POLITICA
El PRO y La Libertad Avanza tensan su relación en CABA: los movimientos de Karina Milei, Mauricio Macri y la incógnita Bullrich
¿Jorge Macri se copia de La Libertad Avanza? ¿Patricia Bullrich está confirmada como candidata de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Vuelve Juntos por el Cambio? Son todas preguntas que circulan en el escenario preelectoral porteño, pero ninguna tiene respuestas. Lo que sí hay son indicios sobre las pretensiones de cada espacio para la elección de 2027. Por ejemplo, los movimientos de Mauricio Macri, que generan expectativas sobre sus aspiraciones nacionales.
“Está bien si creen que nos copiamos de La Libertad Avanza. Quiere decir que es un buen rumbo el que llevamos”, responden en Parque Patricios a las insistentes denuncias sobre una especie de “robo de ideas” por parte del PRO. La primera acusación de los libertarios fue por el lanzamiento de créditos hipotecarios que hizo Jorge Macri y, en los últimos días, por la eliminación del pago de Ingresos Brutos a monotributistas. Dicen que Pilar Ramírez había presentado el proyecto antes.
La novedad de esta semana fue la habilitación para que Patricia Bullrich sea la candidata oficialista en CABA, tras el declive de Manuel Adorni, envuelto en un escándalo por la compra de pasajes de lujo y propiedades. La exministra de Seguridad estaba molesta porque el Gobierno había dejado trascender el nombre del jefe de Gabinete para la competencia cuando ella ya sonaba como sucesora de Jorge Macri. “Ahora hicieron como que no pasó nada, onda ‘vos siempre fuiste candidata’”, dijeron en su entorno a Infobae.
Pero en la Casa Rosada hacen una importante advertencia: “No hay ningún candidato para CABA todavía”. Aclararon a este medio que Bullrich es parte del armado, pero que las fuerzas libertarias tienen varios nombres para la competencia. En el PRO observan los movimientos y ya vaticinan: “No le van a cumplir a Patricia”. En Uspallata comparan a los libertarios con el kirchnerismo: siempre van a preferir candidatos puros y fieles a la estructura de poder que, en este caso, lidera Karina Milei.
Bullrich ya dio varios gestos de fastidio, sobre todo con el caso Adorni. En su visita a Córdoba dijo que el funcionario “no tiene el cuero duro” para soportar la presión mediática y, hace pocos días, en el Senado, se cansó de las preguntas de los periodistas y sentenció: “Es un tema de la Justicia, punto, basta. No quiero explicar nada”. Quienes la conocen hace muchos años dicen que la senadora desprecia todo tipo de ostentación, sobre todo la que proviene de los “nuevos ricos”. ¿Aplica a Adorni?
Mientras tanto, Bullrich se prepara para dar los primeros pasos como candidata. Se espera que en los próximos días dé pequeños gestos en modo campaña. Para algunos es “apresurado” hablar de candidaturas, pero para otros, sobre todo los que no tienen nombres fuertes para presentar, creen que el tiempo apremia. En el caso del oficialismo, se mantendrán alejados, por el momento, de cualquier disputa mediática. “Seguimos enfocados en la gestión”, avisan. De hecho, enumeran las confrontaciones que vienen evitando: responder los ataques de los libertarios en redes sociales y pronunciarse sobre Adorni.
La Libertad Avanza, por su parte, observa que Jorge Macri está en una encerrona: el electorado de derecha está cooptado por Javier Milei, el de izquierda por el peronismo y el de centro, creen, le pertenece a Horacio Rodríguez Larreta. “Sí o sí necesita de la UCR y de Horacio porque con nosotros no hay chances de ir en una alianza”, describen.
Los radicales tienen la misma mirada. Entusiasmados con la posibilidad de relanzar Juntos por el Cambio, ven con buenos ojos que Jorge Macri endurezca su discurso y sus políticas de gestión para atraer al votante de derecha en una futura PASO que, para ellos, contará con Rodríguez Larreta y un candidato de la UCR, que podría ser Martín Lousteau, y luego pelear por un lugar en el ballotage. ¿El mayor riesgo? Que Bullrich gane en primera vuelta.
Aunque para algunos la posibilidad de revivir Juntos por el Cambio es remota, los radicales se basan en hechos: los movimientos de Mauricio Macri. Como reconstruyó este medio, el expresidente tiene el visto bueno de los líderes de Provincias Unidas, en especial Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, para ser su candidato para la Casa Rosada. A esa luz verde se sumó la gira que inició el líder del PRO con viejos socios de la coalición que creó junto a Ernesto Sanz y Elisa Carrió.
Macri fue recibido en Corrientes por los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés. En Chaco se mostró con Leandro Zdero. Encabezó un acto partidario en Resistencia donde llamó a “blindar el cambio”, a formar dirigentes y a “no callarse”, en referencia a defender el rumbo del Gobierno, pero también hacer las advertencias necesarias sobre las medidas que implementa.
Todos los movimientos de Macri dan cuenta de qué tipo de proyección nacional pretende y sus aspiraciones presidenciales. ¿Es posible que Macri acuerde con sus viejos socios para una candidatura presidencial, pero que en la Ciudad de Buenos Aires se asocie con La Libertad Avanza? Para el PRO porteño, cualquier escenario es posible.
Sin embargo, en La Libertad Avanza sostienen el rechazo a una alianza con el PRO. En sus planes se mantiene la agenda con recorridas por la Ciudad y la presentación de proyectos que, para ellos, los convierte en “el bloque más reformista de la historia” en la Legislatura. También se mantendrá la tensión en las redes sociales, como sucedió el miércoles pasado con la inundación de la avenida Libertador tras las fuertes lluvias. Para reforzar la estructura cuentan con la figura de Karina Milei, figura central en la Casa Rosada y fiel aliada de Pilar Ramírez.
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POLITICA
Los Cuadernos de las Coimas: contadores ratificaron coincidencias entre movimientos de dinero de las empresas y pagos a funcionarios kirchneristas
Al declarar este martes como testigos en el juicio oral de los Cuadernos de las Coimas, otro grupo de contadores de la ex-AFIP reconoció coincidencias entre movimientos de dinero de los empresarios investigados y presuntos pagos a funcionarios del kirchnerismo.
Martín Ruiz y Adriana Mabel Rodríguez, inspectores del organismos recaudador, ratificaron ante el Tribunal Oral Federal 7 el trabajo que, por orden de la Justicia, realizaron durante la instrucción de la causa, investigando a las empresas cuyos dueños o directivos afrontan hoy el juicio por el presunto pago de coimas.
La contadora Abal Ruiz analizó las operaciones de la empresa Panedile, de la familia Dragonetti, y de Helport SA, dirigida por Juan Manuel Collazo y parte de Corporación América.
En el informe que realizó y hoy ratificó ante el Tribunal, detectó que el empresario Hugo Dragonetti compró US$313.500 el 1 de junio de 2009. La operación cobra relieve en la causa porque el día y la cifra coinciden con uno de los pagos realizados a funcionarios, según la información que aportó en su declaración como arrepentido Ernesto Clarens, señalado como uno de los intermediarios financieros del matrimonio Kirchner.
Dragonetti también declaró como imputado colaborador. Al igual que otros empresarios que reconocieron haber pagado sobornos, sostuvo que las entregas respondían a presiones para que el Gobierno liberara los pagos por obras públicas. “Si no se pagaba, no se cobraba”, dijo.
De acuerdo con la acusación del fiscal Carlos Stornelli, sostenida en el juicio por Fabiana León y Nicolás Codromaz, los US$313.500 y otros pagos tenían como destinatarios finales a la entonces presidenta Cristina Kirchner, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López.
“Nosotros actuamos como auxiliares de la Justicia”, describió Abal Ruiz sobre su labor, basada en parte de informes que le fueron sumnistrados desde la Justicia. “Se trató de información que nos vino del juzgado y de otras circularizaciones bancarias. Tuvimos que buscar pagos de algunas empresas”, explicó.
Rodríguez, en tanto, declaró sobre un informe referido a BTU, la firma del empresario Carlos Mundin. La contadora detectó que la compañía recibió dos acreditaciones bancarias por casi $10 millones en octubre de 2010 y que, semanas después, realizó dos extracciones por un total de $8.526.375, equivalentes entonces a unos 2 millones de dólares.
Esas operaciones fueron contemporáneas a dos reuniones que Mundin mantuvo con Roberto Baratta, señalado como uno de los recaudadores de la maniobra, según las anotaciones realizadas por su chofer, Oscar Centeno.
La defensa de Baratta orientó sus preguntas a intentar mostrar que no existía nexo causal entre ambos hechos, pero la contadora contrapuso que ella no sugería algún tipo de conexión. “Describo los hechos con la información recolectada. Hay un movimiento de fondos que coincide con la fecha de esa reunión”, contestó la mujer, respecto a un encuentro de Mundin con Baratta, el 15 de octubre de 2010.
Al ratificar el informe que había elaborado años atrás, Rodríguez señaló además que BTU compró más de US$7 millones entre 2008 y 2010, de acuerdo con las operaciones registradas ante el Banco Central. Sostuvo que se desconocía el destino final de ese dinero y que las operaciones no habían sido reflejadas en los estados contables de la empresa correspondientes a esos años.
Este tramo del juicio oral, en el que declaran contadores de la AFIP, busca reforzar la hipótesis central de la acusación, construida en buena medida a partir de las declaraciones de los empresarios y otros implicados que se acogieron al régimen del arrepentido.
Los testimonios son de contadores y exfuncionarios de la AFIP que, durante la instrucción de la causa, analizaron la documentación impositiva, contable y bancaria de las empresas investigada y observaron presuntas irregularidades.
En la audiencia pasada una contadora de la ex-AFIP señaló que Miguel Marcelino Aznar, presidente y director de la empresa, realizó retiros bancarios por más de US$11 millones entre 2009 y 2011.
Aznar, cuya firma aparece en la acusación como una de las empresas relevantes en el reparto de la obra pública, también admitió como imputado colaborador haber pagado sobornos.
En muchos casos, los contadores que a pedido del juez Claudio Bonadio elaboraron los informes que hoy se ventilan en el juicio acabaron desplazados de sus cargos o siendo relocalizados a una función de menor jerarquía durante el ultimo gobierno kirchnerista.
El juicio oral se reanudará el martes 28 de julio, tras la feria judicial que inicia este viernes y se extiende por dos semanas.
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El Gobierno evalúa declarar asueto o feriado para después de la final del Mundial entre Argentina y España. En Nación aseguran que la posibilidad “está en evaluación” y la vinculan con los preparativos del operativo de recibimiento de los jugadores de la Selección argentina, “con el resultado que sea”.
El Ejecutivo trabaja sobre distintos escenarios de llegada, traslado y seguridad, aunque todavía espera una definición del plantel y de la AFA. En despachos oficiales sostienen que la medida administrativa dependerá de la fecha de regreso, del lugar de arribo y del esquema de celebración que finalmente acepten los jugadores.
La Casa Rosada mira como antecedente directo lo que ocurrió después del Mundial de Qatar 2022. En aquel caso, la Argentina ganó la final el domingo 18 de diciembre y el gobierno de Alberto Fernández declaró feriado nacional para el martes 20, dos días después, en coincidencia con el regreso de la Selección al país y los festejos previstos con los hinchas.
En Balcarce 50 remarcan que esa experiencia funciona como referencia, pero no como molde cerrado. El Decreto 842/2022 declaró feriado nacional para que el pueblo argentino pudiera festejar con la Selección el título obtenido en Qatar, instruyó a los organismos a sostener servicios esenciales y exceptuó a bancos, entidades financieras y AFIP, que debieron prestar servicios hasta las 12.
El Gobierno todavía no definió si, en caso de avanzar, utilizaría la figura de feriado nacional o un asueto administrativo. La diferencia no es menor: el feriado alcanza de manera más amplia a la actividad pública y privada, mientras que el asueto puede limitarse a la administración pública nacional o a determinados organismos.
El Ejecutivo activó contactos con la Ciudad de Buenos Aires para coordinar un eventual operativo de recibimiento. En Nación trabajan sobre la posibilidad de una celebración en Plaza de Mayo o en las inmediaciones de la Casa Rosada, pero remarcan que todo dependerá de la decisión de los jugadores.
La Casa Rosada también deberá coordinar el movimiento en aeropuertos a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Todavía no está definido si el plantel llegará por Ezeiza o por Aeroparque, una variable central para ordenar cortes, corredores de circulación, puntos de concentración y traslados.
Leé también: La Casa Rosada activó contactos con la Ciudad para coordinar un operativo ante un eventual recibimiento de la Selección
En Balcarce 50 explican que, si la delegación llega por Ezeiza o atraviesa municipios del conurbano, será necesaria una coordinación con la Policía bonaerense. En la provincia de Buenos Aires aseguran que todavía no fueron contactados formalmente, pero remarcan que pondrán “todo a disposición”, como ocurrió en el recibimiento de 2022.
El Gobierno también incorporó a la Secretaría de Inteligencia de Estado al análisis de escenarios. La SIDE participa de la preparación preventiva del operativo, con foco en posibles concentraciones masivas, riesgos de desborde, puntos sensibles y coordinación entre jurisdicciones.
El Ejecutivo sostiene que aún debe resolver cómo formalizará el ofrecimiento a la Selección. “No está previsto enviar una carta. Se está definiendo”, expresan en Nación sobre el contacto con la AFA, en un contexto atravesado por la mala relación entre el oficialismo y Claudio “Chiqui” Tapia.
La Casa Rosada mantiene tensiones con la conducción de la AFA por la causa de ARCA y por los intentos oficiales de avanzar con controles y veedores sobre la asociación. En el Gobierno reconocen que no hay canales fluidos con Tapia, pero buscan separar esa disputa del operativo de seguridad y del eventual recibimiento.
Aseguran que Milei mantiene la decisión de poner a disposición la Casa Rosada si los jugadores quieren saludar desde el balcón. La instrucción política es que, en ese caso, la sede quede vacía de funcionarios y con presencia exclusiva del personal de Casa Militar.
Leé también: Javier Milei dijo que no viajará a la final del Mundial y dio su opinión sobre la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores
El Gobierno quiere evitar que la escena sea leída como una apropiación política del recorrido de la Selección. Milei ya sostuvo que no habrá figuras políticas en la foto y que el festejo, si se concreta, debe quedar en manos del plantel y de los hinchas.
El Ejecutivo sabe que el eventual asueto o feriado también tendrá impacto sobre la agenda de gestión. La semana posterior a la final coincide con el intento oficial de retomar la actividad legislativa después del receso, con proyectos como Inocencia Fiscal, la reforma del Banco Central, Zona Fría, reforma electoral y Propiedad Privada en carpeta.
La Casa Rosada quiere llegar a la final con los escenarios preparados, pero sin anticipar una decisión administrativa antes de conocer el resultado deportivo, la fecha de regreso y la voluntad del plantel. Por ahora, la definición oficial es una sola: el asueto o feriado “está en evaluación” y será parte del diseño más amplio para ordenar la vuelta de la Selección al país.
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POLITICA
Melody Rakauskas insistió en Casación para reabrir la causa por supuesto abuso contra el sobreseído intendente Fernando Espinoza
Melody Jacqueline Rakauskas, quien denunció al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por supuesto abuso, insistió ante la Cámara Nacional de Casación para reabrir el caso donde el funcionario municipal fue sobreseído y la fiscalía desistió de acusarlo ante la falta de evidencias en su contra.
Rakauskas participó de una audiencia ante los jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Pablo Jantus, Horacio Días y Alberto José Huarte Petite, donde insistió con la acusación. La defensa de Espinosa dijo que la mujer no puede ser querellante, que no hay evidencias y defendió el sobreseimiento.
En la audiencia, a puertas cerradas, los jueces le llamaron la atención a Rakauskas sobre sus expresiones, que no estaban ligadas con el objeto del caso. Hubo momentos de tensión, exabruptos y le prohibieron filmar la audiencia de manera particular, lo que generó protestas de sus letrados. Hubo llantos, producto del temperamento de Rakauskas, dijeron fuentes judiciales, y más de una vez hubo llamados al orden.
Espinosa fue sobreseído en principio por falta de pruebas; luego, la fiscal Mónica Cuñario y el fiscal revisor Mauricio Viera señalaron que no había elementos para sostener la acusación.
Tras cartón, cuando el caso estaba elevado a juicio, la jueza Inés Cantisani, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió quitarle el rol de querellante a Rakauskas porque incumplió en presentar abogados en los plazos requeridos y responder a las notificaciones judiciales y policiales. Así, Espinosa fue sobreseído por falta de acción penal.
Ahora, Rakauskas pretende retrotraer esa situación. Su nuevo abogado, Ignacio Fernando Barrios, argumentó que Rakauskas nunca abandonó la querella ni desistió de la causa.
“Lo que existió fue una falta transitoria de patrocinio letrado, frente a la cual ella pidió expresamente un plazo, manifestó su voluntad de continuar y reclamó la realización del juicio”, dijo el abogado.
Señaló que esta circunstancia no puede usarse para apartarla como querellante, asumir el rol de víctima. Sostuvimos que esa situación era subsanable y que no podía utilizarse para declarar la falta de acción y sobreseer a Fernando Espinoza sin resolver el fondo del caso.
“Solicitamos que se restituya su intervención y que el proceso continúe hacia el juicio oral”, dijo Barrios.
Al finalizar, la mujer le pidió a los jueces la palabra y dijo que el 31 de diciembre de 2025, después de solicitar asistencia médica, “una intervención de efectivos de la Comisaría Vecinal 9C terminó con ella reducida, esposada y golpeada”.
Dijo que la jueza Cantisani la mandó a matar, que quiso drogarla para que aparezca muerta y que la policía la secuestró varios días. Cuando le preguntaron si lo había denunciado y si había ratificado esa denuncia, dijo que nunca la llamaron. El caso fue desestimado.
En realidad, la mujer pareció referirse a la tercera vez en que la jueza Cantisani envió a la policía para notificarla de que debía designar abogado, pero nada de lo que denunció en la audiencia, en esa circunstancia, ocurrió en realidad.
Rakauskas describió marcas y hematomas que quedaron en su cuerpo, el traslado al Hospital Grierson y la presión que habría recibido para aceptar una medicación inyectable sin su consentimiento.
También denunció tocamientos y un intento de quitarle o dañar su teléfono. Dijo que acudió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema para dejar constancia de lo sucedido.
Por la defensa de Espinoza intervinieron María Paola León y Germán González Campaña, que insistieron en que la acusación no se sostiene, que no hay evidencias y que su cliente fue sobreseído porque cesó el impulso de la acción penal.
Los abogados de Espinosa mencionaron que fueron seis los abogados que despidió Rakauskas y que, para que prospere la querella, debió tener patrocinio letrado. Dijeron que fue notificada tres veces para que designara abogados y recién dos meses después fue separada como querellante.
Indicaron que sin fiscal y sin abogado querellante no puede haber una acusación.
Tras salir de tribunales, Rakaukas afirmó: “Durante la audiencia y después de la audiencia me sentí más vulnerada y débil que previo a entrar y volver a ver las caras de los dos defensores de mi agresor, quienes se portaron peor que dos bestias hambrientas, haciendo gestos para desacreditarme, jactándose de ser parte del estudio millonario de Carlos Arslanian”.
Los letrados defensores obviaron responder y negaron todos los hechos.
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