Ramos Mejía que murió el 5 de enero del corriente año en Junín de los Andes, Neuquén. Durante un campamento, un arco de fútbol sin fijación al piso cayó sobre él, provocándole lesiones que derivaron en muerte encefálica. Éste fue uno de los casos mencionados en el recinto, con nombre y apellido, por el radical y vice de la comisión de Deportes, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires).

Bajo este panorama, quienes queden dentro de la ley tendrán que “asegurar que todo el equipamiento e infraestructura cumplan con condiciones óptimas de estabilidad, sujeción y amortiguación para prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos graves conforme a las especificaciones de anclaje, peso y protección para cada disciplina y/o juego de plaza que establezca el órgano coordinador, sin perjuicio de aquellas disposiciones complementarias que establezcan las jurisdicciones en el marco de su respectiva normativa de adhesión y reglamentación”.

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celeste salguero / comunicaci—n senado.

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El oficialismo aprobó la adhesión al tratado sobre patentes, un proyecto clave en la alianza de Milei con Estados Unidos

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El oficialismo logró convertir en ley la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), un acuerdo que llevaba más de 28 años pendiente de aprobación definitiva. Se trata de una iniciativa considerada fundamental para la alianza que el presidente Javier Milei mantiene con Estados Unidos.

El tratamiento había sido postergado durante casi tres décadas, aunque nunca perdió estado parlamentario por ser un tratado internacional. La iniciativa fue reflotada en abril de este año, entre los compromisos asumidos por Milei tras la firma, en febrero pasado, del Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con su par estadounidense Donald Trump.

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Recién en agosto de este año el proyecto se retomó en la Cámara de Diputados, donde obtuvo en general y particular 147 votos a favor, 93 en contra y ninguna abstención, en el que se le incluyó una modificación. Por eso regresó al Senado para una ratificación final.

Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio este jueves en el recinto del SenadoSofia Areco/ Comunicacion Senado

A pedido de los laboratorios nacionales, la Cámara baja había incorporó una reserva al capítulo II del PCT. Tal como precisó , ese apartado habilita al INPI -el organismo encargado del registro de patentes- a apoyarse en informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas extranjeras para analizar nuevas invenciones.

Durante la jornada, el Senado avanzó finalmente con la iniciativa. Con 47 votos a favor y 22 en contra se sancionó el acuerdo internacional que busca simplificar los trámites para proteger invenciones en distintos países, pero que cosechó críticas dentro del sector farmacéutico.

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La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Cilfa), una de las principales detractoras del acuerdo, advirtió que el nuevo régimen podría facilitar la extensión de patentes sobre medicamentos ya existentes mediante modificaciones menores.

En concreto, desde el sector plantean que esto retrasaría la llegada de genéricos al mercado, reduciría la competencia y podría encarecer los medicamentos.

Bajo este mismo argumento se expresaron diversos legisladores de la bancada del PJ, entre quienes destacan, el titular del bloque, Jose Mayans, que advirtió por una disparada de registros de patentes.

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Más duro fue el senador peronista de Chaco Jorge Capitanich. “Durante más de 50 años la Argentina rechazó el Tratado. Su tratamiento no nace de una necesidad interna, llega impuesto claramente por Estados Unidos”, denunció.

Sin embargo desde el oficialismo defendieron la iniciativa, en boca del formoseño Francisco Paoltroni. “Es una herramienta que simplifica los trámites internacionales. Permite que una pyme o una start up tecnológica puedan proteger su propiedad intelectual a nivel global y con una sola solicitud”, destacó.



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Fin de la emergencia: cómo y desde cuándo se va a aplicar la nueva Ley de Discapacidad que aprobó el Senado

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El Senado convirtió en ley este jueves la nueva Ley de Discapacidad, que puso fin a la emergencia que regía hasta el 31 de diciembre para regularizar el esquema de atención y prestaciones del sector. Los plazos de la implementación ahora dependen del Gobierno, que deberá promulgar y reglamentar la ley para que todos sus puntos entren en vigencia.

De acuerdo al proceso legislativo, el Presidente tiene diez días hábiles para aceptar la norma o vetarla, y si no hace ninguna de las dos cosas, queda promulgada automáticamente. Dado que en este caso el proyecto fue acordado entre el oficialismo y todos los espacios y aprobado de manera unánime en la cámara alta, no se espera ningún veto ni contratiempo. Además, eso podría amenazar el pacto logrado con los aliados -con posibles repercusiones sobre otras discusiones legislativas- y difícilmente podría ser sostenido en el Congreso. En ese sentido, en Casa Rosada aseguraron a TN que el Presidente promulgará la ley, aunque reconocieron que no saben cuándo se oficializará.

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Una vez aceptada por Milei, la ley será publicada en el Boletín Oficial, lo cual activa su vigencia a partir del día siguiente. Sin embargo, para su aplicación completa hay que esperar su reglamentación, que en este caso está estipulada dentro de los 30 días hábiles tras la publicación.

Se trata de un decreto posterior en el que el Gobierno define cómo se aplica lo que la ley dejó abierto. De eso dependerá la designación de la autoridad de aplicación, los criterios de la evaluación socioeconómica que deberán aprobar quienes pidan la pensión (que se elaborarán junto con el Consejo Federal de Discapacidad, COFEDIS) y los lineamientos para la capacitación obligatoria del personal de los prestadores. Hasta que el Gobierno las defina, esas partes no podrán aplicarse.

La nueva Ley de Discapacidad entrará en vigencia una vez promulgada por Javier Milei y publicada en el Boletín Oficial. (Foto: Presidencia/NA).

En cambio, los pagos a los prestadores no necesitan un decreto. Si al momento de la sanción quedan compensaciones pendientes de la ley 27.793, el Gobierno deberá notificar y publicar un cronograma dentro de los 30 días corridos de la entrada en vigencia.

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La cancelación total, para quienes hayan terminado el trámite administrativo, debe completarse en un máximo de 90 días corridos. La ley aclara que no habrá compensaciones por períodos distintos de los ya previstos.

Cuáles son los puntos principales de la nueva Ley de Discapacidad

El cambio central está en las pensiones no contributivas por discapacidad. Los requisitos, que hasta ahora fijaba el Ejecutivo, quedan establecidos por ley, con un monto que equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado, actualizado según el régimen previsional.

Para acceder hay que acreditar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la identidad con el DNI, ser argentino o, en el caso de los extranjeros, tener al menos cinco años de residencia legal continuada. A su vez, aclara que el beneficiario no debe percibir ingresos individuales netos de dos salarios mínimos, vitales y móviles o más, ya que se mide el ingreso de la persona y no el del grupo familiar. Tampoco se puede estar amparado por otro régimen previsional ni cobrar la asignación por hijo con discapacidad. A eso se suma aprobar una evaluación socioeconómica y, para quienes sean propietarios, acreditar que la vivienda es la única de la familia.

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El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Discapacidad. (Foto: Senado)
El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Discapacidad. (Foto: Senado)

La nueva norma mantiene la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o monotributista, siempre que los ingresos no superen esos dos salarios mínimos. Si los superan, se suspende de forma automática, y cuando termine el vínculo laboral o los ingresos bajen del límite, el titular podrá pedir la rehabilitación inmediata y cobrar desde la fecha de la solicitud. Se mantienen, además, los beneficios para los empleadores que contraten a personas con discapacidad por tiempo indeterminado.

Los titulares de pensiones por invalidez laboral y por discapacidad tendrán acceso a un programa de cobertura médica con las prestaciones básicas de la ley 24.901, a través de Incluir Salud. Los gastos se afrontarán con partidas del Ministerio de Salud y, si no alcanzan, con transferencias de fondos del Tesoro. A su vez, la ley enfatiza que las leyes de Presupuesto deberán garantizar fondos suficientes y que el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.

El Senado aprobó la nueva Ley de Discapacidad.  (Foto: Senado)
El Senado aprobó la nueva Ley de Discapacidad. (Foto: Senado)

La norma también crea un sistema de control. La Secretaría Nacional de Discapacidad auditará periódicamente que los beneficiarios sigan cumpliendo los requisitos, cruzando datos con Anses, ARCA, el SINTyS y el Renaper. Si detecta un incumplimiento, notificará al afectado, que podrá presentar su descargo. Vencido ese plazo, podrá suspender la pensión de forma preventiva, aunque el titular podrá pedir la rehabilitación inmediata y provisoria hasta que se resuelva su caso. El Ministerio de Salud deberá publicar periódicamente los datos de ejecución presupuestaria, los aranceles del sistema y la cantidad y el valor de las pensiones. Por último, el texto regula el pago de la deuda acumulada con los prestadores, con los plazos ya mencionados.

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