«Las dos caras de la verdad», anunciaba un noticiero televisivo de Canal 9 que rompía ratings hace décadas. El slogan bien podría trasladarse al sector informático, con un cruce entre la conducción de la Asociación Gremial de Computación (AGC) y las autoridades de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), en torno al salario promedio para el sector y la dinámica de expansión tanto de firmas como de puestos de trabajo, a lo que le podría agregar la disputa entre precarización y calidad laboral.

El disparador de la confrontación fue un informe del Observatorio Permanente del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), que depende de las patronales, donde se estimó que los ingresos promedios rondan los $3.300.000, con una recomposición anual del 42,5% que le permitió ganar a la inflación.

El sindicato contradice los números oficiales de la cámara empresarial

Frente a estos datos, la organización el Observatorio del Trabajo Informático (OTI) del sindicato -basados en los registros oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la ARCA- reveló que, en un universo de 171.316 informáticos, el salario promedio está en $1.512.473 para el segmento de software y en $1.249.397 en el de hardware. Con estos números, la masa salarial global en dólares se consolida en u$s2.644 millones, encajando con el volumen de ventas al exterior y los márgenes de ganancia comercial del mercado interno.

El secretario General de la AGC, Ezequiel Tosco, fue más duro aún, afirmando que el documento empresarial «no representa la situación que están atravesando los trabajadores, con una pronunciada caída de sus haberes», al tiempo que subrayó que «la supuesta escasez de talento de las patronales es una excusa para bloquear el convenio colectivo en el sector». En este punto, voceros gremiales advirtieron que la cámara aprovechará la Ley de Modernización Laboral no solo para no poner en funcionamiento el convenio, sino para alentar la creación de sindicatos por empresas.

Según el gremio, el análisis de la CESSI no es real, ya que se basa en una encuesta voluntaria a solo 235 empresas asociadas, que emplean a 40.170 personas, sobre un universo real que supera los 155.000 registrados en todo el país. Al respecto, explicaron que «al calcular un promedio y no una mediana, la cifra se desplaza artificialmente hacia arriba por los jugosos sueldos de directores, gerentes y personal jerárquico fuera de convenio».

Advierten que los despidos crecieron 67% en el último año

El observatorio de los trabajadores señaló que «tomando los datos de la CESSI (155.545 puestos de trabajo formales a un promedio bruto de $3.300.000) y se proyecta la masa salarial anualizada (incluyendo los doce meses más el aguinaldo) convertida al tipo de cambio MEP de $1.274 que cita la propia cámara, el costo laboral del software llegaría a los u$s5.233 millones anuales«, agregando que «la contradicción salta sola, ya que el mismo documento de la CESSI declara que las exportaciones totales del sector representaron apenas u$s2.651 millones«.

Tosco indicó: «Si la masa salarial duplica esas exportaciones, no quedaría margen para mercado interno, infraestructura, impuestos, alquileres ni ganancias. El sector estaría operativamente quebrado».

Acto seguido, advirtió que las cesantías crecieron un 67%. En realidad, los empresarios intentaron suavizar la situación mostrando una tasa de rotación general estable del 21%. Sin embargo, al desagregar el indicador, la tasa de despidos directos saltó del 3% al 5% en un año«. El dirigente indicó: «El año pasado, las empresas despidieron más, y los trabajadores, enfrentando un mercado contractivo, renunciaron menos».

La clave del convenio colectivo que las empresas rechazan

Sobre la escasez de programadores, el informe gremial sostuvo que, durante una década, las patronales argumentaron que la «falta de talento» y personal calificado les impedía atarse a las pautas de un convenio colectivo. «El propio informe empresarial desestima esa versión, ya que la disponibilidad de recursos calificados cayó al quinto lugar de las preocupaciones de los gerentes, siendo desplazada al primer puesto por el ítem de los costos salariales», manifestó, destacando que «el problema no es la falta de personal, sino la negativa a pagar lo que el personal requiere para no perder poder de compra».

Ante este panorama, el sindicato resaltó la importancia de la negociación paritaria. Graficó que mientras la mediana general del software libre quedó estancada en $1.500.000, la mediana salarial bajo el convenio colectivo de trabajo (CCT) de la AGC se ubicó un 81% encima, alcanzando los $2.735.910.

Durante el período analizado, los informáticos amparados bajo el convenio recibieron cuatro actualizaciones paritarias trimestrales consecutivas:

• 11,8% en el primer trimestre
• 9% en el segundo
• 6% en el tercero
• 6% en el cuarto

«Con un acumulado anual compuesto del 36,9%, logrando ganarle de forma neta a la inflación general (que promedió el 31,5%) por 5,4 puntos porcentuales«, explicaron.

Por otra parte, confirmó que ya acordó para el segundo trimestre un incremento del 9,4%, blindando una vez más las planillas salariales frente al 7,1% de inflación proyectada por el Banco Central para el mismo período.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya consolida un escenario de negocios que resultaba insospechado un año atrás, con un horizonte de capitales que supera los u$s140.000 millones, de acuerdo a las últimas estimaciones del Ministerio de Economía que tomó la decisión de sistematizar la difusión de los datos y puso a disposición del público una nueva página web con la información oficial y actualizada.

Esta nueva plataforma permite consultar, en un solo lugar y con absoluto detalle, el estado de cada uno de los proyectos aprobados. La herramienta tecnológica divide la información entre aquellas iniciativas ya en marcha y con el ok del comite evaluador y las cifras generales de las que todavía se encuentran en fase de anáisis, mostrando el monto total de inversión comprometida y los empleos asociados.

El objetivo principal del Gobierno es centralizar el avance del régimen de manera clara y accesible. De este modo, se facilita que cualquier ciudadano, inversor o medio de comunicación consulte los números de inversión en tiempo real y siga de cerca el impacto productivo de estas políticas sobre la macroeconomía nacional.

El RIGI otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un plazo de 30 años a proyectos que superen un monto mínimo de inversión de 200 millones de dólares. Entre sus principales incentivos se destacan la reducción progresiva del Impuesto a las Ganancias al 25%, la exención de derechos de importación para bienes de capital y componentes, el cobro de IVA a través de certificados de crédito fiscal y la libre disponibilidad de divisas de manera escalonada.

A cambio, las empresas beneficiarias deben garantizar el cumplimiento de los plazos de desembolso establecidos en sus cronogramas de inversión y destinar obligatoriamente al menos el 20% de su presupuesto total al desarrollo de proveedores locales, promoviendo así el empleo y el fortalecimiento de la cadena de valor en la Argentina.

RIGI: cómo conocer los proyectos aprobados

En el caso de los proyectos aprobados por resolución publicada en el Boletín Oficial, la plataforma ofrece un nivel de revisión pormenorizado. A través de un mapa interactivo de la Argentina, los usuarios pueden identificar la provincia en la que se localiza cada emprendimiento.

Además de la ubicación geográfica, el mapa permite acceder a la descripción de la obra y conocer al titular responsable de la misma. Esta sección aprobada cuenta hoy con 16 proyectos consolidados, los cuales representan u$s29.892 millones de inversión y generan 54.495 empleos, entre directos e indirectos.

Por otro lado, para los desarrollos que aún continúan en etapa de evaluación, la web publica las cifras de impacto general sin revelar pormenores confidenciales. En esta instancia se registran 25 proyectos adicionales, que proyectan una inyección de u$s111.037 millones y la creación estimada de 142.168 fuentes de trabajo.

Al sumar ambas instancias, entre expedientes aprobados y en estudio, el RIGI ya moviliza un universo de 41 iniciativas de gran escala. Estas propuestas representan un piso de inversión superior a los u$s140.000 millones en la sumatoria total y el potencial de generar cerca de 197.000 empleos en sectores estratégicos como energía, petróleo y gas, minería, infraestructura y energías renovables.

Los principales desarrollos en marcha

En el mapa de la infraestructura y el transporte de energía, sobresalen las iniciativas orientadas a evacuar la producción de Vaca Muerta. Entre ellas se destacan el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), una obra clave para conectar Allen con Punta Colorada en Río Negro, y el proyecto de licuación de gas natural licuado GNL PAE-Golar.

A estos se suman la Ampliación del Gasoducto Perito Moreno comandada por TGS en Neuquén y el Gasoducto San Matías, diseñado específicamente para potenciar los saldos exportables de la cuenca hacia el Atlántico.

El sector minero expone un fuerte dinamismo federal, traccionado por la expansión del litio y el cobre en las provincias del norte y la cordillera. El listado de desarrollos validados incluye la ampliación de Cauchari-Olaroz en Jujuy, el proyecto Fénix de Río Tinto en Catamarca y Sal de Oro entre Salta y Catamarca.

Asimismo, la reactivación y extensión de yacimientos metalíferos tradicionales sumó propuestas de envergadura como Los Azules, Veladero y Gualcamayo en San Juan, junto con los proyectos San Jorge en Mendoza y Diablillos en la región diaguita.

La diversificación del mapa de inversiones bajo el nuevo régimen se completa con apuestas hacia la transición energética, la siderurgia y la logística portuaria en los grandes centros industriales del país. En este segmento se inscriben el parque solar de YPF Luz El Quemado (Mendoza) y el parque eólico Olavarría de PCR en Buenos Aires.

En paralelo, la aprobación del proyecto industrial de Sidersa en territorio bonaerense y la construcción de la Terminal Timbúes en Santa Fe terminan de configurar un esquema que apunta a transformar la competitividad estructural de la Argentina.

El horizonte del «Súper RIGI» en el Congreso

La decisión del Poder Ejecutivo de oficializar la prórroga del Régimen hasta el 8 de julio de 2027 busca otorgar un margen temporal clave para la estructuración de proyectos de alta complejidad técnica y financiera.

Esta extensión de un año se complementó con modificaciones reglamentarias que ampliaron el alcance e incorporando la explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos con un piso de inversión de u$s600 millones, así como actividades vinculadas a la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías de transición energética.

En paralelo al régimen vigente, la Casa Rosada busca redoblar la apuesta con el envío al Congreso del proyecto de ley denominado «Súper RIGI», una iniciativa orientada a captar exclusivamente megainversiones en las industrias del futuro y cadenas de valor avanzadas. A diferencia de su antecesor, este nuevo esquema fija un piso de inversión drásticamente superior, establecido en un mínimo de u$s1.000 millones.

El proyecto, que ya inició su recorrido en las comisiones de la Cámara de Diputados a la espera de su tratamiento en el recinto, apunta a proyectos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados a infraestructura digital estratégica, excluyendo de forma taxativa la simple extracción de recursos naturales crudos o la modernización de instalaciones preexistentes.

El núcleo del «Súper RIGI» radica en ofrecer un blindaje impositivo y cambiario sin precedentes en la región para incentivar sectores como el hidrógeno, los semiconductores, el GNL y la biotecnología. Entre sus principales beneficios económicos se destaca una fuerte reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, la exención total de derechos de importación y exportación, y una devolución acelerada de IVA mediante certificados fiscales. 

La Secretaría de Energía dispuso una modificación al régimen tarifario especial para los Bomberos Voluntarios de la República Argentina, luego de que resolvieran ampliar el acceso a otros tipos de suministros. De esta manera, podrán suplirse con el gas natural por redes y el gas licuado de petróleo (GLP) distribuido por redes.

A través de la publicación de la Resolución N° 134/2026 en el Boletín Oficial, la titular de Energía, María Carmen Tettamanti, establecieron cambios a la resolución que dispone que todos los bomberos voluntarios del país gocen de una bonificación total en el precio del gas natural por redes y del gas licuado de petróleo (GLP) distribuido por redes. La modificación impactó directamente en la antigua Resolución N° 619, que fue publicada el 26 de julio de 2023.

“Establécese una bonificación total del precio del gas natural por redes y del gas licuado de petróleo (GLP) distribuido por redes, y de las tarifas de los servicios de transporte y distribución de gas natural y GLP por redes”, indicaron en el documento oficial. Además, remarcaron que la medida alcanzará al resto de los cargos nacionales vinculados a la demanda de los usuarios registrados en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios.

No obstante, aclararon que el acceso al GLP envasado será otorgado bajo condiciones y procedimientos que deberá definir la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética. De acuerdo con la disposición oficial, esta dependencia tendrá la responsabilidad de establecer los mecanismos para la incorporación de las entidades que consuman este tipo de recurso.

En este sentido, deberán determinar los volúmenes máximos cubiertos por la bonificación y las condiciones para su acceso. Para ello, adelantaron que se tendrán en cuenta criterios de segmentación geográfica, condiciones climáticas y otros parámetros técnicos.

Desde la Secretaría de Energía explicaron que la medida buscará implementar al gas licuado de petróleo como un sustitutivo del gas natural distribuido por redes, sobre todo en las regiones que cuentan con complicaciones de infraestructura y geográficas.

Para este fin, indicaron que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) deberá adecuar el procedimiento vigente, originalmente dispuesto por la Resolución N° 252 de 2024 del ENARGAS, para incorporar al servicio de GLP por redes y adoptar las medidas necesarias que permitan la aplicación de la nueva resolución.

De la misma forma, se instruyó a las áreas competentes a implementar mecanismos de cruce e interoperabilidad de bases de datos con el ENReGE y otros organismos para asegurar la correcta identificación de los beneficiarios.

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Hace dos semanas, la Secretaría de Energía extendió para junio la bonificación del 25% extra sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes, beneficio que había implementado a principio de mes, y dispuso una medida similar para la electricidad. La resolución mantiene el alcance de la medida para los usuarios incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La decisión responde al aumento del consumo energético registrado durante junio por las bajas temperaturas invernales, lo que generó un incremento significativo en la demanda residencial de electricidad, gas natural y gas propano.

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En línea con esto, la normativa oficial fijó también una reducción adicional del 11,97% sobre un consumo base de 300 kilovatios hora (kWh) mensuales para usuarios residenciales del SEF en junio, con el objetivo de morigerar el impacto tarifario en los hogares. Según la resolución, estas medidas buscarán atenuar el efecto de las tarifas durante el periodo de mayor demanda.

En el caso del gas, el organismo decidió mantener el 25% adicional para el gas y gas propano por redes a comienzos de junio. Por esto, también se aplicaría una rebaja del 11,97% sobre el consumo base para usuarios residenciales del régimen de subsidios focalizados.

De esta manera, se estableció que las bonificaciones generales se computen sobre el Precio Estacional (PEST) de la electricidad, el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas natural y el precio del gas propano utilizado en garrafas domésticas. Dichos beneficios se trasladarán a las tarifas finales de los beneficiarios, considerando los consumos base desde la entrada en vigencia del régimen.

Además, se incorporó a Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro, conforme lo dispuesto en las leyes 27.098 y 27.218. Sin embargo, estos grupos recibirán la bonificación sobre la totalidad de su consumo energético.

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